Javier Milei recortó casi 50.000 cargos y ahorró 1.885 millones de dólares
La poda del 9,6% en la plantilla se concentró en la APN y en las empresas del Estado. Sturzenegger aseguró que continuará con más despidos y cierres de áreas no esenciales.
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Durante sus 17 meses de gestión, el presidente Javier Milei eliminó 47.925 puestos en el sector público, lo que representó una disminución del 9,6 % en la dotación estatal entre diciembre de 2023 y abril de 2025. El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, destacó que la medida “generó un ahorro anual total de 1.885 millones de dólares”, cifra que contempla sueldos y costos de infraestructura laboral.
El recorte impactó con fuerza en la Administración Pública Nacional (APN), donde el personal cayó un 13,7%, y en las empresas estatales, que redujeron sus plantillas un 16,4%. Según la Unidad de Evaluación de Impacto de esa cartera, “el número de empleados de planta permanente y transitoria cayó un 8%, mientras que el personal contratado bajo la Ley Marco (Ley 25.164) y los empleados con contratos LOYS experimentaron descensos mucho más pronunciados, del 20% y 55,2%, respectivamente”.
Considerando los valores de abril de 2025, la baja de personal supuso “un ahorro anual de 942,5 millones de dólares en sueldos”, al que se sumaron los gastos asociados a espacios de oficina, equipamiento y servicios. “Se estima, con amplio consenso, que el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios. Teniendo en cuenta estos factores, el ahorro anual total alcanza los 1.885 millones de dólares”, puntualizó el informe.
El detalle por contratos mostró que la reducción fue especialmente significativa en la Ley Marco: “el ahorro anual en sueldos ascendió a 231 millones de dólares, mientras que el ahorro total alcanzó los 462 millones de dólares”. Para el personal permanente y transitorio, el ahorro salarial llegó a 254 millones de dólares (508 millones con costos adicionales), y en los contratos LOYS se calcularon 67 millones de dólares en salarios y 134 millones al contemplar infraestructura.
El Gobierno enmarcó el ajuste en su meta de superávit fiscal primario de 1,6% del PBI para 2025, superior al 1,3% pactado con el Fondo Monetario. Para sostenerla, proyectó reforzar retenciones al agro y contener erogaciones: en abril, el gasto en subsidios cayó 70% interanual, la obra pública se contrajo 63% y la masa salarial, 13%.
Desde la cartera desreguladora afirmaron que “esta medida refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública” y adelantaron que “la estrategia se profundizará este año con mayores reducciones de personal y la eliminación de áreas que no cumplan una misión esencial”.
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La “batalla cultural” parece ser el refugio predilecto de quienes no tienen mucho que mostrar en los registros oficiales. En las últimas horas, las redes sociales fueron escenario de una patada a la sien que dejó en evidencia la nula gestión de la diputada nacional de La Libertad Avanza, María Celeste Ponce. El encargado de propinar el golpe fue Emiliano Sordi, el campeón mundial de la PFL de 2019, quien no tuvo piedad al cuestionar la labor de la cordobesa.
Misticismo vs. realidad: El sermón de Ponce
Todo comenzó cuando Ponce publicó un video con una encendida defensa de Israel, mezclando interpretaciones bíblicas y afirmando que“defender a Israel es entender la civilización”. La diputada, en un tono místico, llegó a decir: “Jesús no fue asesinado por los judíos, fue asesinado por el imperio romano… El pueblo elegido sigue siendo Israel porque Dios no rompe sus pactos”.
La respuesta de Sordi fue corta y al hueso: “Hola celeste, cuál es el próximo proyecto que vas a presentar? Supongo lo tenes listo, ya que estás perdiendo tiempo en estas pelotudeces”.
Ponce, lejos de responderle mostrando su agenda legislativa, y por atreverse a cuestionar la labor parlamentaria de la mileísta, ésta redobló la apuesta con un video grabado desde el asiento de atrás de un auto, calificando a Sordi como un mediocre: “sólo el mediocre cree que una cosa anula a la otra. Defender a Israel… no es perder el tiempo. Es hacer política en serio“, disparó. Además, intentó ligar al luchador con el discurso de la “entrega de la cultura”, una chicana para intentar asociar al deportista con el kirchnerismo y la tibieza política.
Ante la insistencia de Ponce por justificar su batalla cultural, Sordi no se quedó callado y la remató con una respuesta directa: “¿Y pero los proyectos? Está ahí hace 2 años señora”.
No conforme con eso, el luchador lanzó un RT lapidario para sentenciar la discusión: “Y sigue pelotudeando… Se cree que es influencer, no sabe el puesto que ocupa”.
La gran hipocresía: del plan social a la banca millonaria
El intento de Ponce por dar lecciones de “batalla cultural” choca de frente con el archivo. La diputada intentó desacreditar a Sordi, cuando la realidad es que He-Man (como se lo apoda) ya se enfrentaba a la intervención estatal cuando Ponce era una beneficiaria de subsidios.
En 2019, Sordi saltó a la fama no sólo por su título mundial, sino por su postura frontal contra el Estado argentino que quería pesificarle sus premios y retenerle una fortuna en impuestos. En contraste, como ya reveló Data 24, en 2018 Ponce cobraba el plan social “Hacemos Futuro”. Es decir: mientras el deportista triunfaba producto de su esfuerzo personal y combatía el saqueo estatal, la hoy Diputada vivía del dinero de los contribuyentes.
7 millones mensuales por defender a Bolsonaro + retornos
Para los trabajadores que pagan su dieta de 7 millones de pesos, el aporte de Ponce es inexistente. Según los registros oficiales, en sus dos años de mandato, la legisladora sólo presentó dos proyectos, y ambos son meras declaraciones de repudio sobre la situación política en Brasil (defendiendo a Bolsonaro y criticando a un juez).
El punto máximo de confusión llegó cuando un usuario le recordó a Ponce un polémico tuit de su colega de bloque, Sabrina Ajmechet, en el que afirmaba ser “primero judía, después argentina”.
Lejos de brindar una respuesta coherente con la identidad nacional, Ponce redobló la apuesta con una declaración que desafía toda lógica religiosa: “Yo soy judía, soy cristiana. Un abrazo”.
Esta afirmación es un oxímoron teológico y una contradicción insalvable: no se puede aceptar y rechazar la divinidad de Jesús al mismo tiempo. Mientras el judaísmo sostiene que el Mesías aún no ha llegado, el cristianismo se funda en que ya vino; por ende, esta “neo-teología” de conveniencia demuestra que Ponce no entiende las raíces de la civilización que dice defender. En su afán por dar cátedra de religión en redes, la Diputada terminó confirmando lo peor: ni siquiera ella sabe definir en qué cree, mientras los argentinos le pagan 7 millones de pesos para que juegue a ser una influencer iluminada que no legisla porque se ocupa de “dar la batalla cultural” con sus videos.
El martes en Mar del Plata se celebró la Derecha Fest, el evento en donde los libertarios se reúnen para celebrar su propia ideología. Para esta edición, nuevamente, la gran estrella invitada fue Javier Milei, líder del movimiento, pero antes hubo otros que se subieron al escenario para hablar y arengar al público. El único que la pasó mal allí arriba fue Sebastián Pareja.
Están terminados. Lilia Lemoine, Martín Menem y Sebastián Pareja son profundamente odiados por el pueblo argentino y nadie podrá protegerlos. ¡Celebremos, bailemos y cantemos! pic.twitter.com/dAZX9BhdzQ
El armador de la provincia de Buenos Aires, de raíces kirchnerista, se ha convertido en un miembro resistido por las Fuerzas del Cieloy esto quedó bastante claro cuando la polémica Lilia Lemoine, una de las conductoras del show, lo presentó ante el público. El diputado bonaerense, con micrófono en mano, arrancó con energía su arenga, pidiendo al público que cante por Milei, quien estaba por subirse, pero la multitud le devolvió silencio.
En los videos viralizados por los propios militantes, primero hubo un vacío notorio para el dirigente y después un grupo empezó a insultarlo: “Pareja, compadre, la concha de tu madre”.
https://twitter.com/i/status/2016371921378505043
Muchos sostienen que el dirigente peronista es necesario para el armado bonaerense, algo que sostiene, entre otros, Karina Milei, y otros que entienden que es perjudicial para el partido. Esto no es ajeno al presidente y por eso los organizadores buscaron que sea Pareja quien presente en el escenario al mandatario, para mostrarlos juntos y evitar que haya insultos o silbidos.
La estrategia no funcionó y hubo militantes que aprovecharon para insultarlo.
al hijo de mil puta de sebastian Pareja no lo queremos en buenos aires pic.twitter.com/pbraij9hnN
Antes de esto, Milei había estado en el teatro Roxy-Radio City en de Mar del Plata, visitando a su ex novia, Fátima Florez. Junto a ella, se subió al escenario y cantó “El Rock del Gato” de Los Ratones Paranóicos para la alegría de sus militantes. Esta vez no hubo beso con su ex, pero sí un baile sensual.
El reciente paso de Javier Milei por el festival La Derecha Fest dejó una imagen que el oficialismo intenta ocultar: el estruendoso abucheo de la militancia a figuras de la casta infiltrada como el otrora kirchnerista Sebastián Pareja, presentado como un héroe por la también ex-kirchnerista Lilia Lemoine. Este rechazo de las bases es el síntoma de un movimiento que, mientras abraza a la vieja política —como el nuevo referente mileísta, Carlos Ruckauf—, ha montado un comisariato dedicado a purgar cualquier atisbo de pensamiento crítico.
Lejos de la superioridad moral, fuentes internas de La Libertad Avanza, La Derecha Fest y Fundación Faro confirmaron a esta redacción que el festival se ha convertido en la aduana de una doctrina donde la obediencia es el único requisito para no ser arrojado al ostracismo.
Expulsiones y persecuciones
Para justificar estas purgas, la militancia mileísta suele inventar relatos de despecho por falta de cargos para ensuciar a figuras como Eduardo “El Presto” Prestofelippo, Emmanuel Danann, Augusto “De Peroncho” Grinner, Miklos Lukacs o Álvaro Zicarelli, llegando a fundamentar de manera rebuscada las expulsiones de Diana Mondino y Ramiro Marra. Sin embargo, la realidad —corroborada por integrantes del espacio que temen ser los próximos en la lista si hacen públicas sus críticas— desmiente la narrativa oficial: voces hoy proscriptas, como Danann y Grinner, rechazaron constantes candidaturas y cargos entre 2021 y 2024 para preservar su independencia. No se tolera la divergencia ni siquiera en los cuadros técnicos y académicos.
Esta paranoia llega al ámbito privado: Milei llegó a exigir a sus allegados romper vínculos personales, como su enojo con Danann por mantener su amistad con El Presto. En este ecosistema de miedo se inscribe también el caso de Juan José Gómez Centurión, condenado al ostracismo por cuestionar una dolarización que el propio Milei nunca ejecutó. Esta purga por autonomía conecta con el desplazamiento de Ramiro Marra, un caso que ya adelantamos en Data 24. A Marra no lo alejaron por falta de mérito, sino por el recelo que generaba su popularidad entre la juventud libertaria, percibida por el Triángulo de Hierro como una amenaza a la verticalidad absoluta de Karina Milei.
El brazo de la censura oficial no tiene fronteras. Mientras desde la Casa Rosada se operan llamadas directas a periodistas para exigir que se saque del aire a críticos como Zicarelli o Presto —como ocurrió con la presión ejercida para que Emmanuel Danann fuera desplazado de Polémica en el Bar luego de unas críticas hacia el Gobierno Nacional—, el Presidente intervino personalmente ante la CPAC de EE.UU. para exigir que se le quitara la franquicia a Eduardo Verástegui en México por un simple tuit crítico.
Esta pulsión autoritaria atraviesa la interna de La Derecha Fest, donde Nicolás Márquez, actuando como brazo ejecutor del pensamiento único, procedió a cancelar la participación de Danann en un evento por pedido directo de Milei. Fiel a la falta de coraje que impera en el círculo oficialista, Márquez no se atrevió a comunicárselo de frente: Emmanuel se enteró de su desplazamiento por las redes sociales. Así, el festival se ha transformado en una herramienta de disciplinamiento que prohíbe cualquier matiz que no sea la adulación irrestricta al líder.
Mientras el Gobierno intenta marginarlos, el último informe de Oxford y Reuters ubica a los proscritos Danann y El Presto en la cima de la influencia real, muy por encima de los ejecutores que no piensan que hoy parasitan las cajas del Estado.
La estafa al padre de La Derecha Fest
La cara más oscura de esta trama es la estafa contra Cristian Iturralde, creador de la marca del festival, quien fue despojado de su creación por Márquez. Según testigos que participaron de celebraciones privadas del entorno, el propio Nicolás admitió haber intentado bajar los eventos en varias ocasiones, reconociendo que solo pudieron realizarse gracias al trabajo de Iturralde. Sin embargo, tras apropiarse legalmente del nombre haciendo uso de la confianza que Iturralde tenía en él, Márquez selló su degradación moral con una vulgaridad que define su presente: “si hay que chupar pijas, prefiero chupar la pija de Milei y no la de Caponetto… busquemos los proyectos exitosos”. Esta curiosa narrativa de sumisión se complementa con la de Agustín Laje, quien celebró que la derecha por fin pudo “salir del clóset”.
“Prefiero chupar la pija de Milei” la polémica frase del “intelectual” Márquez.
El biógrafo presidencial apela a una lógica de purga que él mismo vincula con el pragmatismo soviético para disciplinar a quienes fueron sus socios y pasaron a la disidencia: “voy a citar a Lenin: Lenin decía que el problema no es cometer un error, el problema es justificarlo, agrandarlo y repetirlo”; el marplatense se refería al “error” de Iturralde es ejercer la crítica pública, algo que Márquez calificó luego como un “criterio insalvable” para mantener un “negocio en común”. Aunque hasta hace pocos años Márquez se refiriera a los liberales como “liber maricas”, ahora se presenta como un referente del liberalismo y resulta una ironía sangrienta que cite a Lenin para castigar a un amigo por decir en voz alta lo que él mismo reconoce en privado—y admite no hacer público para no enemistarse con el oficialismo—, que justifique que se aparte a un intelectual por hacer lo que debe: mantenerse crítico y objetivo. La advertencia es una sentencia de muerte civil: no elogiar al Gobierno es un “error groserísimo” y un “suicidio profesional”, expresiones vertidas por el escritor de Mar del Plata.
Rechazo público al librepensamiento
Esta doctrina de la obediencia ciega ha sido institucionalizada por Karina Milei y Martín Menem, dejando claro mediante algunos tuits que la lealtad no admite matices, que nadie debe cuestionar al Presidente. Es la validación de lo que la senadora mileísta Florencia Arietto anunció con crudeza: “dentro de LLA no hay lugar para el librepensamiento“.
Esta asfixia se traduce en la tropa propia con la confesión de Iñaki Gutiérrez, quien afirmó estar para ejecutar y no para pensar. El resultado es el camaleonismo visto en La Misa a fines de noviembre de 2024, donde el Gordo Dan y sus columnistas pasaron de defenestrar la ley de Ficha Limpiadurante todo el día, a celebrarla en vivo apenas supieron que la orden de Milei era apoyarla.
Manteniendo el relato: caja, fundaciones y castigos
Para sostener este esquema, el oficialismo cuenta con estructuras de contención. Fuentes de la redacción que aún operan dentro de las estructuras oficialistas facilitaron información que confirma cómo se cierran puertas laborales a quienes no son obsecuentes del Gobierno, lo que llaman “ser inteligente”. Sobre una conocida fundación oficialista, de hecho, recaen fuertes sospechas de financiamiento indirecto a través de cajas del Estado como YPF y la SIDE.
De hecho, en privado, al escritor Cristian Iturralde le explicitaron desde el mileísmo que no le podían dar trabajo en esa fundación por haberse mantenido crítico del Gobierno, a pesar de las reiteradas advertencias que le habían realizado.
Otros tiempos: Márquez junto a Iturralde, antes de que el “biógrafo” presidencial le robara “La Derecha Fest”
Frente a este sistema de premios y castigos, la figura de Cristian Iturralde emerge como un recordatorio de integridad. Ante las propuestas de guardarse las críticas a cambio de estabilidad, Iturralde fue tajante ante sus ex-amigos: “prefiero pasar hambre o manejar un Uber antes que tener problemas de conciencia”. Esta redacción se comunicó con Iturralde y posee registros que demuestran absolutamente todo lo aquí expuesto, confirmando que su dignidad es lo que hoy lo mantiene fuera de un oficialismo que no logra doblegar la realidad. La superioridad moral ha caído; solo queda el negocio de la obediencia y una paranoia creciente entre quienes, desde adentro, ya empezaron a filtrar la verdad.
Argentina buscó tomar el control de su espacio marítimo mediante un nuevo protocolo orientado a combatir la pesca ilegal extranjera en la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). La medida apuntó a reforzar la protección de los recursos pesqueros frente a la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), una de las principalesamenazas para la sostenibilidad del sector y para la economía vinculada al complejo pesquero nacional.
La normativa entró en vigencia a través de la Disposición N° 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca de la Nación, publicada en el Boletín Oficial. La disposición fue impulsada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, mediante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca, y estableció criterios objetivos para identificar buques de bandera extranjera pescando ilegalmente.
El eje central del nuevo esquema consistió en transformar criterios técnicos complejos en estándares operativos claros, verificables y aplicables en tiempo real.
Uno de los cambios más relevantes fue la incorporación de presunciones legales de pesca ilegal basadas en el comportamiento de los buques extranjeros. A partir de ese esquema, se consideró que una embarcación se encontró realizando tareas de pesca cuando navegó a menos de 6 nudos y ejecutó maniobras o cambios de rumbo compatibles con esa actividad dentro de la ZEEA, aun cuando no se detectó el arte de pesca de manera directa.
El protocolo puso especial atención sobre los buques poteros, especializados en la captura de calamar, una de las especies de mayor interés comercial y presión extractiva. En esos casos, la presunción de ilegalidad se activó si la nave se desplazó a 2 nudos o menos sin una justificación técnica válida, una medida que buscó cerrar vacíos habituales en los controles tradicionales.
El monitoreo se realizó mediante el Sistema Guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, que integró información satelital, registros electrónicos y datos de navegación. Esos elementos pudieron ser utilizados como evidencia objetiva para iniciar actuaciones y aplicar sanciones, fortaleciendo la capacidad de control del Estado en un área extensa y de difícil supervisión presencial.
La disposición funcionó como herramienta legal de apoyo a la labor que Prefectura vino realizando como parte de su estrategia de control de los espacios jurisdiccionales. En su carácter de autoridad nacional, con competencias y atribuciones policiales para hacer cumplir la ley en el mar y como policía auxiliar pesquera, Prefectura generó un procedimiento de detección electrónica, análisis de patrones de comportamiento de buques pesqueros e incorporación y custodia de pruebas de diversas fuentes de información. Ese procedimiento posibilitó a la autoridad pesquera nacional llevar adelante las actuaciones administrativas y, de corresponder, el proceso sancionatorio por la conducta detectada.
Según se explicó, el procedimiento y la norma emitida en consonancia por la autoridad de aplicación contribuyeron a discriminar actividades de pesca ilegal por parte de buques extranjeros del derecho de libre navegación que les asistió, acorde el derecho internacional, permitiendo así, en caso de corresponder, actuar en consecuencia, en defensa de los recursos e intereses nacionales.
Más allá del enfoque sancionatorio, la disposición incorporó garantías de debido proceso. Los capitanes de los buques alcanzados por las presunciones pudieron presentar descargos y pruebas técnicas, como reportes meteorológicos adversos o partes de avería, que permitieron justificar los movimientos registrados. De ese modo, el esquema buscó equilibrar firmeza en el control con reglas claras y previsibilidad jurídica.
La iniciativa se enmarcó en el Principio Precautorio, que obligó a actuar de manera preventiva ante el riesgo de daños graves o irreversibles al ecosistema marino, aun cuando no existió certeza científica absoluta en el momento de la detección. Este criterio cobró relevancia en un contexto de creciente presión sobre los recursos pesqueros del Atlántico Sur y de expansión de flotas extranjeras en los límites de la ZEEA.
Para la Prefectura, la aplicación de la ley no se limitó al seguimiento y control de la información estática de los buques, sino que implicó detectar patrones y comportamientos que representaron indicadores de posibles actividades ilegales. Esto le permitió ser generadora de buenas prácticas jurídicas y operativas de lucha contra la pesca ilegal, reconocidas internacionalmente.
Durante 2025, el sistema de salud público de Mendoza recaudó $70 millones a partir de los pagos realizados por extranjeros no residentes que se atendieron en hospitales y centros de salud provinciales. Según datos oficiales, la facturación correspondió a 461 personas, lo que arrojó un costo promedio por paciente de aproximadamente $150.000.
La titular del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud (Reforsal), Daniela Correa, destacó que, aunque el monto pareció acotado en términos generales, “equivale a la recaudación anual de un centro de salud chico o al trimestre de un hospital de baja complejidad”, y representó un aporte para la sostenibilidad del sistema.
El régimen se oficializó el 1 de agosto de 2024, tras su aprobación por la Legislatura mendocina. El mecanismo de cobro se rigió por tarifas establecidas por unidades de medida asistencial y alcanzó a pacientes extranjeros no residentes, en tránsito o con residencia provisoria. En esos casos, los pacientes costearon la atención por su cuenta o a través de su cobertura de salud en el país de origen.
De acuerdo con la información difundida, la mayor parte de las atenciones correspondió a prestaciones ambulatorias. Correa explicó el perfil de demanda y señaló: “Se realizan muchos rayos x, ya que varios son turistas que sufren alguna caída o accidente y van a un hospital. También hay una buena cantidad de consultas en odontología, oftalmología y clínica en general”. La mayoría de los pacientes provino de países limítrofes, con mayor incidencia de chilenos, seguidos por bolivianos, brasileños, peruanos y paraguayos.
En el detalle de aranceles, una consulta médica general tuvo un costo de $13.000 y una consulta en subespecialidades ascendió a $19.500. La consulta de urgencia en guardia (hasta 6 horas, con estudios básicos) se valuó en $81.900. Para traslados, el esquema contempló $130.000 por ambulancia con médico (hasta 30 km) y $2,08 millones por traslado aéreo en helicóptero. En internaciones, la clínica en adultos se tarifó desde $299.000 por día; la internación pediátrica de mediana complejidad, en $338.000; y la internación de alta complejidad, en $390.000 por día.
La provincia también registró situaciones excepcionales vinculadas a urgencias en Alta Montaña. En esos casos, se reportaron traslados de urgencia para turistas europeos con costos que alcanzaron los $20 millones.
Los datos consignaron que la atención a extranjeros representó entre el 2% y el 3% del total de pacientes atendidos en el sistema público mendocino.
La gestión de la facturación se canalizó mediante Reforsal, organismo que además coordinó la facturación con prepagas y obras sociales locales. El material indicó que la medida buscó sostener la sustentabilidad de los servicios públicos y acompañar su funcionamiento.
En un contexto más amplio, la decisión de Mendoza se enmarcó en una tendencia regional: además de esa provincia, Salta, Jujuy y Santa Cruz, junto con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecieron mecanismos para facturar atención de salud a extranjeros no residentes. Cada jurisdicción definió alcances, tarifas y excepciones, con el objetivo común de recuperar parte del costo que representó para el Estado la atención de personas que no contribuyeron regularmente con el sistema impositivo provincial.
El senador K Jorge Capitanich se encuentra en el centro de una nueva polémica por nepotismo tras revelarse que su hija, María Guillermina Capitanich, percibe más de $2 millones mensuales como personal de planta transitoria en el Senado.
Según el portal Border Periodismo, la joven fue designada con la categoría A-1, la más alta del escalafón. Desde el entorno del legislador defendieron el nombramiento señalando que la joven está “altamente formada”, tiene experiencia previa en el Congreso y es una “persona de confianza del senador”.
La filtración de los datos de Recursos Humanos de la Cámara Alta reavivó los cuestionamientos sobre la trayectoria del exgobernador de Chaco, marcada por denuncias de irregularidades administrativas. Críticos de diversos espacios señalan una práctica frecuente de “designaciones y nombramientos que privilegiaban a personas cercanas, familiares o militantes afines”.
Además, Capitanich fue acusado en el pasado de gestionar “pensiones especiales” para familiares, como en el caso de la inscripción de su madre como residente provincial para evitar costos médicos.
El marco de sospechas se intensificó tras su paso por el Ejecutivo chaqueño, cuando la actual administración denunció que recursos destinados a sectores vulnerables terminaron “en manos de familiares de dirigentes de organizaciones sociales afines”, mencionando el caso del matrimonio Sena.
Por su parte, el legislador siempre negó que estas críticas respondan a prácticas irregulares. En diversas oportunidades, Capitanich argumentó que estas acusaciones se trataban de “campañas negativas” impulsadas por sus adversarios políticos con el objetivo de desgastar su imagen pública, especialmente durante periodos electorales.
Con un nuevo protocolo que ya está en vigencia, el Estado refuerza la vigilancia sobre la Zona Económica Exclusiva y establece presunciones claras de pesca ilegal para proteger los recursos marinos y la soberanía nacional.
La restricción entrará en vigencia en mayo y alcanzará a vallas y marquesinas en la vía pública. Las autoridades aseguraron que “no afectará a los comerciantes”, pero sí a los anuncios de productos cárnicos, catalogados como “de alto impacto climático”.
La viuda y la hija menor del máximo referente del heavy metal argentino rompieron el silencio para desmentir las acusaciones de Daiana Iorio, su hija mayor. Denuncian operaciones mediáticas, oportunismo económico y una ausencia total de Daiana en el último tiempo de vida del músico.
Proyectos en 2 años: 2 que no le sirven en lo más absoluto a nada. Hablar de religión todos los putos días (no sabe un ocote porque dice ser “judeo-cristiana”) es decir un tremendo ñoqui de esos que nosotros odiamos y no es el único ñoqui de lla… https://t.co/DPD3tc0jjApic.twitter.com/FlNaRWBXLF
