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Ya hace dos días Iglesias había criticado a este dirigente de su mismo espacio político por haber sido uno de los autores de la recién sancionada Ley de Alquileres que, según remarca Iglesias, tuvo un efecto contrario al buscado: perjudicó a los inquilinos porque los propietarios sacaron de las viviendas debido a los derechos que esa norma otorgó a los potenciales rentadores.
Me dijeron que Lipovetsky se pone muy nervioso cuando mencionan el #EfectoLipovetsky Así que, por favor, no mencionen el #EfectoLipovetsky para que Lipovetsky no se ponga nervioso porque mencionan el #EfectoLipovetsky
Y hoy volvió a atacarlo: “Me dijeron que Lipovetzky se pone nervioso cuando mencionan el Efecto Lipovetzky. Así que. por favor, no mencionen el Efecto Lipovetzky para que Lipovetzky no se ponga nervioso porque mencionan al Efecto Lipovetzky”.
El diputado Iglesias hizo referencia a Wikipedia, enciclopedia de Internet, en la que, cuando se buscaba el “Efecto Lipovetzky” se indicaba: “El efecto Lipovetzky corresponde al fenómeno por el cual la sanción de una ley produce consecuencias inversas a las buscadas”. Este artículo fue borrado de Wikipedia hace pocos días.
Cuando yo llegué,vos ni habías salido. Porqué no intentas aprobar una ley d tu autoría en vez d dedicarte a generar odio y boicotear los consensos q logran tus compañeros de bloque.Te creés comisario ideológico d JxC y votaste en contra el Pacto Fiscal firmado x @horaciorlarreta. https://t.co/2TCk5ImrLX
El ex colega de bancada nacional de Juntos por el Cambio recogió el guante ante la primera mención de este hace dos días por parte de Iglesias, y le contestó.
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Las guías de hacienda municipales, un tributo históricamente cobrado por municipios y comunas para el traslado de ganado, desataron una fuerte controversia en el arco noroeste de la provincia de Córdoba. Las Sociedades Rurales de la región emitieron un comunicado tildando esta práctica de “una desagradable costumbre de currar” y exigieron su inmediata eliminación por la falta de contraprestaciones.
En una reunión realizada el 22 de noviembre con el ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, dirigentes de las rurales de Jesús María, Cruz del Eje, Villa Dolores, Arroyito, Deán Funes y la Asociación Civil de Productores del Departamento Río Primero (ACIPRO), plantearon su descontento y recibieron el compromiso del funcionario para trabajar en la derogación del impuesto junto a otros organismos provinciales.
UN TRIBUTO BAJO LA LUPA
Las guías de hacienda son tasas que deben abonarse por cualquier movimiento de ganado, desde el traslado entre campos propios hasta la venta en ferias o frigoríficos. Este tributo, exponen los productores, no responde al principio fundamental de toda tasa municipal: la prestación de un servicio.
“Estos animales transitan por rutas y caminos por los cuales ya abonamos como contribuyentes. Además, las operaciones generan impuestos provinciales y nacionales que retornan a los municipios. Sin embargo, no hay ninguna contraprestación local”, señalaron los trabajadores rurales en su comunicado.
Además de la falta de justificación, las entidades advirtieron que este cobro impacta directamente en los costos de producción, lo que finalmente se traslada al precio que paga el consumidor. “Es un impuesto injusto que penaliza a un sector que siempre ha aportado, sin recibir nada a cambio”, lamentaron.
Los ruralistas también enfatizaron que este tributo representa una carga adicional para los pequeños productores, quienes muchas veces operan al límite de la rentabilidad. “No se trata solo de un impacto económico; es también un obstáculo para el desarrollo del sector y una muestra de inequidad tributaria”, explicaron.
UN RECLAMO CON HISTORIA
Aunque el rechazo a estas tasas no es nuevo, las críticas se han intensificado en un contexto económico adverso. Las rurales del Arco Noroeste destacaron que los productores enfrentan crecientes costos impositivos y burocráticos que dificultan la competitividad. “Se trata de una carga punitiva y de bloqueo que no tiene sentido. Incluso se cobra si el movimiento es entre campos del mismo propietario. Una locura adicional”, denunciaron.
Esta situación generó tensiones entre los productores y las autoridades locales. Según los ruralistas, los municipios y comunas utilizan los fondos recaudados sin transparencia, lo que genera dudas sobre el destino real de estos recursos. “No solo estamos frente a un cobro injustificado, sino también ante una gestión opaca que mina la confianza de los ciudadanos”, agregaron.
Durante la reunión con el ministro Sergio Busso, las entidades encontraron apoyo a sus reclamos. “La autoridad del Poder Ejecutivo provincial, en coincidencia de criterios, reconoció el planteo y se comprometió a trabajar desde su lugar con los organismos pertinentes”, aseguraron los ruralistas. Sin embargo, el desafío radica en transformar este compromiso en acciones concretas que alivien la carga tributaria para el sector. “Es hora de terminar con estas prácticas anacrónicas y establecer un sistema tributario más justo y transparente”, subrayaron.
En este sentido, los productores destacaron la importancia de una reforma integral que no solo elimine las guías de hacienda, sino que también garantice un marco impositivo que fomente la productividad. “No pedimos favores ni privilegios; exigimos un trato equitativo que reconozca el esfuerzo de quienes sostenemos la economía local”, manifestaron.
El comunicado también apuntó contra los municipios y comunas por la opacidad en el uso de los fondos recaudados a través de estas guías.“El ‘frasquito de recaudación’ se sigue incrementando, pero nadie sabe cuál es su destino final”, criticaron. Para las rurales del Arco Noroeste, el fin de las guías de hacienda no solo aliviaría la presión fiscal sobre los productores, sino que también beneficiaría a los consumidores al reducir los costos finales de la carne vacuna. “Los ciudadanos exigen que los administradores de nuestros fondos cambien de paradigma. Es momento de dejar atrás estas prácticas que perjudican a todos y no aportan ningún valor”, concluyeron.
Además, las entidades hicieron un llamado a la sociedad para unirse en este reclamo. “La lucha por un sistema tributario justo no es solo una causa del sector rural, sino de todos los ciudadanos que buscan mayor transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, subrayaron.
Por último, los productores reiteraron su compromiso de seguir insistiendo en la derogación de las guías de hacienda y en la construcción de un diálogo constructivo con las autoridades. “El futuro de nuestro sector depende de políticas que promuevan el desarrollo y no de cargas que lo obstaculicen”, concluyeron.
A medida que el escándalo por el caso de corrupción y lavado de dinero que involucra al ministro de Transporte bonaerense, JorgeD’Onofrio, y a su entorno más cercano sigue escalando, el intendente de la municipalidad de Pilar, FedericoAchával, tomó cartas en el asunto para intentar sofocar las repercusiones en el distrito que gobierna. En ese marco, fuentes locales confirmaron al medio REALPOLITIK que el jefe comunal convocó a una reunión de urgencia con figuras clave de su gobierno para delinear una estrategia de contención.
El encuentro tuvo lugar en el restaurante “Tinto y Soda”, propiedad de CésarMansilla, un conocido operador de la región que controla medios de comunicación, bingos y casinos.
A la reunión asistieron, además de Achával, la cuestionada Claudia Pombo -expresidenta del Concejo Deliberante de Pilar y figura implicada en las causas que afectan a D’Onofrio- y otros referentes del municipio.Los testigos aseguran que el tono de la discusión fue tenso y que los participantes estaban visiblemente nerviosos.
Silencio forzado y caza de filtraciones
Según los detalles recogidos por el citado medio, una de las principales preocupaciones de Achával durante la reunión fue identificar cómo la información sobre las irregularidades de D’Onofrio y Pombo había llegado a los medios nacionales. En ese marco, el intendente habría interrogado a periodistas locales sobre posibles “filtradores” y ordenado una estricta línea editorial en los medios de Pilar. “De esto no se habla, a lo sumo solo pueden referirse a la defensa de D’Onofrio”, fue una de las máximas escuchadas durante la reunión.
La maniobra también incluyó una renovada presión sobre los medios locales, que se vieron obligados a guardar silencio para no perder la pauta publicitaria oficial en un contexto de crisis económica. Este cierre de filas generó un manto de opacidad en torno al escándalo, dejando a la opinión pública sin respuestas claras sobre los avances judiciales que involucran a figuras relevantes del oficialismo provincial y municipal.
El entramado judicial y los nexos locales
El caso que compromete a D’Onofrio ya ha expuesto un presunto esquema de corrupción y lavado de dinero a través de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que incluye empresas offshore, contratos direccionados y una recaudación millonaria. Entre los principales acusados están Claudia Pombo, Mario Quattrochi -juez de Faltas bonaerense- y otros funcionarios de la cartera de Transporte.
Las conexiones entre los implicados no se limitan al ámbito provincial. En Pilar, la relación entre D’Onofrio y Pombo es un secreto a voces. La vinculación entre sus círculos íntimos también pone en la mira al intendente Achával, quien ha compartido ámbitos políticos con los ahora acusados y tiene en su gobierno funcionarios implicados en varias líneas de investigación. Esta situación complica aún más la gestión local, que enfrenta crecientes cuestionamientos.
Antecedentes oscuros y maniobras sospechosas
El avance judicial en la causa ha revelado detalles que rozan lo cinematográfico. Claudia Pombo y Mario Quattrochi, por ejemplo, crearon empresas en España, adquirieron propiedades y ostentan lujos que no condicen con sus ingresos declarados. También comparten un exclusivo bar en Málaga, “Tardeo Soho”, que ahora está bajo investigación por lavado de dinero.
Mientras las autoridades judiciales continúan realizando allanamientos y analizando movimientos migratorios y transacciones financieras de los implicados, REALPOLITIK pudo saber que la dirigente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se encuentra reuniendo pruebas adicionales que podrían profundizar el impacto del caso, involucrando aún más actores de las gestiones Kicillof y Achával.
Para Federico Achával, el escándalo representa una amenaza directa a su liderazgo en Pilar y sus aspiraciones de competir por la gobernación bonaerense. Su estrategia de caza de brujas y control mediático busca minimizar el impacto local del caso D’Onofrio, pero también podría evidenciar cómo la corrupción en niveles provinciales tiene eco en la gestión municipal. En un contexto de crisis política y económica, las maniobras para acallar voces críticas podrían terminar siendo un boomerang para el intendente.
A un año de la llegada de Javier Milei al gobierno, la “motosierra” prometida para reducir el gasto público y reformar el Estado no logró desmontar las estructuras enquistadas en la Administración General de Puertos (AGP). Esta sociedad del Estado, que controla vías esenciales para el comercio exterior como el puerto de Buenos Aires y la Hidrovía Paraná-Paraguay, enfrenta un panorama crítico: pasó de un superávit de 28 millones de dólares en 2021 a un déficit acumulado de 60 millones entre 2022 y 2024.
– Diego y Leonardo Salom con el exinterventor y actual asesor de la AGP José Beni
El desmanejo financiero se atribuye a una gestión signada por la corrupción, la discrecionalidad y el clientelismo político, encabezada por funcionarios designados durante el gobierno de Alberto Fernández y ratificados en sus cargos tras la asunción de Milei. Entre ellos destaca José Carlos Beni, exinterventor de la AGP y referente del Instituto Patria, quien continúa como asesor de la entidad, cobrando un salario bruto de $6,5 millones mensuales. Su influencia, según fuentes internas, sigue siendo determinante debido a la inexperiencia de su reemplazo, Gastón Benvenuto.
– Verónica Piñero, gerenta general de la AGP, de fuertes vínculos con el kirchnerismo y el massismo
Además, la actual gerente general, Verónica Piñero, vinculada al massismo, cuenta con un historial polémico. Durante su gestión, se observaron procedimientos de contratación directa con criterios cuestionables que generaron desconfianza entre analistas del sector. Estas prácticas reforzaron una percepción de discrecionalidad en la gestión de recursos.
– El director de planificación de la AGP, Diego Salom, con Sergio Massa
Pese al cambio de gobierno, los proveedores cuestionados por sobreprecios, como Unlimited Solutions SRL y Smarty Group SRL, continúan ganando licitaciones mediante procedimientos de “compulsa abreviada”, un sistema diseñado para eludir controles y permitir contrataciones directas. Las críticas también alcanzan a empresas como Tecnología Vial Aplicada SA, cuyas contrataciones abarcan rubros que van desde neumáticos hasta organización de eventos, todo bajo el mismo cuestionado mecanismo.
– Gastos escandalosos de la actual gestión de la AGP: impresión de 1000 libros para obsequio por $34 millones
Otro punto controvertido es la influencia de los hermanos Diego y Leonardo Salom, sobrinos de un histórico líder sindical portuario y vinculados al massismo. Ambos ocupan cargos jerárquicos en la AGP mientras manejan gremios y empresas relacionadas al sector. Según fuentes del organismo, el nivel de vida de los Salom mejoró significativamente en los últimos años, con lujos que incluyen autos de alta gama y exclusivos viajes internacionales. La conexión de los Salom con figuras como Hugo Moyano y Sergio Massa también genera sospechas sobre posibles manejos irregulares.
– Fuentes de la AGP destacan que cambió el nivel de vida del sindicalista Diego Salom desde su llegada al organismo, con autos de alta gama y viajes internacionales
Los Salom también están vinculados a la Fundación Mundo Puerto, registrada como empresa, y cuyo domicilio coincide con el de otra firma que ganó licitaciones recientes. Este entramado refuerza la imagen de una “casta portuaria” que parece estar a ambos lados del mostrador, maximizando su influencia tanto en el ámbito sindical como en el corporativo.
– Leonardo Salom en un encuentro con el Papa Francisco
El símbolo más evidente del descontrol en la AGP es el proyecto del “Centro de Experiencia Portuaria”, un museo que debía levantarse en el edificio histórico de la entidad con un costo que actualmente asciende a $5.600 millones. Sin embargo, la obra tiene solo un 6,8% de avance. A pesar de esto, la empresa constructora Criba SA ha recibido pagos significativos, justificándolos con demoras atribuibles a trámites burocráticos y permisos pendientes por tratarse de un área de protección histórica.
– Adjudicación de la obra del museo portuario en 2022, que todavía no se construyó, pero por la que ya se pagaron $1500 millones
La construcción del museo implicó el traslado del personal de la AGP a oficinas alquiladas en Puerto Madero, con un costo mensual de 90.000 dólares. Este gasto adicional se suma a los costos de remodelación de las oficinas temporales, que también fueron cuestionados por su magnitud y poca transparencia en la asignación de contratistas. En paralelo, el Gobierno avanza con la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay, una vía estratégica para el comercio exterior que atraviesa siete provincias y mueve el 80% de las exportaciones. Si bien se anunció una concesión por 30 años, la reforma del sistema troncal sigue enfrentando demoras.
– Así luce el edificio de la AGP hoy, abandonado. Hasta el momento, solo se realizaron trabajos de “puesta en valor” del edificio
El contrato contempla profundizar canales secundarios y modernizar tecnologías, pero los avances han sido lentos. La inclusión de nuevos tramos para beneficiar a puertos menores, como los de Entre Ríos, fue destacada, aunque no logró contrarrestar las críticas por la falta de transparencia en los procesos. Empresas internacionales como Shanghai Dredging y Jan de Nul ya han mostrado interés, pero la licitación enfrenta obstáculos políticos y económicos que prolongan la espera de resultados concretos.
*Con información de Guadalupe Vázquez, Todo Noticias
El gobernador destina casi $50 millones por año a Radio Madres AM 530, mientras áreas críticas como salud, educación y seguridad enfrentan serios recortes. De fondo, el negocio de los intermediadores de la pauta.
En un contexto económico crítico para la provincia de Buenos Aires, la gestión de Axel Kicillof sigue destinando sumas multimillonarias a pauta publicitaria. En ese marco, se destaca el caso de la asociación Madres de Plaza de Mayo. Según datos oficiales a los que tuvo acceso el portal REALPOLITIK, la organización percibe un monto mensual de al menos 4.065.600 pesos por publicidad en Radio Madre AM 530, lo que, en términos anuales, se traduce en la impactante cifra de 48.787.200 pesos para una emisora con escasos oyentes.
Esta absurda cifra, que la emisora percibe a través de la cooperativa de Trabajo, Comunicación y Cultura por Venir Ltda., corresponde solo a la asignada desde el ejecutivo bonaerense, por lo que no contempla los montos que podría percibir desde otros organismos del gobierno de Axel Kicillof.
Este gasto, que proviene plenamente de las arcas públicas bonaerenses, que se nutre de los impuestos de quienes habitan en territorio provincial, plantea serios interrogantes sobre la eficiencia en la asignación de recursos en una provincia que enfrenta problemas estructurales como el deterioro de la infraestructura, el déficit en salud y educación, y la inseguridad creciente.
Si bien el apoyo a organismos de derechos humanos es históricamente una política central del oficialismo, el desmesurado monto destinado exclusivamente a la pauta publicitaria en Radio Madre parece carecer de justificación en un escenario de ajuste para otras áreas clave y su nivel de oyentes. Además, este gasto no es un hecho aislado, sino que forma parte de una política comunicacional que favorece a medios y figuras alineadas con el relato K.
Mientras tanto, áreas sensibles de la gestión provincial sufren recortes y ajustes, con eje en los trabajadores de la administración pública. Desde los hospitales sin insumos hasta escuelas con serios problemas de infraestructura, la dirigencia kirchnerista observa con silencio cómplice cómo los recursos que deberían destinarse a mejorar su calidad de vida terminan en manos de organizaciones y medios vinculados al oficialismo.
El sospechoso rol de las organizaciones intermediarias
Del gasto que la gestión bonaerense realiza en pauta publicitaria, este medio advirtió el día de ayer sobre el rol de organizaciones intermedias con nexos al kirchnerismo. Empresas como Sentidos SA, dirigida por Andrés Bidart y vinculada en los pasillos de la gobernación al kirchnerismo duro, actúan como intermediarias, manejando recursos multimillonarios sin ser medios de comunicación.
En la práctica, estas compañías funcionan como un “pasamanos”, cobrando comisiones mientras distribuyen fondos hacia medios nacionales afines ideológicamente, tales como Página/12, Canal Siete y Crónica, o hacia canales internacionales alejados de los intereses bonaerenses, como A&E, Europa Europa, El Gourmet, Film&Arts, Lifetime, Sony Entertainment Television, Bravo TV, The History Channel o The History Channel 2.
En contraste, hospitales, escuelas y la seguridad provincial enfrentan una crisis estructural, relegados en las prioridades presupuestarias del gobierno. El modelo pone en evidencia el uso de recursos públicos con fines políticos, dejando a los bonaerenses a la deriva mientras se asegura la narrativa favorable al oficialismo.
En medio de una agitada discusión legislativa por el Presupuesto 2025, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento impulsado por el gobernador Axel Kicillof, la diputada bonaerense Viviana Guzzo, perteneciente a Unión por la Patria, presentó un proyecto que causó sorpresa y polémica: declarar al inodoro como “un lugar para la paz”. Pese a su afán por instalar la curiosa temática en la agenda, la propuesta no fue debatida ni aprobada sobre tablas, en un contexto marcado por demandas sociales urgentes y necesidades básicas insatisfechas.
La iniciativa de Guzzo se apoya en el Día Mundial del Retrete, establecido cada 19 de noviembre por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Según el proyecto, se buscaba “declarar de interés legislativo el lema ‘El retrete es un lugar para la paz’ en el marco del Día Mundial del Retrete (inodoro) 2024 establecido cada 19 de noviembre por la ONU”. La diputada oriunda de Los Toldos —Partido de General Viamonte— argumentó que “el saneamiento es un derecho humano” y que la falta de acceso a un inodoro adecuado y seguro “minimiza la capacidad para estudiar, trabajar y vivir con dignidad”.
La legisladora sostuvo que “todo el mundo debería tener acceso a un retrete seguro, higiénico y privado que esté conectado a un sistema de saneamiento gestionado de forma segura para eliminar adecuadamente los desechos”. En el texto presentado, además, se advirtió que los sistemas inadecuados, dañados o rotos “pueden provocar contaminación y proliferación de enfermedades mortales”.
Guzzo también enfatizó en la vulnerabilidad de mujeres y niñas frente a la falta de saneamiento: “La falta de servicios de saneamiento, agua e higiene gestionados de forma segura hace más vulnerables a las mujeres y las niñas, en particular, a los abusos, los ataques y la mala salud, lo que menoscaba su capacidad para estudiar, trabajar y vivir con dignidad”.
La diputada, al fundamentar su propuesta, consideró que el “Estado debe resolver el déficit urbano habitacional, en momentos en los que el gobierno nacional ha tomado la decisión de no avanzar en la garantía del derecho constitucional de acceso a la vivienda digna para todos los sectores sociales”. En este sentido, mencionó el Plan Federal Sanitario “Mi Baño”, lanzado en 2023, que buscaba erradicar letrinas y mejorar las condiciones de saneamiento para las poblaciones más vulnerables.
La iniciativa describía tres líneas de acción para el Día Mundial del Inodoro 2024:
“El inodoro es un lugar para la paz”: Según el proyecto, este espacio esencial “debería ser seguro y no suponer un riesgo”, y se señaló que el saneamiento mundial “corre peligro a causa de los conflictos, el cambio climático, los desastres y la falta de cuidado”.
“El inodoro es un lugar de protección”: Al aislar los desechos, el saneamiento adecuado resulta “crucial para la salud pública y ambiental”, evitando así la proliferación de enfermedades mortales.
“El inodoro es un lugar para el progreso”: Un adecuado servicio sanitario protege la dignidad y transforma vidas, especialmente la de mujeres y niñas. “Más inversión y una mejor gestión del saneamiento son claves para un mundo más justo y pacífico”, puntualizó la diputada.
A pesar de los argumentos presentados, la propuesta no logró avanzar en la Legislatura. Este resultado se atribuye tanto a la falta de consenso como a la sensación de desconexión entre las prioridades reales de la ciudadanía y las temáticas planteadas por ciertos legisladores. La propuesta, vista por muchos como trivial en un contexto de crisis económica y social, también generó un debate sobre el uso del tiempo legislativo para cuestiones percibidas como menos relevantes.
Por otro lado, Guzzo intentó justificar su iniciativa destacando el papel central que tiene el acceso al saneamiento en los derechos humanos y en la lucha contra las desigualdades. “El acceso al saneamiento es fundamental para garantizar la dignidad y mejorar la calidad de vida de millones de personas. En especial, las mujeres y niñas que son las más afectadas por la falta de servicios higiénicos seguros”, afirmó la diputada en declaraciones posteriores a la presentación del proyecto.
Cabe destacar que este no es un caso aislado en la trayectoria legislativa de Guzzo. La diputada también estuvo involucrada en otros proyectos que han generado opiniones divididas, como el intento de declarar al cantante Carlos “Indio” Solari como ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires.Aunque la iniciativa logró cierta tracción en un principio, finalmente perdió estado parlamentario, dejando en evidencia los desafíos de lograr consenso en temas que no siempre son prioritarios para la agenda política.
El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social más grande de la provincia de Buenos Aires, enfrenta una crisis profunda que afecta a más de dos millones de afiliados. A pesar de contar con un presupuesto millonario para el 2025, la falta de transparencia en el manejo de los recursos y la creciente insatisfacción de los beneficiarios han generado una serie de reclamos que amenazan con convertirse en un tema central de debate político y social.
El presupuesto de IOMA para el próximo año asciende a1.75 billones de pesos —superando a áreas clave como Educación, Seguridad y Salud, que recibirán entre 1.15 y 1.28 billones de pesos—. Sin embargo, a pesar de esta gran asignación, el organismo atraviesa una grave crisis financiera, que no se refleja en sus balances. Los propios responsables del IOMA reconocen las dificultades económicas, pero no logran explicar cómo una caja billonaria puede tener tantos “agujeros negros”.
A lo largo de 2024, los problemas se agudizaron. En los primeros ocho meses del año, IOMA incrementó el gasto en medicamentos, que pasó del 28.9% en 2023 al 31.6% en octubre de este año. Además, se registraron más de 12,000 cirugías y 10 millones de medicamentos dispensados, lo que indica una creciente demanda, pero también evidencia de una mala gestión en los recursos.
QUEJAS Y PROTESTAS POR LA FALTA DE ATENCIÓN
Los afiliados de IOMA denunciaron numerosos problemas a lo largo de la provincia de Kicillof. En Lincoln, 10,000 afiliados se enfrentan a consultas médicas que rondan entre los $20,000 y $25,000, lo que hace imposible el acceso a atención preventiva. “Nos están tomando de rehenes, se están quedando con la plata del sueldo”, expresó un vecino afectado. La situación obligó a muchos a desplazarse hasta 60 kilómetros para acceder a servicios médicos, lo que compromete la salud de miles de bonaerenses.
– Pacientes, afiliados, médicos y profesionales de salud realizaron en Navarro un cacerolazo contra el convenio del IOMA con el Municipio. La atención en localidades vecina sigue cortada
La crisis también generó protestas en distintos distritos. En Navarro, más de 200 vecinos salieron a la calle para rechazar un convenio firmado entre IOMA y el ejecutivo local, que limita la cobertura a un único hospital. Lo ocurrido en este municipio es solo un ejemplo de lo que sucede en otros puntos de la provincia, donde IOMA rompió convenios con clínicas y hospitales privados, dejando a miles de afiliados sin cobertura médica adecuada.
En otras ciudades como Mar del Plata, Olavarría y Azul, los afiliados también persentaron quejas por la falta de cobertura médica, y algunos decidieron llevar sus reclamos ante la Defensoría del Pueblo. En muchos casos, los médicos privados que aún mantienen contratos con IOMA están cobrando las consultas por fuera del sistema, lo que genera conflictos con los reintegros.
– Protestas de los afiliados del IOMA en Olavarría
La crisis en IOMA generó un fuerte debate. Desde la oposición, legisladores del PRO, la UCR y La Libertad Avanza exigen respuestas urgentes. Entre las iniciativas propuestas se encuentran la creación de un Comité de Crisis para dar soluciones a los afiliados y la declaración de emergencia sanitaria, económica y operativa de IOMA. La idea es realizar una auditoría para esclarecer cómo se manejan los recursos de la obra social, que hasta ahora han estado rodeados de opacidad.
El bloque opositor también propuso la intervención de IOMA por parte del Ejecutivo, lo que permitiría una revisión exhaustiva de su funcionamiento. A pesar de estas propuestas, el oficialismo, liderado por Axel Kicillof, no ha tomado medidas concretas para solucionar la crisis.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Resulta vergonzoso que utilice a Nahuel Gallo para juntar likes, y además elimine el tuit cuando la repercusión no es la esperada. Los argentinos ya no toleran la cobardía ni el oportunismo político.
