El patrimonio de los Kirchner es 6 VECES MAYOR al que declararon en las DDJJ

Su fortuna es seis veces mayor al "demostrado" en anteriores declaraciones juradas.
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Si bien Cristina Fernández dijo ante el auditorio en Harvard que la fortuna de ella era el resultado de haber sido una “abogada exitosa”, el verdadero problema de la familia constituida por Néstor Kirchner (fallecido), su esposa Cristina Fernández, Máximo y Florencia, los hijos, herederos directos de estos exitosos políticos llegados desde el sur, es no poder justificar “el blanco”.

La abogada Silvina Martínez le facilitó a OPI Santa Cruz dos informes de los adminsitradores/interventores de los bienes embargados de la familia Kirchner, quienes lo elevaron al TOF 5 en virtud de un pedido expreso de los contadores que tienen los abogados defensores, que solicitaron relevamiento actualizado de los bienes de la familia de la Sociedad Los Sauces SA y Los Sauces – Casa Patagónica, a fin de conformar las DDJJ del año 2019. Paradógicamente, este pedido destapó el ocultamiento de los verdaderos valores de los bienes que los Kirchner declararon el año anterior. Un detalle: toda la información solicitada por la Intervención sobre los hoteles de los Kirchner en El Calafate, nunca le fue facilitada por el intendente Belloni; esto también está declarado en los informes.

De acuerdo a la abogada especialista en seguimiento de las causas por corrupción, denunciante y en su momento amicus curae, figura de la cual fue desafectada con la llegada de éste gobierno Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner tienen un patrimonio en blanco, registrado y contabilizado, de más de 42 millones de dólares.

“Pero eso no es todo” – indicó Martínez a OPI “Porque para llegar a la cifra final, habría que sumar otras 27 propiedades que eran de Néstor Kirchner y cuyos titulares son ahora el diputado nacional Máximo y su hermana, Florencia Kirchner”.

De acuerdo a los números revelados por los interventores y comparándolo con lo declarado por los Kirchner ante la Oficina Anticorrupción en el 2018, las propiedades en aquel trámite fueron subvaluada en aquel momento, al punto que hoy la realidad indica que la familia posee un patrimonio 6 veces mayor al declarado oportunamente.

“La herencia de Néstor Kirchner fue declarada en la sucesión del ex presidente por un valor total de $60.440.000 equivalentes a US$ 7.144.208 al año 2014″ dijo Martínez y agregó “Este valor era ficticio. Las tasaron a valor fiscal muy por debajo del valor real de las propiedades que posee la familia. Y a pesar de ello nunca se pudo justificar su adquisición”.

LOS NÚMEROS

Los departamentos de Puerto Madero, de su propiedad, hoy están cotizados en U$S 7.538.745,00.

Sólo estos departamentos cotizarían el total de la herencia declarada de Néstor Kirchner

Juana Manso 555 Uf 440 PISO 8/9CABA: U$S 4.342.170,00.

Edificio Dique Puerto Madero UF 126 piso 4 L CABA: U$S 3.196.575,00

El activo total de la empresa Los Sauces SA, al año 2020, empresa que es investigada por maniobras de lavado de dinero, asciende actualmente a U$S 9.779.658,00.

Máximo Kirchner declaró que el 50% de esta empresa vale $ 1.173.700,00 cuando en realidad, de acuerdo al patrimonio de la empresa, su participación valdría casi 5 millones de dólares.

LOS HOTELES

El Hotel La Aldea del Chaltén declarado por la familia Kirchner está cotizado a U$S 1.084.130,00.

El Hotel Los Sauces Casa Patagónica fue tasado al 2020 U$S 17.121.210,00 Pero Máximo Kirchner en su última Declaración Jurada correspondiente al 2018 lo declaró en U$S 431.038,00.

El Hotel Alto Calafate fue tasado en U$S 8.000.000,00. Se trata del único activo de la empresa Hotesur. Máximo Kirchner en su DDJJ del año 2018 declaró que esta empresa valía U$S 413.000,00.

Solo los hoteles de los Kirchner en su conjunto tienen un valor de mercado a la fecha de U$S 26.205.340,00 y si le sumamos el activo de la principal empresa Los Sauces la fortuna asciende a U$S 35.984.998,00.

LOS INFORMES

OPI accedió a los informes de los administradores de los bienes de los Kirchner como el elaborado por Jordán Kristoff, designado interventor administrador de “Los Sauces SA” (CUIT No 30- 70989989-5) y el interventor administrador del “Hotel Los Sauces-Casa Patagónica”, ambas designaciones en la causa nro. 3732/16, caratulada “INCIDENTE no 13-IMPUTADO FERNANDEZ DE KIRCHNER, Cristina y otros s/ Incidente de medida cautelar”.

La demandada peticiona se le brinde una serie de datos que le fueron solicitados por la profesional Ctra. Maria Cecilia García, a efectos de dar cumplimiento a las obligaciones fiscales de Máximo y Florencia Kirchner.

INTENDENTE BELLONI, EL OCULTISTA

Interesante es leer lo que los administradores dejan aclarado en el informe oficial sobre la documentación fiscal-municipal del Hotel Los Sauces de El Calafate con una superficie de 15928,39 m2, inscripto en la matricula N| 3044 Departamento III, y cuya nomenclatura catastral es Parcela 5J- MANZANA 42C.

El informe revela “pese a las reiteradas peticiones a la Municipalidad de El Calafate para que me informe la deuda por impuestos municipales y la valuación fiscal del inmueble, hasta la fecha no he recibido ninguna información” destaca el adminsitrador y aclara “En la entrevista que hice con funcionarios de la Municipalidad me informaron verbalmente que la deuda municipal era del orden de los $100.000,00 y prometieron enviarme valuación fiscal y especialmente como estaba valuado el inmueble, atento que sobre el mismo se emplazaba el Hotel Los Sauces Casa Patagónica”.

Sin embargo el Contador Jordán Kristoff dejó expresado en el informe que no pudo obtener de parte del Municipio de El Calafate la información requerida ni los planos de construcción, señalando que la respuesta obtenida por parte de la responsable del área de la municipalidad que maneja Javier Belloni, le respondió que dicha documentación fue secuestrada por la itnervención de los bienes del condominio Kirchner.

Aclara el administrador en el hotel no encontró ninguna documentación relacionada al inmueble ni tampoco indicios de la actividad comercial del complejo y deja expresado que la familia Kirchner tampoco aportó ningún tipo de documentación al respecto.

El administrador, al no recibir colaboración por parte del intendente Belloni, hizo su propia investigación y se encontró que la última habilitación del complejo por parte del municipio correspondió a PANATEL SA , por “complejo hotelero por 1804.45 m2” el cual aún no está dado de baja y cuya titularidad le fue transferida por Rutas del Litoral SA, en el año 2009, agregando el informe que por los antecedentes obrantes en el Municipio, fue el primer operador. Remarca que le fue infructuoso las gestiones ante el Director de Comercio de la municipalidad de El Calafate, tratar de obtener información para regularizar la misma.

Una de pruebas irrefutables de los valores declarados en las DDJJ familiar, son expresados por el interventor a modo de ejemplo al señalar que previo al embargo de las propiedades los Kirchner contrataron un seguro por riesgo de incendio y otros por un valor de u$s12.000.000,00 (doce millones de dólares) por los edificios y u$s3,000.000,00 (tres millones de dólares) por contenido, siendo el beneficiario del mismo Máximo Kirchner. Éstos seguros nunca fueron renovados.

Deja constancia el Interventor, que al hacerse cargo de la administración de Los Sauces se encontró con las siguientes deudas de años anteriores: con Servicios Públicos Sociedad del Estado $605.745.16 y con Distrigas SA $441195.

*Fuente: Agencia OPI Santa Cruz


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“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

Diputada de Grabois quiere crear un impuesto a los “pedos de vacas”

La legisladora provincial de Unión por la Patria, Lucía Lorena Klug, militante del movimiento Patria Grande cercano a Juan Grabois, presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA). La iniciativa estableció un gravamen sobre las emisiones de metano de la ganadería –incluidas las flatulencias y eructos del ganado bovino– para conformar un fondo fiduciario destinado a “compensar” esos gases mediante mejoras en la gestión de residuos sólidos urbanos.

El proyecto no contó con el acompañamiento de otros diputados y, según fuentes legislativas, Klug lo presentó para “despedirse” de la función, ya que su mandato finalizará la próxima semana.

La iniciativa se apoya en la necesidad de “combatir el cambio climático”, haciendo especial hincapié en la reducción de gases de efecto invernadero. La legisladora dijo que Buenos Aires es responsable de un cuarto de las emisiones totales del país, debido a su densa población y su amplio desarrollo productivo.

Pese a este andamiaje discursivo sobre el cuidado del medioambiente, el rechazo del campo fue inmediato. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó su repudio frontal a la TAMBA. En un posteo en la red X, la entidad ironizó: “El metano se mide; la improvisación legislativa también… y emite mucho más. ¿Por qué no pensar una tasa para los legisladores improvisados?”.

“Ante la intención de crear una Tasa Ambiental sobre el Metano (TAMBA) en la Provincia de Buenos Aires, desde CARBAP manifestamos nuestro absoluto rechazo a un proyecto que lejos de aportar soluciones, vuelve a cargar sobre los productores un costo sin sentido ni sustento técnico”. La entidad agropecuaria subrayó que “la ganadería bonaerense ya sostiene una de las presiones impositivas más altas del país. Sumar una tasa al ‘metano de las vacas’ no reduce emisiones, reduce producción, competitividad y empleo. Desde CARBAP defendemos políticas públicas serias, basadas en datos, diálogo y conocimiento. No aceptaremos más cargas que castiguen al sector que produce alimentos, genera trabajo y sostiene las economías de nuestras comunidades rurales”.

Una intendente K aplicó un impuestazo del 124% a las guías de hacienda

Los ruralistas remarcaron que Klug no los consultó en ningún tramo de la redacción del proyecto. Su presidente, Ignacio Kovarsky, enfatizó que la propuesta “no es una ley ambiental, es un impuesto encubierto al trabajo rural. La TAMBA no mejora el ambiente ni reduce emisiones. Solo agrega otro costo a un sector que ya sostiene una carga impositiva record”.

Kovarsky condensó el impacto que advirtió en una frase que se volvió consigna del rechazo rural: “Cobrar por respirar a las vacas no reduce emisiones, reduce producción”.

Carbap también recordó que ya había advertido sobre la falta de eficiencia en el gasto público provincial y municipal, al señalar que “la discusión pública se concentra en endeudamiento y reparto de posiciones, pero la Provincia sigue sin revisar ni eficientizar gastos provinciales y municipales”. En la misma línea, sostuvo que “no existe un plan serio de ordenamiento ni de racionalización del Estado; y una vez más se opta por incrementar la presión fiscal sobre ciudadanos, familias y productores, en lugar de recortar privilegios, eliminar estructuras superpuestas o modernizar la gestión pública”.

Otra entidad de fuste que repudió enérgicamente el impuesto encubierto fue la Confederaciones Rurales Argentinas. Para CRA, la medida propuesta por la diputada de Grabois, lejos de ser una cuestión ambiental, “es otra muestra de la capacidad de daño de dirigentes que, lejos de comprender cómo se produce en la Argentina, vuelven a atacar al sector que sostiene al país”.

La organización que lidera Carlos Castagnani exigió dirigentes comprometidos con el sector productivo, en lugar de impulsar lo que calificaron como “ocurrencias desconectadas de la realidad del campo y de la ciencia”. Remarcaron que, con propuestas como esta, “queda claro el tipo de liderazgo con el que pretenden que construyamos futuro”.

Por su parte, en el recinto, quien apuntó directamente al núcleo del proyecto fue Luciano Bugallo, diputado provincial de la Coalición Cívica. “Hemos llegado al límite del absurdo en la Legislatura bonaerense. Pretender imponer un nuevo ‘impuesto a los pedos de las vacas’ supera cualquier frontera de la cordura. En lugar de generar incentivos para fomentar la producción, seguimos inventando disparates para convertir a la vaca en un nuevo sujeto imponible”, afirmó.

Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

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Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.

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