¡LA LIBERTA AVANZA! | Milei, a menos de un punto del ultra K Leandro Santoro
Un relevamiento de una consultora demostró que el candidato libertario, Javier Milei, está a menos de un punto de ocupar el segundo lugar, cosechando más del 20% de los votos.
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Tras la buena elección realizada por La Libertad Avanza, a manos del economista libertario Javier Milei, una reciente firma publicó un relevamiento con la intención de voto para las próximas elecciones, que se celebrarán en noviembre. En este marco, CB Consultora Opinión Pública argumentó que el candidato liberal se ubicaría a menos de un punto de distancia del postulante del Frente de Todos, Leandro Santoro.
Los números alarman al ultrakirchnerismo: Milei se posiciona tercero en intención de voto, pisándole los talones a Santoro, con un 22% para el candidato del K y un 21,3% para el de La Libertad Avanza.
Mientras tanto, María Eugenia Vidal, de Juntos por el Cambio, cosecharía según la encuesta un 49,1%. La cuarta colocación figura Myriam Bregman, del Frente de Izquierda y de Trabajadores con 4,5%.
El informe, que incluye una proyección de indecisos y de votos en blanco, muestra que Milei sumaría 7,64 puntos porcentuales más con relación a su desempeño en las PASO anteriores, mientras que Santoro retrocedería, de igual modo que la izquierda con Bregman.
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El Gobierno de las Islas Malvinas, administradas ilegalmente por el Reino Unido, abrió una consulta pública que se extenderá hasta el 30 de octubre del corriente año para decidir si autoriza una industria de salmonicultura marina a gran escala en el archipiélago.
La medida señala la contradicción en la que el grupo ambientalista Greenpeace impulsó durante años a favor de la prohibición de esta misma actividad en Tierra del Fuego (territorio argentino), pero que guarda silencio ante un proyecto de magnitud similar —o mayor— en un territorio usurpado que Argentina reclama como propio.
La consulta falklandesa no es una simple encuesta de opinión, ya que incluye seis documentos técnicos elaborados por consultoras contratadas por el gobierno isleño, entre ellos un estudio de capacidad ambiental, una revisión legislativa comparada (Chile, Noruega, Escocia e Islas Feroe) y una evaluación de impacto socioeconómico. El proceso plantea cuatro escenarios posibles desde una prohibición total, producción hasta el límite de capacidad ambiental, producción con límites considerablemente menores, o solo producción de nicho bajo estándares específicos como el orgánico.
El proyecto de referencia usado para modelar estos escenarios es el de Unity Marine, una empresa conjunta entre la firma pesquera local Fortuna y la consultora danesa F-land ApS, que apunta a producir 50.000 toneladas anuales de salmón atlántico en 16 sitios marinos alrededor de East Falkland (Isla Soledad), cada uno con diez jaulas y una barcaza de alimentación, apoyados por una flota de 25 embarcaciones de trabajo, un well boat y un buque de abastecimiento. El gobierno isleño aclaró expresamente que este plan “no constituye una solicitud formal” y que se usa solo como ejemplo ilustrativo para el análisis.
“Resulta extraordinario que el gobierno de las Islas Malvinas se encuentre en una situación en la que presente informes al público durante esta consulta que no utilizan datos primarios verificados de forma independiente. Los informes están plagados de aclaraciones sobre las fuentes de información, hasta el punto de carecer de sentido”, afirmó el Dr. Tom Appleby, jefe de asuntos legales de la ONG Blue Marine Foundation.
Este proceso no nació de buena voluntad administrativa, sino de una batalla judicial. En marzo de 2022 el Gobierno de las islas había decidido directamente impedir el avance de la salmonicultura a gran escala, sin consulta previa. Unity Marine llevó el caso a la Justicia mediante una revisión judicial, alegando que se había prometido una consulta pública que nunca se hizo. En mayo de 2024 ambas partes acordaron anular esa decisión de 2022 y poner en marcha el proceso de consulta que hoy está en curso. Es decir, la industria salmonera llegó a esta instancia no porque el gobierno isleño lo promoviera espontáneamente, sino porque una empresa privada forzó legalmente la reapertura del debate.
Los estudios independientes contratados por el propio gobierno de las islas estiman que una industria de aproximadamente 30.000 toneladas anuales podría aportar entre 30 y 35 millones de libras (entre USD$40 y 47 millones) por año a la economía, equivalente a aproximadamente el 11% del PBI del archipiélago, además de generar unos 133 empleos directos. Para una población de apenas 3.500 habitantes, esa cifra es enorme en términos relativos, lo que explica por qué la gestión isleña avanza pese al riesgo ambiental, en un contexto donde ya dependen fuertemente de la pesca y esperan sumar ingresos del proyecto petrolero offshore Sea Lion.
— Vista aérea de Stanley, Islas Malvinas
Sin embargo, la sociedad isleña estaría dividida al revelarse que habrían vecinos que están pidiendo directamente un referéndum, porque desconfían de un proceso de consulta que consideran sesgado a favor de la industria, ya que los informes se basan en datos dudosos aportados por la propia Unity Marine.
“Será entonces el pueblo quien decida qué sucede en su propio país”, sostuvo Sally Poncet, una de las principales referentes de Salmon Free Falklands (SFF).
— Unity Marine subraya que las aguas de las Islas Malvinas, a 300 millas al noreste de Argentina, son idóneas para el cultivo de salmón
En 2021, la Legislatura de Tierra del Fuego sancionó por unanimidad la Ley 1355, que prohibía toda actividad de cultivo y producción de salmónidos en aguas marítimas y lacustres de la provincia, para proteger los ecosistemas. Greenpeace Argentina celebró esa ley como un hito histórico, calificando a la Argentina como “el primer país del mundo que elige proteger sus ecosistemas diciendo No a la salmonicultura antes de que empiece a funcionar en su territorio”.
Pero en diciembre de 2025, la Legislatura fueguina —impulsada por el Ejecutivo provincial del gobernador kirchnerista Gustavo Melella— derogó parcialmente esa prohibición, habilitando la salmonicultura industrial en lagos, lagunas, ríos y arroyos provinciales, manteniendo la veda únicamente en el Canal Beagle. La reforma reemplazó la ley original por un marco de “acuicultura sustentable” votado con 8 votos a favor y 7 en contra.
Greenpeace y su falso activismo
Matías Kulfas, quien fue ministro de Desarrollo Productivo durante la presidencia de Alberto Fernández, señaló en julio de 2026 que mientras Greenpeace se movilizó con fuerza contra la exploración petrolera offshore frente a Mar del Plata en 2021, ahora no reclama ante el avance de una explotación petrolera mucho más avanzada y controvertida en las Islas Malvinas.
— Una piscifactoría de salmón en Hordaland, Noruega. Activistas estarían preocupados por los efectos de los residuos de salmón en el medio ambiente
Esta comparación reabrió una discusión sobre los criterios detrás del activismo ambiental y, al mismo tiempo, pone sobre la mesa una vez más el tema geopolítico de fondo. El avance británico-israelí sobre recursos que la Argentina legítima bajo su estandarte
A fines de 2021, el gobierno de Fernández autorizó la exploración petrolera en bloques marinos ubicados entre 300 y 400 kilómetros de la costa de Mar del Plata. La medida generó una reacción inmediata, con Greenpeace lanzando lo que Kulfas describió como una “campaña de boicot”, con presentaciones judiciales, movilizaciones masivas y acciones de protesta simbólicas, como una intervención en la playa donde activistas simularon un derrame de petróleo usando pintura negra. El propio intendente marplatense que hoy forma parte del bloque libertario, Guillermo Montenegro, se sumó inicialmente a los reclamos, lo que convirtió a la ciudad en el epicentro nacional del debate ambiental-energético de esos años.
— A la izquierda Matías Kulfas, junto con el exmandatario Alberto Fernández
Lo que Kulfas plantea como contradicción es que, mientras esa exploración en Mar del Plata nunca llegó a la etapa de extracción comercial, el proyecto petrolífero de Sea Lion en Malvinas sí avanzó hasta el punto de recibir la decisión final de inversión (FID) en diciembre de 2025sin una sola objeción, lo que habilitó formalmente el inicio de la fase de desarrollo y extracción comercial.
El yacimiento Sea Lion está ubicado unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, es operado por la empresa israelí Navitas Petroleum (65% de participación) junto a la británica Rockhopper Exploration (35%), y prevé una primera fase de unos 55.000 barriles diarios, con un plan de expansión en fases sucesivas que podría llevar la producción a 150.000 barriles diarios. La inversión total hasta la finalización del proyecto se estima en 2.100 millones de dólares, y el primer petróleo está previsto para 2028.
En una publicación en su cuenta oficial de X, Kulfas remarcó que “ya no se trata de exploración para ver si hay petróleo, sino del inicio de una etapa de extracción de hidrocarburos” en Malvinas, y se preguntó si “cierto activismo e indignación posee una tendenciosa selectividad”.Sin acusar directamente a Greenpeace de motivaciones ocultas o de recibir financiamiento condicionado, dejó la pregunta abierta y cerró con la frase: “Se me ocurren muchas respuestas. Mejor saquen sus propias conclusiones”.
A fines de 2021 el gobierno argentino anunció la autorización de un proceso de exploración de petróleo y gas en el mar argentino, en un caso a 300 km y en otro a 400 km de las costas de Mar del Plata. La organización @GreenpeaceArg anunció una campaña de boicot, contrató 3…
Es importante notar que su reflexión no se limitó a Greenpeace. En un texto más extenso publicado en su newsletter, Kulfas fue más allá y cuestionó también la tibieza del propio gobierno de actual presidente Javier Milei frente al avance de Sea Lion, dado que Navitas es una empresa israelí y Milei ha convertido a Israel en uno de sus socios estratégicos prioritarios, lo que —según su argumento— hace aún más incómoda la falta de una reacción diplomática más contundente.
Asimismo, y a través de la Cancillería, Argentina rechazó formalmente el avance del proyecto por considerarlo una decisión unilateral del Reino Unido y de las empresas licenciatarias, sin autorización de la autoridad argentina competente, y en violación de las leyes 26.659 y 26.915, que prohíben cualquier actividad de exploración o explotación hidrocarburífera en la plataforma continental argentina sin ese permiso.
El rol de Chile como socio logístico
Un detalle no menor, es que el proyecto de Unity Marine contempla importar buena parte del alimento para los salmones desde Chile, y los reguladores isleños tomaron como modelo de referencia justamente la experiencia chilena, uno de los mayores productores mundiales de salmón, junto con Noruega, Escocia y las Islas Feroe. Esto convertiría a Chile en un eslabón comercial de la futura industria malvinense, mientras Argentina permanece fuera de ese negocio regional.
Curiosamente, la documentación oficial de la consulta reconoce exactamente los mismos riesgos que motivaron la ley argentina de 2021, como la escapes de salmones, transmisión de enfermedades, piojos de mar, uso de antibióticos, acumulación de materia orgánica en el fondo marino e interacciones negativas con mamíferos marinos.
Las recomendaciones técnicas incluyen exigir salmones triploides estériles, establecer zonas de producción marina, imponer períodos de descanso entre generaciones y fijar un peso mínimo de esmoltificación de 400 gramos antes de trasladar los peces a las jaulas marinas.
Hasta el momento, no se registran comunicados o campañas específicas de Greenpeace sobre el proyecto de Unity Marine en Malvinas, a diferencia de la campaña sostenida que la organización mantuvo en Argentina entre 2018 y 2021.
Solo pudieron trascender las declaraciones de un representante del gobierno británico de las Islas Malvinas, que afirmó que la administración “ni abogaba por la cría de salmón ni se oponía a ella”. De acuerdo a este, los informes que encargaron tienen como objetivo “informar el debate público examinando los posibles resultados e impactos bajo diferentes supuestos, en lugar de proporcionar aprobaciones finales para ningún proyecto específico”.
A su vez, rechazó las insinuaciones de que los impactos ambientales de la acuicultura del salmón no se habían presentado con claridad. El estudio sobre la capacidad de carga, conforme indicó, se había encargado “únicamente para demostrar cómo se aplicaría el proceso de modelización a un posible proyecto”, y no constituía una determinación de la capacidad de carga de las Islas Malvinas. Un tercer relevamiento, sobre los impactos socioeconómicos, no cuantificaba los futuros costos regulatorios, ya que “no pueden estimarse con precisión” en esta etapa.
La organización conocida como Federación Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por José María “Pepe” Di Paola, sacerdote católico y referente histórico de los curas villeros, con un estrecho vínculo orgánico con el kirchnerismo, celebró la resolución judicial que suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
La entidad religiosa estuvo a favor de la idea de que el sistema “no cuenta con la infraestructura edilicia, educativa y profesional necesaria para sostener los estándares mínimos que exige la normativa vigente”. Anteriormente, había promovido un hábeas corpus presentado el 31 de agosto en defensa de personas vinculadas con sus espacios, en el marco del debate sobre el régimen de imputabilidad juvenil a partir de los 14 años.
La presentación fue realizada por Gabriela Salicio, representante de una de las organizaciones integrantes de la Federación, con el patrocinio de la abogada Patricia Liguori.
— José María “Pepe” Di Paola, más conocido como Padre Pepe
La jueza Marta Elba Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, hizo lugar a una medida cautelar dentro de ese hábeas corpus y suspendió preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires. A su vez, ordenó fijar una audiencia multipropósito para el 16 de septiembre a las 10, convocando a autoridades que responden al gobernador bonaerense Axel Kicillof del Ministerio de Seguridad, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia para que informen qué medidas adoptaron, cuáles planean y en qué plazos.
La magistrada con treinta años de experiencia en protección infantil, sostuvo que “no sé trata de discutir la ley en abstracto”, con los dispositivos bonaerenses no estando en condiciones de recibir una población mayor sin riesgo para los derechos fundamentales. Su razonamiento se sustentó, entre otras normas, en la Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de La Habana y las Reglas de Beijing.
Pascual remarcó que le parece “pésimo” que haya menores de 18 años que están tras las rejas, y volvió a justificar la suspensión por la falta de infraestructura y recursos para aplicar la ley.
— Marta Elba Pascual
Los defensores del fallo sostienen que un juez no necesita esperar a que ocurra el hacinamiento para proteger derechos, porque el hábeas corpus bonaerense cubre amenazas inminentes y el encierro de adolescentes exige estándares reforzados. La jurisprudencia interamericana ha considerado que el hacinamiento, la insalubridad y la falta de servicios en instituciones juveniles pueden vulnerar la integridad personal y los derechos especiales de la niñez.
“En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad”, afirmó la senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich en una publicación en su cuenta oficial de X, sumando cuestionamientos al propio funcionamiento “garantista que los deja libres para que sigan robando, asesinando y destruyendo familias”.
Los críticos responden que una jueza de primera instancia no debería suspender en toda una provincia una ley penal nacional aprobada por el Congreso, particularmente mediante una estimación general sobre detenciones futuras. Usina de Justicia denunció a Pascual por presunta usurpación funcional y abuso de autoridad, alegando que el riesgo sería hipotético y que la decisión invade competencias legislativas.
En la Provincia de Buenos Aires tenés a Kicillof, que se pone del lado de los delincuentes, mientras los bonaerenses viven enrejados, con miedo y sin que nadie les dé seguridad.Y también tienen una Justicia provincial garantista que los deja libres para que sigan robando,… https://t.co/xCwsQmmOww
El fallo tiene un componente institucional relevante, siendo que la Ley 27.801 es nacional, pero su implementación cotidiana necesita jueces, fiscales, defensores, supervisores, centros, personal y programas que en gran medida dependen de cada provincia. El decreto reglamentario reconoce expresamente que la aplicación efectiva exige coordinación con las jurisdicciones provinciales y creó una Mesa Federal para ese fin.
El fallo no derogó la ley, no la declaró inconstitucional y no resolvió definitivamente la discusión sobre la edad de punibilidad en Argentina, solo buscó evitar que ingresaran más adolescentes al sistema bonaerense de encierro antes de verificar que existieran instalaciones, profesionales y programas adecuados.
En la antesala de la visita de León XIV a la Argentina, el arzobispo de Córdoba, monseñor Ángel Sixto Rossi, lanzó unas duras declaraciones contra la gestión del presidente Javier Milei y cuestionó el impacto social de su política económica.
“Esa macroeconomía de la que no hablan y ese qué sé yo, no baja al plato”, afirmó Rossi durante una conferencia de prensa inesperada en Córdoba. En la misma línea, la Pastoral Social reivindicó la justicia social, en un claro cuestionamiento al modelo económico impulsado por el Gobierno.
“Cuando dicen ‘hemos sacado no sé cuántos millones de la pobreza’, no sé dónde los han puesto, creo que los han puesto a algunos en la miseria”, destacó Rossi sin negar literalmente que el índice de pobreza haya bajado.
Su ironía —“es cierto que los han sacado; la cosa es dónde los han puesto”— cuestiona que cruzar estadísticamente la línea de pobreza equivalga necesariamente a alcanzar una vida segura y digna. Una familia puede dejar de ser clasificada como pobre por superar apenas el valor de una canasta y, al mismo tiempo, continuar endeudada, trabajando informalmente, reduciendo consumos esenciales o sin capacidad para afrontar un imprevisto económico.
La intervención de su persona adquiere mayor peso por tres razones cruciales. Rossi es un jesuita nacido en Córdoba, arzobispo metropolitano de esa provincia desde 2021 y cardenal desde septiembre de 2023. Antes de llegar al episcopado creó la Fundación Manos Abiertas, dedicada a asistir a personas pobres y vulnerables, y abrió un hogar para personas en situación de calle; esa trayectoria ayuda a entender por qué suele leer la economía desde sus consecuencias sociales concretas.
Además, participó como elector en el cónclave de 2025 que eligió a Robert Francis Prevost como León XIV. Su relevancia no depende solamente de una supuesta cercanía personal con el actual Papa, sino que ocuparía un lugar importante en la Iglesia argentina y sería el anfitrión eclesiástico de una de las escalas más visibles del viaje. Rossi explicó que ya había conocido y tratado a Prevost en el Sínodo sobre la Sinodalidad, donde ambos integraron un grupo de trabajo por idioma, se sentaron en la misma mesa y compartieron unos dos meses de trabajo.
Córdoba será una escala de la visita papal a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, y sus afirmaciones convergen con un documento institucional de la Comisión Episcopal de Pastoral Social al término de la Semana Social 2026, hecho también en Córdoba bajo el lema de “Puentes hacia el Bien Común”. Por eso, aunque Rossi habló con un tono especialmente directo, la discusión excede de por sí su opinión personal y se conecta con la doctrina social católica y con una señal más amplia de la Iglesia argentina.
“No llega con los ojos vendados”, expresó Rossi, anticipando que el Papa encontrará un país “cascoteado” y consideró que su presencia puede contribuir a renovar la esperanza en medio de una situación social difícil, después de 39 años (la última fue de Juan Pablo II en 1987). Su primera gran gira por América Latina buscaría priorizar los países que el Papa Francisco no había visitado en su rol papal (Uruguay, Argentina y Perú).
— El Papa León XIV junto al cardenal y eclesiástico Ángel Rossi
El lunes 9 de noviembre, León XIV encabezará un homenaje especial a Francisco en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el mismo templo donde Jorge Bergoglio fue arzobispo por 15 años. Ubicó su recorrido por Córdoba para el 10 de ese mes, en la Santa Misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), con capacidad proyectada para 600.000 fieles.
Debido a la magnitud del evento, el Gobierno nacional ha creado tres comandos unificados que integran a la Policía Federal, Gendarmería y las fuerzas policiales de la Ciudad, de Buenos Aires y de Córdoba para blindar la seguridad del Pontífice. Asimismo, el Congreso y el Ejecutivo evalúan declarar días no laborables o asueto escolar y administrativo (especialmente el 9, 10 y 11 de noviembre) para ordenar el colosal movimiento de feligreses que llegarán desde todas las provincias.
— El Papa Francisco con Ángel Rossi
“Que hoy hablés de justicia social como inmoral y como aberrante, la verdad que es aberrante la frase”, subrayó Rossi, siendo que esta postura contraria al discurso oficialista es el “criterio estructurado” de la Iglesia Católica para obtener una vida estable, siendo que gracias a ella se dan “exigencias concretas de la dignidad humana” como el acceso al alimento, la vivienda, la educación, la salud y el transporte.
La Pastoral Social junto a su vez al trabajo en el centro de su diagnóstico. Lo definió como “el gran ordenador de la vida” y advirtió que la transformación tecnológica y el avance de la inteligencia artificial (IA) no deben relegar a la persona a una “variable de ajuste” en nombre de la eficiencia o el lucro.
Durante la inauguración de la 74.ª Exposición Rural de Chivilcoy, Victoria Villarruel volvió a marcar distancia con el programa económico del presidente Javier Milei, definió como “impostergable” una reforma tributaria que favorezca a quienes producen, invierten y generan trabajo, y pidió que el Poder Ejecutivo remita los proyectos correspondientes al Congreso.
También reclamó caminos rurales, puentes, desagües, rutas, energía y conectividad, y afirmó que el Estado no debe reemplazar al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir.
La referente planteó la necesidad de una articulación más concreta entre los sectores público y privado y precisó que, aunque se trata de “dos responsabilidades diferentes”, ambos “tienen que trabajar detrás de un mismo objetivo”, que consiste en desarrollar el territorio para promover la inversión, la innovación, la generación de empleo y la innovación de nuevas tecnologías.
La actual vicepresidenta pidió sustituir un esquema que grava fuertemente las transacciones, la contratación y la producción por otro que incentive la inversión, valor agregado y empleo. En el plano social, sostiene queel crecimiento no alcanza si no termina convirtiéndose en “salarios dignos”. En el plano político, el discurso funciona como una nueva diferenciación pública respecto al Gobierno Nacional.
Villarruel habló ante productores en Chivilcoy y pidió medidas para fortalecer la actividad económica fuera de las grandes ciudades. A su vez, insistió en la necesidad de mejorar la infraestructura y generar condiciones para que los jóvenes permanezcan en el interior.
“Tenemos un desafío impostergable: la reforma impositiva. Argentina necesita discutir seriamente un sistema tributario que premie al que produce, al que invierte y al que genera trabajo. Esperamos que el Poder Ejecutivo tome nota de esta necesidad y envíe los proyectos de ley necesarios para avanzar en este sentido”, subrayó Villarruel, en su discurso para avanzar con proyectos de ley en esa dirección.
La funcionaría cuestionó la falta de infraestructura en distintas zonas productivas. Señaló como prioridades la mejora de rutas y caminos rurales, el acceso a la energía y la conectividad. Asimismo, vinculó el crecimiento del sector productivo con la creación de empleo y la generación de divisas, pero destacó que esos resultados deben traducirse en una mejora concreta para los trabajadores de todo el país.
“La verdadera transformación ocurre cuando el trabajo se convierte en un salario digno que permite sostener una familia y ahorrar”, expresó la titular del Senado durante una actividad en Chivilcoy, acompañada por el intendente Guillermo Britos y representantes de entidades agropecuarias.
Durante su visita, Villarruel destacó el perfil productivo de Chivilcoy y lo ubicó entre los partidos más importantes de la provincia de Buenos Aires por su actividad vinculada al agro. En ese marco, señaló como dato central que el distrito produce unas 800 mil toneladas anuales de cereales y oleaginosas.
La actividad volvió a reunir a Villarruel con Britos, quien fue elegido tres veces para conducir el municipio. Ambos ya habían compartido en abril los actos por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
Más infraestructura y empleo
Del encuentro participaron conjuntamente la presidenta de Rural Chivilcoy, Yamila Farrell, el vicepresidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), Fernando Ferrari, y el referente local de la Sociedad Rural Argentina, Martín Jáuregui, entre otras autoridades y representantes del sector agropecuario.
Otro de los puntos de su discurso estuvo relacionado con el arraigo. Villarruel pidió generar oportunidades laborales y económicas para que los jóvenes puedan permanecer en las localidades del interior en lugar de migrar hacia los grandes centros urbanos.
“Cuando hablamos de producción de campo no hablamos solamente de lo que sucede detrás de una tranquera. Hablamos de un sector productivo, de una serie de cadenas que atraviesan todo Chivilcoy mostrándonos algo fundamental: que el desarrollo comienza en el territorio”, consideró Villarruel.
En otro mensaje formuló como pedido “una política productiva que mire mucho más al territorio”. “Aquí se habló de los caminos rurales, los puentes, los desagües, la conectividad, la energía y las rutas. Y toda infraestructura productiva y para producir más necesita mayor y mejor infraestructura. El Estado no reemplaza al productor ni al empresario, pero tampoco puede desentenderse de las condiciones necesarias para producir”, remarcó.
En ese marco, insistió en que hay que “construir un sistema donde el que produce más, el que agrega valor y el que toma un trabajador tenga incentivos para seguir creciendo”. “Tenemos que producir más para ser competitivos, para exportar, para generar divisas y para incorporar tecnología. Pero fundamentalmente producir más para generar trabajo, porque la verdadera transformación de una comunidad ocurre cuando la producción se convierte en empleo y el trabajo se convierte en salario, y el salario permite sostener una familia y ahorrar”, finalizó.
Durante su exposición se hicieron escuchar distintos reclamos sectoriales. Entre ellas, la exigencia de progresar hacia un esquema de “retenciones cero” para los productos agropecuarios, una promesa de campaña del propio Milei. A su turno, Britos cuestionó al Estado por la concesión de la Ruta Nacional 5 por un plazo de 20 años, al advertir que el contrato no contempla la obligación de construir la autovía ni una tercera mano.
Sobre el cierre de su disertación, Villarruel concluyó que “producción, salario, trabajo y familia. Estos son los pilares sobre los cuales podemos construir una Argentina que vuelva a crecer desde el interior hacia el mundo”.
Por su parte, Ferrari apuntó contra la Resolución 201/2026 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), que habilita la libre elección de veterinarios privados acreditados. El directivo advirtió que el nuevo esquema de vacunación podría reducir la cobertura sanitaria entre los productores con rodeos pequeños y reclamó el fortalecimiento de un organismo “fuerte” que garantice el control y la prevención sanitaria.
Documentos del Foreign Agents Registration Act (FARA) del Departamento de Justicia de Estados Unidos revelaron que la campaña de influencia digital que el consultor político del presidente Donald Trump, Brad Parscaleorganizó para el Estado de Israel el pago de al menos 702.002.50 dólares a firmas vinculadas a su socio comercial en América Latina, el argentino Fernando Cerimedo.
El dinero estaría vinculado dentro de un contrato de 9 millones de dólares canalizado a través de Havas Media Germany, lo que reabre la pregunta de si esa misma infraestructura tecnológica se usó para operaciones de desinformación en campañas políticas argentinas. La información salió a la luz antes de que el gobierno estadounidense borrara del sitio web el contrato original con las cifras.
Para entender el entramado de negocios encubiertos hasta ahora, cabe explicar el rol de sus protagonistas. Cerimedo es un consultor político argentino, dueño de Madero Media Group —holding que incluye el portal de noticias La Derecha Diario— y de la consultora Numen, que se convirtió en la principal estructura de comunicación digital detrás de la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. Desde entonces expandió su modelo de negocio a Bolivia (campaña de Rodrigo Paz) y Honduras (Nasry Asfura), replicando en cada país el mismo esquema de “batalla cultural” digital que perfeccionó en Argentina.
Lo distintivo de su historial es que él mismo admitió públicamente, en entrevistas de 2022 y 2023, administrar “granjas” de decenas de miles de cuentas creadas artificialmente —unas 50.000 solo para Argentina, según contó a Infobae— y reconoció haber usado mensajes falsos por WhatsApp en la campaña del expresidente Jair Bolsonaro en Brasil en 2022.
Cerimedo distinguió en su momento entre “campaña negativa” (exponer información real mal vista por un rival) y “campaña sucia” (difundir noticias falsas), y negó haber incurrido en esta última, aunque distintas investigaciones señalaron que La Derecha Diario difundió contenidos falsos durante la campaña de Milei en 2023, incluido un video editado que hacía parecer que el director Juan José Campanella respaldaba a la campaña de Sergio Massa. Además, la Policía Federal de Brasil lo señaló en una investigación sobre redes de desinformación electoral vinculadas al intento de golpe tras las elecciones de 2022.
En agosto de 2026 Cerimedo fue detenido en Bolivia por una tentativa de asesinato contra su expareja Nadia Beller, y en allanamientos vinculados a esa causa se halló una “mini granja de bots”, dinero en efectivo y armas, lo que reactivó el escrutinio sobre sus negocios digitales en toda la región.
Brad Parscale, por otro lado, es exjefe de campaña digital de Donald Trump en 2016 y 2020, es dueño de Clock Tower X LLC y desde enero de 2025 director de estrategia (Chief Strategy Officer) de Salem Media Group, la mayor red de medios conservadores cristianos de Estados Unidos.
Desde hace un par de años, Parscale y Cerimedo serían socios comerciales a través de Numen, la consultora de Buenos Aires. Parscale aportaría la infraestructura tecnológica —las plataformas Campaign Nucleus (gestión de datos de votantes y donantes) y EyesOver (segmentación de audiencias por receptividad al mensaje)— mientras Cerimedo ejecuta la operación en suelo latinoamericano.
En marzo de 2025 Cerimedo anunció formalmente que era el representante exclusivo para América Latina de ambas plataformas, convirtiendo la tecnología de Parscale en un producto que él mismo comercializa en la región. En palabras del propio Cerimedo: “Brad armó toda la infraestructura con la que trabajo”.
El contrato con Israel y los pagos a firmas ligadas a Cerimedo
El 18 de septiembre de 2025, Clock Tower X LLC registró ante el DOJ la ficha FARA número 7649, declarando como principal extranjero al Estado de Israel, representado por Havas Media Germany GmbH, para ejecutar una campaña de comunicación estratégica en Estados Unidos originalmente valuada en 6 millones de dólares y luego ampliada a 9 millones (1.5 millones de dólares mensuales). El objetivo declarado incluía campañas contra el antisemitismo, generación de contenido con inteligencia artificial, optimización para buscadores (SEO) e integración con las propiedades de Salem Media Network.
Dentro de esa misma operación, EyesOver LLC fue contratada junto con Salem Media Representatives, cobrando en conjunto al menos 702 mil dólares, de los cuales Salem Media Representatives percibió al menos 566.002.50 dólares por publicidad. Otros beneficiarios de la cadena de pagos incluyen a SparkFire (unos 6 millones de dólares) y Portman Road/Mike Shields (unos 5 millones de dólares), de acuerdo con reconstrucciones basadas en los propios registros FARA.
El problema estructural que señalan los informes es que Parscale ocupa simultáneamente dos roles incompatibles, siendo dueño de Clock Tower X, la empresa que cobra por ejecutar la campaña de Israel, y al mismo tiempo director de estrategia de Salem Media Group, la misma red mediática que recibe parte de ese dinero por publicidad.
Organizaciones de transparencia señalan que esto configuraría una propia violación del artículo 22 USC 614(b) de la ley FARA, que exige declarar a todos los agentes o vendedores que participan de una campaña de un principal extranjero. Salem Media no figura como entidad divulgada en el registro original.
El contrato completo entre Israel y Clock Tower X, canalizado por Havas Media Germany, llegó a un valor formal de 9 millones de dólares, aunque reportes posteriores —incluido uno de The Intercept— elevaron la cifra de ingresos efectivamente recibidos a unos 15 millones de dólares en un semestre, con desembolsos por unos 13 millones distribuidos entre distintos subcontratistas.
Una declaración suplementaria firmada por Parscale en mayo de 2026 intentó además corregir retroactivamente el registro, alegando que la conexión con el Estado de Israel había “terminado” en octubre de 2025 por un “error”, aunque el propio texto de esa enmienda sigue describiendo el trabajo como ejecución de una campaña aún activa del gobierno israelí desde 2018.
La puerta abierta para Argentina
El punto que conecta esta trama geopolítica con la política argentina sería que Cerimedo admitió en 2023 administrar granjas de trolls y cuentas automatizadas que puso al servicio de la campaña de Milei, y ahora se confirmaría documentalmente que una de las plataformas que él representa comercialmente en la región —EyesOver— cobró dinero dentro de una operación de influencia internacional de su socio Parscale.
Esto no prueba por sí mismo que fondos de origen israelí hayan financiado directamente operaciones de desinformación en Argentina, pero sí establece que la misma infraestructura tecnológica, comercial y humana —Numen, Cerimedo, Parscale, Campaign Nucleus, EyesOver— opera simultáneamente en campañas electorales en América y en la campaña de influencia de Israel en Estados Unidos, lo que aumenta las sospechas sobre superposición de recursos, personal y tecnología entre ambas esferas para el control del continente.
— Brad Parscale
Esto cobra mayor relevancia en el contexto argentino actual, donde la causa judicial que investiga irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó en agosto de 2026 testimonios que vinculan a Cerimedo con cobros de hasta 800.000 dólares mensuales por servicios de comunicación e influencia digital, lo que reactivó el interrogante sobre el origen de esos fondos y su relación con el entramado del Grupo Numen y La Derecha Diario.
Lo que sí se sabe es que los documentos de FARA muestran que Clock Tower X construyó una red de al menos once marcas de consumo (entre ellas Allies for Peace, FactSignal y Culturavia) para distribuir contenido sin la marca “Clock Tower X” visible, y que el contrato contemplaba metas de 50 millones de impresiones digitales mensuales, con foco en generación Z en TikTok, Instagram y YouTube.
Varios analistas destacaron un componente diseñado para influir en cómo los modelos de inteligencia artificial (ChatGPT, Gemini, Grok) responden sobre temas vinculados a Israel y Gaza, lo que la propia jerga interna del contrato denomina “GPT framing”. Este es el ecosistema tecnológico y financiero del que, para la evidencia disponible, forma parte la plataforma que Cerimedo representa comercialmente.
Juan Carlos Valiente, excombatiente de la Guerra de Malvinas y militante de La Libertad Avanza en Chaco, presentó una denuncia penal contra la cúpula provincial del partido por una presunta estafa y retención indebida de 15 mil dólares. Habría sido usado para afrontar el alquiler de un departamento en la ciudad de Buenos Aires destinado al entonces diputado nacional electo Carlos García.
“Le facilité, le presté por un mes. Hace exactamente dos años y medio le presté una suma de dinero en efectivo. La charla era devolución al mes siguiente, a lo sumo dos meses. A partir de eso, se borraron”, afirmó Valiente al medio Alerta Urbana.
Los denunciados son Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de LLA Chaco, y Jorge Alfredo Moreno, tesorero de la agrupación, imputados por los delitos previstos en los artículos 172 (estafa) y 173 inciso 2 (retención indebida) del Código Penal.
— Alfredo “Capi” Rodríguez en los estudios de la emisora LT16am950
Según la denuncia, Valiente entregó ese dinero en efectivo el 22 de diciembre de 2023 bajo la modalidad de préstamo, con la promesa de devolución en un plazo máximo de dos meses. El excombatiente relató que aceptó prestar el dinero porque confiaba en los referentes partidarios, quienes le habrían asegurado que recibirían aportes privados para cubrir gastos de la actividad política y así devolverle la suma.
Este tipo de denuncia se encuadra en la figura penal conocida como “retención indebida”, que no requiere una intimación formal para configurarse, siendo que basta con que el que recibió la cosa bajo obligación de devolverla, conociendo esa obligación, no la restituya en el plazo pactado.
“Me cagó”, destacó Valiente y agregó que “¿cómo alguien puede quedarse con la plata que uno le prestó de corazón, sin pedir intereses, solamente para darle una mano?”. “Era mi ahorro como Veterano de Malvinas”, añadió.
Este episodio se suma a una serie de medidas judiciales que ya venían golpeando a la conducción de LLA Chaco, lo que ayuda a entender el contexto de desconfianza en el que se inscribe la denuncia de Valiente.
— Alfredo Moreno
La Justicia Federal de Resistencia procesó en diciembre de 2025 a Alfredo “Capi” Rodríguez por falsedad ideológica de documentos públicos, tras detectar al menos 65 fichas de afiliación con firmas presuntamente falsificadas. La pesquisa apuntó además al uso de bases de datos de ANSES y PAMI para inflar el padrón partidario.
“Es un impresentable, es un ladrón pequeño. Es un delincuente. El que estafa es un delincuente. A mí me estafó”, sostuvo Valiente, cuando se le preguntó por su opinión actual del dirigente libertario.
En paralelo, el fiscal Patricio Sabadini investiga si Rodríguez exigía “retornos” o un porcentaje del salario a trabajadores de PAMI y ANSES bajo amenaza de despido, como mecanismo de financiamiento paralelo del partido.
La causa también derivó en un allanamiento a Sakura Turismo, empresa vinculada a Jorge Alfredo Moreno, coordinador administrativo de PAMI Chaco y tesorero de LLA. En agosto de 2025, la Justicia secuestró computadoras y documentación en el marco de esa investigación.
— Juan Carlos Valiente. veterano de Guerra de Malvinas e integrante de la Comisión Directiva de LLA Chaco
A la interna partidaria se sumó otro frente de conflicto con la vicepresidenta de la fuerza, Ileana Aguirre, quien había sido expulsada por la conducción de Rodríguez en agosto de 2025. Sin embargo, en diciembre la Justicia Electoral anuló esa sanción por entender que el órgano que la dictó carecía de competencia y la restituyó en el cargo. Aguirre fue asu vez una de las primeras en denunciar públicamente que Rodríguez y Moreno administraban los llamados “aportes voluntarios” del partido.
“Todo el partido sabe que me deben los 15.000 dólares. Que venga cualquiera y me diga en la cara que no es verdad”, resaltó Valiente, subrayando que durante todo este tiempo reclamó el dinero mediante conversaciones personales, mensajes de WhatsApp, intimaciones y hasta con una carta documento sin ninguna respuesta.
No obstante, se le preguntó al mismo destinatario al que iba destinado el dinero Carlos García, y este negó haber recibido tal suma para solventar su estadía en Buenos Aires. La nota se produjo días después de las declaraciones realizadas por Valiente y en esta ocasión García contó que, al asumir su banca, permaneció durante varios meses en el departamento de una familia amiga y que posteriormente alquiló por sus propios medios distintas viviendas.
¿Por qué importa el rol de los involucrados?
Alfredo “Capi” Rodríguez no es solo el presidente de LLA en Chaco, es además Director Regional de ANSES para las cuatro provincias del NEA, un cargo público que la Justicia investiga por su presunta utilización para fines partidarios. Jorge Alfredo Moreno, el tesorero denunciado, ocupa en paralelo el cargo de coordinador administrativo de PAMI Chaco, y ya figuraba como parte del “círculo cercano” de Rodríguez en la causa por afiliaciones apócrifas antes de esta por los 15 mil dólares.
— Diputado nacional chaqueño por LLA, Carlos García junto a Karina Milei
Valiente es una voz activa entre los veteranos chaqueños que reclaman que se distinga a quienes efectivamente combatieron en Malvinas de aquellos “movilizados” que permanecieron en el continente. Junto a otros excombatientes, Valiente sostiene que el padrón oficial de la provincia incluye a 3.700 personas reconocidas, cuando solo unas 1.000 habrían estado realmente en las islas durante el conflicto de 1982. En julio de 2026, ese mismo grupo de veteranos presentó ante la Justicia Federal de Resistencia —a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, la misma magistrada que procesó a “Capi” Rodríguez— un pedido para investigar la atribución indebida de títulos y honores reservados a los verdaderos combatientes.
La denuncia de Valiente se produce en un momento de fuerte tensión interna en el armado libertario chaqueño, que ya venía siendo señalado por sectores del propio partido —incluidos más de 300 afiliados que en 2025 pidieron la intervención del distrito por el manejo “autocrático” y “de facto” de Rodríguez. El caso también se da en paralelo a una interna nacional de LLA entre los sectores de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación Argentina bajo la órbita de Karina Milei, los Menem y el ministro de Economía Santiago Caputo, que ha expuesto tensiones similares de manejo de fondos y estructuras partidarias en otras provincias, como La Pampa.
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