La industria del cine nacional quedó en jaque por la intervención de la Justicia en el Incaa que preside Luis Puenzo, que como anticipó La Política Online fue allanado hace dos semanas por una denuncia por supuestas irregularidades en la asignación de subsidios a productoras.
Además del cierre de la actividad por la pandemia y la consecuente retracción en la recaudación, las irregularidades que se investigan dejaron al instituto del cine en un estado de virtual parálisis dado que en los allanamientos ordenados el juez Sebastián Casanello se llevaron centenares de expedientes, prácticamente la totalidad de los proyectos en curso. El mismo Incaa publicó este miércoles todos los expedientes, que son 377 y cada uno representa a una producción cinematográfica. Se trata del 90 por ciento de las películas y materiales que están en proceso de producción en el país.
La parálisis se da porque las autoridades del Incaa informaron que no se pagarán más subsidios hasta que la Justicia se expida, lo que en el sector creen que puede llevar un año. Mientras tanto, al Incaa siguen entrando 200 millones de pesos mensuales por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (Ecanom). Por ley, la mitad de ese ingreso debe ser destinado a subsidiar a las productoras.
La noche misma del allanamiento, mientras aun el personal policial estaba en en el edificio de Lima 319, aparecieron más de 30 resoluciones ordenando pagos firmadas por el vicepresidente Nicolás Batlle, que como explicó el citado portal, estuvo hasta diciembre al mando de la productora Magoya Films.
La Justicia observa entonces a Puenzo y a Batlle para determinar si como funcionarios incurrieron en conflictos de interés por haber firmado expedientes que involucran a empresas cercanas de un sector al que pertenecieron hace sólo ocho meses.
En el centro de la escena aparece la contadora personal de Puenzo y de las productoras del director, Sonia Serrano, nombrada subgerente de Administración del Incaa, el lugar estratégico por donde pasan todas las decisiones que terminan en la erogación de los pagos.
El team que controla todos los movimientos de fondos se integra además de Serrano con Pablo Wisznia, Subgerente de Asuntos Jurídicos y Viviana Dirolli, socia del estudio jurídico Raffo, Dirolli y Asociados. Julio Raffo es un hombre clave que conoce a fondo el funcionamiento del Instituto de fomento al Cine y quien digitado “los papeles” desde las sombras y colocado su gente como Dirolli que integraba la gestión macrista y logró sobrevivir en la administración del presidente Fernández.
Raffo está ligado al cine hace décadas e incursionó en política de la mano de Fernando “Pino” Solanas, que fue quien le propuso el nombre de Puenzo a Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Pino no esperaba que Raffo, quien intentó robarle el partido Proyecto Sur, tuviera incidencia en el Incaa en la nueva gestión. Y menos lo esperaban en el Instituto Patria, puesto que se lo recuerda como un denunciante penal de la actual vicepresidenta y de su hijo Máximo.
Estas no son las únicas áreas del Incaa que aparecen cuestionadas. También hay un ojo sobre la Unidad de Transparencia Institucional (UTI), a cargo de Martina Cirimele, a quien llaman la “Laura Alonso de Puenzo” porque no advirtió ninguno de estos movimientos extraños pese a que tiene la obligación. Es que la UTI tiene entre sus funciones principales ser una suerte de autoridad de aplicación interna de los conflictos de interés, además de investigar posibles hechos de corrupción y proponer medidas para su prevención.
Fuentes del cine dijeron a La Política Online que también hay malestar en el personal del Incaa con las nuevas autoridades luego de que le quitaran adicionales y horas extra al personal bajo la premisa de que “la plata del INCAA es para pagar películas, no sueldos” y se conociera el aumento salarial del 25% para gerentes y subgerentes.
*Fuente: La Política Online
