08 febrero, 2025

Furia y decepción de los hipotecados UVA por las declaraciones de Alberto Fernández

Alberto Fernández anunció que las familias tomadoras de los créditos "deberán pagar lo que acordaron".
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Las declaraciones de Alberto Fernández en la mañana de ayer con respecto a las hipotecas en UVA, causaron un fuerte malestar en las familias que sacaron dichos créditos y ahora sufren no poder afrontar los pagos correspondientes.

Es que el primer mandatario descartó tomar medidas que ayuden a morigerar la dura situación que atraviesan los hipotecados en UVA, que tienen que hacer frente en muchos casos a cuotas “impagables”.

“Los créditos UVA son entre particulares, aceptaron una cláusula de ajuste (por inflación)”, dijo el presidente para Radio Continental.

En ese sentido, manifestó que “los tomadores de créditos UVA deben cumplir con lo que firmaron y dejar de quejarse tan agriamente”.

Esto hizo explotar a los hipotecados UVA, sobreendeudados por no poder hacer frente a sus obligaciones monetarias ante una cuota que no paró de aumentar en proporción a la inflación.

@HipotecadosUVANacional on Twitter: “El deterioro de nuestra calidad de vida, salud y relaciones familiares es un GRAVE problema. Estamos sobreendeudados porque hubo publicidad engañosa que prometía relación cuota-ingreso estable e inflación a la baja. Nos juntamos y alzamos nuestra voz: #ViviendaSiNegocioNo / Twitter”

El deterioro de nuestra calidad de vida, salud y relaciones familiares es un GRAVE problema. Estamos sobreendeudados porque hubo publicidad engañosa que prometía relación cuota-ingreso estable e inflación a la baja. Nos juntamos y alzamos nuestra voz: #ViviendaSiNegocioNo

Lo que le cuestionan al Jefe de Estado, es que a lo largo de su campaña tuvo una postura totalmente distinta: habló de la necesidad de encontrarle una solución a los problemas de deuda, se refería a los créditos como una pesada carga para los deudores y también manifestó que en el gobierno de Néstor Kirchner él como Jefe de Gabinete había resuelto el problema de los créditos dolarizados de la época de la convertibilidad. Por lo que la confianza era plena. Hasta hoy.

“Nos soltó la mano”, reza una de las publicaciones de la cuenta de Hipotecados UVA en Twitter.

“A lo largo de la campaña no se refería a los créditos como una mera cuestión entre privados… Se devaluó su palabra. Ahora la cuestión quedaría reducida a sólo 90.000 créditos, los cuales según el Presidente ya han recibido asistencia con el congelamiento de sus cuotas durante cinco meses. Toda la asistencia e involucramiento del Estado se redujo a eso. Suena a poco, más bien a nada”, cuestionan los autoconvocados.

Los créditos fueron indexados a la inflación, que en 2019 obtuvo un crecimiento superior al 50%.“No son viables créditos indexados a 20, 25 o hasta 30 años, con una inflación que navega por encima del 50% anual, con ingresos de la población cada vez más devaluados y que se ajustan muy por debajo del nivel general de precios de toda la economía”, argumentan.

Para finalizar, los Hipotecados UVA le pidieron al Jefe de Estado que cumpla la palabra que les dio en tiempos del proceso electoral, cuando les aseguró que entre los bancos y la gente, “me quedo con la gente”.


Redacción

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El Ministerio de Defensa dio de baja a 23 militares retirados y generó un fuerte rechazo

Por orden de la Justicia, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, dispuso la baja de un grupo de militares retirados que tenían condenas en causas por delitos de lesa humanidad ligados a su actuación durante la última dictadura. El Gobierno difundió la resolución 2025, fechada el lunes 27 de enero de 2025, y también aludió a la resolución 72/2005, firmada por Petri a requerimiento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Defensa aclaró que no se trató de “una decisión unilateral”, sino del cumplimiento de una “orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal”.

La medida abarcó a 23 oficiales superiores retirados del Ejército, entre ellos combatientes de la guerra de Malvinas. Uno de los más conocidos fue el coronel retirado Horacio Losito, condenado a prisión perpetua y quien, una semana después de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, obtuvo la libertad condicional. A diferencia de los militares que pasan a retiro (conservan grado y estado militar), los dados de baja pierden su condición de integrantes de las Fuerzas Armadas. Según se informó, las esposas de los oficiales retirados comenzarán a percibir la correspondiente pensión. En la lista figuraron:

  • Generales de División retirados: Eduardo Rodolfo Cabanillas.
  • Generales de Brigada retirados: Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saa, Federico Antonio Minicucci
  • Coroneles retirados: Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaiza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozarán, Carlos Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.
– Hubo cuestionamientos a la resolución firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri

En el artículo 2 de la resolución 2025, el ministro Petri instruyó al Jefe del Estado Mayor del Ejército, Xavier Isaac, para que inicie los trámites de baja de Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y Suboficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, en la medida en que sus causas alcancen sentencia firme.

Distintas organizaciones del ámbito castrense cuestionaron la disposición y aludieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas: “La Procuraduría de Investigaciones Administrativas dependiente de la Procuración General de la Nación, le ha requerido al Ministerio de Defensa que proceda a dar de baja a personal militar condenado por los hechos ocurridos en los años 70 del siglo pasado. Dicha Procuraduría no es un órgano judicial y no está habilitada para ordenar absolutamente nada, ni al Poder Ejecutivo, al Legislativo, ni al menor de los Jueces de la República”, expresaron en un pronunciamiento conjunto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Foro de Generales Retirados y el Foro de Almirantes, entre otras entidades.

Estas organizaciones consideraron que “es necesario que la nueva política, que se ha manifestado hasta ahora tan valiente y lúcidamente contra el núcleo mismo del siniestro pacto que signó el rumbo de nuestra Argentina en los últimos veinte años, disponga el cese de estos juicios de venganza”, en alusión a las causas judiciales que se reabrieron en el período kirchnerista contra militares y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos. Argumentaron que esos procesos “fueron materializados con el único fin de mantener vivo el odio, la discordia y los millonarios negociados llevados adelante, hasta el día de hoy, bajo su amparo”.

A su vez, las entidades señalaron que la baja “alcanza a muchos oficiales que tenían grados subalternos al momento de los hechos, algunos de los cuales fueron condecorados por el valor en combate en la Guerra de Malvinas”, en referencia al coronel Losito. También advirtieron que, al afectar la jubilación de retiro, “deja en la indigencia a adultos mayores viudos de un ingreso alimentario generado en base a aportes que no pueden ser confiscados”. Agregaron que los fundamentos de la resolución citan tratados internacionales que, según su postura, “nada disponen respecto de la baja de personal militar y la quita de haberes”, recordando que la baja militar está contemplada en la ley 19.101, vigente desde 1971 para el personal de las Fuerzas Armadas.

“Se trata de otra de las lamentables consecuencias de la ilegal reapertura de estos juicios contra el personal militar, de fuerzas de seguridad y de fuerzas policiales que combatieron el terrorismo en los años 70, así como civiles incluidos en esos procesos”, concluyeron las entidades.

Por su parte, el general José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, lamentó la “decisión administrativa” y sostuvo: “Esta destitución no es solo un acto administrativo; es un mensaje claro a todos los que sirvieron y sirven a la Nación: el sacrificio por la Nación será ignorado si no se ajusta al relato del momento”. Expresó que la medida “afectó a quienes dieron todo por la Nación y profundizó las heridas ya abiertas” y añadió: “Un gobierno que asumió con todas las expectativas sectoriales favorables debe recuperar la credibilidad de esta parte de los argentinos, colocando esta problemática en agenda, definirse y darle una respuesta política acorde a sus manifiestas convicciones que compartimos”.

Una-resolucion-que-desgarra-el-alma-1

Figueroa recordó que “las consecuencias de toda guerra, más interna, requiere una solución política, como en su tiempo lo hicieron Raúl Alfonsín y Carlos Menem, colocándose por encima del enfoque parcial y especulativo que luego adoptaron los Kirchner, que hoy orienta los aspectos políticos y jurídicos del Estado en este aspecto”.

La Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), a través de su referente Cecilia Pando, también emitió un duro comunicado titulado “Una resolución que desgarra el alma”. Sostuvo que la decisión “se basa en un pedido del Ministerio Público Fiscal efectuado en el mes de octubre del 2024 en base a tratados y convenciones internacionales de derechos humanos a los cuales estaría obligado nuestro país”.

Señaló que la disposición “sumó a la vergonzosa condena judicial por delitos inexistentes en el momento de los hechos, la actual baja de la institución a la cual consagraron sus vidas”. Pando consideró que la sanción “desgarra el alma por tratarse de un gobierno que ha hecho de la batalla cultural contra el progresismo marxista el fundamento espiritual de su gestión” y añadió: “No se comprende que autoridades del Poder Ejecutivo se arrodillen sin vergüenza y sin ninguna resistencia a los pedidos ilegítimos de la corporación judicial”.

AFyAPPA, junto con otras organizaciones como la Asociación de Abogados Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica, la Unión de Promociones, la Unión de Personal Militar Asociación Civil, la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo y el Centro de Estudios Salta, exigió “el cierre definitivo de esta tragedia” y exhortó al presidente Milei y al ministro Petri a “no destruir nuestras esperanzas”.

Redacción

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Renunció Claudia Rucci, funcionaria cercana a Victoria Villarruel

Claudia Rucci, hija del dirigente sindical José Ignacio Rucci —asesinado por Montoneros y FAR en 1973—, presentó su renuncia como directora general del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. Había llegado a ese cargo por designación de la vicepresidenta Victoria Villarruel en enero del año pasado y se había convertido en una de sus colaboradoras más cercanas. Su salida coincidió con un clima de tensiones crecientes entre Villarruel y el presidente Javier Milei, así como con movimientos de personal en la Cámara alta para “estar más sincronizada con el Poder Ejecutivo Nacional”, según admitieron allegados a la vice.

La propia Rucci comunicó su salida en su cuenta de la red social X el jueves por la noche: “Hoy presenté la renuncia, por motivos personales, al cargo de Directora General del Observatorio de DDHH del Senado de la Nación. Mi agradecimiento a todos con los que compartimos el esfuerzo en pos de que los Derechos Humanos sean de todos y para todos! Muchas gracias!!!”

En ese mismo mensaje, difundió un video con imágenes de distintas actividades que desarrolló durante su gestión, donde se vio a Villarruel en varias postales. No hizo una mención específica a la vicepresidenta, quien tampoco la saludó públicamente en el momento del anuncio. Desde el entorno de Villarruel ratificaron que “la renuncia es estrictamente personal y se venía conversando” y aseguraron que ambas mantenían una “muy buena relación”. Voceros cercanos a la vice también apuntaron que “está reordenando el equipo del Senado para estar más sincronizada con el Poder Ejecutivo Nacional” de cara a un año que se anticipaba “muy complejo” en el plano electoral. “Al menos una sintonía más similar. Se viene un año electoral muy complejo y hay que fortalecer las cámaras en el mismo sentido”, agregaron.

La figura de Claudia Rucci encajaba con la histórica militancia de Villarruel a favor de las víctimas de organizaciones guerrilleras de los años 70. Antes de asumir en el Observatorio, Rucci había acompañado a la vice en un acto de campaña que homenajeó a las víctimas del terrorismo. También la secundó en agosto pasado, cuando Villarruel encabezó en el Senado un acto de conmemoración y homenaje a esas víctimas y declaró: “Reabriremos todas las causas de víctimas de terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años”.

En los últimos días, versiones legislativas indicaron que Villarruel temía una intervención de la Casa Rosada en el Senado a través de la designación de un secretario administrativo afín al Ejecutivo, en lugar de la actual funcionaria María Laura Izzo, cercana a la vice. Estos reacomodamientos internos coincidieron con la renuncia de Rucci y alimentaron especulaciones sobre una posible intención de la vicepresidenta de evitar injerencias externas y realinear su equipo.

Redacción

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El Gobierno avanzó con una reforma migratoria inspirada en las medidas de Donald Trump

El presidente Javier Milei impulsó un proyecto de ley para modificar la Ley de Migraciones N.º 25.871, con el propósito de endurecer los requisitos de residencia para los extranjeros y establecer un sistema de arancelamiento en la salud y la educación universitarias para quienes no residieran en el país. El Gobierno planeó enviar la iniciativa al Congreso durante el período de sesiones ordinarias que comenzaría el 1 de marzo, en una línea política que el oficialismo consideró necesaria para “avanzar hacia un país ordenado que proteja a los ciudadanos argentinos”.

El equipo del director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, dependiente del vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, trabajó en los detalles del proyecto, que incluyó reforzar el control de documentación en el otorgamiento de residencias. Desde la Casa Rosada sostuvieron que “los extranjeros estudiaron solo dos meses y se quedaron a vivir en la Argentina” cuando no existió un control directo durante la gestión anterior, por lo que se estableció un régimen más estricto para la entrega de residencias a estudiantes.

– El director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane

A inicios de diciembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros sin residencia y la implementación de aranceles en las universidades nacionales. “El Gobierno Nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio”, aseguró en conferencia de prensa, y añadió: “Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”. Adorni informó que los organismos competentes determinarían las condiciones para que los hospitales públicos facturaran estos servicios a quienes no vivieran en el país. También destacó que, al aplicar esa medida en la provincia de Salta, la atención de salud a extranjeros se redujo 95%, con un ahorro de 60 millones de pesos, y sostuvo: “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que por desgracia son tan conocidos en la Argentina”.

El proyecto contempló, además, ampliar la lista de delitos que impedirían el ingreso o justificarían la expulsión de un inmigrante. “La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, afirmó el Vocero Presidencial. “Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito (en flagrancia) o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, agregó, al tiempo que indicó que se rechazaría el ingreso a quienes presentaran documentación apócrifa o se sospechara que sus motivos de viaje eran diferentes a los declarados.

La Casa Rosada también admitió la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reforzar los pasos fronterizos con mayores medidas aplicadas por las fuerzas federales. Desde el Ejecutivo explicaron que este endurecimiento respondió a la necesidad de “tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”, según la postura oficial: “Nuestro alineamiento internacional a favor de Israel nos lleva a tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”. Apuntaron a sumar la colaboración de las Fuerzas Armadas en las fronteras y en el territorio interno, y por ello el Gobierno dictó dos decretos para habilitarlas a operar contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico extranjeros.

El proyecto hizo foco también en quienes buscaban regularizarse por medio de hijos argentinos. Hasta ese momento, dicho trámite requería cédula de identidad o pasaporte, la partida de nacimiento del país de origen, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino. Con la reforma propuesta, se esperaba un control más estricto de la documentación. Cabe recordar que el programa Patria Grande, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, regularizó a 565.831 personas hasta el año 2007, permitiendo la residencia a ciudadanos de países miembros del Mercosur solo con su nacionalidad y la carencia de antecedentes penales. En la actualidad, para obtener la ciudadanía argentina, los extranjeros debían cumplir con requisitos como tener 18 años de edad, presentar partida de nacimiento legalizada, el DNI o pasaporte y un certificado de medios de vida, entre otros.

Según el Censo 2022, residían en Argentina 1.933.463 extranjeros, equivalentes al 4,2% de la población total, con una alta concentración (51,4%) en la provincia de Buenos Aires. Durante 2023, se registraron 29.821.467 movimientos de personas extranjeras en el territorio nacional, con un número de ingresos superior a los egresos. El Poder Ejecutivo consideró que la reforma migratoria resultaría clave para controlar esta afluencia y proteger el bienestar de los habitantes del país. Bajo la coordinación de Sebastián Seoane y con la supervisión de Lisandro Catalán, el Gobierno consolidó la propuesta antes de su debate en el Congreso.

Redacción

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Waldo Wolff impulsa un proyecto para endurecer las penas contra los trapitos

El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff, confirmó este jueves que el gobierno presentará en marzo un proyecto para endurecer las penas contra los cuidacoches, más conocidos como “trapitos”, tras el brutal ataque a un médico en el barrio de Flores. La iniciativa busca modificar la legislación actual, que solo considera esta actividad como una contravención, y permitir la detención efectiva de los infractores.  

La decisión se tomó luego de episodios recientes de violencia, entre los que destacó el caso del médico golpeado con una madera por negarse a pagar $5000 por el estacionamiento. El agresor, actualmente detenido, fue uno de los 600 “trapitos” arrestados durante enero, aunque todos fueron liberados debido a que la normativa vigente no permite retenciones prolongadas sin agresiones comprobadas.  

“Tenemos un problema legislativo porque hoy es una contravención y ni siquiera va detenida la persona”, explicó Wolff. Según detalló, la ley actual establece penas de uno a dos días de trabajo comunitario o multas de alrededor de $30.000, que “nunca se cobran”. El ministro subrayó que, sin cambios en el Código Penal, la policía “no puede hacer más” y pidió que los legisladores nacionales avancen con el proyecto de reiterancia delictiva, que busca evitar la “puerta giratoria” judicial.  

Wolff criticó la falta de avances en el tratamiento de la reiterancia a nivel nacional, clave para endurecer las consecuencias ante reincidencias. “Si no cambiamos la legislación, la policía más no puede hacer”, afirmó. El proyecto nacional propone considerar reincidente a quien haya recibido dos o más condenas firmes a penas privativas de libertad, excluyendo delitos amnistiados o cometidos por menores de 18 años. Además, establece que las condenas en el extranjero serán válidas si el delito amerita extradición.  

La víctima del ataque en Flores, cuyo caso impulsó la medida, relató que sigue “conmocionado” por lo ocurrido. “Estoy para ayudar a la gente, y estar implicado en una situación en la que te tenés que agarrar a trompadas para salvarte la vida es una locura”, declaró. Narró que, al estacionar, el “trapito” le exigió dinero y, al no tener efectivo, el sujeto lo amenazó: “Si no, te rompo todo, te mato”. Tras intentar calmarlo, el médico recibió un golpe en la cara con una tabla, lo que le provocó lesiones en la boca y la pera.  

Wolff mencionó que, en eventos masivos, los “trapitos” detenidos son llevados a un “corralito” temporal, pero deben ser liberados por orden fiscal. La propuesta porteña, coordinada con el jefe de gobierno Jorge Macri, apunta a que estos casos deriven en prisión efectiva. El ministro insistió en que “quienes están en el ámbito legislativo deben darle herramientas a la policía y fiscales” para evitar más episodios violentos.

Redacción

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Ritondo tras la reunión con Francos: “Las PASO muchas veces se convierten más en un problema que una solución”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió en la Casa Rosada a los jefes de bloques parlamentarios considerados dialoguistas, entre ellos Cristian Ritondo (PRO), Rodrigo De Loredo (UCR) y Oscar Zago (MID), para acordar el esquema de trabajo en torno a los siete proyectos que el Ejecutivo envió a las sesiones extraordinarias. Al encuentro, que duró poco más de una hora, también asistieron Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza) y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) fue invitado pero decidió no participar.

En declaraciones posteriores a la reunión, Ritondo sostuvo que para su espacio “hay algunos que piensan que se tienen que eliminar y otros suspender” las PASO. Ya en referencia a la postura general del PRO, afirmó: “Las PASO muchas veces se convierten más en un problema que una solución”. El diputado agregó que en la reforma electoral “no solo son las PASO, sino el financiamiento de los partidos políticos, porcentaje de los partidos, con lo cual no solo es el tema de la designación de candidatos”.

Durante el encuentro, Francos explicó que el Gobierno pretendía dividir en dos sesiones el tratamiento de los temas propuestos. Los representantes de La Libertad Avanza pidieron tiempo para reunir voluntades en torno a los puntos más polémicos y sugirieron que el 4 y 5 de febrero se convoque a las primeras reuniones de comisión (Presupuesto, Justicia y Asuntos Constitucionales), mientras que el 6 se realizaría el primer debate en el recinto. Se acordó, en principio, avanzar de esta manera.

Ritondo también remarcó que el PRO quería debatir otros proyectos “claves” para ellos, como la reforma del Código Procesal Penal sobre reiterancia y el Juicio en Ausencia. En paralelo, mencionó que analizarían con especialistas el proyecto para reformar la ley de Ganancias sobre quebrantos impositivos. A su vez, se refirió a los posibles cambios en el partido amarillo y negó movimientos significativos hacia el oficialismo: “No hay fugas del PRO a LLA. Valenzuela ya estaba ido. Montenegro no. Hablo con los intendentes y no hay fugas. Unirse con LLA es otra discusión, en provincia de Buenos Aires creo que es necesario ir juntos para ganarle al kirchnerismo”.

Al salir de la Casa de Gobierno, Ritondo confirmó que el bloque respaldaría el proyecto de Ficha Limpia impulsado por el Ejecutivo: “Absolutamente, sin ningún reparo. Lospennato se reunió en diciembre, recibió el borrador, nos informó que está bien. Se agregaron una cuestión de los años electorales y que no sea solo para cargos legislativos sino también ejecutivos”. Consultado sobre la posibilidad de que Mauricio Macri fuera candidato a senador, respondió: “Depende de él”.

En cuanto a la intención de eliminar o suspender las primarias, el oficialismo informó que necesita alcanzar 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. Hasta ahora, el PRO y un sector de la UCR estarían a favor de suspender las PASO este año y analizar a futuro una reforma más profunda. “El tema PASO y el financiamiento de partidos políticos son temas que llevamos para debatir con el bloque. Compartimos mucho esta idea del gobierno, pero hay que darle forma, porque modifica la vida política y es un tema que necesita y requiere de consenso”, había expresado Ritondo más temprano. Agregó que la estrategia oficial se centraría en buscar mayores consensos la semana siguiente, antes de convocar a la sesión del 6.

Francos, por su parte, explicó la urgencia del Ejecutivo: “Somos una minoría parlamentaria muy marcada como espacio político, con lo cual necesitamos de acuerdos con los bloques como lo hemos hecho para sacar leyes importantes, particularmente la ley Bases”. Según señaló, buscaba “analizar cómo está cada uno de los bloques para el tratamiento de los temas, ver si hay acuerdos para tratarlos, en cuáles tenemos y posibilidades de mayoría y en cuáles no”.

El Gobierno también adelantó que planeaba convocar a senadores aliados para una reunión similar, con el propósito de garantizar el tratamiento de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema de Justicia, la llamada ley antimafia -que cuenta con media sanción de Diputados e impulsa la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich-, y la eventual eliminación de las PASO en caso de contar con los votos necesarios. Entre los posibles invitados figuraban Eduardo Alejandro Vischi (UCR), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), Juan Carlos Romero y Beatriz Ávila (Por la Justicia Social), además de otros legisladores del interbloque Provincias Unidas.

Las reuniones se enmarcaron en las sesiones extraordinarias, que comenzaron formalmente y se prolongarían hasta el 21 de febrero. El objetivo oficial fue tratar en el Congreso una serie de proyectos, entre ellos la reforma política, la normativa sobre reiterancia, el régimen de quebrantos impositivos y Ficha Limpia. El Ejecutivo estimó que el gasto en las PASO asciende a unos 150 millones de dólares.

Redacción

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Un escandaloso audio expone a Santillán ofreciendo convertir un club en SAD con acuerdos con Cúneo y la IGJ

Un escandaloso audio difundido esta semana por el portal especializado Doble Amarilla involucró a la diputada nacional de La Libertad Avanza, Juliana Santillán, en un presunto intento de tráfico de influencias para convertir al Club Social y Deportivo Bancruz, de Río Gallegos, en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD). En la grabación filtrada, Santillán aseguró tener “todo arreglado” con el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Roque Vítolo, para garantizar la celeridad del trámite.

El material en cuestión proviene de un diálogo de Whatsapp ocurrido el 12 de julio entre la legisladora y el periodista Juan Cruz Sanz, quien ocupa el rol de presidente ejecutivo del club del sur desde octubre de 2023. “Es un trámite que lo llevamos con Cuneo Libarona, habilita a la inversión extranjera, viene a ser como un fideicomiso lo que nosotros necesitamos, por eso la consulta es si el club tuyo es asociado a la AFA como Arsenal”, señala Santillán en el audio.

EL POLÉMICO AUDIO DE SANTILLÁN

Santillán le propone a Sanz que le presente “una nota, no de intención, pero de consulta ante la Inspección General de Justicia. Tenemos a los inversores extranjeros que vienen de la mano de la liga inglesa de fútbol, esa es una de las partes”. 

“Tenemos que tener dos partes: la interesada en invertir y la parte que recibe la inversión”, explica Santillán y le asegura que el camino está allanado. “Obviamente estamos alineados con el director de la IGJ, con absolutamente todo, pero necesitamos el club”.

En su relato, Santillán asegura a Deportivo Bancruz que tenían “todo armado” para que el club que iniciara el trámite no pudiera tener ninguna sanción por parte de la Asociación del Fútbol Argentino: “La AFA no puede desafiliar un club con esta carta a la IGJ, porque es como si vos hicieras un trámite en el registro civil, es totalmente ajeno a lo que pueda hacer AFA, pero es el trámite que se necesita. Nosotros necesitamos al club para hacer un trámite en la Justicia que no lo pone en riesgo al club, pero que nos permite instalar o meter un expediente”.

– Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia) y Roque Vítolo (titular de la Inspección General de Justicia)

En otra parte del audio revela que el pedido lo hace alineada con el presidente de la Nación Javier Milei. “El presidente necesita la conversión de los clubes a SAD, que es la figura que estamos trabajando”.

Consultada por el diario La Nación, la diputada oriunda de Mar del Plata confirmó que el audio existió pero negó la existencia de presión política: “Yo tengo la conversación completa, la que es prueba documental si la justicia lo requiere. Juan Cruz Sanz se presentó ante mí como presidente de un club, pidiéndome asesoramiento, anteriormente también había hablado con (Daniel) Scioli y (Julio) Garro. Le respondí las consultas y asesoré según sus inquietudes”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Cúneo Libarona, prefirió el silencio y no dio declaraciones.

– El periodista y presidente del Club Social y Deportivo Bancruz, Juan Cruz Sanz

En redes sociales, Santillán respondió a las críticas asegurando que su gestión busca “modernizar un sistema quebrado” y promover la inversión privada como motor de crecimiento.

En un extenso posteo publicado en X, la diputada afirmó: “Un dirigente me contactó desesperado por la situación de su club. No solo es berreta, sino que demuestra el miedo que le tienen a las SAD y a la libertad de los clubes a elegir su propio destino. Estoy siendo objeto de operaciones, y lo único que se busca es la modernización de un sistema quebrado, que quebró la dirigencia que conduce la Liga Nacional del Fútbol Argentino”. Además, defendió la iniciativa impulsada por el gobierno, afirmando: “No hay ningún rédito personal en mi gestión, más que cumplir con el deseo de nuestro gobierno de poner a la Argentina en otro nivel, en el camino virtuoso de la inversión privada, del crecimiento de los clubes, bajo su propia elección. Es lo único que hay, y lo vamos a lograr”. 

El periodista Juan Cruz Sanz también aportó detalles sobre el contexto que lo llevó a mantener diálogos con Santillán. “Asumí con la intención de buscar fondos para revivir el club, que pueda volver a ser lo que fue, y así solicité ayuda a Daniel Scioli, ya como funcionario de este gobierno. Él me derivó a Julio Garro (ex subsecretario de Deportes), con quien me contacté dos semanas antes de que Milei lo echara del cargo”, explicó el presidente del Club Bancruz, al reconstruir la previa de su contacto con Santillán.

– El comunicado de Club Social y Deportivo Bancruz, publicado ayer en X

“Cuando a Garro lo echan, sigo la conversación con Santillán, siempre en la búsqueda de encontrar sponsor para revivir al club. Sabía que ella tenía llegada en el sector y lo primero que me pide es que el club debía convertirse en SAD. Yo estoy en contra de esa idea y el club también, pero decidí seguir la corriente, como periodista, para ver qué eran capaces de hacer”, agregó Sanz, quien desde el año pasado se alejó de los medios y actualmente se desempeña como encargado de comunicaciones del Consejo Federal de Fútbol.

El dirigente también relató que tuvo una reunión con Juan Cruz Martínez, abogado de Santillán. “Hablo con la AFA y aviso que voy a seguir hablando con ella. Le seguí la corriente para que me sienten con los supuestos inversores, pero eso nunca ocurrió. Me pedían que armemos los papeles y todo el tiempo me decían no queremos nada”, detalló.

Finalmente, Sanz vinculó lo sucedido con Santillán a otros movimientos similares en el fútbol argentino. “Cuando pasa lo de Estudiantes, digo: están haciendo lo que me proponían a mí que haga con Bancruz, y por eso decido difundir el audio. Ahora debe investigar la justicia”, afirmó el presidente ejecutivo del club, que actualmente participa en la Liga de Fútbol Sur y cuenta con licencia deportiva para disputar el Torneo Regional Amateur.

Redacción

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