MÉDICA ULTRA K FUERA DE SÍ: Compara a los liberales con la dictadura y los acusa de asesinos

Se trata de la reconocida pediatra pampeana, Liliana Telerman. Señaló que quienes reclaman por sus libertades individuales son "traidores y colaboracionistas".
rafaela-biazi-470405-unsplash.jpg
10 Years Experiences

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.


En épocas pandémicas preocupa no solo el virus, sino también el aumento de casos de fascismo explícito, crudo y sin censura. En esta línea, La Pampa vuelve a ser protagonista.

La reconocida pediatra de General Pico, Liliana Telerman, publicó una carta polémica que fue vendida como épica por los diferentes pasquines digitales de la provincia.

En el documento, la Doctora compara a quienes ella misma denomina libertarios con la dictadura militar del 76′. Además señala que, quienes reclaman por sus libertades individuales son “traidores y colaboracionistas”.

El episodio que desencadenó la ira de Telerman fue la movilización, que tuvo lugar en citada ciudad, de Padres Organizados. Asociación que reclamaba la vuelta a clases presenciales en la provincia. Puntualmente, el enojo de la fascista se origina porque en esa marcha se encontraba el exministro de Economía, Eduardo Fraire, quien ejerció su mandato durante una parte de la dictadura militar… como sí hubiese sido el único que marchó.

En este sentido, la delirante Doctora afirmó que esas personas “siguen como corderos al matadero a los “libertarios” que, por cierto, se cuidan muy bien a sí mismos yendo a “las marchas de la muerte” en camionetas 4×4, `libertarios´ que son hoy tan aliados del virus como en el 76 lo fueron de la Dictadura, época en la que lejos estaban de pedir libertad y festejaban el terror y la muerte”.

“Esos mismos personajes piden Abrir las Escuelas porque ahora ya no les alcanza con que mueran los viejos, y mientras sufrimos el pico de contagios y muertes de la segunda ola de esta Pandemia, llegan incluso a hacer marchas el día en que hubo récord de contagios en la provincia”, dijo.

LEE LA CARTA COMPLETA ACÁ:

Soy médica pediatra desde el año 1970, y humildemente creo que mis 51 años de tratar y curar numerosas y graves enfermedades en niños y niñas, me autorizan a escribir estas palabras, que van dirigidas a todas aquellas personas que han decidido convertirse en aliados incondicionales del Coronavirus.

A ellos les digo que no pongan en riesgo la vida de los niños, de los equipos docentes, del personal de seguridad, de la sociedad toda y del personal de salud que desde hace más de un año viene dejando todo, en nombre de la “falsa libertad”.

Me costó mucho sentarme a escribir estas palabras, porque en mis ya largos 75 años, he visto muchas grandezas y muchas miserias, y las grandezas y miserias que se notan en estos días sólo se pueden ver en las dictaduras y las guerras.

Bueno, esto es una guerra contra un virus, y como tal, tiene héroes, conocidos y anónimos. Pero también tiene traidores y colaboracionistas que vomitan palabras y más palabras, mentiras y más mentiras, que cuelgan bolsas mortuorias, que realizan o acompañan campañas malintencionadas de aquéllos a los que nada les importa salvo sus propios intereses, de los grandes medios que pervierten, tergiversan y mienten sin ningún reparo. De los que hoy dicen una cosa (la vacuna es veneno) y mañana otra (hay poco “veneno”), sin ruborizarse o perdiendo la memoria.

No es para sorprenderse, los colaboracionistas (hoy, los aliados del virus) son así.

Convierten la política sanitaria en pérfida política de sus sucios intereses, incurren a diario en la estupidez, porfía, decir y publicar estupideces siempre con información falsa, y sin ningún sustento científico.

La Pandemia no es cuestión de política partidaria, es cuestión de que cada uno trabaje por la Humanidad, y dentro de esta, por los individuos.

Estamos en guerra contra un enemigo aun poco conocido, pero absolutamente letal, y solo un malintencionado o un idiota como Bolsonaro (que reúne ambas características) puede decir que el Covid 19 es una “gripecita”.

La Humanidad ha conocido numerosas pandemias que casi la llevaron a la extinción: la Peste Negra que llevó a la muerte a un tercio de la población del mundo, la Viruela, el Sarampión con el que los conquistadores europeos pretendieron exterminar a los pueblos originarios, etc.

Con el conocimiento científico acumulado, podemos enfrentar a este virus y ganarle, peso solo lo lograremos si se lo combate en el marco de una gran unidad, combate que no sólo debe ser librado contra el virus, sino también contra sus aliados.

Porque resulta que el virus tiene aliados entre aquellos a los que quiere extinguir, seres humanos que hacen lo imposible para darle al Covid la mayor cantidad de muertos posible, aliados a quienes vemos a diario, no solo en los grandes medios, también en nuestras ciudades y pueblos.

No culpo a aquellos que ingenuamente siguen a esa ola indetenible de propaganda masiva en favor del virus. Aunque hoy deberíamos evaluar a los que pudieron acceder a una educación, y sin embargo, después de la terrible experiencia que nos ha dejado esta pandemia (en la que todos tenemos un familiar, amigo o conocido muerto) siguen como corderos al matadero a los “libertarios” que, por cierto, se cuidan muy bien a sí mismos yendo a “las marchas de la muerte” en camionetas 4 x 4, “libertarios” que son hoy tan aliados del virus como en el 76 lo fueron de la Dictadura, época en la que lejos estaban de pedir libertad y festejaban el terror y la muerte.

Será fundamental en esta guerra sanitaria tomar medidas económicas de asistencia a los humildes, a las Pymes, a los comerciantes, profesionales, chacareros, medidas que deberán ser implementadas únicamente contra los grandes monopolios con participación extranjera, sin afectar a los pequeños y medianos productores del campo y la ciudad, sino únicamente a los que se llevaron nuestra plata en pala cuando ya estaban en quiebra declarada (vaya como ejemplo Vicentin), o a los que nos endeudaron por cien años en más de 45.000 millones de dólares para fugarlos al extranjero, y que hoy se “fugan” con esa plata a Miami para vacunarse contra “un virus que no existe” mientras nos dicen a los argentinos “que se mueran los que se tengan que morir”.

Unámonos, aun con ideas distintas, pero teniendo en claro el objetivo de librar esta guerra contra el virus del Covid 19 y contra sus aliados incondicionales. Enfrentemos sin titubear a “Juntos por el Odio” sin contemplaciones, sin intentar conciliar con cada uno de sus intentos “aperturistas” que tantos muertos nos han costado, porque ellos nunca concilian más que con la muerte, y si algo nos enseñó la historia de los golpes militares de 1930, 1955, 1966 y 1976 es que si los líderes de los gobiernos populares que estaban en el poder abdicaron por temor a causar muertos en el enfrentamiento contra esa Derecha que siempre va por más muertos, con esa conducta conciliadora lo único que se logró fueron muchos más muertos que si se la hubiera enfrentado hasta las últimas consecuencias.

Y no quepan dudas que esa Derecha de los Golpes de Estado es la misma Derecha “Libertaria” que vemos hoy en día, si hasta se puede ver a ex gobernadores de la Dictadura participando en sus “Abran Esto”, “Abran Aquello” y “Abran lo Otro”, con su nula formación científica y humanística que los lleva a decir barbaridades como “que cada uno se cuide como quiera”, como si estuviera pidiendo la “libertad” de ir por la Avenida 9 de Julio en contramano y con todos los semáforos en rojo.

El jefe máximo de “Juntos por el Odio” dijo que quería una Argentina para veinte millones de habitantes. ¿Vamos a dejar que lo logren, él y el fascismo bolsonarista al que representa?

No los dejemos.

“Juntos por el Odio” estuvo en contra de la Cuarentena, tildó de Infectadura a nuestros más grandes científicos y médicos que en muchos casos dejaron la vida en la lucha contra el Coronavirus, dijeron que las vacunas tenían un chip comunista, que envenenaban; en nuestra provincia, trabajando sobre el hartazgo de gente en su mayoría honesta, fogonearon Abrir La Pampa cuando teníamos los índices de contagios y muertes más bajos del país, y ese mensaje logró que en poco más de un mes se triplicaran los muertos que hubo por Covid en los diez meses anteriores. Hoy, esos mismos personajes desde “Casa Central con sede en Buenos Aires” piden Abrir las Escuelas porque ahora ya no les alcanza con que mueran los viejos, y mientras sufrimos el pico de contagios y muertes de la segunda ola de esta Pandemia, llegan incluso a hacer marchas el día en que hubo record de contagios en la provincia.

Estos personajes, hoy tan “preocupados” por la educación pública pero que en muchos casos mandan a sus hijos a la escuela privada (porque su jefe que no logra pronunciar tres palabras de corrido les dijo que “caer en la Pública” es una desgracia) y que nada dijeron cuando ese mismo jefe bajó más de doce puntos el presupuesto educativo en su bastión electoral, y que ninguna marcha hicieron cuando ese mismo jefe solo tenía palos a los docentes como respuesta a sus legítimos reclamos, son hoy los aliados del virus que fogonean con claro interés político y electoral el “derecho constitucional a la libre circulación del coronavirus” en cada ciudad y pueblo de la Argentina.

Algunos de ellos saben (aunque muchos no, porque si algo los destaca es “no haber logrado lograr ese logro” de apreciar la ciencia y la cultura) que el virus no va a buscarte a vos sino que vos vas a busca al virus como dijo Pedro Cahn, y que el Covid mata a personas de todas las edades, y ahora también a niños, gracias a presidentes como su admirado Bolsonaro que hizo en Brasil lo que ellos hubieran querido hacer en Argentina (nada), y dejó al virus circular con toda “libertad” para que mute a cepas más virulentas como la de Manaos, que viene arrasando con lo que se cruce en su camino.

También saben (repito, algunos de ellos, no muchos) que a los que no mata, el virus les deja severas secuelas.

Soy pediatra, nunca dejé de serlo, trabajé amando mi profesión, amando a los niños y niñas, estando a disposición de todos los que precisaran mi atención, sé de la alegría de salvar la vida de un niño o niña, y TAMBIÉN SÉ LO QUE ES INTENTAR EVITAR QUE SE MUERA UN NIÑO O UNA NIÑA EN LA GUARDIA DE UN HOSPITAL, DE LAS CORRIDAS Y DESESPERACIONES POR INTENTARLO, y de cómo se te queda grabada en la memoria cada una de las caritas de los chicos que pudiste salvar, y sobre todo, de los que no pudiste.

Por eso me cuesta tanto aguantar a los abanderados de la maldad, a los que sin ningún pudor quieren que se disparen los contagios y las muertes, a los que día tras día atentan contra la Salud Pública.
Por todo esto, digámosle no a “Juntos por el Virus”: dejen de colaborar con el coronavirus y la muerte, porque la gente tiene memoria, y siempre recordará a quien actuó de ese modo tan nefasto.

Atte.
DRA LILIANA EDITH TELERMAN
DNI 5.334.353


Search

Unite a nuestro grupo de Telegram, donde te compartimos las noticias más importantes.

La deuda de la obra social de las Fuerzas Armadas superó los $213.000 millones

La deuda de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) ya trepa a $213.902.225.670 y abrió un nuevo conflicto entre Defensa y Seguridad. Ambas carteras se disputan quién debe hacerse cargo del pasivo de la obra social militar.

La definición parece haber superado el plano técnico y ahora queda en manos del presidente Javier Milei, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

El cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la obra social que anteriormente reunía bajo una misma estructura a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quedó trabado por una deuda de unos US$145 millones, de la cual el 65% corresponde a aportes impagos de Gendarmería y Prefectura, y ni el Ministerio de Defensa ni el de Seguridad quieren asumir el costo.

Todo comenzó en febrero de 2026, cuando Milei firmó el DNU 88/2026, que ordenó disolver el IOSFA —creado en 2013— y reemplazarlo por dos entidades separadas. Entre ellas OSFA, bajo Defensa (para Ejército, Armada, Fuerza Aérea y sus familias) y la OSFFESEG administrado por el Ministerio de Seguridad Nacional, (para Gendarmería y Prefectura). La medida buscaba resolver el “desequilibrio financiero persistente” que arrastraba el organismo por la suba de costos médicos y la heterogeneidad de su padrón, que llegó a tener 575.000 afiliados de las cinco fuerzas combinadas.

El decreto fijó un período de transición de hasta 365 días, designó como administrador al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, nombrado por Defensa para gestionar el cierre, y creó una Comisión Ad Hoc con representantes de Defensa, Seguridad, Salud, Economía y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para supervisar el proceso. Crucialmente, el artículo 12 del decreto dejó pendiente definir “el proceso para la cancelación de los pasivos” del IOSFA, sin resolver quién pagaría.

El núcleo del conflicto sería concretamente una cuenta pendiente por contribuciones patronales impagas que Gendarmería mantiene desde 2017, de acuerdo con el propio decreto 637/2013 que regulaba esos aportes. En abril de 2026, cuando la Comisión Ad Hoc empezó a reunirse, Guzmán detectó expedientes heredados de la gestión anterior del IOSFA que reclamaban esa deuda histórica de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que entonces rondaba los $212.000 millones.

Ariel Guzmán, designado administrador para la etapa de liquidación de IOSFA

Ahí se produjo la primera divergencia real, siendo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cancelaron su parte usando fondos del inciso 1 (partida de sueldos del personal militar), lo que permitió al ex IOSFA pagar deudas atrasadas a prestadores médicos, por ejemplo unos $1.999 millones a proveedores de Tucumán. Gendarmería y Prefectura, en cambio, se negaron a saldar la suya, que a fines de abril ya alcanzaba los $101.692.401.866 solo por parte de Gendarmería.

El crecimiento hasta julio de 2026

Cinco meses después de la primera reunión de la Comisión Ad Hoc en abril, y tras la quinta reunión, el panorama no mejoró en absoluto. La deuda consolidada creció a $213.902.225.670, con $139.057.260.804 correspondientes exclusivamente a las contribuciones impagas de Gendarmería y Prefectura. El representante de Seguridad, Fernando Domínguez, volvió a decir en la reunión que su ministerio “no dispone de los recursos” para afrontar esa obligación, repitiendo la misma negativa de meses anteriores.

Esto llevó a Guzmán a elevar un informe al ministro de Defensa Carlos Presti donde reconoció el fracaso de la instancia técnica. Él afirmó en el escrito que “no se ha podido avanzar en la concreción de un plan para cancelar la [deuda]” y que “este tema deberá plantearse en otras instancias decisorias para su conocimiento e intervención” — es decir, admite que la comisión fracasó, que ya no puede resolverlo y que la decisión pasa a un nivel político superior.

Informe-de-la-5ta-reunion-de-la-comision-especial-Ad-hoc

El propio esquema institucional explicaría por qué el hecho sube tan alto en la jerarquía gubernamental. OSFA depende de Defensa y OSFFESEG de Seguridad, pero ambas nacieron del mismo decreto presidencial, y es el propio Poder Ejecutivo quien debe “instrumentar las medidas necesarias” para cancelar los pasivos que tenía IOSFA, según el artículo 12 del DNU 88/2026.

Como ningún ministerio (Defensa ya pagó lo suyo, Seguridad no puede o no quiere) resuelve el diferendo, y la Comisión Ad Hoc —integrada también por representantes de Economía, Salud y SIGEN— se declaró sobrepasada, la resolución final depende de una decisión presidencial que autorice una partida extraordinaria de recursos.

La particularidad es que el propio Estado nacional aparece simultáneamente como acreedor (a través del ex IOSFA, que reclama la deuda) y deudor (porque Gendarmería y Prefectura, fuerzas federales bajo su propio paraguas, son las morosas). Sin esa definición clara, el riesgo es que la liquidación se convierta en un proceso interminable, con proveedores médicos impagos, litigios judiciales y deterioro de la cobertura sanitaria tanto de militares como de gendarmes y prefectos por un tiempo indeterminado.

La situación parece no encontrar solución, ya que casi dos tercios del endeudamiento financiero de una obra social ya disuelta recaen sobre fuerzas de seguridad que dependen de una cartera —Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva— que asegura no tener presupuesto para afrontarlo.

Un panelista de Carajo pidió esterilizar y bombardear el conurbano en vivo y una marca le retiró la publicidad

El canal de streaming Carajo nació a mediados de 2024, tras la llegada de Javier Milei al Poder Ejecutivo. Hasta ese momento, Daniel Parisini (“Gordo Dan”) conducía un espacio poco visto y de presupuesto ínfimo en Radio Madero —propiedad de Fernando Cerimedo, más tarde desplazado del espacio oficialista—. Sin embargo, con el desembarco del nuevo gobierno, el medio experimentó un salto desmedido en infraestructura, montando un megaestudio en Palermo Soho equipado con tecnología de punta y una amplia nómina de producción.

Este despliegue millonario generó inmediatas denuncias por el uso de recursos públicos para sostener la señal. Distintas investigaciones y declaraciones públicas —entre ellas las del periodista Tomás Díaz Cueto— expusieron que diversos empleados del canal perciben salarios abonados directamente por la administración nacional en áreas de Comunicación y Prensa, sumado a recurrentes seccionamientos que señalan el desvío de fondos reservados de la SIDE para financiar la estructura propagandística.

“La misa del Gordo Dan” justo antes de que Milei llegara al gobierno. En la foto Mariano Pérez (“Break Point”) y Daniel Parisini (“Gordo Dan”) junto a Juan Pablo Carreira (“Juan Doe”), actual Director Nacional de Comunicación Digital.

Es precisamente en este dispositivo financiado por las arcas públicas donde se desencadenó un grave escándalo por proclamas eugenésicas y racistas emitidas en vivo, protagonizado por figuras que responden directamente a la estructura orgánica y legal del oficialismo.

Entre los voceros estables de la señal destaca Alejandro Sarubbi Benítez, representante legal de Parisini y habitual panelista. Este sujeto —una de las voces principales de las recientes agresiones al conurbano— cuenta con antecedentes de sanción disciplinaria por parte del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), organismo que le aplicó una advertencia tras constatar que insultó a integrantes de la Corte Suprema de Justicia, difundió datos personales privados (doxxeo) e incurrió en reiterados agravios discriminatorios desde sus redes sociales.

Alejandro Sarubbi Benítez junto a Karina Milei.

A su lado se ubica Isabella Mariana Compiano Machado, conocida en el entorno digital como “Kalina”, coautora del cuestionado episodio. La joven panelista milita activamente en La Libertad Avanza y responde de forma directa a Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes, dirigente que hasta 2023 era concejal y militaba en las filas del kirchnerismo y saltó al oficialismo para acceder a su banca nacional.

La inserción de Kalina en el armado de Almirón no es aislada. Su pareja, Ángel Manuel Niveyro Lozano —identificado en redes como “Azaelthus”—, también forma parte del esquema de militancia y prensa que orbita alrededor del legislador correntino, exponiendo el entramado político tradicional que nutre de contenidos al canal de streaming y da sustento a las polémicas que hoy acorralan al medio.

“Kalina” junto a Lisandro Almirón; y Almirón junto a Malena Galmarini (esposa de Sergio Massa), en su “época kirchnerista”.

Apología al exterminio y al racismo

Durante una emisión del programa La Trinchera, las agresiones alcanzaron un límite inédito cuando Alejandro Sarubbi Benítez afirmó en vivo que “la provincia de Buenos Aires, sobre todo con lo que tiene que ver con el Conurbano Bonaerense, la inmensa porción de gente, desde mi punto de vista ya no tiene salvación”. Tras sentenciar que “para mí no tiene vuelta la provincia de Buenos Aires”, el abogado detalló sus propuestas: esterilización masiva, expulsión del mapa nacional, levantar un muro perimetral con francotiradores y “todas las mañanas tirar napalm desde los aviones”. Para definir a quiénes perdonar, anticipó un criterio de “total arbitrariedad” guiado por la “portación de cara”, planteando dar aviso previo únicamente “a las personas que uno considera que hay que salvar”.

Lejos de moderar o repudiar el discurso de odio, la panelista “Kalina” intervino activamente en la escena exhibiendo ante las cámaras una cartulina que contenía una paleta de tonalidades de piel (una referencia a la serie “Family Guy“). Utilizando este muestrario cromático, la militante oficialista simuló establecer un criterio de selección eugenésica para determinar, según el grado de pigmentación del rostro, qué personas poseían derechos ciudadanos o podían “salvarse” de la ejecución arbitraria, señalando el cuadro de color más claro.

El discurso exhibido en el programa contrasta de forma severa con la propia realidad de sus protagonistas. Un relevamiento en las redes sociales personales de Alejandro Sarubbi Benítez (como su perfil de Facebook) deja al descubierto que la mitad de sus familiares y contactos directos de apellido compuesto “Sarubbi Benítez” provienen de Paraguay, país con una marcada impronta e identidad mestiza e indígena.

Visitando el Facebook de Alejandro, varios de los “Sarubbi” y los “Sarubbi Benítez” de sus contactos efectivamente son paraguayos.

La incongruencia resulta absoluta: un vocero de tez morena y raíces latinoamericanas promueve abiertamente postulados racistas, xenófobos y eugenésicos que, bajo los propios parámetros de la paleta de colores exhibida en su programa, lo ubicarían a él mismo y a su propio entorno familiar del lado de los discriminados y segregados.

Alejado de su actualidad: Sarubbi Benítez con su familia, cenando en la vereda.

Boicot, retiro de pauta y antecedentes

La paradoja del discurso alcanzó su punto máximo con la presencia publicitaria en el estudio de Sao Medialunas, una tradicional marca nacida en Mar del Plata. Mientras Sarubbi Benítez y “Kalina” proponían bombardeos y segregación para los habitantes de la provincia de Buenos Aires, los productos de la firma bonaerense lucían exhibidos en la mesa como auspiciantes del espacio, financiando de forma directa la emisión.

La reacción del público no tardó en llegar: las plataformas digitales de la empresa se inundaron con cientos de mensajes de repudio que denunciaban el patrocinio a proclamas de exterminio, cuestionaban a la firma por financiar el odio hacia sus propios clientes y convocaban a un boicot masivo bajo el lema de no consumir productos que sostengan la violencia verbal del canal.

Ante la ola de indignación, la empresa emitió un comunicado oficial anunciando el cese del auspicio: “En relación con los comentarios realizados durante una transmisión en la que nuestra marca tuvo presencia publicitaria, queremos expresar que SAO Medialunas no comparte ni avala ningún mensaje discriminatorio, violento o que promueva el odio hacia cualquier persona o comunidad […] Lamentamos profundamente que esta situación haya generado malestar y por eso hemos decidido retirar nuestra publicidad”.

A pesar del retiro de la pauta, persistieron las críticas hacia la dirección de la marca por su tardía reacción. Sectores de la audiencia remarcaron que el canal Carajo estructuró su línea editorial sobre la agresión sistemática desde sus inicios, por lo que el auspicio comercial no podía considerarse un hecho ingenuo o ajeno al perfil del medio.

Las proclamas eugenésicas emitidas en La Trinchera no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte del estilo editorial y la metodología habitual que despliega el canal. Entre sus antecedentes más graves figura el ataque homofóbico dirigido contra el diputado nacional Esteban Paulón en el programa La Misa, donde los conductores de la señal lo agredieron verbalmente y llegaron a imputarle al aire acusaciones de pedofilia y le atribuyeron “tener SIDA”.

A esta dinámica de descalificación personal se suma el uso sistemático de la exposición de datos privados (doxxeo) en transmisiones en vivo. A través de este recurso, los integrantes de la señal difunden números telefónicos, direcciones e información personal de usuarios opositores y periodistas críticos, incentivando el acoso masivo y coordinado por parte de sus seguidores en redes sociales.

Alejandro Sarubbi Benítez junto a Santiago Caputo.

El negacionismo frente al archivo

Tras la masiva repercusión mediática y el cimbronazo comercial, la respuesta de Sarubbi Benítez expuso la fragilidad de su propia narrativa. En lugar de argumentar que se trataba de una provocación humorística o de un recurso satírico, el abogado hizo un descargo en el que negó categóricamente haber hablado de la provincia de Buenos Aires o de sus habitantes.

Sin embargo, la estrategia de intentar desmentirse a sí mismo chocó de frente con el archivo audiovisual del programa, donde había explicitado de forma literal que la provincia de Buenos Aires “ya no tiene salvación”, antes de proponer los bombardeos, la segregación y la selección por pigmentación de piel.

Este episodio expone los límites y los riesgos de un modelo mediático montado sobre la provocación sistemática y el financiamiento estatal. Cuando el discurso traspasa la barrera del espectáculo digital para incitar al exterminio y a la eugenesia, la reacción de la audiencia y la fuga de marcas evidencian que ni la caja pública ni la protección política alcanzan para blindar un espacio frente al repudio social.

*Por Augusto Grinner

Dinero venezolano para la campaña de CFK: a 19 años del ingreso de las valijas de Antonini Wilson

El día 4 de agosto de 2007, una valija conteniendo casi 800 mil dólares ingresó al país a través del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. La negativa a dejarla pasar por parte de una agente de la PSA sería el comienzo de una pesadilla para el saliente Gobierno del presidente Néstor Kirchner y el entrante de su esposa, Cristina Fernández.

Pero empecemos por el final de la historia, para poder entender la trama. El miércoles 12 de diciembre de 2007, gracias a la detención de cinco ciudadanos venezolanos en territorio norteamericano (*), se supo que ese dinero estaba destinado a apoyar la campaña electoral de la otrora primera mandataria. Así lo contó el periodista Gerardo Reyes en el diario de Miami El Nuevo Herald: “Los $800,000 que contenía la valija confiscada al empresario venezolano-americano Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires el pasado agosto estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según se reveló en una corte federal de Miami. De acuerdo con una denuncia criminal, el gobierno de Venezuela, a través de cinco individuos acusados el miércoles por espionaje, trató de presionar a Antonini para que no revelara que el dinero salió de las arcas de ese gobierno y que la beneficiada sería la campaña presidencial de Fernández”.

Y añade: “‘El dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner’, dijo el fiscal adjunto Thomas Mulvihill. ‘Estos acusados recibieron instrucciones de mantener bajo el perfil de Venezuela’. A cambio del silencio de Antonini, Venezuela cubriría todos los gastos en que incurría por la acusación pendiente en Argentina, donde el empresario fue acusado de contrabando”.

La acusación menciona como parte de la conspiración para presionar a Antonini a la vicepresidencia de Venezuela y a la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policiales (Disip), a la cual pertenece —como veremos más adelante— uno de los personajes clave de esta trama y que jamás ha sido mencionado en los medios de información.

Lo interesante del asunto es que, dos de los cinco arrestados en diciembre 2007 fueron testaferros del chavismo y supuestos “empresarios petroleros”, se trata de los venezolanos Carlos Kaufman, de 35 años, y Franklin Durán, de 40, conocidos de Antonini Wilson. Ambos estaban en Miami en medio de un batalla civil para recuperar unos $7 millones que les fueron congelados en un banco local y aprovecharon para presionar —amenazas mediante— a Antonini Wilson para que no hablara del destino de la millonaria valija incautada.

Manotazos de ahogado

No bien se supo que Antonini Wilson había revelado el real destino de la valija venezolana, los principales funcionarios argentinos salieron a tratar de defender a la ex primera dama. En realidad hablaron sólo los alcahuetes de siempre, Alberto y Aníbal Fernández, quienes aseguraron que la acusación se trataba de una “locura” y una “canallada”, respectivamente. Luego, la presidente iría aún más allá al asegurar que todo se trató de una “operación basura” para perjudicarla.

Lo cierto es que en aquellas horas la preocupación oficial era mayúscula, no sólo porque la acusación norteamericana era real y había pruebas de ello, sino porque empezaron a revelarse los negocios entre Argentina y Venezuela y el ingreso de otras valijas que sí llegaron a destino, enviadas también para la campaña electoral del kirchnerismo.

El dato se corroboró con el paso del tiempo: hubo más de diez viajes hechos por Antonini Wilson similares al del 4 de agosto, en los cuales se presume que vinieron valijas con montos similares al incautado. El dato surgió de la mismísima Dirección Nacional de Migraciones que ¿casualmente? dependía en ese momento de Aníbal Fernández.

El 11 de septiembre de 2007, Tribuna de Periodistas publicó parte de esta trama y anticipó antes que nadie la eventual colaboración de Antonini Wilson con la Justicia norteamericana. Así se  comentó entonces: “Las fuentes señalan además que Antonini, en un total de 15 viajes, transportaba dinero en forma regular hacia Argentina, Bolivia y Uruguay, todos con el supuesto objetivo de comprar e influenciar de forma corrupta a los gobiernos de los tres países. Según habría investigado la organización World Check, la fuente de estos fondos ilícitos parecería surgir de una combinación de ganancias por venta de drogas y desvíos ilegales de fondos de la petrolera PDVSA. El FBI ha investigado a Antonini Wilson, y se cree posible que éste se haya librado de ser sometido a juicio por delitos cometidos en Estados Unidos a cambio de información. El carácter de esa información es lo que seguramente preocupa a los gobiernos argentino y venezolano”.

Todos los hombres de Chávez

Más allá de los nombres publicados en aquellos días, no todos los responsables han sido mencionados y mucho menos investigados. Por caso, el noveno pasajero del vuelo que ingresó al país la valija maldita ha sido pasado por alto por los principales medios de información vernáculos. Se trata de Luis Avilán Díaz, un importante miembro del Gobierno de Chávez. El 10 de agosto de 2007 cuando el escándalo aún estaba fresco y ocupaba pocas líneas en los medios de comunicación, Tribuna de periodistas publicó en exclusiva la participación de este personaje y su foto“el hombre del maletín ya estaría identificado: se trata de un miembro activo de la Guardia Nacional de Venezuela… Al respecto, las fuentes venezolanas indican que es la fuerza armada de mayor confianza de Hugo Chávez, y han señalado que en la actualidad viene actuando como ‘una mafia dedicada a transportar dinero a los países ‘amigos’ del presidente’… Más aún, se ha informado que el hombre del maletín es un comando de Chávez para transportar dinero en efectivo para sus aliados en su proyecto político internacional (…) Podría tratarse de Luis Enrique Avilán Díaz, quien forma parte de la DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención), el organismo de inteligencia de Hugo Chávez que en el año 2000 contaba con 2.2l2 y aumentó la cantidad de los mismos en 3.057, ya que en este año 2007 cuenta con 5.269 agentes”.

— Julio César Avilán Díaz (Foto revelada en exclusiva por Tribuna de Periodistas el 10 de agosto de 2007)

Horas después de la publicación del artículo mencionado, organismos de Inteligencia solicitaron colaboración a este periódico y comenzaron a investigar la línea sugerida por Tribuna, especialmente en lo referido a Avilán Díaz, a quien se sindicó como el pasajero no registrado que se unió a los tres funcionarios argentinos y cinco venezolanos que viajaron desde Caracas a Buenos Aires en el Cessna Citation matrícula N5113S de la compañía Royal Class.

La ruta del dinero

Uno de los puntos más importantes en cualquier investigación periodística es el camino del dinero. Muchas veces, el hecho de seguir el rastro “dinerario” en un caso de corrupción, permite al hombre de prensa acercarse a la evidencia “material”. Este escándalo no es la excepción.

Si se sigue el recorrido de los dólares que ingresaron al país, podrá apreciarse que el destino final ha sido para las arcas del otrora matrimonio presidencial. El 26 de agosto de 2007, por caso, la ruta fue detallada por este medio de la siguiente manera:

Los casi U$S 800.000 tenían un destino inequívoco: la financiera Pasamar SA ubicada en la calle San Martín 580 1º A, autorizada a través del legajo 295 por la Secretaría de Turismo para operar en plaza y con el antecedente de aparecer en el lapidario informe que la Comisión Especial sobre Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados confeccionó en el año 2001.

Lo cierto es que, desde Pasamar,el dinero iba a ser reenviado al banco Credit Suisse First Boston, que a su vez lo reenviaría a Suiza, en una operación coordinada por el hombre que viene oficiando de “nexo”, Carlos Germán, y a quien los “valijeros” suelen llamar a su teléfono directo (4322-50…) desde que empezaron a llegar al país las maletas con dinero.

Un dato no menor: en el Credit Suisse reposan los 654 millones de dólares —que hoy superan los 1.000 millones— que el entonces gobernador Néstor Kirchner recibió en abril de 2003 y que son producto de regalías por la privatización de YPF.

El artículo de marras fue oportunamente traducido al inglés y publicado por un importante diario de Estados Unidos, lo cual provocó el consecuente interés de la Justicia de ese país

(*) Tres de los cinco fueron: a) Guido Alejandro Antonini Wilson, venezolano, 46 años de edad, nacido el 8 de abril de 1961, empreasrio, titular de la cédula de Identidad de Venezuela Nº 8.579.325, hijo de Guido Antonini y María Luisa Wilson, casado con Jaqueline Regnault.

b) Franklin Deivis Durán Guerrero, venezolano, 40 años de edad, nacido el 11 de septiembre de 1967, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 7.927.630.

c) Carlos Eduardo Kauffmann Ramirez, venezolano, 36 años de edad, nacido el 30 de diciembre de 1971, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 10.337.600.

*Por Christian Sanz – Tribuna de Periodistas

HUMOR por Argüelles​

LO MÁS IMPORTANTE

TWEET DEL DÍA

Tevero liberavisse
comprehensam nec.

Copyright 2023 © Data 24 - Todos los derechos reservados
Data 24.com.ar © Copyright 2025

Subscribe Now