Emerenciano Sena: el piquetero detenido por la desaparición de Cecilia Strzyzowski
El dirigente social amigo del gobernador del Chaco, Jorge Capitanich, es el principal sospechoso junto a su hijo por la desaparición de la joven de 28 años.
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Esta semana se cumplirán dos semanas desde la desaparición de Cecilia Strzyzowski, con cada día la investigación parece complicar cada vez más a la familia Sena. El caso tiene en vilo a la provincia del Chaco ya que Emerenciano Sena, el padre de César -principal acusado, pareja y detenido por la desaparición de Strzyzowski- es el líder piquetero más importante de la provincia norteña y también tiene estrechos vínculos con el gobernador K, Jorge “Coqui” Capitanich.
Debido a los lazos sospechosos, la policía chaqueña procedió con la detención del Emerenciano junto a su esposa, Marcela Acuña, acusados por el delito de coautores de “homicidio simple junto a cinco personas”.
Cecilia Strzyzowski, la joven desaparecida
El domingo, luego de realizar un intenso rastrillaje en un campo de la propiedad de los detenidos, la policía encontró una bolsa con huesos quemados que había sido enterrada. Dos días antes, en la propiedad que utilizaban habitualmente César Sena y la víctima, habían hallado una sierra, un machete, municiones y un rastro de sangre.
Ante esas pruebas, el fiscal Jorge Cáceres Olivera sostuvo que los tres familiares y otras siete personas están vinculados al caso.
Emerenciano Sena junto al gobernador Jorge Capitanich
En paralelo al caso de Strzyzowski, la historia de Emerenciano resultó ser una alarma y un claro agravante en la causa, dado quetiene denuncias por “extorsionar” a sus pares.
Durante la crisis económica de los 90′, Sena aprovechó para posicionar como uno de los rostros visibles de la lucha por los más necesitados desde su rol como piquetero. Seguidamente, la crisis del 2001 que propició la salida del expresidente Fernando De la Rúa terminó por catapultarlo en el territorio chaqueño.
La ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, y la secretaria de Derechos Humanos y Géneros, Silvana Pérez, dieron a conocer este viernes las medidas de acompañamiento y abordaje con perspectiva de géneros en la búsqueda de Cecilia Strzyzowski (Chaco gobernación)
Tal es así que, con el pasar de los años comenzó a codearse con el Gobernador y con la misma presidente en aquel entonces, Cristina Fernández de Kirchner. Gracias a estos tan poderosos contactos, Sena pudo hacerse de escuelas de gestión social, unas 100 instituciones le fueron adjudicadas según varias denuncias de la oposición, aunque oficialmente solo serían 14.
En contrapartida, con quien no tuvo buena relación y por ende no obtuvo beneficio de ello, fue con Juan Carlos Bacileff Ivanoff, el vicegobernador de Chaco que tomó el poder cuando “Coqui” arribó a Buenos Aires al gobierno de CFK.
Este domingo 18 de junio se votará en la provincia del Chaco y la lista oficialista tiene a Emerenciano como candidato a diputado provincial
Bacileff Ivanoff lo llegó a etiquetar de “apretador profesional” y, de hecho, realizó manifestaciones en contra de los que “estafan a los humildes”. Calificándolo de ser un “mercenario que anda en camioneta 4×4 y casas millonarias”.
Con algunos enemigos, pero con muchos más amigos, Sena logró ascender como líder piquetero y llegó a consolidar un fuerte lazo con el Gobernador.
Fuente: Periodismo y Punto
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Productores ganaderos de la localidad entrerriana de Victoria (Entre Ríos) denunciaron una tasa de hasta $12.000 por cabeza y reclamaron puertos alternativos. A inicios del año pasado el impuesto era de $300.
La intendenta kirchnerista de Victoria, Isa Castagnino, aprobó en abril de 2024 un fuerte incremento en la tasa por carga y descarga de hacienda en el Delta. Varios productores exhibieron facturas cercanas a $3 millones y pidieron que la provincia y Nación habilitaran puertos alternativos para evitar este “peaje” desmedido.
El esquema actual estableció un cálculo basado en la cantidad de kilos de novillo, tomando como referencia la cotización en el Mercado Agroganadero (MAG) de la categoría 431/460 kilos. Para quienes trasladaban hasta 100 cabezas se aplicó una tasa equivalente a dos kilos de novillo; de 101 a 400, tres kilos; y para más de 400, cuatro kilos. La normativa incluyó que “el 60% de los fondos recaudados serán destinados a rentas generales, el 30% al Programa de Becas Estudiantiles Primarias y solo el 10% destinado a gastos operativos y de infraestructura, para el mantenimiento de Bretes y Corrales”.
El presidente de la Sociedad Rural de Victoria, Eduardo Grimaux, describió el impacto: “Ahora, un productor grande, mediano o chico en cada entrada y cada salida tiene que pagar hasta $12.000 por vaca, novillo o vaquillona, dependiendo de cuántos animales tiene en la isla. Eso es solamente de servicio de pasarela, en realidad el municipio presta un servicio precario. Es pura recaudación, no es más que eso: el servicio es casi nulo y el productor queda en quebranto total. Es una fortuna”.
– La ordenanza del municipio de Victoria
En sintonía, los ganaderos resaltaron que este costo dejó en situación crítica la actividad en el Delta.
El reclamo se dirigió, además, al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, y al ministro de Desarrollo Económico de la provincia, Guillermo “Willy” Bernaudo, para que se habilitaran puertos alternativos que compitieran con el de Victoria. Grimaux aseguró: “Estamos haciendo fuerzas desde las rurales para que el gobernador, Rogelio Frigerio, y el ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo ‘Willy’ Bernaudo, traten de apurar que Vialidad Nacional avance en la habilitación que desde hace 11 meses está en marcha”.
La idea consistió en establecer tres o cuatro puntos de carga y descarga a lo largo del corredor vial 174 en territorio nacional, manejados por el sector privado, de modo que los productores pudieran elegir un mejor servicio y precio. “Es libre competencia, como dice el presidente Javier Milei”, afirmó Grimaux. Bernaudo, por su parte, confirmó la lentitud del trámite: “Estamos viendo qué margen de acción tiene la provincia, porque es una atribución del municipio el tema de las tasas. Pero los puertos provinciales que tienen carga y descarga de animales tienen un precio establecido de 70 centavos de dólar, o sea, algo como $850. Por lo que esta tasa de Victoria es por lo menos 10 veces más de lo que cobra la provincia en los otros puertos. Estamos viendo si hay algún mecanismo extraordinario para poder involucrarnos y actuar”.
En las últimas semanas, el debate se reavivó cuando un productor, bajo el seudónimo “Heredoto”, mostró en redes sociales una factura emitida por la Municipalidad de Victoria. Pagó $2.994.750 por el traspaso de 363 bovinos, más un recargo de 10%, lo que totalizó $3.294.225, equivalente a $8.250 por animal.“¡Costo Argentino! Por usar un corral 20 minutos, como transbordo de barco a camión, en Islas de Victoria, Entre Ríos. La Municipalidad de Victoria se queda con 7 terneros. ¡Inviable!”, escribió en su publicación y reclamó la intervención del gobernador Frigerio y de los ministros provinciales y nacionales Luis Caputo y Federico Sturzenegger.
– El pago de la tasa de un productor
Desde la Comunidad Islera Asociación Civil, su presidente, Leonardo Scarparo, describió que las islas no son solo pasturas gratuitas, sino que implican costos de sanidad, manejo y fletes, a lo que ahora se sumó lo que consideró un arancel desproporcionado. “El valor es totalmente inaceptable. La ecuación da que ese peaje que pagás por pasar 10 minutos por la manga supera al valor del costo del flete del barco. Lo que hace que, cuando uno lleva hacienda a una isla y paga el pastaje, el valor del peaje es aproximadamente el 40% del costo por pastaje y cuidado. Es desproporcionado absolutamente, sin ningún beneficio. Es una locura. No se puede trabajar de esta manera, es una cosa que no se puede mantener. Realmente esto atenta contra la producción de hacienda en las islas”.
La Mesa de Enlace provincial ya había advertido en un comunicado que este tarifazo significaba un “golpe de muerte a la ganadería de islas”. Otros dirigentes, como el vicepresidente de la Sociedad Rural de Victoria, Oscar Larracoechea, mencionaron que la tasa impuesta no se condijo con los costos de mercado ni contempló las contingencias de la actividad en humedales. El gobierno provincial aseguró que agilizaría la creación de puertos adicionales, mientras Vialidad Nacional evaluaba la documentación técnica para aprobar los nuevos cargaderos.
Decenas de estudiantes de Parla (Madrid) llevaron a cabo una manifestación en respuesta a la normativa de varios institutos locales que prohíbe el uso de prendas que cubran la cabeza en el aula, incluyendo el hiyab. La movilización adquirió notoriedad luego de que se viralizara un video en el que los manifestantes dirigían consignas partidarias contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La difusión del material audiovisual generó una fuerte reacción pública y avivó el debate sobre los límites de la protesta y la instrumentalización política del movimiento estudiantil.
En las imágenes difundidas, los estudiantes entonaban cánticos como “Ayuso, escucha, eres una racista”, “Mi hiyab, mi derecho a la educación sin exclusión” y “Prohibir el hiyab es racismo disfrazado de laicismo”, en rechazo a la aplicación de un reglamento que prohíbe cubrir la cabeza en los institutos IES Nicolás Copérnico, IES Narcís Monturiol y IES Humanejos.
Dicha normativa, vigente desde antes de 2017, establece en su artículo 22 del Reglamento de Régimen Interno que “los alumnos no podrán usar prendas de vestir para cubrir completamente la cabeza: gorros, gorras, pasamontañas, pañuelos en el pelo, incluido el hiyab”. La regulación fue aprobada mediante los órganos competentes de los centros educativos, incluyendo el claustro y el consejo escolar, lo que refuerza su carácter democrático y deliberativo.
Pese a que la normativa se estableció de manera institucional, el Sindicato de Estudiantes, organización de extrema izquierda, lideró la convocatoria, calificando la prohibición como una “imposición racista” y un “ataque deliberado contra la comunidad musulmana”.En sus comunicados, el colectivo denunció la medida como una muestra de “discriminación sistémica” y exhortó a una “respuesta masiva en las calles”.
Los manifestantes, además de lanzar insultos, desplegaron pancartas con consignas llamando a la huelga general y a la “acción directa” para frenar lo que consideran una política excluyente. Paralelamente, diversos sectores de la sociedad cuestionaron la pertinencia y la efectividad del enfoque adoptado por los organizadores.
El conflicto se intensificó en el IES Narcís Monturiol, donde el director del centro, Alfonso Sanguino Medina, retuvo a varias estudiantes bajo el argumento de que no contaban con autorización de sus padres para participar en la protesta. Además, según denuncias del Sindicato de Estudiantes, algunos docentes programaron exámenes el mismo día de la manifestación para disuadir la participación de las alumnas.
Lejos de generar consenso, la manifestación recibió críticas desde diversos sectores, incluyendo académicos y colectivos feministas, quienes señalaron que el tono de la protesta distorsionaba el debate sobre la autonomía de los centros educativos y el principio de laicidad. En redes sociales, múltiples usuarios cuestionaron la pertinencia de los ataques dirigidos a Ayuso, argumentando que la medida fue adoptada por los propios institutos y no por el Ejecutivo regional.
Desde la dirección del IES Nicolás Copérnico, se emitió un comunicado aclarando que “ninguna norma es el resultado de la decisión unilateral y arbitraria de ningún miembro del equipo directivo, sino que es el resultado de una decisión colectiva y democrática en los órganos competentes”. También advirtieron sobre la interferencia de agentes externos en asuntos internos del ámbito educativo y rechazaron la convocatoria del Sindicato de Estudiantes a interrumpir las actividades académicas, señalando que las manifestaciones deben enmarcarse dentro de los cauces institucionales de diálogo y deliberación.
Los panfletos difundidos por el Sindicato reflejaron un discurso polarizante, caracterizado por una confrontación abierta con las autoridades educativas y la administración regional. En sus proclamas, el colectivo calificó la prohibición del hiyab como “racismo putrefacto”, acusó a Ayuso de ser “una fascista” y convocó a una “insurrección estudiantil” como respuesta a las políticas educativas del gobierno autonómico.
Asimismo, denunciaron que algunas alumnas fueron “reprimidas” por intentar sumarse a la manifestación, aunque esta versión fue desmentida por la dirección de los centros. La narrativa utilizada por el sindicato, cargada de referencias a la “resistencia contra la represión”, fue expuesta como una estrategia de instrumentalización política del malestar estudiantil.
“QUE PROHÍBAN LA RELIGIÓN CATÓLICA”
La secretaria general del Sindicato, Coral Latorre, pronunció un virulento discurso el pasado miércoles a las puertas de los institutos y sugirió prohibir el catolicismo: “Si tan laicos son, que prohíban la religión católica”.
El clima de protesta no se limitó a Parla. El 23 de febrero, 150.000 personas se movilizaron en Madrid contra las políticas educativas de Ayuso. La marcha fue organizada por la Plataforma Menos Lectivas, el Sindicato de Estudiantes y diversos colectivos combativos, en rechazo a lo que consideran un proceso de privatización de la educación pública en la Comunidad de Madrid.
Desde el gobierno local se reiteró que los centros educativos poseen autonomía para establecer sus reglamentos internos y que la aplicación de la normativa se enmarca dentro de un proceso democrático y deliberativo.
El Ayuntamiento de Parla trató de calmar las aguas hace unos días cuando el lunes se reunió con los directores de los institutos señalados así como con el Sindicato de Estudiantes. Sin embargo, no consiguieron llegar a un acuerdo entre las partes. Entonces, el movimiento estudiantil se reafirmó en su intención de ir a huelga y acusó a los institutos de “menosprecio y criminalización, llegando incluso a culpabilizarlos por pintadas islamófobas que han aparecido en la ciudad”.
Juan Grabois, agitador social y referente del partido Frente Patria Grande, ha realizado recientemente varias declaraciones contundentes respecto a supuestos intentos de desestabilización o llevar adelante “un golpe” contra el gobierno del presidente Javier Milei. Sus pronunciamientos en una entrevista al medio Somos Gelatina, han generado controversia en el escenario político, excusándose de que “todavía pensar es legal”.
“Quiero que se caiga el gobierno y quiero que Milei no sea más presidente”, afirmó Grabois, remarcando sostener esa postura.
El exprecandidato a presidente por Unión por la Patria enfatizó la necesidad de utilizar herramientas institucionales para interrumpir el mandato presidencial, mencionando “el juicio político, la lucha popular por la renuncia”, recordando que “eso ha pasado en la historia argentina”.
“Nuestro pueblo sacó al incompetente de De la Rúa y a la asesina de Patricia Bullrich”, sostuvo, en una dura acusación contra la actual ministra de Seguridad.
Grabois destacó, asimismo, la tensión generada por la politización de ciertos espacios y por la influencia de la política partidaria en la toma de decisiones. Recordó sus propias experiencias y la evolución de su rol dentro del movimiento sindical.
“La resistencia no violenta no implica estar paradito dejando que te peguen… Tenés que estar dispuesto a sacrificar algo”, subrayó Grabois, añadiendo: “Yo cuando era pibe iba recontra al frente y ahora me tocó otro rol, pero yo lo felicito a esos pibes que van al frente porque son los que verdaderamente están poniendo el cuerpo a los jubilados.”
“Es la toma por asalto del poder de los multimillonarios, es el gobierno Elon Musk. Es el anarcocapitalismo, es el capitalismo sin gobierno, sin contralógicas, ni de lo público ni de lo comunitario”, afirmó, utilizando metáforas.
Walter Klix, dirigente vinculado al PRO y exreferente de Boca Juniors, además de su rol como director nacional de Precursores Químicos y actualmente cumpliendo rol en la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, brindó una entrevista en la doceava transmisión de Perdón por la vehemencia (Canal EY!). En diálogo con Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto, analizó la situación del club y expuso su visión sobre la gestión en materia de seguridad y administración legal del actual presidente, Juan Román Riquelme.
“Boca está agrietado, igual que está el país”, denunció Klix, a lo que agregó: “Riquelme no solamente le puso valor, sino que a medida que se iban aceptando las exigencias económicas para su acompañamiento, las iba incrementando.”
Supo señalar que Riquelme negoció su respaldo a la fórmula oficialista en 2019 con Sergio Massa, quien era candidato a diputado nacional y tras tener detrás de sí la anterior gobernanza de Mauricio Macri —la era de oro para muchos—, decidió concretar una serie de exigencias económicas cada vez mayores que “no eran poquita cosa”, cerrando un trato en que “tenía todo acordado” para su apoyo y que imposibilita su “renuncia voluntaria”.
“Si hoy ya es difícil conseguir entradas para ver un Boca – Defensa y Justicia, imaginate lo que es para un Boca – River: simplemente no hay. Sin embargo, (el expresidente de Independiente, devenido en comunicador, Andrés) Ducatenzeiler logró ingresar al estadio. Me gustaría saber con qué entrada lo hizo, cuando hay 250.000 socios aún esperando su oportunidad. Mientras tanto, Riquelme elige beneficiar a sus amigos, a las empresas de turismo y a su propio bolsillo”, puntualizó Klix, a modo de ejemplificar el favoritismo en las entradas.
Asimismo, remarcó la fuerte injerencia política en la estructura dirigencial del club de Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que “la Cámpora puso la mitad de la comisión directiva de Boca”, lo que habría permitido que “15 personas que integraron” la agrupación ultra K tomasen su control. “Hoy el kirchnerismo maneja Boca”, sentenció.
Las acusaciones también alcanzaron a la administración de los abonos y entradas, ya que “deberían ir a los socios adherentes pero se venden a empresas de turismo”.
“La barra de Boca está comprada. Si alguien intenta protestar contra Riquelme en la cancha, aparecen matones armados”, expuso Klix, culpabilizando de permitir esto a la barra brava de Boca, añadiendo: “Ven que ha tomado el club y no hacen absolutamente nada.”
En cuanto a la situación deportiva y financiera del club, las cifras son contundentes. Boca Juniors enfrenta potenciales multas por responsabilidad institucional en los delitos imputados a Cristian “Chanchi” Riquelme, hermano de Riquelme, quien cumple un rol informal como operador clave dentro de la estructura futbolera. Abogados especializados estiman sanciones entre $500 millones y $1,000 millones si se prueba que el club toleró prácticas irregulares.
“El director de socios hace el juego que Román y el hermano le piden. En este caso, juntar abonos que se caen para vendérselos a los turistas”, aseguró Klix, sumando: “Boca tiene entre todas sus categorías más de 300.000 socios y tiene un estadio para 55.000. O sea, tiene capacidad para un sexto de sus socios”.
El 29 de octubre de 2024, la Justicia porteña allanó el estadio en el marco de una investigación por falsificación de carnets de socios y reventa ilegal de entradas. Cristian, fue imputado por asociación ilícita y defraudación. Tras revisarse su vivienda en Pilar, las pesquisas sugirieron la existencia de una red que manipulaba el sistema de membresías para beneficiar “el séquito que acompaña”, afectando el acceso de socios comunes.
“Hay un poder en la venta de entradas, en el marketing, en la visita a la bombonera, obviamente en apalancarse políticamente”, subrayó Kilx.
Este caso tiene antecedentes en investigaciones de 2023, cuando la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos (UFEEM) ya había detectado patrones irregulares en la distribución de entradas. La fiscal Celsa Ramírez, quien lleva ambos expedientes, enfrentó declaraciones públicas de Riquelme, declarando que solo por investigar, “tiene un problema con los hinchas de Boca”.
“(Riquelme) es un tipo extremadamente egocéntrico. Llegó a Boca con un séquito de delincuentes que se ampararon en un amor al club que no tienen. Ni siquiera es hincha de Boca, vino solo a hacer negocios”, recalcó Klix.
Las localidades bolivianas de San José de Pocitos y Yacuiba experimentaron un notable crecimiento urbano en los últimos años, con edificios de vidrio de varios pisos, shoppings equipados con escaleras mecánicas y calles pavimentadas con iluminación LED. Este desarrollo contrastó con la infraestructura de Salvador Mazza, en la frontera con Argentina, donde surgió un problema ambiental grave: los desechos cloacales de dichas ciudades fueron vertidos sin tratamiento en la Quebrada Internacional, el curso de agua que separaba a ambos países.
Este vertido afectó directamente a la ciudad fronteriza sobre todo en temporada de lluvias, cuando la corriente arrastró residuos cloacales hacia los barrios cercanos y generó focos de insalubridad. Legisladores provinciales de Salta elevaron denuncias ante organismos consulares y bilaterales, pero no obtuvieron soluciones concretas. La diputada provincial por el departamento San Martín, Gladys Paredes, expresó: “Toda esa contaminación que proviene de las localidades fronterizas de Bolivia desemboca en la Quebrada”.
En las últimas semanas, tomó relevancia la situación de la empresa EMAPYC Bolivia (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Yacuiba), señalada por verter efluentes cloacales en la Quebrada. El pasado 23 de febrero de 2022, una comisión conformada por funcionarios municipales, provinciales, nacionales, abogados, bioquímicos y fuerzas de seguridad tomó muestras de los líquidos en Salvador Mazza, luego de que la Cancillería argentina solicitara informes precisos sobre un eventual daño al medio ambiente y a la salud de los residentes. Los análisis se realizaron de manera preliminar en el lugar y continuaron en laboratorios provinciales, cuyos resultados fueron elevados a nivel nacional.
El problema no es nuevo. En 2016, vecinos de barrios bolivianos denunciaron el vertido de aguas residuales. En aquella oportunidad, la empresa involucrada afirmó que las aguas desechadas eran tratadas según la legislación boliviana. Para 2018, se registraron limpiezas conjuntas con la Fundación Natura y la Alcaldía de Yacuiba bajo el Fondo Local de Conservación de los Recursos Hídricos.
En Salvador Mazza, el director de Medio Ambiente, Jorge Dagil, presentó informes y se sumó al grupo que recopiló las muestras. Pese a las denuncias reiteradas, el vertido de aguas residuales continuó y evidenció la necesidad de acuerdos coordinados entre ambos países para prevenir la contaminación en la Quebrada Internacional y resguardar la salud de quienes habitan en esa región fronteriza.
La visita de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de su par en Defensa, Luis Petri, al barrio de Ingeniero White, programada como un operativo de imagen solidaria, derivó en caos cuando 150 vecinos rodearon a la comitiva: “¡Saquen a estos mercenarios de acá!”.
Las cámaras registraron el momento en que una mujer lanzó un balde de agua lodosa hacia Bullrich, mientras otros golpeaban la camioneta oficial. La custodia federal requirió refuerzos de Gendarmería para evacuar a los funcionarios en medio de la turba enardecida.
En las redes también fue duramente señalado el gobernador de la provincia, AxelKicillof. Muchos recordaron, por ejemplo, los anuncios de obras millonarias en Bahía Blanca que, según parece, no tuvieron resultados. Algunos insultos fueron dirigidos también contra el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis.
Bullrich declaró: “Fuimos los primeros en llegar” en sus redes sociales, mientras los vecinos llevaban 30 horas sin dormir rescatando familiares. Ambos ministros vistieron botas impermeables y trajes secos, versus ciudadanos con ropas empapadas quienes lo tomaron como “una burla” y reaccionaran violentamente, lo que sirvió para que Javier Milei decidiera no ir “por miedo a los escraches” y “escarmientos”.
“Este tipo de catástrofes muestran la debilidad de un Estado que ha priorizado mal. La infraestructura de ciertas ciudades no aguanta. Y más allá de que 300 milímetros rompen cualquier cosa, tenemos años de desinversión real. Las consecuencias se ven en estos momentos”, declaró Bullrich, posterior al hecho.
La ayuda de 10 mil millones de pesos por parte del gobierno nacional para la reconstrucción de Bahía Blanca representa apenas el 2,5% de los 400 mil millones de pesos requeridos, según estimaciones del municipio costero. municipales por el intendente Federico Susbielles.
Bahía Blanca, ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, presenta una topografía con pendientes inferiores al 0,3% que dificultan el drenaje natural. El arroyo Napostá, principal colector pluvial, colapsó ante las precipitaciones equivalentes al 70% del promedio anual concentradas en un día. Tras la catastrófica inundación que azotó entre el 7 y 8 de marzo de 2025, con más de 300 milímetros de lluvia y vientos huracanados, dejó al menos 16 fallecidos, 1.200 evacuados y barrios completamente destruidos. Este fenómeno repitió patrones del temporal a finales de 2023, cuando las mismas zonas sufrieron anegamientos sin que se ejecutaran las obras de mitigación prometidas.
El pico de la emergencia ocurrió a las 03:45 AM del día sábado, cuando el servicio meteorológico emitió alerta roja por vientos de 140 km/h y lluvias torrenciales. A las 05:30 AM, el Hospital Penna reportó inundación en neonatología, requiriendo evacuación de recién nacidos en incubadoras en plena oscuridad. Para las 08:00 AM, el 40% de la ciudad estaba bajo agua “hasta la cabeza”, incluyendo las plantas potabilizadoras del suministro de agua, lo que dejó sin servicio a 300.000 personas.
Pese a la magnitud del desastre, el propio gobierno nacional tardó 18 horas en declarar la emergencia. El ministro bonaerense Carlos Bianco denunció que “requirió tres llamados” a la Jefatura de Gabinete nacional antes de obtener respuesta. Esta lentitud contrastó con la movilización inmediata de vecinos autoorganizados que rescataron a 89 personas atrapadas en vehículos y viviendas.
Mientras la provincia activó el Sistema de Emergencias BA movilizando 500 camiones con insumos, la Nación retuvo maquinaria vial argumentando “restricciones presupuestarias”. Solo tras el escándalo público, el 9 de marzo se liberaron $2.300 millones del Fondo de Desastres, cantidad insuficiente según Susbielles.
En anteriores planes maestros de drenaje urbano, elaborados tras las inundaciones del 2013, tampoco recibieron financiamiento completo. El gobierno nacional descontinuó en 2024 el Fondo Federal de Infraestructura Hídrica que destinaba $15.000 millones anuales a prevención de inundaciones, priorizando recortes fiscales. Esta decisión dejó sin mantenimiento 23 km de canales aliviadores y 14 estaciones de bombeo críticas para la ciudad.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
