Mar del Plata | La Libertad Avanza se SOMETE a los caprichos de Burlando en Buenos Aires
El abogado confirmó su precandidatura en el territorio bonaerense desde el Movimiento de Integración Federal (MIF) y compartiendo lista con Javier Milei.
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Fernando Burlando es uno de los abogados más conocidos de la Argentina. Tuvo un paso breve por la Justicia (su padre fue juez), pero desde hace décadas ejerce la profesión desde su histórico estudio en La Plata y sus oficinas en Puerto Madero (Ciudad Autónoma de Buenos Aires).
Su nombre se vincula a los casos más resonantes y le gusta defender a “los malos”, desde la banda de Los Horneros condenada por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas hasta el empresario Alfredo Pesquera, imputado y absuelto por la muerte del ídolo cuartetero Rodrigo Bueno.
El abogado y precandidato a gobernador bonaerense Fernando Burlando.
Burlando, que acaba de ser papá junto a la modelo Bárbara Franco, anunció que se está preparando para ser candidato a gobernador bonaerense por el Movimiento de Integración Federal (MIF). Sin embargo, su bajada en Mar del Plata está llena de nombres para ir por la Intendencia y se lleva las miradas.
La principal sería la ex oficial de seguridad bonaerense Virginia Luján “La Rusita” Sosa, aunque como coordinadora de la Quinta Sección Electoral en la provincia la tendría como posible aspirante por la Diputación del territorio.
El diputado nacional Javier Milei.
En otro plano, se acerca la figura del empresario gastronómico marplatense César Moraiz, quién ya ha dejado en claro que quiere ser intendente de Mar del Plata. Más allá de tener sus herramientas en Unión por Todos (UpT), es muy amigo de Burlando y tendría su bendición.
Ahora bien, son muchos los actores locales que tienen cierta cercanía, sabiendo que Burlando aparecerá en escena. Coqueteó con Juntos por el Cambio (JxC), Propuesta Republicana (PRO) lo llamó varias veces, y, más allá de eso, terminó jugando la particular con MIF.
La genia de Viviana Canosa comenzó anoche en LN+ con todo. Lo destrozó a Burlando por usar el caso Fernando para acomodarse como candidato a gobernador de la mano de Milei, con este de invitado y mirándola con cara de “ASOMBRO” #BuenMartes pic.twitter.com/s3mcPl9bQF
Ante todo lo referido, desde uno de los espacios que La Libertad Avanza (LLA) viene gestando “rosca” para poder participar y tener territorio, Fernando Burlando le haría el caldo gordo al diputado Javier Milei, pero teniendo todo el foco de atención de momento. ¿Solo será un capricho pendiente el de ir por la Gobernación de la provincia de Buenos Aires?
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En plena campaña para las elecciones porteñas, el Gobierno nacional anunció una reforma migratoria que incluirá mayores exigencias para el ingreso y residencia de extranjeros, así como mecanismos acelerados para su deportación en caso de delitos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que en los próximos días se publicará un DNU en el Boletín Oficial para implementar las nuevas medidas.
La iniciativa, promovida por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, retoma aspectos del DNU 70/2017, aplicado durante el gobierno de Mauricio Macri y derogado por Alberto Fernández en 2021. Sin embargo, desde las redes, se recordó como “el principal impulsor de estas políticas” a Ramiro Marra, el candidato a legislador expulsado de La Libertad Avanza, quien desde hace meses viene reclamando un mayor control migratorio.
Prohibición de ingreso para cualquier extranjero con antecedentes penales.
Deportación inmediata de quienes cometan delitos, sin importar la gravedad de la pena.
Expulsión acelerada de inmigrantes que ingresen por pasos no habilitados o mientan en su declaración migratoria.
Pago obligatorio de servicios de salud para residentes transitorios, temporarios e irregulares, además de la exigencia de un seguro médico al ingresar al país.
Arancelamiento opcional en universidades nacionales para estudiantes extranjeros no residentes.
Mayores requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía, que solo se concederá tras dos años de residencia continua.
Adorni justificó las medidas al afirmar que “Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan de forma irregular” y destacó que, en los últimos 20 años, más de 1.700.000 personas entraron al país sin cumplir los requisitos legales. El Estado gasta $114.000 millones anuales en atención médica a extranjeros.
Aunque el anuncio fue realizado por Adorni, “el verdadero abanderado” de esta reforma fue Ramiro Marra, quien desde 2024 viene denunciando el “abuso” de los inmigrantes en el acceso a servicios públicos. En febrero de 2024, el legislador criticó a los estudiantes extranjeros que se benefician de la educación gratuita: “Más de 13.000 estudiantes de Ecuador se recibieron sin pagar un impuesto que aportara a la educación pública”, afirmó.
A través de sus redes sociales, Marra también insistió en la necesidad de deportar delincuentes extranjeros y frenar la inmigración irregular. En abril de 2024, celebró la decisión de Milei de expulsar a inmigrantes que cometan delitos: “Suena algo obvio, pero durante décadas en Argentina, la política y la justicia se dedicaron a defender a criminales”, escribió.
El anuncio se produce en medio de la campaña por las elecciones porteñas, donde Adorni es candidato a legislador. Sin embargo, el vocero negó que la medida tenga fines políticos y aseguró que busca “proteger a los ciudadanos argentinos”.
Bullrich, por su parte, busca reimpulsar su política migratoria de 2017, que fue declarada inconstitucional por la Justicia por considerar que vulneraba derechos humanos. No obstante, el Gobierno insiste en que las nuevas normas garantizarán “un país ordenado”, tal como lo expresó Milei en su discurso del 1° de marzo, cuando adelantó la necesidad de reformar el sistema migratorio.
Mientras miles de bonaerenses sobreviven con sueldos de miseria y hospitales colapsados, el gobierno de Axel Kicillof parece más preocupado en asegurar peinados perfectos y cargos a medida que en solucionar los problemas de fondo. Es claro que hace tiempo que la política dejó de ser una vocación para convertirse en una pasarela. Pero lo que ocurre en el círculo íntimo del gobernador ya roza el delirio estético institucional. Mientras las aulas se caen a pedazos, mientras faltan médicos y sobran piquetes, la pareja gobernante parece moverse con el glamour de un set de televisión.
Un posteo y un punto de inflexión
El origen de esta historia podría datarse un 12 de octubre de 2022. Aquella jornada, el peluquero más cool de La Plata, Santiago Giovannone, publicaba orgulloso una imagen en Instagram en la que se lo ve abrazado a Kicillof y a su esposa, la primera dama bonaerense, Soledad Quereilhac, todos estrenando un moderno corte de cabello. Junto a ellos se encuentra otro personaje absolutamente desconocido, llamado Federico Cornet, pareja del famoso coiffeur.
Momentos posteriores a la publicación, Kicillof se trasladó a la Casa de Gobierno para lucir su nuevo peinado en la presentación del programa “Centros Socioeducativos y Comunitarios en Barrios Populares”. En su cuenta de Facebook, de la empresa Meta, el mandatario auguraba que “transformar la educación pública desde el cariño y el compromiso, necesita de todos y de todas”.
Pero detrás de la foto hay un detalle no menor: ya por entonces, Cornet cobraba un sueldo público en la esfera bonaerense, aunque nunca hubo demasiadas certezas al respecto. Extraoficialmente trascendió que la pareja del peluquero no percibía un ingreso por cortarle las puntas al mandatario y a la primera dama, sino como parte integral de la planta de trabajadores del ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual. Aunque esto nunca fue aclarado oficialmente.
Hace tres años, Jorge Lanata había advertido irregularidades en esta relación: “Para gente al pedo encerrada en una casa ya está el gabinete de Alberto (Fernández). Lo que no sabíamos es que también había peluqueros con amigos que entraban por la ventana de la política, mientras las ventanillas de empleo público están cerradas para miles de personas con formación real”, explicó.
Pero otra publicación en redes sociales, mucho más reciente, vino a confirmar lo que varios años no lograron.
El 8 de noviembre de 2024, la cuenta oficial de la fundación Ludovica, del hospital de Niños de La Plata, compartió un posteo dando a conocer una actividad con el gobierno provincial, poniendo fin al asunto: “El pasado lunes, nos visitó la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz y el asesor de Gabinete, Federico Cornet”.
De este modo, Cornet fue presentado oficialmente como asesor de gabinete durante una visita institucional de la ministra. Allí compartió elogios y fotos en modo funcionario ejemplar. Pero el problema no es solo que la pareja del peluquero no aparezca en el organigrama del ministerio, ni que no se sepa cuál es su función específica, sino que su ascenso parece obedecer a una lógica perversa: la política del amiguismo travestida de inclusión.
¿Un peinado por un puesto?
La cercanía entre los protagonistas resulta visible. Con el tiempo, Giovannone se volvió una especie de estilista de cabecera del matrimonio gobernante. A la par, su pareja fue designado asesor de gabinete.¿Coincidencia? ¿Currículum? ¿O simplemente un caso de insertismo capilar en la administración pública?
Mientras tanto, en una Argentina en crisis, donde la desigualdad de género es un drama estructural, el ministerio que debería liderar esas políticas parece haber abierto sus puertas a un improvisado sin formación conocida. A la luz de los hechos, la única experiencia comprobable de Cornet es su cercanía con Giovannone -el peluquero del poder- y su afición por posar con funcionarios.
El relato oficial habla de equidad, inclusión y justicia de género. Pero desde hace tiempo que lo que se ve detrás de escena es un ministerio que reparte puestos como si fueran turnos en la peluquería. Lo que podría haber sido una política clave para combatir violencias y desigualdades, hoy parece reducido a un círculo íntimo de militantes bien peinados y funcionarios sin función.
¿Qué aporta Cornet a la agenda de género? ¿Qué calificaciones tiene? ¿Qué evaluación de desempeño lo respalda? Al día de la fecha, nadie lo sabe con claridad.
El actual legislador porteño (y co-fundador de LLA) busca renovar su banca bajo el sello de la Unión del Centro Democrático (UCEDE), y viene posicionándose como un candidato enfocado en presentar soluciones concretas para los desafíos de la Ciudad de Buenos Aires.
A diferencia de otros postulantes de espacios que también se referencian en el liberalismo –como es el caso de Manuel Adorni, quien finalizó su campaña sin dar a conocer propuestas detalladas para el distrito (como puede leerse aquí) Marra ha desplegado una campaña centrada en la elaboración y difusión de iniciativas específicas para cada área de gestión, acompañado en su espacio por dirigentes jóvenes.
¿Cuáles son las principales propuestas de Ramiro Marra para la Ciudad?
En materia de seguridad, uno de los ejes centrales de su plataforma, el legislador propone fortalecer la lucha contra el delito modificando el Código Contravencional para sancionar de manera más efectiva a quienes alteran el orden en el espacio público, incluyendo acciones decididas contra los “trapitos”, o como también ha popularizado, la expresión los “fisuras”. Además plantea una estrategia firme para recuperar la seguridad en las villas, buscando poner fin a las “usurpaciones”, y mejorando la vigilancia con tecnología para garantizar la tranquilidad de los vecinos.
Por otra parte, el compromiso con la reducción del gasto público y la carga impositiva también se refleja en sus propuestas, a tono con el último logro de Marra (junto a Eugenio Casielles y al también candidato Yamil Santoro) de obtener una fuerte reducción del gasto público en el presupuesto de 2025. En este tópico, plantea medidas para impulsar a las PyMEs con beneficios impositivos y crediticios, y propone una reforma significativa de la estructura estatal en la Ciudad: reducir la cantidad de legisladores de 60 a 30 y suprimir las Comunas, esto con el objetivo directo de generar un ahorro que se traduzca en una menor presión fiscal para los contribuyentes porteños, una iniciativa que busca modernizar y agilizar la gestión pública. Además, cuenta con propuestas para facilitar el acceso a la vivienda para jóvenes y posibles exenciones de ABL.
Sus propuestas en educación apuntan a una mayor transparencia y a resolver problemas estructurales. Impulsa que se informe claramente a los ciudadanos sobre el financiamiento de las escuelas y los subsidios que reciben, para que los padres puedan tomar mejores decisiones sobre la formación de niños y jóvenes. Además, busca soluciones para la escasez de maestros (como becas y figuras de “maestros itinerantes”) y propone una educación alineada con las demandas actuales del mundo moderno, sin dejar de lado la atención a la salud mental adolescente.
En el ámbito de la salud pública de la Ciudad, Marra ha planteado una propuesta específica que busca optimizar los recursos: presentar un proyecto para cobrar la atención en hospitales públicos porteños a los residentes de la Provincia de Buenos Aires, argumentando que un porcentaje importante de quienes utilizan el sistema no residen en CABA, y que los recursos deben priorizar a quienes contribuyen con sus impuestos en el distrito. Se obligará al gobierno provincial a que abone los gastos.
Conclusiones
En definitiva, Ramiro Marra ha presentado una completa plataforma de propuestas concretas que abordan las problemáticas urgentes de la Ciudad, que se sumarían a los 61 proyectos redactados por el legislador y los 144 co-firmados por él en su período 2021-2025. Su campaña, caracterizada por la cercanía con los vecinos a través del recorrido por los 48 barrios y la difusión de sus ideas en videos junto a su perro rescatado Amico Estóico (¡muy popular en Instagram!), buscó generar un vínculo directo con el electorado porteño. Con un claro posicionamiento ideológico en la “batalla cultural” contra el kirchnerismo, Marra ofrece una opción que se diferencia por su énfasis en propuestas detalladas y un compromiso con la transformación de Buenos Aires, buscando representar a quienes aspiran a un cambio con eje en la libertad y el orden. Estará en los votantes elegir si las propuestas detalladas los representan.
En un gesto inédito en la campaña porteña, el candidato a legislador porteño Ramiro Marra anunció que no destinará fondos a un búnker para el día de las elecciones y, en cambio, sorteará los 10.000 dólares presupuestados entre quienes se inscriban a través de un formulario online. La iniciativa busca poner el foco en “menos festejo y más devolución” en un contexto económico que, según Marra, exige prioridades distintas.
El liberal explicó que, tras consultar varios presupuestos, le presentaron cifras que rondaban los 10.000 dólares por un búnker modesto en un hotel. “Me parece innecesario hacer ese gasto para una campaña para legislador y mucho menos en el contexto en el cual se encuentra este país”, afirmó en un video difundido en sus redes sociales. Para dejar en claro que no se trata de un ahorro personal, el candidato puso en marcha un sorteo abierto a la comunidad mediante un formulario.
El candidato advirtió que las campañas políticas suelen reproducir “una lógica de gastos innecesarios” y consideró que “las discusiones políticas tienen que darse desde otro lado y no desde un gasto enorme de dinero completamente innecesario”. Al sortear esos recursos, Marra busca demostrar que “es una manera de mostrar dónde tienen que estar las prioridades: menos festejo y más devolución hacia todos los argentinos que están apoyando el cambio de rumbo del país y, por supuesto, lo que estamos buscando para la Ciudad de Buenos Aires”.
Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por bloques como el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, obtuvo 77 firmas, más allá de las 73 necesarias para avanzar hacia el tratamiento en el recinto.
El proyecto establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. Sin embargo, prioriza sanciones alternativas, tales como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y medidas de reparación del daño causado. Además, se contempla que las penas privativas de libertad no se apliquen en casos de condenas menores a 10 años, siempre que el menor no haya cometido delitos graves.
La propuesta incluye la creación de institutos especializados para menores infractores, en los que se garantizaría su derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Estos centros deberán contar con personal capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos.
Durante el debate, se destacó la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la implementación del nuevo régimen. Diputados de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre solicitaron que se incluya una cláusula que impida a los fiscales solicitar penas privativas de libertad si la provincia donde ocurrió el delito no cuenta con instalaciones apropiadas para alojar a menores en condiciones dignas.
La diputada Laura Rodríguez Machado, presidente de la Comisión de Legislación Penal, expresó que el dictamen es “un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.
Por otro lado, sectores de la oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, manifestaron su rechazo al proyecto. La diputada kirchnerista, Vanina Marín,cuestionó la viabilidad de la propuesta: “¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo. Y no cree ninguno de los diputados que firmó el dictamen de mayoría”.
Especialistas también participaron en el debate. El neurólogo Conrado Estol afirmó que “un adolescente temprano no puede pensar a cinco años”, y destacó la importancia de intervenciones terapéuticas para modificar conductas. La socióloga Silvia Stulchik citó datos de Unicef que indican que solo el 1,7% de los adolescentes detenidos en 2023 eran menores de 16 años, como argumento estadístico en contra de la baja de la edad de imputabilidad. El psiquiatra Andy Blake enfatizó la necesidad de un régimen especial para adolescentes, mientras que la abogada Marcela Angulo advirtió que la propuesta podría violar el principio de no regresividad.
El proyecto original, presentado por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, para alcanzar un consenso, se acordó establecerla en 14 años. El presidente Javier Milei ha manifestado su apoyo a la reforma, e instó al Congreso a una pronta aprobación.
Con el dictamen favorable, el proyecto queda listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. De aprobarse, Argentina pasaría de tener una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina a alinearse con países como Brasil y México, donde la edad mínima es de 12 años.
Durante una entrevista con la chimentera Mariana Brey, Javier Milei sostuvo: “Ella (por Villarruel) es nacionalista católica, no se siente muy cómoda con las ideas de la libertad, por eso el distanciamiento. Ella dejó de participar en las reuniones de gabinete allá por el mes de mayo del año pasado”. La frase, replicada por todos los canales oficiales, puso en primer plano la interna que el oficialismo arrastra desde el inicio de la gestión.
La ausencia de Victoria Villarruel en las reuniones de Gabinete se registró desde mediados de 2024, cuando faltó a dos convocatorias consecutivas en Casa Rosada. En noviembre, Milei afirmó que su vice “no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”.
El 2 de abril pasado, ambos encabezaron actos separados por Malvinas, gesto que profundizó las sospechas de ruptura. La tensión escaló con los aumentos votados en el Senado: Milei lo consideró “un privilegio de la casta”, mientras Villarruel, como titular de la Cámara alta, evitó confrontar públicamente.
Analistas políticos describieron a comienzos de 2025 que la relación “se dobló, pero no se rompió” y advirtieron que un eventual quiebre complicaría la gobernabilidad. Aun así el enfrentamiento ya alcanzó un punto inquietante.
Milei reforzó un alineamiento casi exclusivo con Estados Unidos e Israel. En su primera gira internacional avaló la política israelí sobre Gaza y ratificó que Argentina “estará con los defensores de la libertad”. Ya en campaña había proclamado: “Nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel”, postura que reiteró ante la ONU al prometer una “nueva doctrina argentina” centrada en ambos aliados.
Ese sesgo exterior contrastó con el perfil de Villarruel, quien abrazó un patriotismo más conservador y cuestionó pactos como el acuerdo británico-argentino sobre Malvinas, al que calificó de “migajas” para el país. El contrapunto ideológico alimentó las versiones de que la vice buscaría abrir su propio juego dentro del oficialismo, aunque ella negó cualquier ruptura y reiteró su pertenencia a La Libertad Avanza.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
