Lozano propone crear una moneda que no pueda cambiarse con el dólar
Frente a los resultados de las PASO, el Director del Banco Nación propone MÁS regulaciones y una nueva moneda que "no se pueda cambiar por dólar".
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Como para traer más tranquilidad al panorama, el director del Banco Nación, ClaudioLozano aseguró que piensa “financiar la política social y recuperar la capacidad de consumo” creando una moneda que no pueda cambiarse con el dólar.
El despampanante momento se dio en una entrevista con C5N. Allí, Lozano sugirió la creación de “una moneda no convertible a divisas”.
“Por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible a moneda dura, para financiar la política social y la recuperación de la capacidad de consumo de la población”, planteó el dirigente del partido Unidad Popular, que forma parte de la coalición de gobierno. El protagonista detalló que, según su idea, sería “una moneda que tenga todas las funciones, excepto que no se pueda cambiar por dólar”.
“Si uno combina esto con mejores regulaciones cambiarias y una discusión distinta del sistema de precios, podemos tener una discusión diferente de la recuperación económica”, argumentó.
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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó este viernes el “Plan Galina”,un programa de infraestructura que demandará una inversión superior a los 640 mil millones de pesos y que prevé la ejecución de más de 200 obras clave en localidades y comunas de toda la provincia. La iniciativa contempla la generación de más de 4.800 empleos directos en los rubros vial, habitacional, de saneamiento y de infraestructura comunitaria, deportiva y sanitaria.
El anuncio se realizó en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, colmado por funcionarios del gabinete, intendentes, jefes comunales, empresarios y trabajadores de la construcción. Torres explicó que el plan fue posible gracias al convenio de compensación de deuda firmado con el Gobierno Nacional para finalizar obras inconclusas y postergadas. “Estamos ante una reparación histórica para esos pueblos que hace décadas esperan una mejor calidad de vida”, afirmó el mandatario.
El programa se financia íntegramente con recursos provinciales. “Es un programa integral que contempla a toda la provincia y que nos permite recuperar obras que, jurisdiccionalmente, le correspondían al Gobierno Nacional”, apuntó el gobernador, quien resumió el alcance de la iniciativa: “Hoy podemos estar hablando de más de 200 obras, una inversión de más de 640 mil millones de pesos y, lo más importante, la generación de más de 4.800 empleos directos para las familias de la construcción”.
Torres aclaró que la denominación del plan “no es casualidad y tiene una lógica refundacional”. El programa rinde homenaje a Jorge Galina, primer gobernador constitucional de Chubut, quien, según el mandatario, gobernó “en una época en la que necesitó de todos, donde se forjaron cimientos institucionales y leyes muy importantes”. En esa línea, sostuvo que la provincia atraviesa “un momento que también es bisagra”, y reclamó “la madurez suficiente para aprender de los errores del pasado y no volver a cometerlos”.
El gobernador apuntó contra las gestiones de las épocas de bonanza petrolera: “Aquellas épocas de bonanza donde Chubut tenía el barril por encima de los 100 dólares y no se hicieron este tipo de obras que muestran, de manera tangible, que el desarrollo se refleja en una mejor calidad de vida para nuestros pueblos”. Y agregó: “Cuando constatamos los miles de millones de dólares que genera esta provincia y vemos pueblos aislados energéticamente o sin algo tan básico como el gas, es evidente que algo se hizo mal”.
Como ejes del anuncio, Torres recordó la vigencia de la Ley de Transparencia de la Obra Pública, una de las medidas que, según señaló, “presentamos apenas asumimos”. El plan incorpora un mapa interactivo de control ciudadano: “Diseñamos un mapa interactivo para que los chubutenses puedan ingresar cuando quieran y ver cuáles son las obras que se están ejecutando, en qué etapa se encuentran y cuáles son los plazos previstos en cada localidad”.
El gobernador también destacó el ordenamiento de las cuentas provinciales como la herramienta que permitió liberar fondos hacia la infraestructura. Reconoció que la provincia “todavía está pagando los créditos que esta provincia tomó y utilizó para gastos corrientes”, pero remarcó que se logró “algo inédito: recuperar la confianza y pasar de una provincia aislada financieramente a una provincia que mejora día a día su perfil crediticio”. En ese marco, precisó que la deuda vieja se renegoció “en mejores condiciones” y que ese dinero se destinará “pura y exclusivamente para una reparación histórica en esos pueblos”.
En materia habitacional, Torres anunció “una política habitacional agresiva” con un plan específico para docentes, policías, trabajadores de la salud y otros sectores estratégicos, bajo “un modelo de construcción más rápido como el que se utilizó en la Cordillera”. El mecanismo se replicará para todos los chubutenses y sumará, según adelantó, “algo muy importante como son las conexiones intradomiciliarias de gas”.
En el plano vial y tecnológico, el plan garantizará internet de alta velocidad para todos los pueblos, la pavimentación de 40 kilómetros de la Ruta Nacional N° 40 y la finalización de la doble trocha para agosto. “Tomamos la decisión política de integrar con internet de alta velocidad a todos los pueblos de la provincia, de hacernos cargo de las rutas nacionales y de volver a invertir en puertos. Son obras que muchas veces no se ven, pero que nos hacen más competitivos y generan más trabajo”, señaló.
La obra prioritaria del programa será el nuevo acueducto para Comodoro Rivadavia, calificado como el segundo más grande de la Argentina. El gobernador la definió como “el acto de justicia más grande” del plan: “Le vamos a garantizar a Comodoro Rivadavia que el acueducto, el segundo más grande de la Argentina, se va a hacer en tiempo y forma”.
El megaproyecto minero de cobre más grande de la historia del país, vendido como motor de empleo local, debuta con desindustrialización y entrega. La adjudicación del campamento Batidero en San Juan a un consorcio estatal chino expone la desvirtuación del RIGI.
Se trata de la construcción de una verdadera ciudad modular en la cordillera, diseñada para albergar entre 3.500 y 13.000 personas según las distintas etapas del proyecto. Una obra de esta magnitud, que demandará un despliegue colosal de infraestructura y servicios habitacionales, representaba la oportunidad perfecta para dinamizar de punta a punta a la cadena de valor metalúrgica y constructiva local; sin embargo, la decisión política prefirió cerrarle la puerta al trabajo argentino.
En campaña, Javier Milei juró no hacer pactos con China porque “son comunistas”. Hoy, no sólo archivó su discurso, sino que ejecuta una pirueta regulatoria que pisotea al productor nacional para beneficiar a Pekín.
No se trata de oponerse a un régimen de incentivos fiscales para atraer inversiones, sino de denunciar su uso político y perjudicial como herramienta de competencia desleal.
Javier Milei junto a Xi Jinping, presidente chino.
La cancha inclinada del Estado
La licitación del campamento para el Proyecto Vicuña (operado por BHP y Lundin) desnudó la letra chica de la aplicación del régimen. El consorcio chino (PowerChina y Beijing Chengdong) ofertó 52 millones de dólares frente a los 70 millones de la argentina Modular Homes. El oficialismo usó políticamente esa diferencia de 18 millones para justificar la importación, alegando una falsa “falta de competitividad” local para encubrir el perjuicio a la industria argentina.
Sin embargo, la auditoría internacional de la consultora Fluor (gerente técnica de la obra) desarmó el relato oficial: dictaminó de forma explícita que la propuesta argentina era técnicamente superior y ofrecía mayores estándares de calidad y seguridad. No faltó idoneidad; el producto local fue el recomendado por los expertos independientes, demostrando que el RIGI aquí se tuerce para discriminar al fabricante nacional. Bajo esta lógica, el oficialismo convalida pagar menos por un producto de menor calidad y seguridad, ignorando que el ahorro inicial se transforma en un peligro latente cuando las condiciones de alta montaña exigen máxima resistencia estructural.
La brecha de precios no es una falla de mercado, sino una desigualdad artificial creada por el Estado. La PyME argentina fabrica con el pie en la cabeza: una presión fiscal interna que infla sus costos un 85% (IVA acumulado, ingresos brutos y cargas sociales). En vez de equilibrar la cancha para que el RIGI funcione de manera sana, el gobierno exime al importador extranjero de derechos aduaneros y tasas, otorgándole una ventaja del 30%. El gobierno aplica así un subsidio inverso perjudicial: ahoga al local y libera al gigante asiático.
La matemática del desprecio y el costo marginal
El ahorro de US$18 millones que el consorcio transnacional BHP-Lundin celebra como un triunfo de eficiencia representa apenas un 0,1% de la inversión total proyectada de US$18.000 millones para el Distrito Vicuña. Por este porcentaje insignificante para el volumen de la obra, el uso político del RIGI convalida un daño social inmenso, demostrando que la rentabilidad extrema de la operadora pesa más que el desarrollo del país que aloja el recurso natural.
La destrucción del empleo se mide en una proporción directa de 10 a 1. Al optar por la importación desde China, el impacto laboral local en la alta montaña queda confinado a apenas 50 operarios destinados a tareas básicas de descarga, movimiento de suelos y ensamble, mediante la empresa santafesina RAFA S.A. En contraste, adjudicar la obra a la industria nacionalsignificaba dar empleo fabril calificado de forma directa a 500 trabajadores argentinos y dinamizar de inmediato a una cadena de más de 50 PyMEs proveedoras locales.
Este desplazamiento es una decisión política perjudicial que pretende instalar el falso mito de que las empresas locales carecen de escala para desafíos de gran magnitud. La realidad desmiente el relato: la industria modular argentina ya ha demostrado capacidad operativa y velocidad logística ante las máximas exigencias de infraestructura masiva del país en plazos de tiempo que parecían imposibles, dejando un antecedente histórico ineludible que sepulta cualquier argumento oficial sobre la supuesta incapacidad técnica nacional.
Javier Milei junto a los principales ejecutivos de Vicuña Corp.
El hito argentino que la ideología oficial decide ignorar
El antecedente fáctico que desarticula la justificación gubernamental es la hazaña industrial de la firma nacional Ecosan S.A. durante la cuarentena de 2020. Ante la peor crisis sanitaria reciente, la industria modular argentina construyó, equipó e inauguró 11 hospitales modulares de emergencia médica en un plazo récord de entre 20 y 30 días. La obra civil totalizó 11.900 metros cuadrados cubiertos fabricados y montados en tiempo récord con mano de obra e ingeniería local.
La logística argentina demostró un despliegue plenamente federal, sumando 836 camas críticas al sistema de salud. Cada módulo hospitalario fue entregado con sectores de terapia intensiva de alta complejidad y áreas de internación distribuidas en tiempo simultáneo desde Chaco, Rosario, Córdoba y Mar del Plata, hasta siete localidades estratégicas del Gran Buenos Aires.
Este logro de la ingeniería local no sólo salvó vidas, sino que recibió el sello de calidad internacional al ser galardonado en los Estados Unidos con el prestigioso World of Modular Award 2023 por el Modular Building Institute. El premio internacional demuestra que la exclusión de los productores nacionales en el Proyecto Vicuña no responde a una falta de tecnología o de capacidad operativa, sino a un diseño normativo perjudicial que decide ignorar el “saber hacer” argentino para beneficiar un acuerdo político con Pekín.
Uno de los hospitales modulares de Ecosan S.A.
El quiebre del pacto fiscal y la medalla política
Cualquier régimen de incentivos fiscales bien aplicado funciona bajo un pacto de contraprestación:el Estado resigna recaudación presente a cambio de que la inversión privada genere puestos de trabajo y traccione a los proveedores locales, recuperando esos fondos de manera indirecta. Al pervertirse el uso del RIGI en este caso, el pacto se rompe. Las exenciones impositivas otorgadas en San Juan no vuelven a la sociedad en forma de empleo calificado, sino que terminan subsidiando indirectamente la masa salarial y la ocupación de los obreros industriales en las fábricas de Pekín.
La entrega de recursos es totaly expone una contradicción flagrante con el financiamiento público. Mientras el organismo regulador sanjuanino (EPRE) advierte que la minera saturará el sistema eléctrico regional hipotecando el futuro de la industria y la agricultura local, el gobierno cedió de forma directa la capacidad de transporte de la línea de alta tensión de 500 kV al consorcio extranjero. Se trata de una infraestructura clave que no surgió de capitales transnacionales, sino que fue financiada íntegramente por los ciudadanos argentinos a través de sus facturas de luz durante un cuarto de siglo. El Estado le regala la red eléctrica a la minera mientras deja afuera de la cadena de valor a los trabajadores que la pagaron.
La diputada mileísta Juliana Santillán junto a Wang Wei (embajador chino).
Este caso testigo en el campamento Batidero enciende las alarmas sobre un inminente efecto dominó, ya que el Distrito Vicuña contempla una inversión global de 18 mil millones de dólares donde todavía resta licitar una inmensa cantidad de obras de conectividad, logística, redes de media tensión y sistemas de conducción de fluidos. Al convalidarse políticamente que se puede ignorar la recomendación de una auditoría internacional para priorizar la importación asiática por un ahorro marginal, el precedente queda fijado. Si no se modifica la aplicación del RIGI para defender la participación local, las PyMEs argentinas asistirán consecutivamente a la apertura de sobres de futuras licitaciones millonarias que ya están perdidas de antemano en los escritorios de China.
El incendio de la región del Cafayate, provincia de Salta, es la demostración clara de acción provocada donde el fuego —originado por la mano humana— destruyó con una intensidad sin precedentes en contextos de cambio climático y recortes presupuestarios al sistema de manejo del fuego.
El fuego se inició el 7 de junio de 2026 en los límites de la Finca El Monte S.A., un predio ubicado en las inmediaciones del aeródromo de Cafayate, sobre la Ruta Nacional 68, en los Valles Calchaquíes. El incendio fue contenido inicialmente el 13 de junio, pero se reactivó días después cuando las ráfagas del viento Zonda —que superaron los 70 km/h— lo reavivaron con violencia. Hasta el 21 de junio, el foco seguía activo, con un total de más de 200 hectáreas arrasadas de bosque nativo y pastizales protegidos.
“La característica de este incendio es que tenemos muchos focos subterráneos, lo que hace dificultoso el control. Hay mucho sistema radicular y muchos árboles caídos. Todo el sector del incendio fue sobre bosque nativo, sobre todo algarrobo, una especie muy longeva y de crecimiento muy lento. Fueron pérdidas totales y es lamentable”, explicó con crudeza el subsecretario de Defensa Civil de Salta, Ignacio Vílchez.
En el operativo intervinieron brigadistas de Defensa Civil, bomberos voluntarios de Cafayate, personal del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, policías provinciales, dos aviones hidrantes y camiones cisterna.
Desde el primer día hubo señales que apuntaban a un origen deliberado. La intendenta de Cafayate, Rita Valeria Guevara, presentó una denuncia formal el 9 de junio ante la fiscalía penal local. La denuncia señalaba que no era la primera vez, ya que en ese mismo predio ya había sido afectado por un incendio en mayo, apenas semanas antes, lo que llevó al municipio a plantear la presunción de intencionalidad.
La fiscal penal Sandra Rojas abrió una investigación para determinar si hubo “causas naturales, acción negligente o una conducta intencional susceptible de configurar el delito de estrago”. Vecinos de la zona declararon haber visto personas desconocidas merodeando la zona del aeródromo y del parque de paneles solares antes del inicio del fuego, y testigos señalaron de manera coincidente las maniobras de un vehículo particular en los límites del predio. La fiscalía también solicitó peritajes satelitales para establecer las coordenadas exactas del punto de ignición.
La empresa propietaria del terreno, Finca El Monte S.A., tiene domicilio legal en Uruguay 1037, Ciudad de Buenos Aires, y sus socios identificados incluyen a Augusti Aiello, Luis Correas, Alfredo Mattei, Juan José Case y Francisco Lávaque. El hecho de que se trate de una empresa con sede porteña propietaria de tierras en una zona protegida de alto valor ecológico alimentó las sospechas de la comunidad local sobre una posible motivación vinculada al uso del suelo o la especulación inmobiliaria.
Ante la magnitud del desastre, el Concejo Deliberante de Cafayate aprobó en sesión especial la Declaración de Emergencia Ambiental por Incendios Forestales en todo el departamento, con una vigencia de 18 meses. La ordenanza reconoce explícitamente que la gravedad supera la capacidad técnica y financiera del municipio, y faculta al Ejecutivo local a prorrogar el estado de emergencia por un plazo idéntico si persisten las condiciones de riesgo.
El artículo 1° de la resolución se enmarca en el artículo 165° de la Ley 7070 de Protección del Medio Ambiente de Salta, que establece que “toda catástrofe ambiental faculta a declarar la zona de influencia bajo estado de emergencia ecológica o ambiental”. El municipio solicitó fondos extraordinarios no reembolsables al gobierno provincial para cubrir los gastos del combate del incendio y financiar la remediación ambiental.
El valor ecológico del algarrobal que se perdió
Lo que se quemó no es cualquier vegetación. El ecosistema de los Valles Calchaquíes en Cafayate está compuesto principalmente por bosques nativos de algarrobo, una de las especies más estratégicas del noroeste argentino. El algarrobo es una especie clave, donde bajo su cobertura se moderan las temperaturas extremas, se reduce la evaporación y se redistribuyen las precipitaciones. Sus raíces fijan nitrógeno al suelo y sus bosques funcionan como “islas de fertilidad”, protegiendo el suelo de la erosión eólica e hídrica.
Estas características hacen del algarrobal la mejor defensa natural contra la desertificación en zonas áridas. Además, el bosque nativo cumple un rol cultural e histórico irremplazable en la región calchaquí. Sus frutos han sido fuente de alimento, bebidas tradicionales y artesanías gastronómicas desde tiempos prehispánicos. El problema es que el algarrobo es, como describió la propia Defensa Civil, de “crecimiento muy lento” y recuperar un bosque maduro de algarrobos tomará décadas, y si los incendios son recurrentes, los árboles perderán su capacidad de regeneración natural y producción de semillas.
La última temporada primavera-verano (octubre 2025 – marzo 2026) dejó una huella devastadora en la Patagonia argentina, dejando casi 70.000 hectáreas de bosque andino patagónico quemadas a causa de cuatro súper incendios. Greenpeace, mediante imágenes satelitales, estimó que la cifra alcanzó 60.845 hectáreas solo en bosques andino-patagónicos, concentradas principalmente en Chubut (60.304 ha), lo que equivale a una superficie equivalente a tres ciudades de Buenos Aires. Esto representó el doble de lo quemado en la temporada anterior, y diez veces el promedio de los años 2022–2024.
La situación fue tan grave que el actual presidente Javier Milei declaró el estado de emergencia y zona de desastre en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa en febrero de 2026. En el Parque Nacional Los Alerces (Chubut), un incendio atribuido a la caída de un rayo destruyó 20.000 hectáreas, en Puerto Patriada, otro superó las 23.000 hectáreas afectando hogares en Epuyén y El Hoyo. La Justicia de Chubut confirmó la presencia de restos de combustible en el punto de inicio del incendio patagónico, lo que también apunta a intencionalidad.
Los científicos son contundentes al señalar que el cambio climático no provoca los incendios por sí solo, pero crea las condiciones para que sean catastróficos. Un informe de World Weather Attribution determinó que el norte patagónico vivió en enero de 2026 el mes más seco en 25 años, y que esa “crisis de aridez” fue intensificada por las emisiones de gases de efecto invernadero. La región es hoy entre un 20% y un 25% más seca que en un mundo sin combustibles fósiles.
El meteorólogo Santiago Ignacio Hurtado detalló el fenómeno y destacó que hubo una disminución de agua disponible del 20-30% en algunas zonas y hasta 40% en el acumulado anual, combinada con un aumento de temperatura en verano de 1 a 1.5 grados. En Esquel se registraron 11 días consecutivos de temperaturas máximas extremas, el segundo período más prolongado en 65 años, en El Bolsón el 5 de enero de 2026 se alcanzaron 38.4°C, la temperatura más alta de enero desde que existen registros. Los incendios de “nueva generación” se caracterizan por propagarse de manera subterránea, por sistemas radiculares, lo que los hace especialmente difíciles de controlar —exactamente lo que describieron los brigadistas en Cafayate.
El recorte presupuestario
El límite entre lo “irreversible” y lo “inevitable” pasa por las decisiones políticas. De acuerdo al análisis del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el gobierno de Milei consolidó un ajuste real del 70.7% en el presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) respecto a 2023. En el Presupuesto 2026, la partida del SNMF fue fijada en apenas $20.131 millones, una caída real del 53.6% respecto a 2025 y del 68.9% respecto a 2023.
A esto se sumó la subejecución. En 2025, apenas se usó el 48.2% del presupuesto inicial, dejando sin ejecutar casi $20.000 millones que podrían haber fortalecido la infraestructura, el equipamiento y la capacitación de brigadistas. El gobierno además disolvió el Fondo Nacional de Manejo del Fuego mediante el Decreto 463/2025 en julio de 2025, eliminando el mecanismo de financiamiento automático preventivo. Hernán Giardini, de Greenpeace, comparó el enfoque del Estado con “intentar apagar tu casa incendiada con un vaso de agua”.
La Ley Nacional 26.331 de Protección Ambiental de los Bosques Nativos —conocida como Ley de Bosques— establece presupuestos mínimos para el enriquecimiento, restauración, conservación y manejo sostenible de los bosques nativos en categorías de protección. Los bosques de los Valles Calchaquíes se encuentran en categorías de alta protección, donde las quemas a cielo abierto están expresamente prohibidas.
El propio documento del Concejo Deliberante de Cafayate argumentó que los incendios ocurrieron “violando de manera flagrante las prohibiciones expresas de quemas a cielo abierto fijadas por la normativa ambiental de Salta”. Organizaciones ambientales llevan años señalando que la ley es sistemáticamente vulnerada mediante tres mecanismos. La recategorización de zonas protegidas a categorías de menor resguardo por parte de los gobiernos provinciales, los desmontes ilegales, y los incendios “accidentales” o intencionales como forma encubierta de desmonte. La investigación en Cafayate, con una empresa urbana como propietaria de tierras protegidas y dos incendios en el mismo predio en el lapso de un mes, encaja en ese patrón.
El jueves de la semana pasada, la Policía del Chubut secuestró ochoteléfonos celulares y envoltorios con sustancias ilícitas durante una requisa en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia. El procedimiento se concentró en el pabellón N°9 del establecimiento, donde los efectivos hallaron los elementos ocultos en distintas celdas.
El operativo se inscribió en el plan de controles permanentes impulsado por el Gobierno del Chubut para combatir el delito dentro de las unidades de detención. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, la requisa apuntó a desarticular maniobras delictivas que se organizan desde el interior de los penales, en particular estafas, amenazas y extorsiones cometidas a través del uso ilegal de dispositivos móviles.
El procedimiento se concretó días después de que la Legislatura del Chubut aprobara por amplia mayoría la ley impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles por parte de los presos en los establecimientos penitenciarios provinciales.
La normativa quedó alineada con la legislación nacional vigente. Las autoridades de la provincia explicaron que el objetivo central de la ley pasa por proteger la seguridad pública, fortalecer los mecanismos de control en las cárceles y garantizar un régimen de comunicaciones supervisadas que respete los derechos humanos de los internos.
SE TERMINÓ LA JODA EN LAS CÁRCELESMientras algunos defendían privilegios para los presos, nosotros avanzamos con una ley para sacarles los celulares y cortar de raíz las estafas, amenazas y extorsiones que se coordinaban desde adentro de las cárceles.Ayer, en una requisa en… pic.twitter.com/2Hw67TZXQT
Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía del Chubut precisaron que los procedimientos de requisa continuarán de manera constante en todas las unidades de detención de la provincia.
El ministro de Economía, Luis Caputo, viajó este jueves a Paraná y firmó junto al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, un acuerdo en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), un mecanismo que permite a la Nación y a las provincias compensar deudas y acreencias que tienen entre sí para ordenar sus cuentas públicas.
El convenio funciona, en los hechos, como un trueque contable. Nación transferirá a la provincia inmuebles del ex PRO.CRE.AR ubicados en Paraná, y Entre Ríos reconocerá el valor tasado de esos bienes. A cambio, el Estado Nacional admitió una deuda con la provincia vinculada al ajuste del Consenso Fiscal y un saldo pendiente de un convenio anterior. El objetivo, según el Gobierno, es saldar deudas de años previos y avanzar hacia una nueva relación fiscal federal, una tarea que la gestión nacional dijo estar encarando junto a la mayoría de las jurisdicciones.
La visita incluyó dos escalas más. Caputo se reunió con cámaras productivas entrerrianas, donde valoró el espacio de diálogo directo con los distintos sectores de la región. Ante los empresarios, sostuvo que “Argentina logró superar los shocks internos y externos” y consideró que eso representa “una evidencia empírica de la solvencia del programa económico”. También afirmó que “estamos ante un nuevo modelo que es mejor para todos los argentinos” y recordó que “veníamos de un desorden macroeconómico que perjudicaba a los 47 millones de habitantes”.
El ministro anticipó además la hoja de ruta del oficialismo en materia impositiva: “están llegando las inversiones y cada año van a ser más” y prometió que el Gobierno va “a seguir bajando impuestos”. “La forma de ser más competitivos es bajando impuestos, mejorando la infraestructura, generando crédito y sacando regulaciones”, agregó.
Más tarde, Caputo y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, encabezaron la reunión del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que reunió a los ministros de Economía provinciales. Allí el ministro pidió a las provincias un gesto concreto: “es fundamental del lado de las provincias dar como señal una baja concreta de impuestos para profundizar este camino”. Y enmarcó esa exigencia en una idea más amplia: “lograr una Argentina más productiva se da con responsabilidad fiscal”.
En ese mismo encuentro, el ministro y el gobernador dieron el paso más ambicioso del día: plantearon la necesidad de avanzar hacia un nuevo pacto fiscal entre Nación, provincias y municipios. Como anfitrión, Frigerio abrió el cónclave con un reclamo de fondo. Argentina, dijo, necesita discutir una nueva etapa fiscal, y para eso propuso construir un acuerdo federal que fije un horizonte concreto para eliminar los impuestos distorsivos que, según aseguró, encarecen la producción y restan competitividad. Mencionó tres en particular: Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones.Sobre estas últimas fue categórico: los derechos de exportación “no deberían formar parte de la estructura impositiva de un país que busca crecer, atraer inversiones y generar empleo privado”.
Caputo se ubicó en la misma línea. Señaló que la consolidación del equilibrio fiscal abre la puerta a una nueva etapa de reformas estructurales centradas en la competitividad, la inversión y la baja de la presión tributaria. El país, planteó, debe avanzar “hacia un modelo más federal” en el que las provincias tengan mayor autonomía y dependan menos de las transferencias nacionales. Un nuevo pacto fiscal, explicó, puede ordenar las responsabilidades de cada nivel de gobierno, mejorar la calidad del gasto público y generar las condiciones para una baja sostenida de impuestos. El desafío, admitió, será construir consensos sin poner en riesgo el equilibrio fiscal ya alcanzado. “Tenemos que seguir todos por el camino de la responsabilidad fiscal, la baja de impuestos y el respeto por la propiedad privada. Eso es lo que les va a dar confianza a los actores económicos para animarse a invertir y producir más”, resumió ante los funcionarios provinciales.
Frigerio aclaró que el proceso requiere una hoja de ruta y debe resguardar la sustentabilidad de las cuentas públicas. Aun así, consideró clave avanzar en una línea de trabajo común que dé previsibilidad a quienes invierten y producen, y que establezca con claridad que Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones tendrán una reducción progresiva hasta su eliminación. El esquema también alcanza a los gobiernos locales: el gobernador pidió revisar tasas municipales que en algunos casos funcionan como impuestos encubiertos y elevan los costos de la actividad sin una contraprestación clara.
Caputo, en tanto, sumó ante los representantes provinciales una reflexión sobre el clima de negocios. Durante muchos años, dijo, en el país “habíamos normalizado no respetar la propiedad privada y es lo que más daño nos ha hecho”. Por eso reivindicó “el respeto por la santidad de los contratos”.
Frigerio y Caputo ya fueron protagonistas del último acuerdo fiscal entre Nación y provincias, suscripto durante el gobierno de Mauricio Macri. Por entonces, el actual gobernador era ministro del Interior, y Caputo conducía Finanzas, después de que la cartera económica se dividiera tras la salida de Alfonso Prat Gay (con Nicolás Dujovne al frente de Hacienda). Aquel pacto, que quedó trunco tras la crisis financiera de 2018, contenía casi los mismos puntos que la agenda actual. Las provincias (con la excepción de San Luis, que no firmó) se comprometían a reducir de manera gradual Ingresos Brutos y Sellos, mientras la Nación asumía revisar el impuesto al cheque y las retenciones a las exportaciones.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires bajo la administración del gobernador Axel Kicillof propone avanzar hacia un esquema de retenciones segmentadas al campo, en sintonía ideológica con la Resolución 125 de 2008. Junto con la ya abrumadora diferencia impositiva que enfrenta respecto de otras jurisdicciones.
El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, dio el paso que generó el mayor revuelo político, durante su participación en la asamblea anual de Agricultores Federados Argentinos (AFA) en Rosario, propuso avanzar hacia un esquema de “derechos de exportación segmentados según escala productiva.”
— La 94ª Asamblea Ordinaria de Delegados de Agricultores Federados Argentinos (AFA) realizada en Rosario
“Las retenciones tienen que estar bien diferenciadas, segmentadas. Un productor más chico tiene que terminar pagando proporcionalmente menos que uno grande”, afirmó Rodríguez, delante de 166 delegados representantes de 30.000 productores asociados.
Esto sería exactamente lo que propuso la Resolución 125 de 2008, aunque aplicado a nivel nacional. Ahora, el kicillofismo lo reactualiza con una lógica similar pero desde el plano provincial, en la que el Estado bonaerense crearía un régimen propio de gravamen a las exportaciones según tamaño del productor.
Para entender el peso político de esta referencia, hay que recordar qué fue la Resolución 125. El 11 de marzo de 2008, el entonces ministro de Economía de la expresidenta Cristina Kirchner, Martín Lousteau, anunció un esquema de retenciones móviles, donde cuanto más subía el precio de la soja en Chicago, más alta era la alícuota que retenía el Estado, llegando al 49.33% con precios de 600 dólares por tonelada.
— Javier Rodríguez junto a Axel Kicillof
El sector agropecuario lo consideró confiscatorio porque eliminaba la previsibilidad, ya que si los precios subían en el mercado global, el productor no se beneficiaba porque el Estado capturaba esa ganancia extra. La reacción fue inmediata, con 127 días de protestas, cacerolazos, cortes de ruta y lock-outs que paralizaron al país. El conflicto se resolvió en el Senado, cuando el vicepresidente de aquel momento Julio Cobos, desempató con su histórico “mi voto no es positivo”.
Lo que propone el ministro Rodríguez replica la lógica segmentadora que en 2008 promovía la Federación Agraria Argentina, que sería proteger al pequeño productor y cargar más al grande. La diferencia es que ahora se plantea desde una provincia, lo que abre una pregunta jurídica de fondo.
¿Puede una provincia cobrar retenciones?
Las retenciones (derechos de exportación) son, según la Constitución Nacional Argentina, una potestad exclusiva del gobierno federal. Las provincias delegaron en la Nación la regulación del comercio exterior. Esto significa que, técnicamente, una provincia no puede crear un impuesto a las exportaciones con ese nombre.
“Creo firmemente que tenemos que eliminar las retenciones al campo. Son el peor impuesto: se llevan la plata y no vuelve nada. Tenemos rutas nacionales sin arreglar, no hay infraestructura productiva y no vuelve a las localidades donde están los campos ni a los caminos rurales. Si sacamos las retenciones, nuestros productores van a poder invertir, producir más e innovar. Ahí está el verdadero camino para que la Argentina crezca de verdad desde el interior”, destacó en la misma ponencia de forma disruptiva, la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.
Sin embargo, lo que sí puede hacer la provincia es —como ya viene haciendo— incrementar el Inmobiliario Rural, los sellos, los ingresos brutos sobre actividades agropecuarias, o diseñar tributos que en la práctica funcionen como un gravamen sobre la producción exportable. La propuesta de Rodríguez podría materializarse como un tributo provincial “disfrazado” de otra figura legal, lo que abriría un frente judicial de enorme magnitud.
El Impuesto Inmobiliario Rural es el tributo provincial que grava la tenencia de tierra con uso agropecuario. En la Provincia de Buenos Aires (PBA), su base de cálculo se actualiza periódicamente y acumula hoy en día incrementos sucesivos que lo llevaron a niveles extraordinarios.
El Inmobiliario Rural: el gran culpable
En 2025, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) denunció que la gestión de Kicillof aplicó un incremento adicional del 25% en la quinta cuota del Inmobiliario Rural, en pleno contexto de inundaciones que dejaban millones de hectáreas bajo el agua. La ley impositiva 2025 ya había contemplado subas del orden del 28 a 34.4% efectivo. Para 2026, si bien no se aumentaron alícuotas formalmente, se prorrogó el revalúo de la tierra rural hasta fin de año, manteniendo una base imponible elevada
Esto provoca una paradoja política notable. Mientras Kicillof le exige al gobierno del presidente Javier Milei que baje las retenciones nacionales en nombre del campo, su propia administración provincial sostiene uno de los Inmobiliarios Rurales más onerosos de la Argentina.
El dato de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) del fin de 2025 ya alertaba que, aunque la baja de retenciones nacionales era bienvenida, el campo todavía entregaba al Estado el 56.3% de su renta agrícola en total.
De ese porcentaje, el 5.7% corresponde a impuestos provinciales, siendo Buenos Aires la provincia que más pesa en ese componente.
Con la propuesta del ministro Rodríguez de avanzar hacia retenciones segmentadas desde PBA, el escenario que temen las entidades rurales es que Milei baje las retenciones nacionales, pero Kicillof captura esa diferencia con nuevos tributos provinciales, dejando al productor bonaerense en el mismo punto de partida —o peor. CARBAP ya viene señalando que la rebaja nacional se “evapora” por el lado provincial y municipal.
Los números que no mienten
La asociación civil Inteligencia Colaborativa para el Desarrollo (ICD) publicó en junio de 2026 su primer Monitoreo Fiscal Subnacional, comparando la carga tributaria efectiva en lugares como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), PBA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza.
El hallazgo más impactante es el del productor agropecuario. Para una chacra de 200 hectáreas, la carga impositiva anual muestra fuertes diferencias entre provincias. PBA encabeza el ranking con $17.817.950, una cifra que representa el 13.10% de los ingresos anuales. Muy por debajo se ubican Mendoza, con $4.418.491, equivalente al 3.25%, Córdoba, con $1.383.100 y un 1.02%, y Santa Fe, que registra $1.260.000, es decir, el 0.93% de los ingresos anuales.
Esto significa que el mismo campo, con el mismo tamaño y producción, paga hasta 13 veces más en Buenos Aires que en provincias como Santa Fe o Córdoba. El factor que explica esta diferencia no es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (IIBB) ni los sellos. Es el propio Impuesto Inmobiliario Rural, que en PBA puede representar el 11.54% de los ingresos anuales del establecimiento, transformándolo en un gravamen casi confiscatorio.
Para poner en contexto el informe, también se relevaron otros perfiles de contribuyentes en Buenos Aires. En el caso de una familia, la carga asciende a $2.840.057 al año, lo que representa el 6.57% de los ingresos. En un supermercado, el monto llega a $10.724.346 anuales, equivalente al 3.78%. Para la industria, el tributo es de $10.602.453 por año, con una incidencia del 3.93%. En tanto, para una chacra agrícola, la carga trepa a $17.817.950 anuales, o sea, el 13.10% de los ingresos.
El campo bonaerense paga proporcionalmente el doble que una industria y el triple que un comercio, siendo el sector más expuesto a la volatilidad climática y de precios internacionales.
No obstante, el gobierno nacional anunció en mayo de 2026 bajar las retenciones al trigo y la cebada de 7.5% a 5.5% a partir de junio, y proyectó una reducción gradual de las retenciones a la soja desde enero de 2027 hasta 2028. El Secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, llegó a decir que “el objetivo final es eliminar todas las retenciones al final del segundo mandato de Milei.”
CARBAP celebró la baja pero la calificó de insuficiente, reclamando la eliminación total. Al mismo tiempo, advirtió que PBA y sus municipios están neutralizando o superando el beneficio nacional con sus propios incrementos impositivos. Esta tensión entre Nación y PBA es el verdadero eje del conflicto, donde el gobierno federal intenta aliviar la carga sobre el campo, el bonaerense la sostiene o incrementa por su propio carril.
Reunidos en Paraná, el ministro de Economía y el gobernador entrerriano propusieron un acuerdo federal que fije un horizonte para eliminar Ingresos Brutos, el impuesto al cheque y las retenciones. En el mismo encuentro firmaron un convenio que compensa deudas cruzadas entre Nación y la provincia.
La fiscalía analiza si el foco tuvo origen deliberado tras una denuncia municipal y testimonios que apuntan a movimientos extraños en la zona. El Concejo Deliberante declaró la emergencia forestal por 18 meses.
Crecen las críticas por la carga del Inmobiliario Rural y por la posibilidad de nuevos impuestos en una de las regiones de mayor presión sobre una chacra agrícola, pagando hasta 13 veces más que en provincias como Santa Fe o Córdoba.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
