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Karina Milei mandó a medir la intención de voto del vocero Manuel Adorni en Provincia de Buenos Aires con la clara intención de bloquear la candidatura de José Luis Espert, empujado por el presidente para encabezar las listas libertarias en ese distrito en 2025.
Fuentes de Casa Rosada revelaron que la hermana del Presidente piensa en el vocero, a pesar de que su figura se medía para competir en Capital Federal. Desde el Congreso, en tanto, confirmaron que Adorni es platense, punto a favor para candidatearse en suelo bonaerense.
Adorni hizo la secundaria en el colegio San Luis y trató sin éxito de recibirse en la Universidad Nacional de La Plata como economista. La exigencia de esa carrera lo obligó a cambiarse a la UADE para terminar como contador.
Varios medios, ya habían informado en junio pasado que Karina ubicó a su armador, Sebastián Pareja, como presidente del partido La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires, una vez que la Justicia le otorgó el reconocimiento provisorio al sello. Esa maniobra le serviría para frenar la candidatura de Espert, catapultado por el propio Jefe de Estado como primer candidato a diputado en esa jurisdicción para el año próximo.
En el oficialismo es un secreto a voces que Karina desprecia profundamente al economista pero es Milei quien lo venera y lo llama “profe” en público. “Lo loco es que Espert, en privado, dice barbaridades de Milei pero Milei es el único que lo sostiene”, dijeron.
La bronca de la secretaria general de la Presidencia con Espert derivó en la evaluación acerca de la posibilidad de que fuera ella misma quien encabezara la boleta bonaerense en las elecciones de medio término.
Karina, Lule Menem y Pareja estudiaron a cada paso la forma de frenar la candidatura del diputado que preside actualmente la comisión de Presupuesto en la Cámara Baja y pretenden limitarlo a punto tal de dejarlo sin un solo concejal en las listas.
Entre los diputados libertarios descreen que el gobierno traslade la candidatura de Adorni a PBA. “El candidato es Espert“, aseguró un legislador.
No obstante, en otro despacho oficialista abrieron el paraguas. “Es una práctica habitual medir en los dos lados”, deslizaron en referencia al distrito porteño y la provincia, pero también admitieron que el vocero presidencial “tiene la doble posibilidad porque es platense”.
*Fuente: LPO
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En medio de la eventual candidatura presidencial para 2027, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, intensificó sus vínculos con sectores políticos de extrema izquierda. Uno de los actores en este nuevo entramado es el Partido Comunista de la Argentina (PCA), con el que el burócrata comenzó a tejer una relación visible, destacada por la reciente participación de funcionarios clave de su gabinete en actividades organizadas por el PC.
El más reciente gesto hacia el comunismo se dio el pasado 8 de septiembre de 2024, cuando Carlos Bianco, ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires —uno de los funcionarios más cercanos a Kicillof— participó en el acto de lanzamiento de la Conferencia de la Provincia de Buenos Aires del PCA.Bianco dejó en claro en su intervención que “son tiempos de dialogar y coordinar esfuerzos con otros espacios políticos”. En su discurso, insistió en que, desde el peronismo, comparten con el comunismo la convicción de luchar por “más dignidad y más derechos” para el pueblo.
En el posteo puede verse al Ministro abrazado con el oscuro sindicalista docente, Roberto Baradel y con el secretario de Coordinación de La Plata, el exjuez federal Luis Arias.
Éste último, recordado por su polémico desempeño durante las inundaciones de abril de 2013, recibió el apoyo explícito del Partido Comunista a su candidatura a intendente de La Plata en el año 2019: Arias “sumó a sus filas al Partido Comunista y sigue apostando a incorporar más sectores a su frente (…) Creemos que la candidatura de Luís es un gran aporte a la construcción del Frente Patriótico para derrotar a (el exintendente del PRO, Luis) Garro en estas elecciones, su candidatura puede contener a amplios sectores del electorado platense, por su trayectoria en la justicia defendiendo al pueblo en cada fallo contra el avasallo de los poderosos”, señalaron las autoridades del PC de La Plata en mayo de 2019.
En esa misma línea pero a nivel nacional, los comunistas dieron su total apoyo electoral a la fórmula Férnandez-Fernández del fallecido Frente de Todos.
Este tipo de acercamientos no es nuevo en la estrategia electoral de Kicillof y su equipo. Ya en marzo de 2024, Bianco había sostenido una reunión con dirigentes del PCA, incluida la secretaria de la Federación Juvenil Comunista de Buenos Aires, Guadalupe Viñuelas. En ese encuentro, ambas partes discutieron las dificultades que enfrentaba el “pueblo trabajador bonaerense”, en medio de lo que calificaron como un “gobierno neofascista de Milei-Macri”. Además, se subrayó la necesidad de consolidar un espacio de unidad entre las fuerzas políticas opositoras a las medidas económicas del gobierno nacional, percibidas como una “asfixia económica” para la provincia.
Carlos Bianco se convirtió en una pieza clave dentro de esta estrategia de articulación con el Partido Comunista. Su participación en los encuentros con representantes de la ultra izquierda refleja la voluntad del gobierno bonaerense de generar alianzas que vayan “más allá del peronismo tradicional”. En su posteo de Instagram, Bianco expresó su agradecimiento a los “camaradas” del Partido Comunista Argentino y reiteró la importancia de unificar esfuerzos para construir una “alternativa política superadora”, orientada hacia una nueva etapa de “justicia social y felicidad”.
El Partido Comunista, por su parte, ha visto en Kicillof y su entorno una oportunidad para posicionarse nuevamente en el centro del debate político. Desde el PCA, enfatizaron en la necesidad de “profundizar la organización, la unidad y el programa” para la construcción de una alternativa política que restituya la “dignidad y la felicidad”.
Tras criticar el pacto que la canciller Diana Mondino firmó con su par británico David Lammy y luego de su faltazo al acto oficial en Parque Lezama el pasado sábado, la vicepresidenta Victoria Villarruel defendió su postura frente a las Islas Malvinas.
En esta ocasión respondió a usuarios de Instagram que la criticaron por cruzar al Gobierno de manera pública y respondió a algunos ataques donde por ejemplo le decían: “Sin Milei estarías dando notas en Canal Magazine”.
“Pero siempre con la dignidad intacta, sea donde sea que esté. Siempre coherente con lo que pienso, digo y cómo vivo”, respondió Villarruel, y agregó: “Agradezco y soy leal al Presidente, pero Malvinas requiere otra estrategia y es de lo que opiné. El resto de tu comentario habla de tu bajeza, saludos”.
En referencia a los habitantes de las Islas, señaló: “Los kelpers no son parte de la discusión. Son población implantada. Entiendo que no comprendiste lo que expresé pero es bastante más complejo que como lo estás viendo“.
Otro usuario aprovechó para criticar el aumento de sueldos en el Senado, frente a lo que la vicepresidenta indicó: “Yo no aumenté el salario, eso se lo votan por reglamento los senadores si así lo desean. Yo no soy senadora”.
“Lo mismo hicieron los diputados, que tuvieron su aumento y hoy ganan más que el Presidente y que yo“, agregó.
La Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) exige mayores contribuciones bajo el argumento de mejorar áreas clave como la seguridad, la educación y la salud, aunque los resultados hasta el momento muestran un deterioro evidente en estos sectores.
En el marco de una nueva licitación pública, identificada como LPU-0003-2024, el gobierno de Axel Kicillof adquirió un puñado de camiones con cabina dormitorio y caja volcadora trasera, versión diésel. La justificación oficial es la necesidad de atender ciertas problemáticas operativas.
La apertura de ofertas se llevó a cabo en la dirección de Gestión de Proyectos Sectoriales y Especiales, en la sede de la capital provincial. Sin embargo, lo que promete generar indignación entre los bonaerenses, quienes luchan por llegar a fin de mes, es el exorbitante costo de la licitación, que asciende a 1.489.681.440 de pesos, financiados con los impuestos de los bonarenses.
La inversión irá a parar a tres distritos ultrakirchneristas: Pilar, donde gobierna Federico Achával(hijo del empresario K, Federico De Achával, accionista mayoritario de Hipódromo Argentino de Palermo SA); Mercedes, cuyo intendente es Juan Ustarroz(hermano de crianza de Wado de Pedro); y Luján, distrito conducido por Leonardo Boto(quien viene de instaurar una tasa municipal al combustible del 1,55 por ciento).
De acuerdo con consultoras privadas, la imagen positiva del gobernador Kicillof ha disminuido considerablemente. En un contexto económico crítico, los elevados gastos y la falta de resultados tangibles incrementan el descontento de la población, que cuestiona seriamente la gestión de los recursos públicos mientras el mandatario bonaerense utiliza a la provincia como trampolín para sus aspiraciones personales.
La UCR, Pro y la Coalición Cívica impulsan iniciativas para restringir la “cuota solidaria” y limitar las reelecciones sindicales pero en el oficialismo dicen que “no es el momento” y en línea con el kirchnerismo, anunció que no acompañaría por el momento el dictamen para reformar la ley de Asociaciones Sindicales que buscaba limitar el poder de los gremios.
La firma del dictamen en la Comisión de Legislación del Trabajo, donde se esperaba avanzar con un proyecto común entre la UCR, Pro y la Coalición Cívica (CC) que buscaba modificar el modelo sindical, sobre todo en lo relativo a la recaudación y a la democracia interna de las organizaciones, se postergó a raíz de ese acuerdo.
“Lamentablemente, el Gobierno cachetea a [Pablo] Biró -secretario general del gremio de pilotos de Aerolíneas Argentinas (APLA)- para la foto, pero después se da vuelta y se abraza a los Gordos de la Confederación General del Trabajo (CGT)”, consideró Martín Tetaz, diputado de la UCR y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo.
“Es lamentable porque este es el cambio que necesita la Argentina: frenar la reelección de los sindicalistas, más libertad en las obras sociales, transparencia en los fondos de los sindicatos. No sé cuál es el cambio que venían a hacer”.
Las iniciativas apuntan a determinar las condiciones para integrar los órganos directivos de los sindicatos, limitar los mandatos de los delegados, definir la periodicidad del llamado a elecciones en los gremios, incorporar el criterio de paridad de género y eliminar las “contribuciones solidarias” para los no afiliados, un descuento salarial compulsivo a todos los trabajadores de una actividad que es pactada en los convenios colectivos y que es hoy uno de los principales sostenes económicos de los gremios.
Estas reformas son fuertemente resistidas por la CGT y las dos vertientes de la CTA, que ven amenazado como nunca antes su poder de caja y representación.
Sin el acompañamiento de los cinco libertarios que conforman la Comisión de Legislación del Trabajo –Pablo Ansaloni, Manuel Quintar, Marcela Pagano, Alida Ferreyra y Lorena Villavede-, se obstruyó la firma de un dictamen. Con 12 representantes, la CC, el Pro y la UCR necesitaban del aval del oficialismo para obtener la mayoría de los 31 miembros.
Los diputados del bloque de Unión por la Patria (UxP), que también ofician como dirigentes sindicales, ya habían anticipado su rechazo a los proyectos que apuestan a limitar y transparentar el poder de los gremios. En tándem con los referentes de la CGT, aceleraron las conversaciones con todos los miembros de la comisión para frenar la avanzada.
“[Héctor] Daer también jugó fuerte hablando con los diputados que él conocía y supongo que con [Guillermo] Francos en el gobierno”, confirmó uno de los legisladores kirchneristas. En el oficialismo niegan rotundamente cualquier acuerdo con la bancada liderada por el santafecino Germán Martínez.
Miguel Ángel Pichetto ofició a favor de los gremios y evitó que avance la reforma sindical. El líder de Encuentro Federal fue el principal detractor de los cambios laborales que había impulsado el bloque radical durante la discusión de la Ley Bases. El experimentado legislador hace un delicado equilibrio y prioriza la institucionalidad. Antes que cualquier reforma de peso, pretende sancionar el Presupuesto 2025.
El oficialismo justificó su decisión con el argumento de estar disconformes con la conducción de Tetaz, quien hace más de dos meses está al frente de la puesta en común de un texto que aglutine a los 26 proyectos en discusión.“Nunca nos llamó”, brama un referente del bloque libertario sobre el legislador radical, quien subrayó el vaivén de vínculo de la UCR con el Gobierno.
“Es un proyecto nuestro, nosotros impulsamos esta reforma”, señalan en el oficialismo. No descartan impulsar su propios cambios en el corto plazo. El primer intento del Gobierno fue en el capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei, que está suspendido a la espera de una resolución de la Corte Suprema de Justicia.
“Esta claro que este Gobierno está asociado, como el anterior, a las mafias sindicales”, bramó Mónica Frade, de la Coalición Cívica, al enterarse de la postergación de la reunión.
El sindicalismo vernáculo que se encolumna detrás de la “lucha docente” pone palos en la rueda a las negociaciones salariales en la provincia de Entre Ríos. La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) llevó a cabo un paro de 48 horas, pese a que los propios dirigentes del gremio habían aceptado previamente la última oferta del gobernador Rogelio Frigerio.
Este año, las paritarias docentes arrojaron un aumento del 104%, en contraste con una inflación acumulada del 94,75%. No obstante, el panorama era distinto durante el último año de la gestión kirchnerista, cuando el exgobernador Gustavo Bordet también acordó un incremento del 104%, pero frente a una inflación del 211,14%.
Nueve días antes de las medidas de fuerza, el secretario general de la AGMER, Marcelo Pagani, celebró el aumento remunerativo del 6,5% para los próximos tres meses. “Conceptualmente, era lo que estábamos planteando, hay una pauta salarial que reconoce los primeros cuatro meses y había una exigencia para equiparar el salario una vez conocidas las inflaciones de diciembre y enero”, manifestó en diálogo con la Agencia de Noticias de Entre Ríos.
De manera similar, Andrés Besel, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), consideró la propuesta del gobierno provincial “mucho más consciente que las anteriores, es más amplia y contenedora a las expectativas”.
Pese a estas manifestaciones de acuerdo, horas más tarde, los gremios anunciaron la convocatoria a paro, generando desconcierto e indignación entre los ciudadanos. Este giro se produjo poco antes de que Frigerio decidiera restituir el Fondo de Incentivo Docente (FONID) con recursos provinciales, lo que representó una inversión de 70 mil millones de pesos destinados a mejorar los salarios docentes.
DISCÍPULOS DE ROBERTO BARADEL
El gobierno provincial presentó cinco propuestas salariales desde el inicio del conflicto. La primera, ofrecida el 23 de julio, fue rechazada por AGMER, que la consideró “distorsiva e insuficiente” y decretó cuatro días de paro. Las siguientes ofertas, presentadas el 30 de julio y el 9 de agosto, corrieron la misma suerte, con nuevas medidas de fuerza decretadas por el gremio.
Ante los sucesivos rechazos, el gobierno decidió el 18 de agosto aumentar los salarios por decreto para evitar que los docentes se quedaran sin el beneficio. A partir de allí, se dictó la conciliación obligatoria y se presentaron dos ofertas adicionales, el 17 y el 20 de septiembre, ambas también rechazadas.
La relación de Roberto Baradel, líder de SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, con el secretario general de AGMER, Marcelo Pagani, parece explicar la intransigencia de la postura sindical en Entre Ríos. Esta relación preocupa a los sectores docentes que abogan por despolitizar la negociación salarial y llegar a un acuerdo definitivo.
A finales de 2021, por ejemplo, Roberto Baradel fue invitado de honor en el acto de asunción del segundo mandato de Pagani al frente de AGMER, lo que consolidó los vínculos entre ambos líderes gremiales.
Otro referente de AGMER relacionado a Baradel es Guillermo Zampedri, quien la semana pasada anunció un paro de cinco días tras rechazar la quinta propuesta gubernamental. “Esto es simple, se destraba poniendo plata”, amenazó en declaraciones a medios locales, criticando también las políticas nacionales y provinciales de Javier Milei y Rogelio Frigerio. “Desde AGMER entendemos que los rechazos de la oferta se deben al malestar general que tiene la docencia entrerriana por la pérdida escandalosa de salario que hemos tenido en los nueve meses de gobierno de Milei y Frigerio”, expresó.
El ministro de Gobierno y Trabajo de Entre Ríos, Manuel Troncoso, describió las dificultades en las negociaciones: “Formé parte de muchas negociaciones y nos decían: ‘queremos esto’, lo ofrecíamos, iban a Congreso y después nos decían ‘queremos esto también’. Ofrecíamos eso, estaban contentos, pero volvían a pedir otra cosa. Nos iban corriendo el arco. Así que entiendo que cuando declaran medidas de fuerza tengan que retrotraerlas, pero tengo la confianza y convicción de que hicimos una propuesta muy buena. Cumplimos absolutamente con todos los puntos que el sindicato nos venía pidiendo”.
Finalmente, Troncoso cuestionó los verdaderos intereses detrás de las medidas: “Si no es esto, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué intereses se esconden realmente? Por eso hablamos de la politización de estos reclamos. Una cosa es defender los intereses de los trabajadores y otra es pretender horadar políticamente a un gobierno provincial, y eso es lo que nos preocupa”.
En sintonía con el ministro Troncoso, el diputado provincial Marcelo López se mostró confuso con el ida y vuelta sindical: “No sabemos a qué obedece ese cambio de opinión ni cuáles son las verdaderas motivaciones de estas medidas tan perjudiciales. Es algo inédito que fracase una conciliación obligatoria“, aseveró luego. E hizo notar que “todo este tiempo fuimos cediendo y parece que nada alcanza”.
El sondeo, llevado a cabo por DC Consultores entre el 7 y el 9 de septiembre a 3.070 personas de todo el país mediante dispositivos móviles, arrojó datos contundentes sobre las percepciones de la población respecto al actual gobierno de Javier Milei y la posible influencia del kirchnerismo en el futuro político y económico del país.
Entre los principales resultados, se destaca que el 70,9% de los consultados señaló como su peor temor el regreso del kirchnerismo, mientras que el 29,1% expresó que el mayor riesgo sería la implementación de una economía liberal, alineada con las políticas del presidente.
CONFIANZA EN EL MODELO LIBERAL
A casi nueve meses del gobierno de La Libertad Avanza los encuestados mostraron una tendencia favorable hacia el modelo económico propuesto por el oficialismo. El 64,7% cree que con este sistema Argentina tendrá un futuro mejor, mientras que un 35,3% no tiene esperanzas en la actual gestión. Asimismo, un 60,8% considera que el país será más competitivo a nivel mundial bajo este esquema, en contraste con el 39,2% que lo descarta.
La confianza en el sector privado como motor de la economía también es elevada: un 63,4% de los encuestados opinó que su situación familiar mejorará con una menor intervención estatal y un mayor protagonismo del sector privado. Esta percepción está en línea con los pilares del plan económico de Milei, que desde su llegada a la presidencia puso énfasis en la necesidad de reducir el tamaño del Estado y alcanzar el déficit cero, algo que, según el propio mandatario, requerirá fuertes ajustes.
En cuanto a la paciencia que los ciudadanos están dispuestos a tener ante las promesas del gobierno, el 30,8% expresó que tiene fe y aguantará “lo que sea necesario” para ver los resultados de las políticas del Gobierno. Un 27,4% aseguró tener paciencia porque “lo anterior era peor”, mientras que el 25,3% mostró resignación, admitiendo que “no queda otra” hasta que finalice el mandato de Milei. En cambio, apenas el 16,5% indicó que no puede esperar y que “el kirchnerismo era mejor”.
LAS CRÍTICAS DE CRISTINA DIVIDEN OPINIONES
La expresidente Cristina Fernández de Kirchner reapareció recientemente con una extensa carta publicada el viernes de la semana pasada en la que criticaba duramente las políticas económicas de Javier Milei. Según los resultados de la encuesta de DC Consultores, las opiniones sobre esta intervención están divididas. Un 31,6% de los consultados cree que la carta es un intento de la condenada por recuperar el poder, mientras que un 23,5% considera que las críticas son acertadas. Además, un 21,2% afirmó que Kirchner “no sabe de economía”.
Un 14% de los encuestados calificó la carta como un ejercicio de “demagogia”, mientras que un 9,7% sostuvo que el kirchnerismo representa “volver al pasado”. Estos datos muestran el impacto que todavía genera la figura de Fernández de Kirchner en la escena política, incluso desde su rol como exmandataria.
LAS PRINCIPALES FIGURAS EN LA OPINIÓN PÚBLICA SEGÚN LA CONSULTORA: Villarruel encabeza el podio
La encuesta colocó a la vicepresidente Victoria Villarruel como la figura mejor valorada, con un 66,9% de imagen positiva. Le siguen la ministra de Seguridad, PatriciaBullrich, con un 63%, y el presidente Javier Milei con un 59,6%. Otros nombres destacados fueron los del economista liberal José Luis Espert (59,3%) y el diputado porteño del kirchnerismo Leandro Santoro (36,7%).
Por otro lado, las figuras asociadas al kirchnerismo, como el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el exministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, registraron los niveles más altos de imagen negativa, con un 74,2% y un 85,8% respectivamente, lo que refuerza el rechazo hacia este espacio político entre la mayoría de los consultados.
El Ejecutivo cedió ante las demandas de la CGT y permitió que los sindicatos formen parte de la reglamentación del artículo que sanciona los bloqueos sindicales, una medida clave para combatir prácticas extorsivas.