Según un relevamiento de La Nación, en por lo menos 12 provincias hubo usurpaciones, en la mayoría de los casos se usó la violencia. Río Negro y Buenos Aires aparecen como los focos más conflictivos, pero también vienen creciendo en otras provincias importantes, como Santa Fe, Córdoba y Mendoza.
En este contexto, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, negó que haya funcionarios de la administración de Alberto Fernández “involucrados” en la toma ilegal de tierras. El postulado, sin embargo, es falso: sí hay intervención del Gobierno en las tomas.
ALGUNOS CASOS
Según publicó Infobae, funcionarias, senadoras y diputadas del PJ firmaron un comunicado de apoyo a la ocupación del campo de la familia Etchevehere. “Gracias a tantas funcionarias, diputadas y senadoras, mujeres peronistas que acompañan y respaldan a Dolores Etchevehere. Otra Argentina es posible y necesaria”, lanzaron desde la cuenta de Twitter de Proyecto Artigas.
En el caso también curró Victoria Donda, desde el INADI.
Mientras tanto, en Chubut y Río Negro, la gobernadora de ésta última, Arabela Carreras, denunció que el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) estaba financiando la usurpación de tierras, incluso, llevaba alimentos, elementos de logística y traslado de mapuches.
En una detallada nota de El Disenso, también se detalla que, el pasado 7 de septiembre, fue retenido el vicepresidente del INAI, Luis Pilquimán, en un puesto de control de Río Negro. El funcionario circulaba con una camioneta del organismo, transportando una familia completa hasta la toma de Villa Mascardi. La licencia de conducir del vicepresidente del INAI estaba vencida y el auto oficial no tenía los papeles del seguro. El funcionario negó los hechos, atribuyéndolos a “acusaciones mediáticas inexactas”.
El pasado 18, otro grupo de mapuches ocupó un campo privado en El Foyel. Blanca Rosa Gallardo Calfú, la líder de la LOF y quién dirigió la toma, reconoció que contaron con “el acompañamiento del INAI”. El organismo habría provisto de alimentos y sistema de comunicación.
