Lozano propone crear una moneda que no pueda cambiarse con el dólar
Frente a los resultados de las PASO, el Director del Banco Nación propone MÁS regulaciones y una nueva moneda que "no se pueda cambiar por dólar".
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Como para traer más tranquilidad al panorama, el director del Banco Nación, ClaudioLozano aseguró que piensa “financiar la política social y recuperar la capacidad de consumo” creando una moneda que no pueda cambiarse con el dólar.
El despampanante momento se dio en una entrevista con C5N. Allí, Lozano sugirió la creación de “una moneda no convertible a divisas”.
“Por qué no ensayamos la discusión de una moneda no convertible a moneda dura, para financiar la política social y la recuperación de la capacidad de consumo de la población”, planteó el dirigente del partido Unidad Popular, que forma parte de la coalición de gobierno. El protagonista detalló que, según su idea, sería “una moneda que tenga todas las funciones, excepto que no se pueda cambiar por dólar”.
“Si uno combina esto con mejores regulaciones cambiarias y una discusión distinta del sistema de precios, podemos tener una discusión diferente de la recuperación económica”, argumentó.
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La economía argentina acumuló una caída del 3.9% entre diciembre de 2025 y agosto de 2026, lo que representa uno de los cuatro peores desempeños para los primeros ocho meses de un año desde 1993, superado solo por las crisis de 1995 (Tequila), 2001 y la pandemia de 2020.
Dentro de la serie comparable utilizada por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia (EMAE), ese recorrido enero-agosto de 2026 fue el cuarto peor desde 1993, detrás de 2020 (-8%), 2001 (-7.4%) y 1995 (-6.9%). A diferencia de los antecedentes históricos de crisis, el escenario actual no presenta una ruptura del régimen monetario, una crisis bancaria generalizada ni restricciones sanitarias extraordinarias, sino que se explica por un consumo deprimido, baja inversión y falta de dinamismo industrial.
La actividad económica mostró un estancamiento en agosto, con un crecimiento mensual desestacionalizado de apenas 0.1% que no compensó la caída del 2.8% registrada en julio, manteniendo la economía significativamente por debajo del nivel de cierre del año previo.
La actual contracción económica se manifiesta en el segundo trimestre de 2026 mediante una caída del 0.6% del PBI respecto al trimestre anterior, impulsada por un retroceso generalizado en la demanda interna, incluyendo el consumo privado (-2.4%), el consumo público (-2.3%) y la inversión (-0.8%).
A pesar de la caída trimestral, el PBI muestra una variación interanual positiva del 2% en el segundo trimestre de 2026, sostenida principalmente por un fuerte crecimiento de las exportaciones (13.7%), lo que refleja una recuperación desigual en los componentes de la economía.
— La evolución del EMAE publicado por el INDEC, comparando la variación acumulada de la actividad contra diciembre del año anterior en distintos años históricos (1995, 2000, 2001, 2002, 2018)
La severa contracción económica ha tenido un impacto directo en las condiciones sociales, elevando la pobreza al 32.3% en el primer semestre de 2026, lo que representa un incremento de 4.1 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2025 y afecta a 15 millones de personas.
El deterioro del poder adquisitivo es un factor clave en la crisis, evidenciado por el hecho de que en el primer semestre de 2026 los ingresos per cápita aumentaron un 11.5%, mientras que el costo de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total subieron considerablemente más, un 21.4% y un 19.6% respectivamente.
La crisis de 1995, conocida como el “Efecto Tequila”, impactó severamente en la economía argentina tras la devaluación mexicana, provocando una contracción del PBI del 2.8% en dicho año y desencadenando una profunda crisis en el sistema bancario local.
— La variación acumulada de la actividad económica en Argentina durante 2026, siendo el mes de julio la caída más pronunciada (-4.0%)
El colapso de la convertibilidad en 2001 fue el punto culminante de un período de recesión prolongada, durante el cual el PBI argentino cayó un 13.1% entre el último trimestre de 1998 y el mismo período de 2001, derivando en una depresión económica y crisis financiera.
La crisis del 2020, motivada por la pandemia de COVID-19 y las medidas de confinamiento, produjo el mayor desplome económico de las últimas décadas, con una caída anual del PBI del 9.9% debido a una combinación de crisis de oferta, demanda y financiera.
La pobreza alcanzó al 32.3% de las personas en los 31 aglomerados urbanos durante el primer semestre, 4.1 puntos más que en el segundo semestre de 2025. En el Nordeste —región que incluye a Corrientes— llegó al 41.5%, el registro regional más elevado.
¿Qué mide el dato?
El EMAE, resume la evolución de los sectores productivos y funciona como anticipo mensual del PBI. Para estudiar el movimiento entre meses debe utilizarse la serie desestacionalizada, que intenta retirar efectos repetitivos como vacaciones, días hábiles, cosechas o festividades.
— El índice retrocedió a 101.3, reflejando la desaceleración o contracción de la actividad económica en el tercer trimestre del año
El 3.9% surge de comparar el nivel desestacionalizado de agosto de 2026 con el de diciembre de 2025. Los índices oficiales fueron 156.0 en diciembre y 149.9 en agosto; por eso, la diferencia relativa es aproximadamente -3.9%. En julio, la actividad cayó 2.8% mensual desestacionalizada y en agosto aumentó apenas 0.1%. Por lo tanto, agosto recuperó una porción mínima del retroceso de julio. No hubo un rebote capaz de devolver rápidamente la economía al nivel previo.
El mismo mes puede mostrar una baja en una comparación y una suba en otra porque cada porcentaje responde una pregunta diferente. Esta distinción es indispensable para interpretar correctamente el informe. La actividad económica registró en agosto de 2026 una leve recuperación del 0.1% respecto de julio, según los datos desestacionalizados del INDEC. Sin embargo, el nivel de producción se mantuvo un 1.7% por debajo del registrado en el mismo mes de 2025. Pese a esta caída interanual, el acumulado de los primeros ocho meses del año mostró un crecimiento del 1.2% frente a igual período del año anterior.
La comparación con el cierre de 2025 reflejó un panorama más desfavorable. De acuerdo con estimaciones del Banco Provincia, la actividad económica de agosto se ubicó un 3.9% por debajo del nivel alcanzado en diciembre del año pasado, lo que evidencia una pérdida de dinamismo a lo largo de 2026.
Por su parte, el Producto Bruto Interno (PBI) registró una contracción del 0.6% durante el segundo trimestre de 2026 en comparación con los primeros tres meses del año. No obstante, la economía mantuvo un crecimiento interanual del 2% frente al mismo trimestre de 2025. Los resultados muestran que, si bien la actividad económica permaneció por encima de los niveles del año anterior en algunas comparaciones, su evolución reciente estuvo marcada por el estancamiento y las caídas respecto de períodos más cercanos.
El gasto público también puede impulsar o frenar la demanda agregada. Según la desestacionalización del Banco Provincia, el gasto primario nacional de septiembre estaba solo 0.5% por encima del promedio enero-agosto, por lo que no habría proporcionado un estímulo importante para compensar la debilidad privada.
— El eje horizontal detalla los meses desde enero de 2023 hasta agosto de 2026
Las exportaciones fueron la principal excepción en el segundo trimestre, puesto que las mismas crecieron 2.5% frente al trimestre anterior y 13.7% interanual. En cambio, el consumo privado bajó 2.4% trimestral, el público 2.3% y la inversión 0.8%. A su vez, la inflación mensual fue de 1.7% en agosto y 1.9% en septiembre. El dato de septiembre equivalió a 33.4% interanual. Esta desaceleración respecto de los niveles extremos de años anteriores es un resultado macroeconómico relevante, pero no garantiza por sí misma recuperación productiva.
Desinflar suele requerir políticas que reduzcan la expansión nominal y moderen la demanda. Si la mejora de expectativas, el crédito, el salario real y la inversión tarda en aparecer, puede abrirse un período en el que los precios suben más lentamente, pero la economía real permanece estancada, cae o entra en recesión. Con los datos oficiales disponibles, el PBI cayó 0,6% en el segundo trimestre frente al primero. Para hablar convencionalmente de “recesión técnica” se requieren dos trimestres consecutivos de caída desestacionalizada, por lo que todavía falta la confirmación oficial del tercer trimestre.
— El PIB de Argentina creció un 2.0% interanual en el segundo trimestre de 2026, aunque registró una caída del 0.6% en la medición desestacionalizada respecto al trimestre anterior
La tasa de desocupación fue 7.9% en el segundo trimestre de 2026. El INDEC indicó que no tuvo una variación estadísticamente significativa frente al mismo trimestre de 2025, aunque la tasa de actividad aumentó 0.8 puntos porcentuales.
La relativa estabilidad del desempleo no elimina el deterioro laboral. En el segundo trimestre los puestos asalariados bajaron 0.8% interanual, mientras los no asalariados crecieron 3.9%. Además, la participación de la remuneración asalariada en el valor agregado descendió de 45.4% a 42.9%.
¿Qué sectores cayeron?
La contracción fue amplia. Según el cálculo del Banco Provincia, solamente 3 de 16 ramas —minas y canteras (+7.6%), hoteles y restaurantes (+1.7%) y servicios sociales y de salud (+0.7%)— estaban en agosto por encima de diciembre de 2025; las otras 13, que representan alrededor del 90% de la economía y el 88% del empleo asalariado privado registrado, estaban por debajo.
Los tres grandes sectores con mayores encadenamientos retrocedieron desde diciembre, entre ellos industria -3.2%, construcción -4.0% y comercio -4.8%. Juntos representan aproximadamente el 35% de la actividad y el 45% del empleo privado registrado, por lo que su deterioro se transmite a proveedores, logística, servicios profesionales, empleo e ingresos familiares.
Es importante no mezclar esas variaciones con las interanuales. En la comparación agosto de 2026 contra agosto de 2025, el INDEC registró industria -3.2%, construcción -2.5% y comercio -3.5%; minería, en cambio, creció 11.1% interanual. Los datos muestran una economía dividida. En agosto, minería y energía fueron las actividades con mayor aporte positivo, mientras industria y comercio realizaron las mayores contribuciones negativas al EMAE interanual.
La minería puede crecer con fuerza y aportar exportaciones, divisas e inversión, pero tiene menor peso y menos capacidad de arrastre inmediato sobre el empleo urbano y el consumo masivo que el conjunto formado por comercio, industria y construcción. El informe del Banco Provincia resume este problema como la insuficiencia de un “sector de enclave” para impulsar por sí solo a toda la economía.
Esta heterogeneidad explica por qué algunos indicadores externos o extractivos pueden mejorar mientras hogares, pymes y sectores orientados al mercado interno perciben recesión. No es una economía uniformemente paralizada, sino una estructura en la que pocos sectores expansivos no compensan la debilidad de los de mayor peso y articulación.
El consumo depende principalmente del poder adquisitivo, la cantidad y calidad del empleo, las transferencias públicas y el acceso al crédito. El Banco Provincia señaló que el crédito en pesos cayó 0.5% real entre julio y septiembre, con una reducción de 2% en el financiamiento a las familias y estancamiento en empresas.
— Las variaciones porcentuales por rubro de las ventas minoristas pymes en Argentina correspondientes a septiembre de 2026, conforme a datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME)
Las ventas minoristas pyme bajaron 1.2% mensual en septiembre, encadenaron cuatro retrocesos y acumulaban una contracción de 2.1% durante 2026. Al mismo tiempo, la variación interanual de septiembre fue levemente positiva, de 0.3%, otra demostración de que el diagnóstico cambia según la base utilizada.
En el segundo trimestre, la formación bruta de capital fijo cayó 0.8% frente al trimestre previo y 11.1% interanual. Dentro de esta última comparación, maquinaria y equipo descendió 15.2% y equipo de transporte 22.1%, señales particularmente relevantes porque la inversión amplía la capacidad productiva futura.
Una empresa invierte cuando espera ventas suficientes y rentabilidad razonable, y cuando puede financiarse a un costo compatible con el proyecto. Si las ventas están débiles, existe capacidad ociosa o el crédito resulta restrictivo, la estabilización nominal por sí sola puede no alcanzar para activar nuevas inversiones.
Cerca de 80 intendentes de la provincia de Córdoba se presentaron ante la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados para exigir soluciones a la falta de pagos del PAMI, que mantiene una deuda acumulada desde hace más de 13 meses por prestaciones médicas.
“Hace más de un año que PAMI no abona las prestaciones médicas convenidas con los municipios. El pasado 22 de abril presentamos un reclamo formal y posteriormente recibimos el compromiso de las autoridades del organismo de comenzar a regularizar los pagos a partir de junio de 2026. Sin embargo, hasta la fecha no hemos recibido pago alguno ni respuesta oficial”, sostuvo el intendente de la localidad de Idiazábal, al sudeste de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Vassia.
Los mandatarios locales denuncian que la reciente reducción del Plan Remediar, que limitó la oferta de 128 a solo 6 medicamentos, impacta gravemente la atención primaria de la salud, obligando a los municipios a cubrir estos servicios con recursos propios.
Respecto del transporte, los intendentes exigen una distribución más equitativa de los subsidios nacionales, proponiendo que, si el Gobierno Nacional elimina el impuesto al combustible, ellos reducirán un 35% el valor del boleto de transporte público.
— A la derecha, el intendente municipal de Idiazábal, localidad ubicada en el departamento Unión, al sudeste de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Vassia
La Comisión de Asuntos Municipales presidida por Carolina Basualdo, de Provincias Unidas, reunió a intendentes y representantes de distintos municipios del país para analizar el funcionamiento del Programa Remediar, la situación del transporte público y la implementación de un régimen federal de áreas metropolitanas.
Durante el encuentro participaron los intendentes Daniel Passerini, de Córdoba; Pablo Javkin, de Rosario; Rossana Chahla, de San Miguel de Tucumán; y Rosario Romero, de Paraná, junto con otras autoridades municipales de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Santa Cruz. Según informó la Municipalidad de Córdoba, la jornada contó con la participación presencial y virtual de más de 80 representantes de ciudades pertenecientes a siete provincias argentinas.
Para entender mejor la cuestión, el Programa Remediar nació en 2002, en el contexto de la crisis económica y sanitaria, para facilitar el acceso gratuito a medicamentos esenciales a través de centros de atención primaria. Su funcionamiento se apoyaba en una compra nacional centralizada y en la distribución de botiquines a establecimientos públicos del primer nivel de atención. Ese primer nivel es el de las salitas y centros de salud donde se atienden problemas frecuentes, se realizan controles y se sostienen tratamientos sin recurrir inicialmente a un hospital de mayor complejidad.
— La Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, presidida por la diputada Carolina Basualdo
El programa no consistía en entregar dinero al paciente para comprar cualquier producto en una farmacia, sino que su instrumento principal era proveer medicamentos al sistema público. Como referencia histórica, el informe oficial de gestión de 2021 registraba más de treinta millones de tratamientos distribuidos a 8.109 centros e instituciones.
La modificación relevante es la Resolución 1447/2026 del Ministerio de Salud, firmada por Mario IvánLugones el 14 de octubre y publicada el 15 de octubre de 2026. La norma derogó la Resolución 3424/2021 y aprobó un nuevo listado orientado a la prevención y el tratamiento de enfermedades vasculares. También estableció que ese listado funciona como referencia para compras centralizadas, planificación logística y provisión a establecimientos públicos de atención primaria.
Los intendentes cuestionaron las modificaciones introducidas en el Programa Remediar, particularmente la sustitución del listado amplio de medicamentos por otro concentrado en seis principios activos destinados a tratamientos de salud vascular. Sin embargo, la modificación normativa no permite determinar por sí sola el alcance del recorte presupuestario ni establecer cuántos tratamientos dejaron efectivamente de distribuirse en los centros de atención primaria.
— Mario Lugones, médico cardiólogo y actual Ministro de Salud de la Nación Argentina
En relación con el PAMI, los jefes comunales denunciaron la falta de pago de prestaciones médicas realizadas por establecimientos municipales que mantienen convenios con el organismo. El reclamo apunta a la cancelación de deudas por servicios que, según sostienen, ya fueron brindados a los afiliados, y no exclusivamente a la asignación de nuevos subsidios o recursos extraordinarios.
“Los municipios continuamos garantizando la atención médica con recursos propios, priorizando la salud de nuestros vecinos y sosteniendo servicios esenciales para nuestras comunidades”, expresó Pablo Vassia sobre los intendentes que no han abandonado a los adultos mayores. En ese contexto, Passerini aseguró que estaría dispuesto a reducir un 35% el precio del boleto del transporte público urbano si el Gobierno nacional eliminara el Impuesto a los Combustibles.
Respecto del transporte público, las autoridades municipales cuestionaron la eliminación de las compensaciones generales destinadas a las empresas del interior del país, mientras continúan vigentes distintos mecanismos de asistencia nacional para servicios bajo jurisdicción federal, especialmente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). No obstante, corresponde diferenciar los subsidios directos a las empresas, los descuentos sociales financiados mediante el sistema SUBE y las obligaciones económicas que asumen las distintas jurisdicciones, dado que responden a esquemas de financiamiento diferentes.
¿Qué cambió en octubre?
El listado de medicamentos contempla seis principios activos destinados principalmente a la prevención y el tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Entre ellos se encuentra el ácido acetilsalicílico, utilizado para prevenir determinados eventos cardiovasculares en pacientes con indicación médica, mientras que la atorvastatina y la rosuvastatina se emplean para reducir los niveles de colesterol y disminuir el riesgo de complicaciones cardíacas y vasculares.
Por su parte, el candesartán y el ramipril están indicados para el tratamiento de la hipertensión arterial y determinadas enfermedades cardiovasculares. A estos se suma la hidroclorotiazida, un medicamento diurético que contribuye al control de la presión arterial mediante la eliminación de sodio y agua del organismo.
De esta manera, los seis principios activos se concentran en la atención de afecciones cardiovasculares, aunque presentan diferentes aplicaciones terapéuticas. La controversia planteada por los intendentes gira en torno a la reducción de la variedad de medicamentos contemplados en el Programa Remediar y sus posibles consecuencias sobre el acceso gratuito a tratamientos para otras enfermedades en los centros de atención primaria de la salud. Por lo tanto, quedaron únicamente medicamentos para la hipertensión. La orientación es vascular y cardiovascular, e incluye tratamientos para el colesterol y prevención de ciertos eventos, además del control de la presión arterial.
El listado anterior contemplaba 128 medicamentos, de acuerdo a las fuentes institucionales. El nuevo concentraría la referencia nacional en seis principios activos. Es una reducción muy pronunciada del alcance terapéutico. La Municipalidad de Córdoba expresa esa contracción como una caída del 95.3% en la variedad contemplada. La resolución no dispondría expresamente la eliminación de Remediar. Lo que hace es derogar el listado anterior y sustituirlo por otro mucho más acotado, preservando además una referencia a otros listados nacionales vigentes, ofreciendo una justificación sanitaria y una justificación sobre la distribución de responsabilidades.
En lo sanitario, el Ministerio sostiene que las enfermedades vasculares representan una carga muy elevada de mortalidad, discapacidad e internaciones, y que corresponde fortalecer la detección y el tratamiento de sus factores de riesgo. Por eso vincula la nueva nómina con el Plan Nacional de Salud Vascular 2026-2030 y con criterios de eficacia, seguridad y relación entre costos y resultados.
En lo institucional, plantea que la política nacional de medicamentos tiene un papel estratégico y complementario, mientras que las provincias y la Ciudad de Buenos Aires conservan responsabilidades primarias en la prestación de servicios y provisión de medicamentos para otras condiciones. El desacuerdo no consiste necesariamente en negar la importancia de prevenir infartos o accidentes cerebrovasculares, sino es si resulta adecuado fortalecer esa prioridad sustituyendo un listado amplio, y cómo se garantiza la continuidad de los demás tratamientos.
Lo que preocupa a los municipios
Entre los medicamentos que son excluidos del nuevo listado están metformina, levotiroxina, amoxicilina y salbutamol, utilizados para condiciones distintas de las contempladas por la nueva nómina vascular. La Municipalidad de Córdoba señala que la modificación desplaza hacia provincias y municipios la necesidad de abastecer tratamientos para diabetes, asma, hipotiroidismo, anemia e infecciones, entre otros.
El problema presupuestario entiende que el centro de salud podría seguir recibiendo al paciente, pero ya no recibe determinados medicamentos desde la Nación, y alguien debe reemplazar esa provisión. Las alternativas son comprar con fondos locales, obtenerlos mediante otro programa o dejar una necesidad sin resolver; cuál de ellas ocurre debe comprobarse en cada localidad.
En Córdoba capital, el municipio informó dos indicadores relevantes. La participación de Remediar en su provisión gratuita de medicamentos pasó del 65.3% al 25.7% entre 2025 y 2026, y la demanda de su sistema público aumentó un 29% desde 2024. “El plan Remediar es un programa que tiene más de 25 años de vigencia que pasó por distintos gobiernos y todo lo han dado continuidad y esta discontinuidad nos generaría un grave perjuicio para la atención primaria de la salud, ya que estos medicamentos son esenciales para la atención primaria de la salud”, afirmó Pablo Vassia.
Conforme a sus declaraciones, presentaron un reclamo formal y recibieron una promesa de comenzar a regularizar los pagos desde junio y, al momento que se escribe esta información, no habían recibido las transferencias comprometidas. Los intendentes afirman que continuaron atendiendo a los afiliados con recursos municipales. En la documentación pública no aparece una liquidación consolidada que permita establecer cuánto se adeuda a los municipios cordobeses, a cuáles y por qué períodos, ni una respuesta específica del PAMI que permita contrastar cada punto del reclamo.
La docena de facturas para acompañar el mate se transformó en un consumo de lujo. Según los datos más recientes que la industria panadera recopiló esta semana, la venta de pastelería, repostería y las clásicas facturas registró una baja interanual del 80%, mientras que la de pan retrocedió un 55% en los últimos dos años. El derrumbe, que respondió al aumento de los costos y a la pérdida de poder adquisitivo que modificó los hábitos de consumo, se tradujo en el cierre definitivo de unas 2.000 panaderías en todo el territorio nacional y en la pérdida de más de 16.000 puestos de trabajo directos en apenas 24 meses.
En los mostradores, la crisis tomó la forma de vitrinas cada vez más vacías y con menos variedad. Los comerciantes redujeron la producción para evitar pérdidas por mercadería que no se vende y que termina por echarse a perder.
Gastón Mora, presidente de la Asociación de Panaderos de la localidad bonaerense de Avellaneda, describió el fenómeno ante la agencia Noticias Argentinas con cifras que cualquier cliente reconoce en el ticket: “La venta de facturas es lo que más cayó. Cuando más se venden es un domingo o un feriado, pero ya no está eso de que a las familias se les haga cotidiano. La docena varía entre los $14.000 y los $20.000 y para el laburante eso es muy complejo. Entendemos que hay gente que cobra 25 lucas una changa, por lo que no puede pagar ese precio”.
El golpe también alcanzó a todo lo que tiene que ver con celebraciones. “La venta de masas finas, los sándwiches de miga y todo lo que suele ser para un evento o un festejo de cumpleaños se derrumbó”, explicó el dirigente, que graficó la magnitud de la caída con un ejemplo concreto: “Nosotros vendíamos unas 150 tortas por semana y hoy, si se llevan 15 o 20, nos ponemos contentos”.
Para Mora, “el pan es lo único que se sostiene porque suele reemplazar las comidas”. Aun así, aclaró que su comercialización disminuyó un 50% y que la demanda quedó reducida casi por completo a las variedades tradicionales, como el pan común y el pan flauta.
La contracción de la demanda cambió de raíz la forma de comprar de los clientes cotidianos, que abandonaron casi de manera definitiva el pedido por kilo o por docena. De acuerdo con los panaderos, las compras se volvieron fraccionadas, por montos fijos en pesos o por unidades contadas: la gente se acerca a pedir “dos pancitos” o “mil pesos de pan” para el consumo inmediato. Los jubilados, uno de los segmentos más fieles de la clientela, se ven cada vez menos por los locales, ya que sus ingresos apenas alcanzan para cubrir los alimentos básicos.
Del otro lado del mostrador, los costos se dispararon. “La caja de margarina pasó de $40.000 o $45.000 a superar los $120.000 y luego se estabilizó entre los $85.000 y $90.000; los huevos pasaron de un rango de $35.000 a $72.000 el cajón, y la bolsa de harina escaló desde los $9.000 hasta los $18.000”, detalló Mora, quien sumó otros dos gastos a la cuenta: “A eso se le suman las tarifas de energía y el alquiler, por eso estamos más que complicados”.
La asfixia financiera de las panaderías respondió a una pinza económica: menos clientes por un lado y costos fijos en alza por el otro. Las facturas de energía eléctrica promedian los $800.000 mensuales, montos impagables para comercios de estructura familiar, que se vieron obligados a ingresar en planes de refinanciación de deudas y a acumular saldos pendientes en las tarjetas de crédito. A eso se agregó un encarecimiento constante del 30% en insumos esenciales como la harina, la grasa y la levadura, aumentos que los comerciantes no pudieron trasladar por completo al precio final para no ahuyentar a los pocos compradores que quedan.
Representantes de la Cámara de Industriales Panaderos explicaron que el sector ya trabaja directamente a pérdida, con márgenes de rentabilidad nulos, con tal de mantener las persianas abiertas. Los cierres golpearon a un rubro reconocido por ser una fuente de empleo barrial.
Frente a este panorama, los panaderos apelaron a estrategias de emergencia. Un relevamiento de Noticias Argentinas en panaderías del Área Metropolitana de Buenos Aires detectó que varios comercios venden las facturas del día anterior a mitad de precio para evitar que la mercadería termine en la basura. La medida apunta a recuperar al menos el costo de la materia prima y a ofrecer una alternativa más económica a los clientes de menores recursos. En paralelo, los locales redujeron de manera drástica las horneadas diarias, y algunos optaron por reconvertirse o anexar servicios, como la venta de café al paso, para aprovechar el tránsito de trabajadores de la zona y sumar ingresos mínimos.
Para la administración colonial de las Islas Malvinas, el nombre del archipiélago constituye una ofensa suficiente para profanar la memoria de los caídos. Así lo confirmó al aire el periodista chileno Samuel Rojas durante una cobertura del ciclo Reportajes Teletrece en el Cementerio de Darwin, donde descansan los restos de soldados argentinos muertos en la guerra de 1982. Las cámaras captaron cómo las placas, ofrendas y recuerdos que dejan familiares y visitantes fueron retirados del cenotafio y lanzados fuera del perímetro como material de descarte.
Apostado junto al vallado blanco que rodea las tumbas, el cronista expuso sin rodeos la razón de semejante ultraje: “Algunas de las placas que probablemente traen algunos de los visitantes argentinos quedan atrás de la cruz. ¿Por qué? Porque la mayoría tiene consignas relacionadas con el nombre Malvinas, algo que no es aceptado acá; por eso es que son lanzadas acá, porque eso es considerado una ofensa y una provocación”.
A espaldas de la cruz mayor, lejos de la solemnidad que exige un camposanto militar, las imágenes revelaron un basural improvisado entre los pastizales. Allí yacían placas de pueblos patagónicos, mensajes familiares, rosarios, cintas votivas y figuras religiosas. La saña quedó a la vista en un primer plano: una placa acrílica colocada poco antes por una emisora radial de Comodoro Rivadavia, con la leyenda “El pueblo de Comodoro Rivadavia a Nuestros Héroes. ‘Malvinas nos une’ – Abril 2026”, apareció arrancada de su sitio y tirada en el barro, junto a listones rotos, pulseras elásticas y cerámicas partidas.
El informe dejó al descubierto además una intervención física sobre el predio. Una retroexcavadora amarilla operó con su brazo mecánico desplegado sobre el límite exacto del cementerio, en la parte posterior del cenotafio, y removió suelo a escasos metros de la cruz mayor, mientras un grupo de operarios trabajaba con palas en el terreno lindero. Esa franja de tierra limita de forma directa con el vertedero de los homenajes censurados.
La recorrida por Darwin formó parte de un reportaje sobre la comunidad chilena que reside en el archipiélago, en el marco de la controversia por una futura ruta marítima entre Punta Arenas y las islas. Ante los mismos micrófonos, los isleños reclamaron que el Gobierno argentino abandone su reclamo de soberanía y defendieron la ocupación británica. Uno de los veteranos del Reino Unido apuntó contra el presidente Javier Milei, a quien exigió dejar en paz el proyecto del buque chileno que abarataría el costo de las frutas y víveres llegados del continente: “Que Milei y su gente dejen tranquilo al barco chileno y nos dejen tranquilos a nosotros”.
La misma tranquilidad que pidieron para sí les fue negada a los muertos argentinos. El Cementerio de Darwin recibe con frecuencia a familiares, excombatientes y delegaciones que viajan miles de kilómetros para dejar flores, cartas, banderas y placas junto a las tumbas. Lo que las cámaras mostraron fue una decisión deliberada de la colonia que impide el luto y la memoria, en abierta violación del derecho internacional humanitario y de los mandatos de la Cruz Roja Internacional, que garantizan la integridad de los cementerios militares y de los recuerdos que acompañan a los caídos.
La imagen de “comunidad civilizada y respetuosa del derecho internacional” que Londres proyecta ante los foros multilaterales se derrumbó frente a una cámara extranjera.
Tras una investigación realizada por el periodista Manuel Román, se reveló que distintas dependencias del Estado nacional adjudicaron 23 contrataciones millonarias a OCP Tech, empresa vinculada a Leonardo Scatturice, exagente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), empresario relacionado con el asesor presidencial Santiago Caputo y propietario de la aerolínea Flybondi.
Según el relevamiento, las adjudicaciones se concretaron durante la gestión del actual presidente Javier Milei e involucraron a distintos organismos públicos, entre ellos la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei. Los contratos, establecidos tanto en dólares como en pesos, alcanzan un valor cercano a los 7 millones de dólares y superan los 1.400 millones de pesos en moneda nacional, con un monto conjunto estimado en alrededor de 10.000 millones de pesos para realizar gestiones en Estados Unidos.
Desde diciembre de 2023 distintos organismos estatales habrían adjudicado contrataciones por un valor estimado de 6.95 millones de dólares. De ese total de operaciones identificadas, 18 fueron pactadas en moneda estadounidense y las cinco restantes en pesos argentinos. La adjudicación de mayor valor alcanzó aproximadamente 1.79 millones de dólares y correspondió al Ministerio Público Fiscal.
Lo trascendido originalmente en junio de 2026 describió solo 16 contrataciones, de aproximadamente 5.8 millones de dólares y 1.510 millones de pesos, con una equivalencia calculada de unos 8.280 millones de pesos. No se sabía, por lo tanto, que el mismo recuento se extendía aún más para Scatturice, quien es un conocido empresario argentino con antecedentes en el ámbito de la inteligencia y actividades en tecnología, aviación y representación de intereses con referentes republicanos estadounidenses.
Del mismo modo, Scatturice mantiene vínculos empresariales con distintas compañías que desarrollan actividades en los sectores tecnológico, financiero y de consultoría internacional. Entre ellas se encuentra la misma OCP Tech, dedicada a la provisión de equipamiento tecnológico, licencias de software y servicios informáticos.
El empresario también está relacionado con Tactic Global y Tactic COC, firmas vinculadas a servicios de consultoría y representación de figuras como Barry Bennett, consultor político estadounidense vinculado al trumpismo, con quien Scatturice participó en actividades empresariales. Una de estas compañías suscribió un acuerdo con la SIDE para realizar tareas de asesoramiento y vinculación institucional en territorio estadounidense, convenio que fue declarado ante las autoridades de ese país. Por otra parte, Scatturice está asociado a COC Global Enterprise, grupo inversor que adquirió una participación mayoritaria en la aerolínea argentina Flybondi durante el año 2025.
Existirían documentos oficiales que permiten comprobar dichas operaciones concretas, como archivos del Ministerio Público Fiscal donde adjudicó a OCP Tech distintas contrataciones destinadas a la adquisición de infraestructura tecnológica, servicios informáticos y equipamiento de conectividad. Entre las operaciones identificadas figura la licitación pública 44/24, correspondiente a la contratación de un sistema de hiperconvergencia para integrar distintas funciones informáticas de un centro de datos, por un monto de 685.732,90 dólares. Conforme al Boletín Oficial, la adjudicación favoreció a OCP Tech, mientras que otra de las ofertas presentadas fue desestimada por incumplimientos técnicos.
Asimismo, mediante la licitación pública 2/25, el organismo adjudicó a la compañía un contrato de 96.800 dólares para la suscripción de servicios de soporte técnico y capacitación vinculados al sistema operativo Red Hat para Linux. La operación quedó formalizada a través de la Resolución ADM 74/25.
Por otra parte, la licitación pública 42/24 contempló la contratación de trabajos de cableado de datos para puntos de acceso a redes wifi. En ese procedimiento se adjudicaron tres renglones por 55.844, 28.166 y 30.292 dólares, respectivamente. Posteriormente, una resolución administrativa dispuso una ampliación contractual por otros 2.986 dólares.
El papel de Karina Milei
OCP Tech obtuvo la mayoría de las adjudicaciones para suministrar insumos informáticos y de red de parte de la Secretaría General de la Presidencia, bajo la órbita de la hermana del presidente en diciembre de 2024. En ese procedimiento también participaron otras compañías adjudicatarias en una supuesta “cancillería clandestina”.
El 12 de febrero de 2025, la SIDE firmó un acuerdo con Tactic Global para desarrollar actividades de asesoramiento y vinculación institucional en Estados Unidos. El contrato fue presentado ante el Departamento de Justicia estadounidense el 16 de junio de 2025, en cumplimiento de la legislación norteamericana sobre representación de intereses extranjeros (FARA).
El documento establecía una compensación de 10.000 dólares mensuales y contemplaba tareas como coordinar reuniones entre funcionarios argentinos y estadounidenses, facilitar contactos y brindar asesoramiento estratégico a la SIDE, a pesar de ya existir una estructura diplomática para representar los intereses argentinos en otros países, siendo trabajado correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores, las embajadas y los consulados.
El dato fundamental sería que el convenio con Tactic Global terminó sin pagos declarados por parte de la SIDE. En otro texto presentado ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, correspondiente al período terminado el 30 de noviembre de 2025, informa expresamente que la Secretaría de Inteligencia argentina no realizó pagos a esa compañía.
A su vez, el periodista Ignacio Grimaldi confirmó el pasado 10 de septiembre de 2026, que el acuerdo había finalizado sin pagos declarados y que fuentes vinculadas al caso sostenían que las tareas contratadas nunca llegaron a ejecutarse, así como se sospechaba de las contrataciones de OCP Tech en relación a un episodio anterior. En julio de 2024, Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 656/2024, que establecía una ampliación presupuestaria de 100.000 millones de pesos para la SIDE, destinados al fortalecimiento del sistema de inteligencia y con carácter reservado.
El Congreso de la Nación rechazó ese decreto y generó cuestionamientos de distintos sectores políticos por la magnitud de los recursos asignados y los mecanismos de control sobre su utilización. El 21 de agosto, la Cámara de Diputados rechazó el decreto con 156 votos en contra, 52 a favor y seis abstenciones, lo que representó un primer revés legislativo para la iniciativa del Poder Ejecutivo.
Posteriormente, el 13 de septiembre de 2024, el Senado también rechazó la disposición, lo que determinó la derogación definitiva del DNU e impidió que el Gobierno mantuviera vigente la ampliación presupuestaria destinada al organismo de inteligencia.
— El empresario argentino Leonardo Scatturice, que incluye vínculos con OCP Tech, el grupo COC Global Enterprise y la aerolínea Flybondi
Tras la decisión del Congreso, el Ejecutivo informó que se había completado, el 7 de octubre de 2024, la devolución al Tesoro Nacional de 80.000 millones de pesos previamente transferidos a la SIDE. Constatando a las declaraciones oficiales, esos recursos fueron restituidos mediante las correspondientes operaciones administrativas y presupuestarias.
Compensación de esos fondos
La hipótesis sería que algunas contrataciones públicas podrían haber servido como mecanismos alternativos para financiar operaciones relacionadas con inteligencia o gestiones políticas después del rechazo legislativo.
El beneficio de la duda estaría algo respaldada por el nombre de Scatturice, que aparece relacionado con un episodio polémico ocurrido el 25 de febrero de 2025, cuando un Bombardier Global 5000 de la empresa OCP Tech aterrizó en la Argentina transportando a Laura Arrieta, una exazafata y empresaria liberal argentina de 32 años, miembro del comité organizador de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), la cumbre internacional de líderes de derecha que se realizó en Buenos Aires, entró y sacó del país 10 valijas que fueron enviadas a las Islas Canarias.
Su rol en el comité organizador de la CPAC en la edición de Buenos Aires (celebrada en el Hotel Hilton de Puerto Madero) sirvió de puente para entablar un asiduo contacto con la Casa Rosada y posar en fotografías junto al mandatario Javer Milei. Previamente trabajó bajo la supervisión directa de Scatturice, desempeñándose como vicepresidenta y gerente de operaciones corporativas en COC Global Enterprise y empleada de la firma OCP Tech.
El viaje fue objeto de críticas por presuntas irregularidades en los controles aduaneros del equipaje, contando con las valijas de ambos individuos que no habrían sido inspeccionadas con intervención de Santiago Caputo.
Según un informe elaborado a partir de datos del INDEC, la tasa de informalidad pasó del 41.4% a fines de 2023 al 45% en el segundo trimestre de 2026. En ese segundo trimestre, el 45% de las personas ocupadas en los 31 aglomerados urbanos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) tenía un empleo informal, y alrededor de 6.1 millones sobre 13.6 millones de ocupados.
El aumento interanual fue estadísticamente significativo, con una tasa que había sido 43.2% en el segundo trimestre de 2025. La informalidad laboral alcanza al 45% de los trabajadores en Argentina y supera el 80% entre los cuentapropistas de varias ciudades del norte del país.
No obstante, el porcentaje superior al 80% no describe a todos los trabajadores del norte ni al norte en su conjunto. Se refiere exclusivamente a los trabajadores por cuenta propia de determinados aglomerados urbanos. Por ejemplo, Formosa registró 87.9%; Gran Tucumán–Tafí Viejo, 87.6%; Santiago del Estero–La Banda, 87.5%; Gran Resistencia, 84%; y Gran San Juan, 83%. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el mismo indicador para cuentapropistas fue del 32.8%.
— La evolución de la tasa de informalidad laboral en Argentina (en porcentaje) basada en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC), analizada en informes del IIEP UBA-CONICET y del Observatorio Económico Social de la Universidad Nacional de Rosario
Entre los trabajadores asalariados, el índice se ubicó en el 37.9%, mientras que entre quienes trabajan por cuenta propia trepó al 65.8% en el mismo período. Hay otra coincidencia que puede confundir, ya que en el segundo trimestre de 2026, la tasa de empleo también fue 45%. Pero mide otra cosa, siendo qué proporción de la población total estaba ocupada. La tasa de informalidad, en cambio, indica qué proporción de quienes ya tenían trabajo lo hacía informalmente.
“Informal” no significa solamente cobrar en efectivo ni necesariamente realizar una actividad ilegal. Significa que el puesto o la actividad se desarrolla “en negro” y al margen de alguna de las normas laborales, tributarias o previsionales que deberían cubrirla.
La metodología para medir la informalidad laboral varía según la categoría ocupacional. En el caso de los asalariados, se considera que un trabajador es informal cuando su empleador no le realiza los descuentos correspondientes a la seguridad social, una situación que, en términos cotidianos, caracteriza al empleo no registrado.
Para los cuentapropistas y patrones, la informalidad se determina a partir del grado de formalización de su actividad. De acuerdo a la combinación de respuestas de la EPH, se los clasifica como informales cuando no están inscriptos para realizar aportes, no pueden emitir facturas o no llevan registros fiscales.
Por su parte, los trabajadores familiares que no perciben una remuneración fija son considerados informales en todos los casos.
Por eso, “cuentapropista” e “informal” no son sinónimos. Un profesional que factura y hace aportes es un cuentapropista formal, mientras que una persona que vive de changas, vende sin inscripción o presta servicios sin facturar puede ser cuentapropista informal. Del mismo modo, un asalariado puede tener horario y jefe, pero seguir siendo informal si la relación no está registrada.
¿Qué cambió desde 2023?
La comparación que ubica la informalidad en 41.4% a fines de 2023 y en 45% en 2026 equivale a una suba de 3.6 puntos porcentuales. No significa que haya aumentado en términos relativos, sino alrededor de 8.7% respecto del nivel inicial. La serie larga exige una aclaración. El INDEC comenzó a medir oficialmente la informalidad para todo el universo de ocupados desde el cuarto trimestre de 2024, cuando el Observatorio de la UNR reconstruyó hacia atrás una serie comparable para asalariados, cuentapropistas, patrones y trabajadores familiares.
El deterioro reciente se explica sobre todo por el empleo independiente. Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo período de 2026 hubo 348.000 trabajadores informales adicionales en los aglomerados relevados, unos 316.000 fueron cuentapropistas, 31.000 patrones y apenas unos 1.000 asalariados. Es decir, el aumento de la informalidad cuentapropista explicó el 91% del incremento interanual total.
Al mismo tiempo, cambió la composición del empleo. Entre fines de 2023 y el segundo trimestre de 2026, los asalariados bajaron de 73.7% a 70.5% de los ocupados, mientras los cuentapropistas subieron de 22.6% a 25.5%. Esto produce un efecto composición, donde aunque la informalidad asalariada se moviera poco, el promedio general aumenta si crece el peso de una categoría —el cuentapropismo— cuya informalidad es mucho mayor.
Esto no prueba que todo nuevo cuentapropista haya sido un asalariado formal despedido ni permite atribuir automáticamente el fenómeno a una sola política. La EPH muestra simultáneamente cuántos trabajadores hay en cada categoría, pero no basta por sí sola para reconstruir todos los recorridos individuales ni separar completamente causalidad macroeconómica, decisiones empresariales, regulaciones y estrategias familiares.
— La evolución de la formalidad laboral en Argentina (2017–2025/2026), dividida en dos series según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC
No obstante, la brecha territorial no se reduce a una supuesta menor “cultura de cumplimiento”. Responde en gran parte a la heterogeneidad productiva, en que algunos territorios concentran empresas grandes, actividades de alta productividad, empleo público y servicios profesionales, puesto que otros dependen más de microunidades, comercio de baja escala, changas, construcción, servicio doméstico y autoempleo de subsistencia.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) identifica que existiría un mayor riesgo de informalidad en NOA y NEA, asociado con perfiles productivos, estructura empresarial, educación y características de los mercados laborales territoriales.
El tamaño de la unidad productiva es decisivo. En el primer trimestre de 2026, la informalidad era de aproximadamente 68% en establecimientos de hasta cinco trabajadores, pero de 13% en los de más de 40. Además, más de tres cuartas partes del empleo informal se concentraba en los establecimientos más pequeños. Las economías regionales con muchas microempresas y pocos empleadores grandes tienen, por lo tanto, menos “puertas de entrada” al empleo registrado.
También opera el nivel educativo, aunque no como culpa individual sino como mecanismo de segmentación. En el primer trimestre de 2026, la informalidad alcanzaba 67.3% entre quienes tenían hasta secundario incompleto, 44.5% entre quienes tenían secundario completo o universidad incompleta y 17.2% entre universitarios completos. Cuando un territorio reúne menor oferta de empleos calificados, empresas pequeñas y actividades de baja productividad, esas desventajas tienden a reforzarse entre sí.
La desigualdad aparece incluso dentro de una misma área metropolitana. En el primer trimestre de 2026, la informalidad total fue 26% en CABA y 47.5% en los partidos del Gran Buenos Aires. Entre los cuentapropistas del conurbano llegó a 70.2%. Esto muestra que la explicación no es simplemente “capital versus interior”, sino una estructura económica y social fragmentada dentro de cada región.
Sectores más expuestos
El servicio doméstico registró 77.4% de informalidad y la construcción 76.2% en el primer trimestre de 2026. Detrás aparecían gastronomía y alojamiento, con 63.9%, y comercio con 54.7%.
Servicio doméstico y construcción también revelan una división de sexos. Entre personas con hasta secundario incompleto, alrededor de 34.1% de las mujeres trabajaba en casas particulares y aproximadamente 27% de los varones lo hacía en construcción. Si se excluyera el servicio doméstico, la informalidad femenina bajaría de 45.9% a 40.6%; si se excluyera la construcción, la masculina descendería de 42.8% a 36.7%.
Para un asalariado, la informalidad suele implicar ausencia o debilitamiento de aportes jubilatorios, cobertura de riesgos del trabajo, licencias pagas, aguinaldo, vacaciones, indemnización y capacidad efectiva para reclamar derechos. Para un independiente, puede significar no aportar, no facturar y quedar fuera de circuitos de crédito, contratos o cobertura previsional. No todas las personas informales pierden exactamente las mismas protecciones, pero comparten una inserción más expuesta a interrupciones e ingresos inestables.
La brecha no es solo jurídica. Controlando por educación, edad, sexo, región, rama, categoría ocupacional y tamaño del establecimiento, el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires (IIEP) estimó para los asalariados informales una penalidad de ingresos cercana al 34% en el primer trimestre de 2026, frente a 100 unidades de ingreso de un formal comparable, un informal recibía aproximadamente 66.
La informalidad y la pobreza están estrechamente asociadas, aunque una no equivale automáticamente a la otra. En el primer trimestre de 2026, 21% del total de trabajadores vivía en hogares pobres; la proporción era 35% entre informales y 10% entre formales. A su vez, 8.2% de los informales vivía en hogares cuyos ingresos no llegaban a la mitad de la canasta básica total.
Los datos de aglomerados pequeños deben leerse con cautela porque provienen de muestras y poseen márgenes de error mayores. El INDEC señala que diferencias pequeñas pueden no ser estadísticamente significativas y publica coeficientes de variación e intervalos de confianza; por ello, un ordenamiento exacto entre ciudades no siempre implica que sus situaciones sean realmente distintas.
El 45% no indica simplemente que “faltan inspecciones”. Revela que casi la mitad del empleo urbano se genera en relaciones o unidades que no logran —o eligen no— cumplir plenamente las normas, dentro de una economía muy desigual en productividad, escala empresarial, educación y oportunidades territoriales. La fiscalización importa, pero por sí sola no crea empresas productivas ni puestos formales donde casi no existen.
Una estrategia integral requeriría combinar simplificación tributaria y registral para unidades pequeñas, incentivos bien diseñados para formalizar, inspección focalizada en relaciones asalariadas encubiertas, protección social que no desaparezca ante transiciones laborales, formación y certificación de competencias, acceso al crédito y políticas de desarrollo productivo territorial. Si solo se abarata la contratación sin modificar la estructura productiva, puede no aparecer suficiente empleo formal y por sí solo se sanciona sin ofrecer una vía viable de transición, parte de la actividad de subsistencia puede desaparecer o esconderse más.
La Secretaría General de la Presidencia figura entre los organismos que contrataron a OCP Tech, compañía vinculada al empresario relacionado con Santiago Caputo. Recibió adjudicaciones de distintas dependencias nacionales por casi 7 millones de dólares y más de 1.400 millones de pesos.
El sector perdió más de 16.000 puestos de trabajo en dos años. Con la bolsa de harina al doble de precio y boletas de luz que promedian los $800.000 mensuales, los panaderos admitieron que ya trabajan a pérdida para no bajar la persiana.
En tres temporadas, la Provincia más que triplicó el pago a los cazadores. Para controlar a la especie, exigirá contar, medir y registrar el sexo de cada pieza.
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