María Servini | “Son las peores elecciones de las 26 en que me tocó intervenir”
"Estamos en pandemia y hay un doble comando que lo complica todo", señaló la interventora. Responsabilizó al Comando Nacional Electoral por la falta de alcohol en todas las mesas de votación.
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La jueza federal María Servini señaló que las PASO que se celebraron hoy fueron “la peores elecciones” de las 26 que intervino. Los motivos a los que hizo alusión la magistrada fueron, principalmente, a los referidos con la pandemia: “Hay un doble comando que lo complica todo”.
Describió que hubo “demoras en el Correo” para la distribución del material electoral, responsabilizó al Comando Nacional Electoral por la falta de alcohol en todas las mesas de votación y advirtió que en varios establecimientos faltaron los “facilitadores sanitarios”. Agregó además que “las consecuencias de esas cuestiones organizativas que fallaron las padece la gente”.
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El exministro de Cultura y Comunicación y exdiputado provincial Pedro Báez será trasladado a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná tras la decisión del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná. Báez fue condenado en 2022 a seis años y medio de prisión por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en el marco del megajuicio por corrupción que también implicó al exgobernador Sergio Urribarri y a su cuñado, Juan Pablo Aguilera.
La resolución del Tribunal —integrado por Carolina Castagno, Julián Vergara y Elvio Garzón— se produjo con una votación dividida. Mientras Castagno abogó por la prisión domiciliaria, Vergara y Garzón coincidieron en enviar a Báez a la cárcel. La medida fue ejecutada inmediatamente, y el exfuncionario fue trasladado desde su domicilio en calle Jozamí al penal ubicado en la intersección de las calles Marcos Sastre y Ruperto Pérez, en Paraná.
La Fiscalía, representada por Gonzalo Badano, Patricia Yedro, Juan Francisco Ramírez Montrull e Ignacio Aramberry, argumentó que Báez, al igual que Urribarri y Aguilera, cuenta con recursos económicos que facilitarían una posible fuga. Este argumento fue respaldado por el juez Garzón, quien citó criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la gravedad de los delitos y el riesgo de evasión.
El equipo defensor de Báez, integrado por José Velázquez e Ignacio Díaz, solicitó que, de considerarse una medida coercitiva, esta fuera la prisión domiciliaria con monitoreo electrónico. Además, ofrecieron que la caución de 20 millones de pesos ya abonada se mantuviera como garantía. Sin embargo, el Tribunal rechazó estas solicitudes y dispuso la prisión preventiva en el penal.
La decisión del Tribunal se enmarca en una serie de medidas adoptadas recientemente contra funcionarios del urribarrismo. El pasado martes, Urribarri y Aguilera fueron detenidos y trasladados a la misma cárcel. La Cámara de Casación Penal de Paraná había ordenado previamente la detención inmediata de ambos, un antecedente que pesó en la resolución de Báez.
Este no es el primer intento de encarcelamiento para el exministro. En ocasiones anteriores, la Fiscalía solicitó su prisión preventiva argumentando riesgo de fuga, especialmente después de que su abogado defensor no notificara la continuidad de apelaciones contra la sentencia.
Con esta medida, el exministro, quien ocupó un rol clave en el gobierno de Urribarri entre 2007 y 2015, se suma a la lista de altos funcionarios condenados y encarcelados por corrupción en Entre Ríos. A la espera de que se resuelvan sus apelaciones en instancias superiores, Báez comenzará a cumplir su condena en un contexto de creciente presión judicial sobre los actos de corrupción del pasado gobierno provincial.
El Superior Tribunal de Justicia será la última instancia en determinar si Báez, Urribarri y Aguilera continúan en prisión o acceden a la prisión domiciliaria, una decisión que podría redefinir el desenlace de este resonante caso de corrupción.
Por lo que se pudo saber desde el radiopasillo de Casa Rosada, la vicepresidente Victoria Villarruel sigue en su principal objetivo de mejorar su organigrama territorial. Más aún desde su alejamiento del Partido Demócrata (PD).
Propios y extraños se encargaron de oficializar diferentes reuniones en “off” que mantuvieron los hijos del ex mandatario sanjuanino con la segunda del Gobierno.“Mantiene el ‘Pacto de Damas’ con Karina Milei, pero de a poco juega sus propias cartas”, sentenciaron a este medio, de manera anónima.
De momento, Cruzada Renovadora, el sello de la familia Avelín que cuenta con personería jurídica en 3 provincias (San Juan, Jujuy y Río Negro), tendría como objetivo poderse organizar hacia el ámbito nacional (necesitaría 5). Aún profundizan en afiliaciones y adhesiones en el territorio bonaerense.
¿La provincia de Buenos Aires está fuera del arreglo?
La batalla en provincia de Buenos Aires cada vez sería más complicada, porque el asesor presidencial Santiago Caputo mantendría su propio juego, detrás de lo que sería su “mesa chica” con el diputado bonaerense Agustín Romo a la cabeza. Del otro costado, la secretaria general de Casa Rosada, Karina Milei, ofreciendo aval a su alfil Sebastián Pareja, actual titular de Integración Socio Urbana.
En el medio, el famoso “Pacto de Damas” entre Villarruel y Karina, el cual salió a la luz y trataría de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y el territorio bonaerense no tendrían injerencia política de Victoria. De esta forma, presuntamente se allanó el camino para la hermana del Presidente.
Sin embargo, el acuerdo de la vicepresidente con Cruzada Renovadora traería un beneficio en lo que es la musculatura del interior del país, por la presencia en provincias como San Juan, Jujuy y Río Negro. ¿Desventajas? El territorio bonaerense también está siendo coordinado de la mano de Esteban Javier Pascual Del Malvar, quién no pretende quedarse afuera de los sufragios intermedios.
No es seguro asimilar si Cruzada Renovadora evitaría sugerir nombres para la provincia de Buenos Aires, o bien si se selló la alianza con el sector de Victoria Villarruel. Pero sobre la mesa se encuentra todo…
Un escándalo con olor a arroz, yerba y corrupción sacude nuevamente al Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán, liderado por Federico Masso. Todo comenzó cuando en un allanamiento por una denuncia de violencia de género dejó al descubierto algo más que pruebas del esta denuncia inicial: pilas de mercadería destinada a programas sociales, cuidadosamente almacenadas en un domicilio que no parecía, digamos, un comedor comunitario.
El escenario del descubrimiento fue el Barrio 2500 Viviendas, en Manantial Sur. Allí, la policía encontró no solo al acusado de violencia de género, JALC, sino también fardos de alimentos con el inconfundible sello de “Prohibida su venta”. Lo que debía alimentar a las familias más necesitadas de Tucumán aparentemente estaba tomando otro rumbo, y no precisamente solidario.
Entre los productos incautados había arroz, fideos, puré de tomate, leche en polvo y yerba, todo prolijamente etiquetado como parte de la asistencia social. Además, cuadernos con sospechosas anotaciones apuntaban a una posible comercialización ilegal de los alimentos en negocios locales.
Federico Masso, el ministro de Desarrollo Social, salió rápidamente a ofrecer explicaciones. Según él, la mercadería había sido entregada legalmente a una organización social con personería jurídica, y no al detenido en cuestión. “El detenido no tiene relación con la orden de entrega. Lo que debemos investigar es cómo y por qué esta mercadería fue encontrada fuera de su destino”, declaró, con un tono que oscilaba entre la indignación y el desconcierto.
Sin embargo, este no es el primer incidente que salpica a la gestión de Masso. A principios de año, ya se había denunciado la venta de productos de planes sociales en mercados negros. Al parecer, la fiscalización de la que tanto presume el ministro no está siendo suficiente para evitar que los recursos destinados a los sectores más vulnerables terminen como moneda de cambio en redes de corrupción.
Masso aseguró que “el sistema no falló” y que la mercadería fue retirada por el padre del detenido, quien dirige la organización social beneficiaria. Según él, todo está documentado con remitos y declaraciones juradas. Incluso enfatizó su compromiso con la transparencia y prometió colaborar con la fiscalía. “No vamos a permitir que un gramo de arroz que destinamos a miles de tucumanos sea utilizado inescrupulosamente”, sentenció.
Pero las palabras del ministro no logran disipar las dudas. Si el sistema funciona tan perfectamente como afirma… ¿Cómo es posible que alimentos etiquetados como “Prohibida su venta” terminen en una vivienda particular? ¿Cuántas veces más veremos estas “excepciones” que ponen en evidencia un patrón alarmante?
La causa, que empezó como una investigación por violencia de género, ahora suma un capítulo económico y político. La Unidad Fiscal de Delitos Complejos está detrás de las pistas para esclarecer el desvío de los alimentos y su posible venta ilegal.
Mientras tanto, Masso intenta calmar las aguas reuniéndose con el gobernador y prometiendo investigar “hasta las últimas consecuencias”. Sin embargo, su gestión está bajo la lupa, y cada nuevo escándalo debilita la confianza en la transparencia que tanto pregona.
No es nada nuevo el hecho de que cada dirigente se sienta con el peronismo para poder hacerse de músculo y oportunidades dentro de la provincia de Buenos Aires. Y La Libertad Avanza (LLA) no le escapa al bulto.
Más específicamente la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, quién tiene como principales alfiles territoriales a Sebastián Pareja, subsecretario de Integración Socio Urbana, y Juan EstebanOsaba, apoderado del sello libertario en provincia de Buenos Aires. Estos no escatimaron en presiones y cruzaron los límites.
Según informaron fuentes oficiales a DATA24.COM.AR, con el aval de la hermana del presidente Javier Milei, Sebastián Pareja salió a coquetear con Sergio Cuello, ex armador del alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta en el 2023.
Sin ir más lejos, ya hubo reuniones importantes en la ciudad de La Plata, en dónde también habría estado presente el presidente de Diputados, Martín Menem. Allí algunos acuerdos quedaron en el aire, pero se esperan supuestos avances.
Sergio Cuello es presidente del sello peronista no K, Juntos en Acción (JeA), el cual le realizó la campaña territorial también al entonces candidato a gobernador Diego Santilli en el 2023.
Lejos de pretensiones y demás “roscas”, Sergio Cuello también estaría siendo tentado por el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, para darle estructura en el 2025 y así proyectarse al 2027 como aspirante a la Gobernación.
En un caso que conmociona a las cúpulas castrenses y al Ministerio de Defensa, el segundo militar más importante en jerarquía, el general Fabián Berredo, denunció ante la Justicia penal a otro general y subjefe del Ejército, al que acusó de amenazarlo con despedir a su esposa que es coronel médica del Hospital Militar, si éste no pedía el retiro de la fuerza.
La denuncia, que recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, es un nuevo capítulo de la dura interna militar que llevó esta semana al retiro del pliego en el Senado del ascenso del general Berredo al cargo superior, y que estaba frenado desde hace meses por la vicepresidente Victoria Villarruel.
Berredo, comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto (EMCO) y como tal número dos de las Fuerzas Armadas, denunció ante el juez Rafecas al subjefe del Ejército, general Carlos Carugno.
Según la denuncia, Carugno le hizo llegar el siguiente mensaje a través del coronel López Stanic: “Decile al General Berredo que si para antes del 10 de Julio no solicita el retiro, le saco el pase del Hospital Militar Central a su señora”.
“El Coronel López Stanic me transmitió ese mensaje tal como fue citado”, señala la denuncia patrocinada por los abogados Carlos Caride Fitte y Mariano Grondona.
La esposa de Berredo, Claudia Barros, es coronel médica y se desempeña desde hace 20 años en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Central Militar. Administrativamente depende del Ejército.
Berredo le ha dicho a sus allegados estar convencido de que el general Carugno actuó bajo instrucciones del jefe del Ejército, general Carlos Presti, con quien está duramente enfrentado. Presti aparece alineado con la vice Villarruel, a quien se señala por haber frenado su pliego de ascenso en el Senado.
Berredo fue a la Justicia federal luego de que, tal como aseguró en su denuncia también ante Rafecas, hizo una denuncia administrativa en el ámbito militar, que entendía debía inmediato tratamiento.
Pero el sumario fue rápidamente archivado, dicen cerca del militar.
Berredo ofreció de testigos al coronel Jorge Mariano López Stanic, y al contralmirante Marcelo Dalla Nogare, subjefe del Estado Mayor Conjunto.
Los amigos de Berredo cuentan que estuvo dos semanas casi sin dormir, hasta que decidió realizar la denuncia. Además se le cruzaron muchas cuestiones personales, por estar involucrada su propia esposa. La denuncia se presentó el 18 octubre y quedó ratificada el 6 de noviembre.
“Quiso hacer una defensa de los valores y de los mecanismos institucionales, no solamente por él, por los que vienen después”, aseguran sus amigos.
PURGA MILEÍSTA E INTERNA FEROZ:
La situación de conflicto se remonta al cambio de gobierno en diciembre de 2023 y a la decisión de Javier Milei de entronizar como jefe del Ejército a Presti, lo que causaba el retiro de 22 generales. Una purga más extensiva que la de Néstor Kirchner, 20 años atrás.
Para atemperar los efectos, varios generales fueron destinados en actividad al Ministerio de Defensa o quedaron en funciones en el Estado Mayor Conjunto. Uno fue Berredo, que ya era Comandante Operacional del EMCO desde 2022.
En los papeles, el EMCO como organismo asesor del Ministro de Defensa, es el nexo con el poder político; se supone que mandar, en estos tiempos que corren, por sobre las fuerzas. Es una larga evolución desde el desastre de la guerra de Malvinas una de cuyas causas, denunciada en el celebre informe Rattenbach, fue la falta de “conjuntez”: cada fuerza hizo la guerra que le vino en gana.
Desde el EMCO se hace el planeamiento, se manejan las compras del Fondo para la Defensa (Fondef), se articulan las grandes operaciones, desde las misiones de paz y los operativos electorales, hasta lo que fue el megaopoerativo en la pandemia de Covid-19. El actual jefe es el brigadier general Xavier Isaac.
Pero el aviador no aparece en primera línea al menos, de este conflicto que atañe al Ejército.
Afirman que Presti, el jefe del Ejército, logró ir corriendo a los generales que estaban en Defensa y el EMCO: el jefe antártico Edgar Calandín, el general Juan Baretto de Planeamiento Estratégico, el general Martín Lluch que ni siquiera llegó a asumir en Logística. Desde ese lado aseguran que Presti “rompiendo todos los códigos” llegó a negarle el saludo a Berredoen una reciente formación en el Edificio Libertador.
Berredo, dueño de los “fierros” como Comandante Operacional, fue perdiendo apoyo político, del propio ministro Luis Petri. No tuvo apoyo cuando Villarruel retiró su pliego junto al de otros militares. “El lobby de Presti con Villarruel lo puenteó al propio ministro”, disparan los allegados a Berredo.
Como punto culminante, el viernes pasado con la firma de Milei y de Petri fueron directamente retirados los pliegos de ascenso de Berredo y también del coronel Gustavo Adrián Sívori. Berredo hace dos días presentó su pedido de pase a retiro, aunque sigue en funciones a la espera de su reemplazante.
Al respecto, en otras altas fuentes castrenses que se jactan de conocer al dedillo lo que piensa el ministro Petri, sostienen: “Berredo venía de la gestión anterior y cumplió un ciclo. El ministro decidió su relevo, y no tuvo que ver Villarruel. Si decidió una denuncia penal, está en su derecho”.
Aseguran también que el relevo de Berredo -y por eso finalmente el retiro del pliego del Senado– se decidió porque está a punto de salir la nueva reglamentación de la ley de Defensa, que cambia funciones del Comando Operacional, y Petri quiere allí un nuevo jefe en la etapa que viene.
Como sea, la denuncia penal por “amenazas coactivas” contra el subjefe del Ejército le pone un condimento inédito a la situación.
En la cartera que conduce Petri, esto se suma a otro conflicto de la semana pasada, el escandaloso despido del jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Mengo, acusado por el propio ministro Petride “uso indebido de aeronaves” de la fuerza y presuntos hechos de acoso o abuso. Lo reemplazó el brigadier Gustavo Valverde.
Maximiliano Uceda, quien fuera secretario de Gestión Cultural durante el gobierno de Alberto Fernández, tuvo un breve y cuestionado paso por el ministerio de Cultura de la Nación bajo la conducción de Tristán Bauer, donde era responsable del Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Su renuncia, precedida por el cierre de todas sus redes sociales, levantó sospechas y especulaciones sobre posibles conflictos internos dentro del oficialismo de aquel momento, aunque mediáticamente se confirmó que el exsecretario había estado vinculado a reiterados episodios de maltrato. La denuncia de una trabajadora en redes sociales marcó el golpe final.
Desde mayo, el nuevo cargo de Uceda lo posiciona bajo la órbita de la subsecretaría de Industrias Creativas e Innovación Cultural de la provincia de Buenos Aires, liderada por Cynthia Ottaviano. Desde el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, tendrá la responsabilidad de impulsar proyectos en sectores clave de la economía cultural de la provincia, en un contexto de alta expectativa y escrutinio público.
El nombramiento no solo revive las dudas sobre su salida del ministerio de Cultura, sino que también refuerza la percepción de que el kicillofismo continúa reciclando figuras polémicas dentro de espacios estratégicos con el único objetivo de sumar cuerpo de cara a la contienda presidencial 2027.
Como es de esperarse, Maximiliano Uceda no es nuevo en la administración pública. Antes de ser desvinculado del ministerio de Cultura de la Nación por maltrato laboral, desempeñó funciones en la provincia de Mendoza durante la gestión del gobernador Francisco Pérez. quien lo designó asesor en el ministerio de Cultura provincial en 2012 y 2015. Luego, fue designado para conducir el Espacio Cultural Julio Le Parc.
Entre 2016 y 2018 además cobró un contrato en la Universidad Nacional de las Artes. Ese mismo año ingresó a la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, mientras que a la par se mantuvo vinculado al gobierno de la provincia de Mendoza, que lo cobijó incluso durante la era Javier Milei.
Vale destacar que el flamante funcionario de Kicillof es hermano de la ex diputada nacional del Frente de Todos, Marisa Lourdes Uceda, quien viene de ocupar una banca en el periodo 2019–2023. Finalmente, tras el fin de su mandato, Marisa tampoco optó por la actividad privada: consiguió otro contrato en la Cámara de Diputados de la Nación, donde actualmente desempeña tareas bajo el legajo 800861, en el escalafón A-3-T.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
A la izquierda progresista y garantista: dejen de usar a los pobres para sus negocios. En este caso no es gente en situación de calle. Estos son delincuentes que viven en la calle, mandados para generar caos como el que se ve en esta noticia. Sepan que no me voy a quedar de… pic.twitter.com/XR5QApcWgY
