Entre dólares y joyas, la trama oculta de la visita de CFK a Angola

Fue uno de los viajes más bizarros que hizo Cristina Kirchner durante su mandato presidencial. Ocurrió en mayo de 2012 y el destino fue Angola.
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Allí, donde encabezó una misión comercial junto a 400 empresarios, la hoy vicepresidenta no se privó siquiera de bailar una danza típica africana. Ciertamente, fue impactante.

Sin embargo, hasta el día de hoy nadie ha logrado descifrar cuál fue el verdadero motivo por el cual la entonces jefa de Estado llegó hasta ese lejano país. Es lo que develará esta nota, ocho años después.

Para empezar, hay que recordar la pasión de Cristina por las joyas, la cual supo satisfacer comprando de manera “crónica” en la joyería Jean-Pierre de la Ciudad de Buenos Aires. Según Sergio Hovaghimian, empleado de ese local, la entonces mandataria enviaba a una mujer que retiraba joyas y pagaba en negro en operaciones anuales valuadas en un millón de euros.

Dicho esto, hay que trasladarse a Ginebra, donde se encuentra la casa central de De Grisogono, una importante red mundial de joyerías fundada por un empresario Italiano Libanés llamado Fawaz Gruosi. Para quien no la conozca, baste mencionar que está entre las más importantes del mundo y supo participar en los grandes eventos de lujo en Europa junto a estrellas del cine.

Como misión, De Grisogono siempre buscó competir con los grandes de la industria de los diamantes como De Beers. Y ahí viene el quid de la cuestión: esta red de joyería comercializa joyas hechas con diamantes de Angola.

En febrero del año 2012, Sindika Dokolo, esposo de Isabel Dos Santos —hija del expresidente de Angola— inició la adquisición y control de De Grisogono. Para esto, afrontó una mínima parte del pago del capital mayoritario y el resto fue financiado y garantizado por empresas públicas angoleñas controladas por su esposa y su suegro, el entonces jefe de Estado.

La adquisición se hizo mediante el uso de una compleja estructura de sociedades offshore y se concretó con la compra de un 90% de la firma. Esto garantizó el control absoluto de la empresa y la comercialización casi exclusiva de los diamantes angoleños.

Un 10% restante de la participación accionaria quedó en manos de Riogersa, perteneciente a un controvertido empresario español llamado Moisés Mauricio Toledano, quien, a través de otra empresa llamada Eurofinsa —que también está registrada y opera en Argentina— es uno de los principales donantes a la fundación de la que vive el ex juez Baltasar Garzón y se vio envuelto en casos de corrupción en Angola.

Según pudo comprobar Tribuna de Periodistas a través de la consulta a dos fuentes altamente calificadas —una de ellas del propio entorno de la expresidenta—, es que Toledano sería el nexo entre el gobierno angoleño, la joyería De Grisogono y Cristina Kirchner.

No es el único: quien también actuó como nexo ha sido el polémico empresario portugués Helder Bataglia, cuyos contactos en Argentina son Jorge Do Amaral, de la cámara Argentina Portuguesa y Julio De Vido.

Este empresario es dueño de múltiples compañías y era socio de los empresarios Sam Pa —empresario con múltiples nacionalidades y ligado a los servicios secretos de China que manejaba los millonarios fondos de 88 Queensway Group para financiar proyectos faraónicos en África y Venezuela— y Pierre Falcone.

Para los menos avispados, Bataglia encabezó junto a Sam Pa el falso anuncio de inversiones chinas en Argentina en el año 2005 y presentadas oficialmente pero luego desmentidas por el gobierno Chino. Este empresario portugués fue muy amigo del presidente de Congo Denis Sassou Nguesso y de su par de Angola Eduardo Dos Santos.

En síntesis: la misión comercial de Cristina fue solo una excusa para viajar a Angola y transportar una considerable suma de dinero en efectivo para adquirir joyas.

Como ella misma no podía pagar y retirar las joyas —ya que en el mercado de las joyas de lujo y diamantes las adquisiciones van acompañadas de certificados de autenticidad y este certificado solo lo expiden los “dealers” (1)—, la entonces presidenta pergeñó el viaje que hizo Amado Boudou a Ginebra.

La excusa que se pergeñó para justificar el viaje del exvicepresidente fue la de “pedir ayuda” a la Cruz Roja para realizar ADN de los soldados caídos en Malvinas. Ciertamente, fue poco creíble, ya que la propia Cristina había recibido la negativa por parte de la misma entidad, quien le envió una misiva afirmando que no realizaba ese tipo de estudios.

No obstante, el viaje de Boudou coincidió con el hecho de que la hoy vicepresidenta había sido elegida para recibir un premio llamado “Las mujeres y las niñas en las Tecnologías de la Comunicación” por parte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), un organismo dependiente de las Naciones Unidas. Casualmente, ambas oficinas, la UIT y la joyería De Grisogono, se encuentran a 6 minutos en automóvil.

De acuerdo a los mismos informantes con los que habló este portal, el dinero “en negro” aportado por Cristina en Angola habría sido canalizado a través del Banco Bic, de raigambre portuguesa, controlado por Isabel Dos Santos.

Es el mismo banco que le concedió un crédito a la empresa pública Angoleña SODIAM para la adquisición la joyería De Grisogono por U$S400 millones.

Como sea, debe decirse que fue más que llamativo que se haya decidido el viaje de Cristina hacia un país y el vicepresidente a otro en forma simultánea, ello por motivos que no acreditaban urgencia alguna, quedando el país al mando de Beatriz Liliana Rojkés de Alperovich.

  • (1) A su vez, en Angola existe una empresa pública llamada SODIAM que tiene la exclusividad de comercialización mayorista. Ergo, los diamantes angoleños no se pueden vender al por mayor en su lugar de origen sino que son distribuidos por joyerías que los adquieren, les dan valor agregado y los comercializan al por menor y como parte de alhajas.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas – Christian Sanz

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“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

Diputada de Grabois quiere crear un impuesto a los “pedos de vacas”

La legisladora provincial de Unión por la Patria, Lucía Lorena Klug, militante del movimiento Patria Grande cercano a Juan Grabois, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA). La iniciativa estableció un gravamen sobre las emisiones de metano de la ganadería –incluidas las flatulencias y eructos del ganado bovino– para conformar un fondo fiduciario destinado a “compensar” esos gases mediante mejoras en la gestión de residuos sólidos urbanos.

El proyecto no contó con el acompañamiento de otros diputados y, según fuentes legislativas, Klug lo presentó para “despedirse” de la función, ya que su mandato finalizará la próxima semana.

La iniciativa se apoya en la necesidad de “combatir el cambio climático”, haciendo especial hincapié en la reducción de gases de efecto invernadero. La legisladora dijo que Buenos Aires es responsable de un cuarto de las emisiones totales del país, debido a su densa población y su amplio desarrollo productivo.

Pese a este andamiaje discursivo sobre el cuidado del medioambiente, el rechazo del campo fue inmediato. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su repudio frontal a la TAMBA. En un posteo en la red X, la entidad ironizó: “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”.

“Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”. La entidad agropecuaria subrayó que “la ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”.

Una intendente K aplicó un impuestazo del 124% a las guías de hacienda

Los ruralistas remarcaron que Klug no los consultó en ningún tramo de la redacción del proyecto. Su presidente, Ignacio Kovarsky, enfatizó que la propuesta “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural. La TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva record”.

Kovarsky condensó el impacto que advirtió en una frase que se volvió consigna del rechazo rural: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”.

Carbap también recordó que ya había advertido sobre la falta de eficiencia en el gasto público provincial y municipal, al señalar que “la discusión pública se concentra en endeudamiento y reparto de posiciones, pero la Provincia sigue sin revisar ni eficientizar gastos provinciales y municipales”. En la misma línea, sostuvo que “no existe un plan serio de ordenamiento ni de racionalización del Estado; y una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública”.

Otra entidad de fuste que repudió enérgicamente el impuesto encubierto fue la Confederaciones Rurales Argentinas. Para CRA, la medida propuesta por la diputada de Grabois, lejos de ser una cuestión ambiental, “es otra muestra de la capacidad de daño de dirigentes que, lejos de comprender cómo se produce en la Argentina, vuelven a atacar al sector que sostiene al país”.

La organización que lidera Carlos Castagnani exigió dirigentes comprometidos con el sector productivo, en lugar de impulsar lo que calificaron como “ocurrencias desconectadas de la realidad del campo y de la ciencia”. Remarcaron que, con propuestas como esta, “queda claro el tipo de liderazgo con el que pretenden que construyamos futuro”.

Por su parte, en el recinto, quien apuntó directamente al núcleo del proyecto fue Luciano Bugallo, diputado provincial de la Coalición Cívica. “Hemos llegado al límite del absurdo en la Legislatura bonaerense. Pretender imponer un nuevo ‘impuesto a los pedos de las vacas’ supera cualquier frontera de la cordura. En lugar de generar incentivos para fomentar la producción, seguimos inventando disparates para convertir a la vaca en un nuevo sujeto imponible”, afirmó.

Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

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Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.

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