La batalla judicial entre la primera dama, Fabiola Yáñez y aquellos que exigen conocer sus gastos durante la pandemia por coronavirus se inició en julio de 2022, cuando la diputada Karina Banfi celebró el fallo del juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 6, que ordenó a la secretaría General de la Presidencia explicar el uso de fondos públicos de Yáñez durante el 2020.
Recordemos que, Yáñez en plena pandemia y cuando Fernández amenazó a la gente a que no salga de sus hogares, llevó a cabo la polémica “Fiesta en Olivos” por su cumpleaños. Además, habría contratado amigas personales en roles de “asistentes” y “asesoras”.
El primer reclamo se llevó adelante ante la Agencia de Acceso a la Información, que sólo brindó datos incompletos. Entre lo que se omitió, se encontraban los informes correspondientes a los ingresos de Federico Abraham, peluquero de Yáñez, y Ariel Alonso Zapata, adiestrador de Dylan, la mascota del matrimonio presidencial, a la Quinta de Olivos.
Tras aquel fallo de julio de 2022, Yáñez apeló la medida judicial, asegurando sentirse agraviada y pidiendo que las costas sean cubiertas por la propia Banfi. Cosa que fue descartada por la justicia.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal Nro. 2 aseguró que “no se advierten motivos que justifiquen apartarse del principio objetivo de la derrota, de modo que corresponde rechazar el presente agravio y confirmar la sentencia de grado”. Además, determinó imponer las costas “a la parte vencida”.
La Justicia le dará sólo quince días para transparentar la utilización que haya hecho de fondos públicos y, además, deberá también pagar las costas del nuevo fallo, además de las del anterior.
Fuente: Realpolitik