MENDOZA | Luis Petri confirmó que será precandidato a Gobernador
El exdiputado construye su campaña y tiene decidido competir en las PASO: "Mí candidatura no estaba sometida a ningún tipo de especulación. Lo hago porque creo que hay que transformar Mendoza".
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“Voy a las PASO”. La respuesta de Luis Petri, tras confirmarse la candidatura de Alfredo Cornejo, fue inmediata. El gobernador Rodolfo Suárez fue quien “auspició” al actual senador y exmandatario de la provincia entre 2015 y 2019:
Por eso, creo que Alfredo Cornejo tiene que ser el gobernador que me suceda. Lo he propuesto al equipo puertas adentro, confiado del amplio consenso que su figura genera y, también, lo he propuesto públicamente porque sé del afecto que le brindan las mendocinas y los mendocinos.
De esta manera, Luis Petri ratificó que en Cambia Mendoza habrá competencia interna para definir la candidatura. Las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias de Mendoza se celebrarán el domingo 11 de junio.
Consultado por medios de mencionada provincia, Petri indicó que “era inminente que se produjera la definición. Ya lo dije en su momento: las convicciones no se negocian. Cualquier escenario para mí era igual”.
“Yo sigo con la convicción para gobernar la provincia de Mendoza. Desde un comienzo manifesté que mí candidatura no estaba sometida a ningún tipo de especulación. Lo hago porque creo que hay que transformar Mendoza y resolver los problemas de los mendocinos”, agregó.
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El vicegobernador Pedro Pesatti afirmó que el gobernador Alberto Weretilneck decidió bajarlo de la candidatura al Senado Nacional debido a sus opiniones políticas. En un comunicado publicado en redes sociales, Pesatti sostuvo que fue vetado “por sus ideas”.
Pesatti relató que Weretilneck le comunicó que el espacio impulsará una candidatura con una postura distinta a la suya. Señaló no coincidir con el análisis del escenario ni con la estrategia adoptada, y calificó la movida como una traición al acuerdo previo.
Según fuentes provinciales, el gobernador eligió al jefe del bloque Juntos Somos Río Negro (JSRN) en la Legislatura, Facundo López, como candidato al Senado. La decisión fue confirmada ayer martes y generó sorpresa interna.
Pesatti manifestó su profunda decepción y opinó que, aunque en su momento Weretilneck propuso su postulación, el gesto de vetarlo demuestra la verdadera ideología del gobierno. “Los métodos desnudan la verdadera ideología”, escribió.
La denuncia se inscribe en un contexto de tensiones mayores entre Weretilneck y el oficialismo nacional. El gobernador mantuvo posiciones críticas hacia el gobierno de Javier Milei, sin embargo luego suavizó su discurso, lo que ahora juega en su contra en la interna de JSRN.
En junio, Weretilneck hizo público su respaldo al fallo de la Corte que condenó a Cristina Fernández de Kirchner. Lo hizo mediante un comunicado institucional y en declaraciones ante medios provinciales, lo que generó repercusiones dentro del peronismo local.
Dentro de Río Negro, el gobernador adelantó que las provincias afrontan una fuerte merma de recursos bajo la nueva administración nacional, con una caída estimada de alrededor del 70 % en fondos coparticipables.
El gobernador también rechazó depender de la Nación y resaltó la necesidad de encontrar respuestas desde lo provincial, en un escenario que calificó como un “tiempo de emergencia” durante el vínculo con el gobierno central.
Pesatti enfatizó que quienes mejor representaron los ideales del federalismo fueron históricamente relegados y perseguidos. Consideró su exclusión como parte de un patrón que deja en evidencia diferencias de fondo dentro del partido.
Al interior del bloque legislativo, algunos sectores de la oposición provincial ya habían cuestionado la estrategia del gobernador. Lo acusaron de alinearse con el centralismo y descuidar los intereses provinciales. En los próximos días se espera que el círculo interno de JSRN anuncie formalmente la fórmula al Senado, sin presencia de Pesatti. Queda planteado el desafío de cómo se articulará la campaña electoral sin la presencia del titular del Ejecutivo provincial.
A horas del cierre de listas, la alianza Nuevos Aires —conformada por el Partido Renovador Federal, la Unión Celeste y Blanco y Confianza Pública— oficializó su desembarco en La Plata y presentó candidatos a diputados provinciales por la Octava Sección y a concejales en el distrito. El abogado penalista y excandidato a intendente Marcelo Peña encabezará la nómina legislativa, en un armado que reúne a sectores libertarios “blue”, referencias del PRO y una pata radical.
El espacio es impulsado por el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Fabián Luayza (bloque Unión Renovación y Fe), y por Gustavo Cuervo. También se incorporó la intendenta radical de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez. En las últimas horas se sumaron a la estructura dos dirigentes del PRO: Adriana Cáceres, concejal de Pilar, y Alejandro Trotta, referente en Lomas de Zamora. La jugada consolida a los libertarios que en 2023 integraron La Libertad Avanza pero ahora buscan construir identidad propia con un acuerdo amplio.
Lista de diputados provinciales por la Octava Sección Marcelo Adrián Peña Karina Edith Vanoni Mariano Andrés Erzi Ivana del Pilar Nieva Ricardo Raúl Zic Claudia Karina Pavón
Lista de candidatos a concejales en La Plata Agustín Nahuel Schmidt Karen Elizabeth Shaarp Pedro Fernando Serino Julieta Vanina Cazzulo Luis Adrián Arrúa Verónica Soledad Haag Jorge Martín Gómez Irma Elena Aued Lucas Damián Chaulet Estefanía Denisse Morales Ubaldo Ariel Barrios Mendora Manuela Julieta Terán Aguilar
El Gobierno formalizó hoy su intención de apelar la medida cautelar dictada por la jueza Moira Fullana, que suspendió los efectos del Decreto 430/2025. Este decreto eliminaba el feriado del 27 de junio, Día del Trabajador del Estado, para empleados públicos alcanzados por convenios con ATE.
Manuel Adorni, vocero presidencial, cuestionó la decisión judicial y la calificó como una muestra de presión sindical. Según el portavoz, la magistrada cometió “errores técnicos” al evaluar la norma y cedió a reclamos gremiales que buscan conservar privilegios históricos.
El fallo de la jueza Fullana protege exclusivamente a los afiliados de ATE. La magistrada argumentó que la eliminación del asueto podría vulnerar derechos laborales colectivos reconocidos en la Ley 26.876, y consideró urgente frenar la aplicación del decreto para no perjudicar a los trabajadores.
Desde ATE celebraron la medida cautelar como un triunfo para la defensa de sus derechos. Rodolfo Aguiar, secretario general del gremio, calificó el decreto como un acto despótico y anticipó que mantendrán todas las vías legales abiertas para sostener el feriado del 27 de junio.
El Ejecutivo fundamenta la eliminación del feriado en la necesidad de recortar beneficios de una “casta sindical” y avanzar hacia una gestión más eficiente de la administración pública. En el discurso oficial, se subraya que Argentina ya cuenta con más de 19 feriados anuales y que sumar otro exclusivo para los estatales resulta injustificado.
La causa continuará en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y podría llegar a la Corte Suprema si se mantiene la controversia. Desde el Gobierno anticiparon que la apelación se presentará de inmediato para evitar la reinstalación automática del asueto.
En el sindicato sostienen que la ley vigente otorga rango de feriado al 27 de junio y que su modificación mediante un decreto vulnera derechos adquiridos. Por eso advirtieron que recurrirán incluso a instancias internacionales si se persiste en su eliminación.
Este conflicto se enmarca en un plan más amplio de reformas impulsadas por el Gobierno, que incluyen la revisión de otros feriados especiales y la modernización de convenios colectivos. La intención oficial es reconfigurar las condiciones laborales en el sector público para reducir el gasto estatal.
En un contexto de fuerte restricción fiscal, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, resolvió congelar los salarios de todo el funcionariado del Poder Ejecutivo. La medida, formalizada por decreto, responde a la merma en los ingresos por coparticipación y recaudación provincial, agravada por la política económica del gobierno nacional. Desde la Casa Gris señalan que se trata de “un gesto a la sociedad”, que apunta a contener el gasto y encauzar el descontento por el reordenamiento de horas extras y la negociación paritaria del segundo semestre.
El decreto establece que el congelamiento regirá “mientras dure la crisis”, y se enmarca en la promesa de campaña de evitar subas impositivas y aplicar el ajuste sobre la política.
Actualmente, el funcionamiento del Estado consume cerca del 90% del presupuesto provincial, una proporción que limita el margen para impulsar políticas productivas. La situación es motivo de reiteradas críticas por parte de cámaras empresarias y pequeños comerciantes, que sienten que sus aportes solo sirven para sostener un aparato estatal sobredimensionado.
Aunque el decreto alcanza solo al Poder Ejecutivo (único ámbito sobre el que el gobernador puede disponer directamente), incluye una invitación explícita a los otros poderes del Estado para que imiten la medida. Hasta el momento, no hubo señales concretas desde el Poder Judicial, mientras que en el Legislativo algunos funcionarios de segunda línea manifestaron incomodidad, aunque sin elevar críticas públicas.
La resolución también alcanza a Entes Descentralizados, Autárquicos y Autónomos, así como a Sociedades y Empresas del Estado, que deberán adecuar sus esquemas salariales al nuevo régimen dispuesto por el Ejecutivo.
Con esta decisión, Frigerio apuesta a sostener el equilibrio fiscal y marcar una diferencia respecto a gestiones anteriores. La medida también busca posicionarlo políticamente en medio de la compleja reconfiguración del vínculo entre Nación y provincias en la era Milei.
La renuncia de cincuenta de los 193 docentes del Instituto Dámaso Centeno, dependencia educativa del Ejército, expuso la profundidad del conflicto que atravesó la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Los salarios resultaron insuficientes frente a los $780.000 que cobraron sus pares porteños.
Ante la pérdida de capital humano, el director del establecimiento, coronel Juan Sancho Vilarullo, advirtió que “si no les aumentan el sueldo a los docentes, el colegio no es viable”. El reclamo se extendió a padres, exalumnos y estudiantes, quienes realizaron un abrazo simbólico para visibilizar la demanda.
Fuentes militares afirmaron que “Petri le encargó a los jefes de las Fuerzas Armadas cerrar toda escuela que no sea imprescindible”. La instrucción paralizó concursos docentes en la Armada y sometió a revisión al menos veintiséis centros, entre ellos la Escuela de Artes y Oficios Navales y la Escuela de Pesca, además de varios liceos donde los cadetes ya abonaban matrícula. De forma paralela, los liceos militares registraron renuncias semanales de profesores, atraídos por mejores ingresos en los sistemas educativos nacional, provincial y porteño.
El Instituto Dámaso Centeno cobró cuotas mensuales de $178.000 en secundaria y $150.000 en primaria; esos montos fueron transferidos íntegramente al Tesoro. “El colegio genera caja y Defensa se agarra la guita y les paga a los docentes como empleados del Ejército, pero el colegio tiene caja como para pagarles los salarios de un colegio secundario de la Capital, que son el doble de lo que cobran”, describió una fuente cercana al conflicto.
La UNDEF se creó el 19 de noviembre de 2014, mediante la Ley 27.015, con la finalidad de integrar y modernizar la formación académica de más de cincuenta institutos de las Fuerzas Armadas —entre ellos la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Naval y la Escuela de Aviación Militar—.
Sin embargo, la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), plasmada en el Informe N.º 42/2018, exhibió carencias críticas: ausencia de Tesorería, Compras, Contrataciones y Administración de Personal; inexistencia de manuales de procedimiento; liquidaciones irregulares de vacaciones y contrataciones directas sin competencia. El informe también acreditó que la universidad destinó $18,5 millones —el 97 % de un refuerzo presupuestario gestionado en 2016— a la compra de LEBACs sin intervención de la Tesorería General.
A pesar de tales observaciones, los funcionarios señalados conservaron sus posiciones. Julio Spota pasó de decano a rector; Hernán Isasmendi continuó como secretario general con control de las finanzas; y David Zeigner ascendió de subsecretario de Coordinación Administrativa a secretario. El presupuesto asignado a la UNDEF para 2024 totalizó $3.703 millones, un incremento interanual del 106%, sin impacto favorable en las remuneraciones docentes.
La SIGEN también cuestionó la capacidad de la UNDEF para cumplir sus metas académicas. Entre 2015 y 2023, la conducción operó como “caja política”: durante la administración kirchnerista, el viceministro Sergio “Sapito” Rossi controló la estructura; luego, en las gestiones radicales de Julio Martínez, Oscar Aguad y Luis Petri, la influencia recayó sobre Isasmendi, vinculado al bloque radical en Diputados.
“La reciente remoción de la vicerrectora Dolores Letterier, designada por el ministro Petri, tras denunciar irregularidades internas, confirma que todo intento por sanear la institución encuentra una férrea resistencia de quienes controlan su conducción” puede leerse en un comunicado.
El contraste se profundizó cuando el presidente Javier Milei exigió auditorías estrictas a la Universidad de Buenos Aires. Mientras el Poder Ejecutivo reclamó transparencia en las universidades autónomas, la UNDEF, la única institución dependiente en forma directa del Ministerio de Defensa, se negó a nuevas revisiones con idénticos argumentos a los del resto del sistema universitario.
Las unidades académicas de las Fuerzas Armadas desempeñaron una doble función: impartieron formación militar y expidieron títulos universitarios bajo supervisión de la UNDEF. Cada escuela contó con un director militar y un decano —generalmente un oficial retirado con titulación de grado— que reportó al rector. No obstante, “en vez de que la plata que pagan los padres vaya al instituto, va al Ministerio de Defensa y ahí se pierde en una nebulosa, por lo cual pagan un montón de plata y los institutos están cada vez peor”, explicó otra fuente del sector.
Así, la institución que debía servir de modelo de gestión estatal permaneció bajo las mismas autoridades y replicó las prácticas administrativas cuestionadas en 2018. Sin auditorías frescas ni mejoras salariales, la fuga de docentes dejó a los liceos militares sin profesionales calificados y elevó la presión sobre un sistema educativo castrense ya tensionado.
Tras días de calma aparente, el peronismo bonaerense estalló en Santa Clara del Mar. Carlos Bianco, mano derecha de Kicillof, sacudió la interna al reclamar disciplina sin matices: unidad con obediencia ciega o nada. El aviso cayó como un baldazo de agua fría sobre la militancia y los intendentes, que no ven con buenos ojos la orden de aplaudir aún en el error.
Bianco llamó a la unidad forzada, o a la ruptura inevitable que expondría al PJ a una derrota frente a Javier Milei. No dejó margen de negociación. La advertencia sonó a amenaza directa y tensó todavía más la cuerda en el espacio peronista.
En contraste, dirigentes como Federico Otermín intentaron poner paños fríos y hablaron de unidad para enfrentar el ajuste libertario, reivindicar a Cristina y defender la gestión bonaerense. Pero sus discursos moderados quedaron desdibujados ante el tono duro que impuso la mesa chica de Kicillof.
Detrás de todo asoma una pelea de poder que ya no se oculta. Kicillof busca construir su propio espacio, el Movimiento Derecho al Futuro, para independizarse del ala más pura del cristinismo. Los que resisten ven esto como un intento solapado de romper el PJ bonaerense para tallar su liderazgo personal.
La tensión con Cristina Kirchner viene de larga data. La falta de diálogo, la candidatura a diputada que ella misma anunció sin consultar al gobernador, y la puja por el desdoblamiento electoral bonaerense alimentan el clima de ruptura. Ni las gestiones reservadas ni las señales de tregua lograron sanar las heridas.
Cristina, por su parte, mandó a militar la eliminación de las PASO como gesto de unidad, pero para el ala del gobernador bonaerense no alcanzó. El mensaje bajado desde La Plata es claro: primero disciplina, después cargos. Y si no hay disciplina, se rompe.
Mientras tanto, en la sede nacional del PJ reina la desconfianza. Hay quienes denuncian falta de coordinación, vacíos de información y rosca de espaldas a las bases. La cumbre prevista para la semana próxima asoma como la última chance de evitar un incendio irreversible.
A esto se suma la presión de Milei, que en su gira por la provincia se despachó con insultos directos contra Kicillof, en busca de explotar las fisuras del peronismo y posicionarse para el 7 de septiembre. El presidente ve en la fractura peronista una oportunidad para avanzar.
Con una alícuota de II.BB que escalará a casi el 20%, Mercado Libre pasará a retener el tributo y emplazará a miles de pymes cordobesas ante los costos de venta más altos del país.
Kicillof desplazó a 24 policías por supuesta “vinculación política”. Ahora, ¿sabes qué hace para que el conurbano deje de estar tomado por los ladrones y asesinos? ABSOLUTAMENTE NADA. Rápido para perseguir policías, lento para perseguir a los delincuentes. Inutilidad y…
