FUERTES CAMBIOS | Renunció el jefe de Gabinete de Mondino y crece la tensión en el gobierno
Mientras crece el conflicto diplomático con Brasil y Bolivia, la ministra de Relaciones Exteriores se enfrenta a una fuerte crisis de gestión, en medio de su pelea con Karina Milei que le resta poder.
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Mientras la ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, se encuentra inmersa en una fuerte disputa de poder con Karina Milei, sufre una fuerte baja en su entorno más cercano, ya que renunció su jefe de Gabinete, Federico Barttfeld.
El diplomático fue reasignado por el Gobierno como Embajador en Portugal, por lo que tuvo que oficializar su renuncia para poder tomar el cargo afuera del país. El cambio se da en medio de una fuerte pelea que la Canciller mantiene con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei y el propio Presidente, por sus cuestionados viajes al exterior, que paga el Estado.
La salida de la mano derecha de Mondino responde a un fuerte conflicto de intereses dentro del terreno diplomático, que no atraviesa su mejor momento, tras las críticas de Javier Milei contra su par de Brasil, Lula da Silva, que elevaron la tensión entre naciones y que la titular de la diplomacia argentina no supo manejar.
Además, la tibia respuesta de la funcionaria sobre el intento de golpe de Estado en Bolivia y el enojo del presidente de ese país, Luis Arce para con el mandatario libertario por acusarlo de un “auto golpe”, elevaron la tirantez entre la cordobesa y la Casa Rosada.
Por ahora, la Canciller parece sostenerse en su cargo, a pesar de la nula relación con los hermanos presidenciales, y fue confirmado que viajará el próximo sábado a Paraguay, para participar de la cumbre del Mercosur, a la que Milei no quiere asistir para no cruzarse con Lula, tras acusarlo de “corrupto” y “comunista”.
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En un posteo en su cuenta oficial de X, luego de una entrevista de más de una hora con LN+ el pasado domingo con Luis Majul, el presidente Javier Milei volvió a dirigir fuertes críticas contra el Grupo Clarín, al que calificó de “la gran estafa argentina”. Según el jefe de Estado, el conglomerado mediático solo lo ha hostigado con “mentiras”.
Milei recordó hechos sucedidos en 2002, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando Clarín, “al borde de la quiebra”, participó en una reunión en Banfield junto a Magnetto, Duhalde, Remes Lenicov y otros actores políticos. En esta, “se acordó devaluar 300%” y “la aprobación de la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales”, medida que habría impedido a los bancos ejecutar la deuda millonaria del Grupo, ascendiente a 3.000 millones de dólares, al declarar inembargables sus acciones porque “al ser bienes culturales no iban a poder ser ejecutables”.
“De esa manera, Clarín consiguió, a costa de todos los argentinos, arreglar sus problemas financieros”, aseguró Milei, subrayando que nunca se sabrá “a cambio de qué” se tomaron esas decisiones.
En febrero de 2025, Clarín anunció planes para fusionar sus operaciones de telecomunicaciones, lo que según el Gobierno le daría control sobre el 70% del servicio de internet residencial, 65% de las líneas móviles y el 80% del cable operado.
Milei respondió movilizando al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), acusando a Clarín de buscar un “monopolio abusivo”. La ironía histórica —criticar intervencionismos mientras se movilizan organismos reguladores— expuso la naturaleza reactiva de la política estatal.
El origen clave se remonta a la pesificación asimétrica —la conversión forzosa— en la crisis económica de 2001, como medida que convirtió depósitos en dólares a pesos con una tasa desfavorable, donde se le acusa a Clarín de haber respaldado esta política durante los gobiernos kirchneristas, argumentando que el grupo recibió la Ley de Medios de 2009 como “premio de consuelo” para evitar su bancarrota en la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Según la narrativa oficial, Clarín habría sido cómplice de un “robo” de USD$30.000 millones a los ahorristas.
Clarín, por su parte, ha rechazado categóricamente tales acusaciones. En un comunicado emitido el 2 de marzo de 2025, la empresa detalló que el 95% de su deuda en 2001 estaba denominada en dólares y bajo jurisdicción extranjera, lo que multiplicó su pasivo cuatro veces tras la devaluación. La firma sostuvo haber reestructurado sus obligaciones mediante acuerdos privados con acreedores internacionales, sin recurrir a rescates estatales.
EL COMUNICADO DEL GRUPO
– “Como se explicó varias veces, el Grupo Clarín fue una de las empresas argentinas más perjudicadas por la devaluación, ya que más del 95% de su deuda, a fines del 2001, estaba tomada en dólares y en el exterior del país y bajo legislación extranjera. Por ello, lejos estuvo de impulsar o beneficiarse de cualquier pesificación o licuación de deuda“
“Cuando Clarín nos ataca, sepan que la razón es esta. Quieren controlar las comunicaciones de todo el país. Pero en el fondo no me están atacando a mí. Te están atacando a vos”, enfatizó al finalizar su tweet. Además, Milei culpó al Grupo Clarín de orquestar una “operación periodística” para desacreditar a su gobierno mediante “periodistas ensobrados” en el caso de $LIBRA y los nombramientos por decreto de jueces para la Corte Suprema, afirmando que todo se debió a que una comunicadora está “muy caliente” con el gobierno, en lo que Clarín contrapone que gobierna únicamente por medio de “fake news emotivas”.
“Esto lo impulsó una periodista de Clarín, que me la tiene jurada porque está intentando quedarse con el monopolio de las comunicaciones, y ya avisé que va a intervenir el Enacom”, expuso en la nota con LN+.
La cobertura del incidente —que incluyó videos de seguridad revelados por Infobae y testimonios detallados— fue tildada como parte de una estrategia para darle atención “a una cosa tan marginal” y usando, irónicamente (?), frases del kirchnerismo como “Clarín miente”.
Después de las tensas manifestaciones en defensa de los jubilados y posterior represión policial en las afueras del Congreso, surgió un caso que puso en evidencia las diferencias internas en el PRO: el incidente que involucró al fotógrafo Pablo Grillo, que fue gravemente herido mientras cubría la protesta.
Grillo, que se encontraba en su labor profesional, recibió un impacto de bala de goma en el rostro. Este incidente generó una gran conmoción, no solo por la gravedad de las heridas, sino también por la actuación policial que fue fuertemente criticada por sectores de la sociedad y por la propia oposición.
Jorge Macri, al referirse al caso, se diferenció de Patricia Bullrich. El jefe de Gobierno porteño se mostró “preocupado” por el estado de salud de Grillo y, en lugar de centrarse en la actuación de la Policía de la Ciudad, cuestionó la decisión de la jueza Karina Andrade: “La liberación de los detenidos es un claro ejemplo de cómo la justicia no está funcionando frente a situaciones de violencia pública” y recalcó: “Si cada uno de los que tienen esta posibilidad de representar a gente, le meten nafta al conflicto, después tenés agresivos que van a buscar en ese tono que se instaló la excusa para elevar la violencia”.
En contraste, Patricia Bullrich, desde su rol como ministra de Seguridad, adoptó un enfoque más centrado en el accionar policial. Se mostró firme en su defensa de la intervención de la policía, aseguró que “la policía actuó de acuerdo a lo que la ley establece para estos casos. Estamos comprometidos con la seguridad pública y con el orden”. Además, al igual que en otras ocasiones, la ministra hizo hincapié en la necesidad de tomar medidas más estrictas frente a las protestas y las manifestaciones que desembocan en actos de violencia.
Por otro lado, el Jefe de Gobierno volvió a diferenciarse de la ministra, quien aseguró que los responsables intelectuales de los incidentes en la marcha de barras y militantes el pasado miércoles son dos intendentes peronistas: “No veo al kirchnerismo o al peronismo. Yo no creo que ningún espacio político democrático este detrás de ese tipo de violencia, pero en Argentina hace tiempo que tenemos movimientos anarquistas, violentos”.
La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una nueva movilización convocada para el próximo miércoles. Jorge Macri, informó que el viernes pasado se realizó una reunión con autoridades de Seguridad, convocada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, y anticipó que habrá otra en los próximos días.
Macri explicó que el protocolo de seguridad lo define la Nación, dado que se trata de objetivos federales, y que la Ciudad estará a cargo del tercer cordón de seguridad, como en otras ocasiones. Además, detalló que desde Nación están en preparación “mecanismos distintos” a los empleados en la marcha anterior, con el objetivo de reforzar la seguridad en las estaciones de tren y en áreas federales, tal como le informó su ministro de Seguridad, Horacio Giménez.
El 21 de enero pasado, la concesionaria Stampa Automotores SA ubicada en Tortuguitas, Panamericana R Pilar KM 0, le facturó al Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, 40 Fiat Cronos Drive 1.3.
El precio unitario que pagó el ministerio a cargo de Javier Alonso fue de $56.416.566, 26. En total se invirtieron 2.256.662.650,40 pesos.
El precio de mercado del auto de similares características es de 26 millones de pesos.La compra se habría realizado con un sobreprecio superior al 100%.
Según especialistas en seguridad, el precio podría ser superior por el blindaje y distintos agregados que tienen los patrulleros pero los montos salieron de la concesionaria. Los blindajes no se realizan en la casa donde se adquirieron.
Fuentes consultadas dentro del Ministerio aseguran que la compra se realizó de manera express y sorpresiva.
Las autoridades pidieron que la compra se realizase sin objeciones. La gestoría que estuvo a cargo de la operación fue Nugamax SRL.
Esa semana, Axel Kicillof presentó unos 30 patrulleros nuevos en Ezeiza.
Ese mismo vehículo fue adquirido por Kicillof el año pasado y, según informes públicos, donados a la provincia de Santa Fe. La Cornisa mostró que los mismos patrulleros de Santa Fe, donados por Kicillof, aparecían en La Matanza, provincia de Buenos Aires.
La Legislatura de Chubut aprobó el pasado jueves 27 el proyecto número 016/2025, presentado por el Ejecutivo provincial, que planteó la reforma de los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial. Estos preceptos otorgaban inmunidad de arresto a funcionarios de los tres poderes del Estado y a sindicalistas, de modo que no podían ser detenidos salvo en casos de flagrancia.
Con la propuesta, dicha protección quedó eliminada, permitiendo que gobernantes, legisladores, jueces, fiscales y representantes gremiales sean arrestados en caso de ser acusados de delitos, sin la restricción constitucional previa.
El debate en la Cámara de Diputados concluyó con 18 votos a favor, 5 en contra y la ausencia de algunos legisladores. El bloque oficialista Despierta Chubut respaldó la iniciativa de forma unánime, mientras que apoyaron también los diputados Claudia Williams (Arriba Chubut) y Daniel Casal (Familia Chubutense). Por el contrario, 5 legisladores del bloque “Arriba Chubut”, del Partido Independiente Chubutense y uno del Frente de Izquierda votaron en contra.
La reforma se someterá a la decisión popular el 26 de octubre, durante el plebiscito que tendrá lugar en simultáneo con las elecciones de medio término. En este contexto, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, difundió en su cuenta de X.
Torres también señaló: “era una deuda pendiente con la ciudadanía desde hacía mucho tiempo; finalmente pudimos dar vuelta la página y dejar atrás la época más oscura que nos tocó vivir como provincia: la época de la desidia y la corrupción”.
Remarcó que la enmienda convertiría a Chubut en la “primera provincia de la Argentina sin fueros” y precisó que se amplió la Ficha Limpia “con un objetivo claro: no permitir que los ladrones y los corruptos se atrincheren en la política”. Incluso agregó: “Esos sindicalistas y diputados que tenían privilegios ahora son iguales ante la ley en Chubut. Por eso, es responsabilidad de todos los chubutenses elegir qué camino seguir: el de la transparencia y la previsibilidad, o volver al pasado, donde la provincia era noticia por papelones institucionales o por causas de corrupción surgidas de la propia política”.
En el mismo sentido, el vicegobernador Gustavo Menna, uno de los impulsores de la medida, afirmó: “El paso que dio la Legislatura al aprobar la iniciativa hace que nadie tenga una situación de ventaja ante la ley y, sobre todo, que las decisiones de los jueces no sean sometidas a la aprobación de la política”.
También resaltó que “ahora la palabra la tiene la gente porque, al tratarse de una enmienda constitucional, tiene que ser aprobada por el pueblo de la provincia en un referéndum que se va a realizar en octubre. No nos cabe la menor duda de que el acompañamiento va a ser amplio y mayoritario porque los chubutenses luchamos para terminar con este tipo de privilegios”.
Los detractores de la reforma advirtieron que la eliminación de la inmunidad podría favorecer un clima de persecución política, mientras que los defensores consideraron que significaba un avance hacia mayores niveles de transparencia y responsabilidad pública.
De confirmarse esta reforma en el plebiscito de octubre, Chubut se convertiría en la primera provincia en eliminar los fueros para funcionarios y dirigentes sindicales, un hecho que marcaría un hito jurídico e institucional.
El presidente JavierMilei convocó a su Gabinete y al titular de la Cámara de Diputados, MartínMenem, a una cena privada en la Casa Rosada tras su discurso en la Asamblea Legislativa, este sábado en el Congreso. La exclusión de la vicepresidenta Victoria Villarruel confirma el distanciamiento político entre ambos, una tendencia que se acrecentó en los últimos meses y que pone en evidencia su marginación dentro del Ejecutivo.
El reencuentro sucederá luego de casi cuatro meses sin contacto. La última vez que coincidieron fue el 1 de noviembre de 2024, durante el 203° aniversario de la Policía Federal. Antes, el 15 de septiembre de 2024, durante la presentación del Presupuesto 2025 en el Congreso. En aquella ocasión solo intercambiaron un saludo formal y breves palabras de rigor, más que nada, para las cámaras de los medios.
La cena, que se llevará a cabo en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada —un espacio poco habitual para este tipo de encuentros— contará con la presencia de Karina Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mario Lugones (Salud), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Luis Petri (Defensa), Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Federico Sturzenegger (Desregulación). También estará presente el vocero presidencial Manuel Adorni. Además de Menem, se evaluó la posible participación de otros asesores cercanos al presidente, incluyendo a Santiago Caputo, aunque su asistencia aún no está confirmada.
El deterioro del vínculo entre Milei y Villarruel fue progresivo y se reflejó en varios episodios clave. Uno de los puntos más conflictivos ocurrió cuando la vicepresidenta presidió la sesión del Senado que destituyó al senador Edgardo Kueider, peronista aliado al oficialismo que fue detenido en la frontera con Paraguay con 200.000 dólares sin declarar. El Gobierno reprochó a Villarruel por haber conducido la sesión en ausencia de Milei, quien estaba de viaje.
Otro motivo de enfrentamiento fue cuando la vicepresidente se quejó públicamente de ganar “dos chirolas” en un contexto en el que el Ejecutivo promovía la reducción de los gastos del Congreso.
Otro punto de fricción fue su postura en la controversia diplomática con Francia tras los cantos racistas de la selección argentina en la Copa América. Villarruel acusó al país europeo de ser “colonialista”, lo que obligó a Karina Milei a disculparse formalmente ante el embajador francés. En la Casa Rosada consideran que la vicepresidenta trató de posicionarse políticamente de manera independiente, lo que generó suspicacias dentro del mileísmo. Además, su postura en temas como las jubilaciones de privilegio, el aumento de dietas legislativas y su crítica al acuerdo con el Reino Unido sobre Malvinas también contribuyeron al distanciamiento.
– La respuesta de Villarruel a un usuario de Instagram, en enero
También fue excluida del grupo de WhatsApp del Gabinete, lo que oficializó su desvinculación de las decisiones de Gobierno. En los últimos meses, se le acusa ausentarse de reuniones estratégicas. En Balcarce 50, se considera que su figura es cada vez más irrelevante dentro del esquema de poder, “si había algún quilombo, como el de las universidades, no venía, pero si después cuando había algo que salía bien, reaparecía” —confirmaron fuentes de Casa Rosada al sitio Letra P— y de mantener contactos con “sectores de la oposición”, lo que profundizó aún más la desconfianza en su contra.
Por otra parte, el discurso de Milei en la Asamblea Legislativa abordará cuestiones como seguridad y economía, con una fuerte crítica a la “ideología woke” y un respaldo a la iniciativa de Patricia Bullrich y Cúneo Libarona para reducir la edad de imputabilidad a 13 años. También se espera un anuncio de gran impacto, cuyo contenido se mantiene en estricta reserva. Sin dar demasiados detalles, el oficialismo adelantó que dicho anuncio “se llevará los titulares”.
La exclusión de Villarruel de la tertulia parece consolidarse como un reflejo más de la fractura entre la vicepresidenta y el Gobierno. Aunque evitó confrontaciones públicas con Milei, las diferencias estratégicas y políticas quedaron en evidencia. En su entorno, aseguran que sigue comprometida con el proyecto libertario, pero con una visión propia sobre cómo debe conducirse la gestión. Sus ‘pares’ de la Rosada, sin embargo, la consideran una figura prescindible. Al menos, estas fueron las palabras que el propio presidente utilizó a finales de noviembre de 2024, entrevistado por Esteban Trebuc: “Villarruel no tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones”.
María Eugenia Talerico, reconocida penalista, exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF) y excandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, participó en la décima edición de Perdón por la vehemencia, el programa de Eduardo Prestofelippo, más conocido como El Presto, emitido en Canal EY!.
Durante la charla, Talerico profundizó en el polémico nombramiento de Ariel Lijo —y de Manuel García-Mansilla en paralelo— a la Corte Suprema por parte del presidente Javier Milei. La abogada no dudó en calificar al juez como “el más corrupto de la historia Argentina”. Además, manifestó su preocupación por los “oscuros motivos” que otros medios atribuyen al detrás de la designación, advirtiendo que la medida podría encubrir escándalos como el “criptogate”.
Estas declaraciones se suman a sus críticas previas, en las que afirmó que “Lijo es el juez proveedor de impunidad a la casta”.
“Hay un gobierno que se está asociando con lo que supuestamente dejamos atrás para la Argentina nueva”, declaró Talerico durante el stream.
Cabe destacar que Milei recurrió a este mecanismo excepcional de la Constitución tras el fracaso de su intento de nombrar a Lijo en el Senado, el cual enfrentó 34 impugnaciones ciudadanas y la oposición unificada de bloques peronistas y sectores dialoguistas —un récord histórico para un candidato a la Corte— que cuestionaron tanto el procedimiento como los antecedentes del candidato. Solo el último intento de sesión se vio opacado por el escándalo de la criptomoneda $Libra, que debilitó la posición negociadora del Gobierno.
La situación llevó a la Casa Rosada a utilizar la figura de designar “en comisión”, contemplada en el artículo 99 para cubrir vacantes temporales. Sin embargo, críticos como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierten que este recurso se emplea para evadir el control parlamentario, estableciendo un precedente peligroso para la independencia judicial.
“Este juez, en particular, es el más cuestionado en el Consejo de la Magistratura, según estadísticas y encuestas; pero, sobre todo, es quien ha otorgado mayor impunidad a la clase política”, afirmó Talerico, agregando que “ha experimentado un crecimiento patrimonial exponencial, respaldado por la protección que recibe de un sistema judicial que se ha pervertido desde hace muchos años”.
Un estudio conjunto de la ACIJ y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) reveló que, de 89 causas de corrupción asignadas a Lijo entre 2006 y 2024, solo el 15 % llegó a juicio oral. Trece expedientes permanecen en etapa de instrucción por más de una década, entre ellos tres con demoras de 17, 18 y 26 años respectivamente, posicionándolo como el juez con el peor índice de resolución en Comodoro Py, cerrando menos de la mitad de los casos asignados.
– “Hay un gobierno que se está asociando con lo que supuestamente dejamos atrás para la Argentina nueva”
Talerico enfatizó que “Lijo cajoneó la defraudación de los Kirchners con los Eskenazi”, refiriéndose a la investigación por el vaciamiento y expropiación de YPF, uno de los casos más emblemáticos bajo su jurisdicción. Según la abogada, el supuesto fraude de la petrolera en 2012 derivó en una condena de US$16.000 millones contra Argentina en tribunales estadounidenses, y la demora en resolver el expediente debilitó la posición legal del país.
“Hace tiempo se observa un juego perverso con el kirchnerismo. Con esto, podemos comenzar a hablar de corrupción y de maniobras más extrañas que el criptogate”, comentó.
La letrada también señaló una “paradoja” en este juicio, afirmando que “unos US$5.000 millones le van a volver a los Eskenazi”, y denunciando que “los Kirchners orquestaron toda esta maniobra para generar la demanda”. Además, agregó que “mientras nos anestesian con la subida de precios, se llevan puesta toda la República”.
Por otro lado, se han generado cuestionamientos sobre el equilibrio de género en la composición del tribunal supremo, ya que desde 2021 no hay mujeres entre sus integrantes. Talerico sugirió que aún es incierto qué sucederá con Mansilla, quien declaró que no se presentaría por decreto, lo que podría generar “mucho fútbol para la tribuna”.
“No vaya a ser que solo nos quede Lijo y una vacante que se está acordando”, advirtió alegando que: “Los kirchneristas necesitan el cargo en la Corte para nombrar al Procurador General y lograr la impunidad completa de Cristina Kirchner”.
Lijo mantiene causas “dormidas” hasta que factores políticos reactivan su interés, como ocurrió con el caso Siemens durante el gobierno de Mauricio Macri. Aplica esta medida con discrecionalidad, según análisis de ACIJ. Por ejemplo, en el caso Ruckauf (25 años de trámite), el imputado permanece libre pese a las evidencias de enriquecimiento ilícito. Su manejo del caso Ciccone muestra cómo ajusta el ritmo procesal a conveniencia.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.