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En torno a la polémica desarrollada entre el Gobierno y Pfizer, el del diputado nacional Luciano Laspina señaló, en diálogo con Radio Rivadavia, que: “El Gobierno ha hecho un desmanejo muy grande de la adquisición de vacunas, no sólo por los intereses cruzados de los laboratorios, sino por cuestiones ideológicas. Es claro que por imposición de Cristina Fernández de Kirchner, muy recostada sobre Rusia y China en su estrategia geopolítica de mediano plazo, rechazó todo lo que sea vacunas estadounidenses. Pfizer es sólo un ejemplo, pero tampoco contrató Moderna, Johnson & Johnson. Me parece que las excusas formales que han dado para rechazar las famosas 14 millones de vacunas que eran entrega prioritaria, o de Covax, que se bajó al mínimo que se podía en el contrato, reflejan de alguna forma esto de elegir a los proveedores por encima de la salud de los argentinos”.
“Es verdad que es un tema que va a pasar, porque en el segundo semestre van a llegar más vacunas y los laboratorios van a producir este año, según The Economist, 14 mil millones de vacunas. Pero el daño que se ha hecho, todos los argentinos que fallecieron innecesariamente por haber rechazado esas vacunas, son cuentas por las que el Gobierno deberá responder en algún momento“, agregó el diputado de Juntos por el Cambio.
“Es cierto que hay muchos negocios e intereses entre laboratorios, pero hay mucha ideología. La ideología mata. O sea, una cosas son las ideas y otra son ideologías. La ideología, en este caso, ha matado argentinos por rechazar vacunas de Estados Unidos, creo yo, para congraciarse con China y Rusia que quizá le dirían ‘si yo te doy las vacunas, no traigas vacunas norteamericanas’. Es muy probable que eso haya pasado, hay muchos artículos que exploran esa línea, y es evidente que eso haya pasado”, afirmó durante el final del intercambio que tuvo con el periodista Eduardo Feinmann.
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El expresidente Mauricio Macri aseguró que los incidentes ocurridos ayer por la tarde en las inmediaciones del Congreso durante la manifestación de jubilados, gremios, organizaciones sociales e “hinchadas” buscaron desestabilizar a un gobierno democrático. En un extenso mensaje, recordó los hechos de diciembre de 2017, cuando intentó impulsar cambios en la ley de jubilaciones y se produjeron graves disturbios con “palos, piedras y bombas molotov” en la Plaza de los Dos Congresos.
“En 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por diputados del peronismo y de izquierda que buscaban crear un caos estratégico. Aquella escena tenía como objetivo directo desestabilizar a mi gobierno para que terminara mi mandato a la brevedad. Fue un auténtico intento de golpe de Estado, alentado y perpetrado por dirigentes opositores. Fracasaron, pero produjeron un daño inmenso”, expresó Macri en su comunicado, aludiendo a los episodios de aquella jornada que en su momento dejó la célebre frase “nos tiraron 14 toneladas de piedra”.
El exmandatario consideró que, en la protesta de ayer, se repitió el mismo patrón y apuntó contra barrabravas, a quienes acusó de actuar coordinadamente para provocar y atacar a la Policía. “Ayer, en una escena idéntica, se movilizaron con el nombre de ‘hinchadas argentinas’ a barrabravas de distintos equipos de fútbol para ejecutar una nueva desestabilización de la democracia. Escudados en algunos pocos jubilados, los barrabravas pusieron en práctica los tres movimientos que repiten en estas situaciones: provocar a la policía, atacarla, victimizarse”, sostuvo.
Macri enumeró que, en su visión, estos grupos primero buscan “desequilibrar a las fuerzas para generar una reacción”. Si eso no sucede, “pasan a atacar a la Policía con piedras y palos” y, cuando hay una respuesta “proporcional”, comienza la etapa de “victimizarse”. “El objetivo final que persiguen es crear en la opinión pública una imagen de alocada violencia estatal contra personas inocentes y trabajadoras que justifique interrumpir el orden democrático”, afirmó. Aseguró que en la movilización hubo consignas como “Esto no es democracia” y “Hay que sacarlos, ya”, a las que calificó como “golpistas”.
En el final de su mensaje, Macri se pronunció “en nombre de Pro”, fuerza política aliada al Gobierno pero con fricciones electorales recientes. “Los argentinos tienen que saber que nuestro compromiso con defender la ley y las instituciones es total. Repudiamos el ruin uso de la violencia y el desorden que vimos ayer para desestabilizar a un gobierno democrático. Lamentamos los heridos de gravedad que produjo esta acción irresponsable. El Pro no permitirá que los matones ocupen el lugar de la República”, concluyó.
Las autoridades nacionales, encabezadas por el presidente Javier Milei, también se manifestaron. Cuando terminaron las protestas, el Gobierno difundió un comunicado en el que confirmó que hubo 26 efectivos de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad heridos, uno de ellos con un balazo en el brazo.Además, fueron detenidas 124 personas, de las cuales 114 quedaron en libertad por decisión de la Justicia.
María Eugenia Talerico, reconocida penalista, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y excandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, participó en la décima edición de Perdón por la vehemencia, el programa de Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, emitido en Canal EY!.
Durante la charla, Talerico profundizó en el polémico nombramiento de Ariel Lijo —y de Manuel García-Mansilla en paralelo— a la Corte Suprema por parte del presidente Javier Milei. La abogada no dudó en calificar al juez como “el más corrupto de la historia Argentina”. Además, manifestó su preocupación por los “oscuros motivos” que otros medios atribuyen al detrás de la designación, advirtiendo que la medida podría encubrir escándalos como el “criptogate”.
Estas declaraciones se suman a sus críticas previas, en las que afirmó que “Lijo es el juez proveedor de impunidad a la casta”.
“Hay un gobierno que se está asociando con lo que supuestamente dejamos atrás para la Argentina nueva”, declaró Talerico durante el stream.
Cabe destacar que Milei recurrió a este mecanismo excepcional de la Constitución tras el fracaso de su intento de nombrar a Lijo en el Senado, el cual enfrentó 34 impugnaciones ciudadanas y la oposición unificada de bloques peronistas y sectores dialoguistas —un récord histórico para un candidato a la Corte— que cuestionaron tanto el procedimiento como los antecedentes del candidato. Solo el último intento de sesión se vio opacado por el escándalo de la criptomoneda $Libra, que debilitó la posición negociadora del Gobierno.
La situación llevó a la Casa Rosada a utilizar la figura de designar “en comisión”, contemplada en el artículo 99 para cubrir vacantes temporales. Sin embargo, críticos como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierten que este recurso se emplea para evadir el control parlamentario, estableciendo un precedente peligroso para la independencia judicial.
“Este juez, en particular, es el más cuestionado en el Consejo de la Magistratura, según estadísticas y encuestas; pero, sobre todo, es quien ha otorgado mayor impunidad a la clase política”, afirmó Talerico, agregando que “ha experimentado un crecimiento patrimonial exponencial, respaldado por la protección que recibe de un sistema judicial que se ha pervertido desde hace muchos años”.
Un estudio conjunto de la ACIJ y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) reveló que, de 89 causas de corrupción asignadas a Lijo entre 2006 y 2024, solo el 15 % llegó a juicio oral. Trece expedientes permanecen en etapa de instrucción por más de una década, entre ellos tres con demoras de 17, 18 y 26 años respectivamente, posicionándolo como el juez con el peor índice de resolución en Comodoro Py, cerrando menos de la mitad de los casos asignados.
– “Hay un gobierno que se está asociando con lo que supuestamente dejamos atrás para la Argentina nueva”
Talerico enfatizó que “Lijo cajoneó la defraudación de los Kirchners con los Eskenazi”, refiriéndose a la investigación por el vaciamiento y expropiación de YPF, uno de los casos más emblemáticos bajo su jurisdicción. Según la abogada, el supuesto fraude de la petrolera en 2012 derivó en una condena de US$16.000 millones contra Argentina en tribunales estadounidenses, y la demora en resolver el expediente debilitó la posición legal del país.
“Hace tiempo se observa un juego perverso con el kirchnerismo. Con esto, podemos comenzar a hablar de corrupción y de maniobras más extrañas que el criptogate”, comentó.
La letrada también señaló una “paradoja” en este juicio, afirmando que “unos US$5.000 millones le van a volver a los Eskenazi”, y denunciando que “los Kirchners orquestaron toda esta maniobra para generar la demanda”. Además, agregó que “mientras nos anestesian con la subida de precios, se llevan puesta toda la República”.
Por otro lado, se han generado cuestionamientos sobre el equilibrio de género en la composición del tribunal supremo, ya que desde 2021 no hay mujeres entre sus integrantes. Talerico sugirió que aún es incierto qué sucederá con Mansilla, quien declaró que no se presentaría por decreto, lo que podría generar “mucho fútbol para la tribuna”.
“No vaya a ser que solo nos quede Lijo y una vacante que se está acordando”, advirtió alegando que: “Los kirchneristas necesitan el cargo en la Corte para nombrar al Procurador General y lograr la impunidad completa de Cristina Kirchner”.
Lijo mantiene causas “dormidas” hasta que factores políticos reactivan su interés, como ocurrió con el caso Siemens durante el gobierno de Mauricio Macri. Aplica esta medida con discrecionalidad, según análisis de ACIJ. Por ejemplo, en el caso Ruckauf (25 años de trámite), el imputado permanece libre pese a las evidencias de enriquecimiento ilícito. Su manejo del caso Ciccone muestra cómo ajusta el ritmo procesal a conveniencia.
Desde hace décadas, la infraestructura vial en la provincia de Buenos Aires ha sido objeto de constantes licitaciones, anuncios y presupuestos multimillonarios, pero también de un patrón de fraude sistémico que ha dejado rutas inconclusas, obras mal ejecutadas y una pérdida millonaria de recursos estatales.
Entre los casos más emblemáticos de esta problemática se encuentra el camino Maipú – Labardén, donde la gestión de la dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, bajo la administración de Patricia Tombesi durante el gobierno de Daniel Scioli, ejecutó una serie de licitaciones fraudulentas que continúan afectando a los bonaerenses. En este esquema, la gestión de Axel Kicillof pareciera haber continuado el derrotero.
El camino de Maipú – Labardén, la historia se repite
El caso del acceso a la localidad de Labardén desde la ruta 2 es un claro ejemplo del fraude sistemático perpetrado desde la dirección de Vialidad bonaerense. En marzo de 2015, el ministro de Infraestructura, Alejandro Arlía, junto a Patricia Tombesi y otros funcionarios, anunciaron la licitación de la pavimentación del camino con un presupuesto inicial de 30 millones de pesos (aproximadamente 2 millones de dólares).
– Choque en ruta 6
Los habitantes de la zona ya habían denunciado incumplimientos previos: en 2011, la provincia había licitado una obra similar sin que se llevara a cabo ninguna mejora significativa. Cuando los vecinos reclamaron, funcionarios de Vialidad argumentaron que los contratos seguían vigentes y que no podían reasignar fondos hasta que no se resolvieran legalmente los compromisos con las empresas contratistas. Mientras tanto, la gestión de Tombesi y Granero realizaba “redeterminaciones de precios” y nuevos préstamos a organismos como el Banco Mundial y el BID, aumentando la carga financiera sobre la provincia sin resultados tangibles.
– De izquierda a derecha: Favio Granero, Patricia Tombesi, Karina Arbia y Maria Inés Tombesi
Para 2017, la falta de pavimentación había provocado varios accidentes y los vecinos seguían exigiendo respuestas. Sin embargo, en 2023, el actual gobernador Axel Kicillof anunció una nueva licitación para asfaltar el mismo camino, con un presupuesto de 4.137 millones de pesos (aproximadamente 3,5 millones de dólares). Al día de hoy, las obras siguen sin completarse y el camino de Maipú-Labardén permanece en condiciones precarias.
Ruta nacional 6, otra obra incumplida
Lejos de ser una excepción, el caso del camino Maipú – Labardén pareciera uno más de un extenso derrotero. Por caso, en noviembre de 2014, la entonces administradora de Vialidad, Patricia Tombesi, anunció la finalización de una serie de obras en la ruta nacional 6, una vía clave que atraviesa municipios como Zárate y Campana. Según Tombesi, el presupuesto asignado para estas mejoras ascendía a 1.700 millones de pesos (aproximadamente 200 millones de dólares en ese momento), con el objetivo de renovar la infraestructura vial, mejorar la seguridad y rehabilitar 500 kilómetros de rutas.
No obstante, estas obras comenzaron a sufrir dilaciones y anuncios reiterados de finalización, sin avances concretos. A pesar de las reiteradas inyecciones de fondos y de la supuesta finalización del 60 por ciento de los trabajos, la realidad en la carretera mostraba otra cosa: capas de asfalto provisorias, ausencia de banquinas seguras, mala señalización y tramos enteros donde la ruta se convertía en una sola mano.
– Otro accidente en ruta 6, año 2014
La situación generó una serie de accidentes viales y, más tarde, se agravó con las inundaciones de 2014, que dejaron a Zárate y Campana aisladas debido al desborde de los arroyos cercanos.
La administración de Vialidad bonaerense, bajo el mando de Tombesi, se convirtió en un entramado de intereses familiares. La funcionaria contaba con la asesoría de sus primos María Inés Tombesi y Favio Lautaro Granero, además del escribano Alan Lynch, quienes se involucraron directamente en la gestión de fondos públicos. Posteriormente, estos mismos nombres aparecerían como aportantes a la campaña presidencial de Daniel Scioli en 2015.
Reiteración de fraudes
Sin importar el color político, el patrón se repitea a lo largo de la historia provincial: licitaciones anunciadas, presupuestos multimillonarios, obras iniciadas pero nunca finalizadas y nuevas licitaciones que buscan reparar lo que nunca se construyó. Esta dinámica ha costado miles de millones de pesos a la provincia de Buenos Aires, mientras las condiciones viales siguen siendo deficientes y las comunidades afectadas continúan sufriendo las consecuencias.
– Postal de la inundación de Zárate, en el año 2015
A pesar de las numerosas denuncias y de la apertura de causas judiciales, figuras clave en este entramado, como Patricia Tombesi, Favio Lautaro Granero y Alan Lynch, siguen sin enfrentar consecuencias legales. Mientras tanto, el endeudamiento de la provincia sigue en aumento y los mismos problemas estructurales continúan afectando a los bonaerenses.
La falta de transparencia y la impunidad han permitido que este esquema de fraude continúe operando a lo largo de distintas administraciones.
Walter Klix, dirigente vinculado al PRO y exreferente de Boca Juniors, además de su rol como director nacional de Precursores Químicos y actualmente cumpliendo rol en la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, brindó una entrevista en la doceava transmisión de Perdón por la vehemencia (Canal EY!). En diálogo con Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto, analizó la situación del club y expuso su visión sobre la gestión en materia de seguridad y administración legal del actual presidente, Juan Román Riquelme.
“Boca está agrietado, igual que está el país”, denunció Klix, a lo que agregó: “Riquelme no solamente le puso valor, sino que a medida que se iban aceptando las exigencias económicas para su acompañamiento, las iba incrementando.”
Supo señalar que Riquelme negoció su respaldo a la fórmula oficialista en 2019 con Sergio Massa, quien era candidato a diputado nacional y tras tener detrás de sí la anterior gobernanza de Mauricio Macri —la era de oro para muchos—, decidió concretar una serie de exigencias económicas cada vez mayores que “no eran poquita cosa”, cerrando un trato en que “tenía todo acordado” para su apoyo y que imposibilita su “renuncia voluntaria”.
“Si hoy ya es difícil conseguir entradas para ver un Boca – Defensa y Justicia, imaginate lo que es para un Boca – River: simplemente no hay. Sin embargo, (el expresidente de Independiente, devenido en comunicador, Andrés) Ducatenzeiler logró ingresar al estadio. Me gustaría saber con qué entrada lo hizo, cuando hay 250.000 socios aún esperando su oportunidad. Mientras tanto, Riquelme elige beneficiar a sus amigos, a las empresas de turismo y a su propio bolsillo”, puntualizó Klix, a modo de ejemplificar el favoritismo en las entradas.
Asimismo, remarcó la fuerte injerencia política en la estructura dirigencial del club de Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que “la Cámpora puso la mitad de la comisión directiva de Boca”, lo que habría permitido que “15 personas que integraron” la agrupación ultra K tomasen su control. “Hoy el kirchnerismo maneja Boca”, sentenció.
Las acusaciones también alcanzaron a la administración de los abonos y entradas, ya que “deberían ir a los socios adherentes pero se venden a empresas de turismo”.
“La barra de Boca está comprada. Si alguien intenta protestar contra Riquelme en la cancha, aparecen matones armados”, expuso Klix, culpabilizando de permitir esto a la barra brava de Boca, añadiendo: “Ven que ha tomado el club y no hacen absolutamente nada.”
En cuanto a la situación deportiva y financiera del club, las cifras son contundentes. Boca Juniors enfrenta potenciales multas por responsabilidad institucional en los delitos imputados a Cristian “Chanchi” Riquelme, hermano de Riquelme, quien cumple un rol informal como operador clave dentro de la estructura futbolera. Abogados especializados estiman sanciones entre $500 millones y $1,000 millones si se prueba que el club toleró prácticas irregulares.
“El director de socios hace el juego que Román y el hermano le piden. En este caso, juntar abonos que se caen para vendérselos a los turistas”, aseguró Klix, sumando: “Boca tiene entre todas sus categorías más de 300.000 socios y tiene un estadio para 55.000. O sea, tiene capacidad para un sexto de sus socios”.
El 29 de octubre de 2024, la Justicia porteña allanó el estadio en el marco de una investigación por falsificación de carnets de socios y reventa ilegal de entradas. Cristian, fue imputado por asociación ilícita y defraudación. Tras revisarse su vivienda en Pilar, las pesquisas sugirieron la existencia de una red que manipulaba el sistema de membresías para beneficiar “el séquito que acompaña”, afectando el acceso de socios comunes.
“Hay un poder en la venta de entradas, en el marketing, en la visita a la bombonera, obviamente en apalancarse políticamente”, subrayó Kilx.
Este caso tiene antecedentes en investigaciones de 2023, cuando la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos (UFEEM) ya había detectado patrones irregulares en la distribución de entradas. La fiscal Celsa Ramírez, quien lleva ambos expedientes, enfrentó declaraciones públicas de Riquelme, declarando que solo por investigar, “tiene un problema con los hinchas de Boca”.
“(Riquelme) es un tipo extremadamente egocéntrico. Llegó a Boca con un séquito de delincuentes que se ampararon en un amor al club que no tienen. Ni siquiera es hincha de Boca, vino solo a hacer negocios”, recalcó Klix.
El PRO atraviesa momentos de incertidumbre y cambios. En medio de ese clima, el intendente de Viamonte, Facundo Manzoni, emerge como parte de la generación sub-40 que promueve la renovación del partido. Sus convicciones son claras: no quiere alianzas y propone regresar a los valores originales del espacio fundado por Mauricio Macri. Con 31 años, y reconocido como el “intendente gaucho”, Manzoni gobierna un pequeño pueblo de 1867 habitantes en el interior de Córdoba. Desde que asumió, donó la totalidad de sus sueldos a las diversas instituciones sociales del pueblo.
En diálogo con Perfil Córdoba, Manzoni sostuvo que “estamos ante una gran oportunidad para refundar el partido. Es tiempo para purgar el espacio y volver a relanzarlo con caras nuevas y los que fueron dejados de lado. Y para hacer esto hay que ir solos”.
El intendente describe cómo, junto con otros jóvenes dirigentes, comenzó a trabajar en una estrategia que defienda la gestión por encima de las personalidades y que recupere “las banderas originales” del PRO. A ello se suma la necesidad de “incorporar nuevas personalidades y atraer nuevamente a aquellos que habían sido dejados de lado, incluyendo empresarios”, y subraya con fuerza la idea de “no fijar alianzas con otros espacios políticos en las próximas elecciones legislativas”.
Manzoni deja en claro que se considera un vecino involucrado antes que un político de carrera. No se define como político, apenas se lo presenta de esa manera, y se define como un vecino que se involucró para cambiar la realidad de su pueblo: “hoy yo vivo para la política y no de la política’”.
El mandatario comunal también criticó a quienes representan el ‘pasado’ del PRO y de la política provincial y nacional: “Negri es parte del problema y no de la solución. Negri es parte del pasado”. A la misma concepción se ajusta Horacio Rodríguez Larreta, “ya demostró lo que tenía que demostrar y ya tiene que darle lugar a gente nueva. ¿Para qué va a volver? Vi un video que decía que vuelva a la Ciudad. No, ya está, ocho años como Jefe de Gobierno. Ya está, ya fracasó”.
En ese mismo sentido, descarta también al exintendente de Córdoba, Ramón Mestre: “Igual que Larreta, ya está. Yo no soy nadie para jubilar a alguien. Reitero: yo soy un humilde campesino, bastante chuncano, retobado, que digo lo que pienso, por eso estoy acá sentado. Pero bueno, ellos deberán hacer una autocrítica profunda, porque han tenido la posibilidad de generar el cambio por 20/25 años en Córdoba y la gente no los votó”.
Al referirse a quienes se alejaron del partido, Manzoni es categórico: “Y, ya se fueron… son parte del oficialismo provincial”. Y, aunque valora la juventud, insiste en que no se trata de un asunto meramente generacional: “No es solamente con jóvenes. Vamos a buscar perfiles nuevos. Si querés refundar un espacio político, tenés que ir solo. ¿Vamos a ir acompañados nuevamente con el radicalismo, que te van a plagar una lista con Mestre, De Loredo, Juez? De nada te sirve”.
Tampoco considera conveniente acercarse a La Libertad Avanza: “Acá no hay que pensar en una elección de 40 o 50 puntos con las que estábamos acostumbrados. Esto es una patriada, no vas a sacar 40/50 puntos: vas a hacer una elección de un par de puntos, pero con la idea de refundar una un espacio político que sea alternativo”.
Facundo Manzoni emerge como uno de los nuevos rostros renovados del PRO que, alineado con Mauricio Macri, busca una reconstrucción total del partido: volver a los valores originales, sumar caras nuevas y prescindir de alianzas con otras fuerzas. “Es una gran oportunidad para refundar el PRO y para que se vuelva a reencontrar con aquellos principios y valores que gestaron este este espacio político”, reflexiona el intendente. Su mensaje es directo: la etapa de las viejas figuras ha llegado a su fin y es hora de apostar a una renovación profunda, aunque eso signifique correr riesgos electorales y “hacer una patriada” en solitario.
El sector agropecuario argentino expresó su “profunda preocupación y firme rechazo” al Reglamento (UE) 2023/1115, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de mayo de 2023 (conocido como EUDR, por sus siglas en inglés), que estableció nuevas restricciones a productos asociados a la deforestación.
Las entidades del agro afirmaron que la regulación “afectó nuestra soberanía nacional, desconociendo las normas de derecho local y vulnerando los derechos e intereses de los actores involucrados en la cadena de producción, comercialización, industrialización y exportación de los productos afectados”.
– “Desde el año 2013 entró en vigor el Reglamento de la Madera de la UE (EUTR). El objetivo es garantizar que la madera y los derivados comercializados en el mercado de la UE procedan de prácticas legales y sostenibles”
El encuentro para debatir la postura argentina se llevó a cabo en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, con la participación de funcionarios de Cancillería y de la Subsecretaría de Ambiente. El subsecretario de Mercados, Agustín Tejeda, presidió la reunión. Allí, las instituciones agropecuarias entregaron un documento donde detallaron sus argumentos en contra del EUDR y solicitaron que este “no entre en vigencia” o, en su defecto, se contemplaran modificaciones para mitigar el impacto comercial negativo para el país.
El texto presentado también planteó que no hubiera inclusiones futuras de otros ecosistemas ni de nuevos productos en la norma. “Estas medidas, impuestas unilateralmente, desatienden las políticas de protección de los bosques y de los recursos naturales de Argentina”, señalaron las entidades, que, en paralelo, se comprometieron a avanzar en esquemas de trazabilidad para evitar posibles pérdidas de mercado, aclarando que esta acción no debe interpretarse como un aval al reglamento.
– Agustín Tejeda, subsecretario de Mercados
Durante la reunión, los funcionarios argentinos coincidieron en relanzar “negociaciones bilaterales y multilaterales con especial énfasis en el Parlamento Europeo y apalancándose en la colaboración público-privada del sector agropecuario argentino”. En ese sentido, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), declaró: “Se le solicitó al Gobierno reactivar la estrategia de diálogo y buscar una negociación con la CE y el Parlamento Europeo para revisar y adaptar el reglamento de no deforestación a la realidad productiva de nuestros países, dado que ha sido un reglamento excesivo y unilateral”.
En un contexto de cambios legislativos en la Unión Europea, el Parlamento Europeo decidió postergar por un año la entrada en vigor de la normativa 1115. Con 370 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones, se extendió la fecha original del 30 de diciembre de 2024 al 30 de diciembre de 2025 para los grandes operadores, mientras que las pequeñas empresas y las microempresas tendrán plazo hasta el 30 de junio de 2026.
Entre otros puntos, la regulación apunta a impedir la comercialización de productos, como soja y carne bovina, que provengan de tierras deforestadas después de 2020.
La nueva versión del texto incluyó la creación de una categoría de países “sin riesgo” de deforestación, a la que se sumarían las categorías ya existentes de “riesgo bajo”, “estándar” y “alto”. El Parlamento Europeo informó que estos cambios pretendieron “permitir a las empresas adaptarse” y disminuir requisitos en los países clasificados como “sin riesgo”. Sin embargo, la propuesta quedó sujeta a nuevas negociaciones, luego de que el texto regresara a la Comisión de Medioambiente. La Comisión Europea, por su parte, tendrá que finalizar el sistema de evaluación comparativa de cada país antes del 30 de junio de 2025.
Frente a la postergación de la norma, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, manifestó: “Celebramos la decisión de la Unión Europea”. Agregó que se trató de “un avance que parecía imposible” tras el trabajo que venían realizando desde hace dos años. A la vez, subrayó: “Creemos firmemente en los consensos basados en trabajo y discusión, con participación efectiva y no en las oposiciones públicas extremistas que solo llevan confusión a los productores y a los compradores mundiales”.
En representación del sector agropecuario participaron la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), Asociación Maíz y Sorgo Argentino (MAIZAR), Asociación Semilleros Argentinos (ASA), Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdC), Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Cámara Argentina de Biocombustibles (CARBIO), Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina-Centro Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), Centro de Corredores de Cereales de Rosario, Centro de Corredores y Agentes de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (CONINAGRO), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (Consorcio ABC), Federación Agraria Argentina (FAA), Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, Fundación Barbechando, Instituto de Negociaciones Agrícolas Internacionales (INAI), Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA).
Finalmente, el gobierno nacional y las entidades del agro acordaron mantener una mesa de trabajo de seguimiento, con el objetivo de sostener el diálogo y las negociaciones en el ámbito local e internacional. “Las instituciones del agro encontraron eco favorable de parte de los funcionarios del gobierno argentino”, aseguraron en un comunicado, en el que reiteraron el pedido de “no aplicación” del EUDR y el firme reclamo por la defensa de la soberanía nacional y de la competitividad de la producción argentina.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
En el año 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por…
