El nuevo ministro de Desarrollo Territorial inauguró su cargo renovando la flota de vehículos
Entre las empresas que presentaron ofertas se encuentra una de Leandro Campitelli, quien falló en pagarle mil pesos al Banco Ciudad mientras hacía operaciones de hasta USD 13 millones para el gobierno de Alberto.
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Tras la abrupta partida de Jorge Ferraresi, el ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación quedó en manos del ex intendente de Navarro, Santiago Maggiotti. El poco conocido dirigente peronista, que se topó con el cargo casi de casualidad, lo inauguró dándose un excéntrico gusto que promete costarle varios millones al gobierno nacional.
Maggiotti pareciera haber hecho caso omiso a las exigencias de mostrar un estilo de dirigencia más sobrio vertidas desde Casa Rosada, en respuesta a la crisis que atraviesa al país y que la presidencia de Alberto Fernández se muestra incapaz de resolver.
Por el contrario, el flamante ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat debutará en el cargo con nueve vehículos nuevos, que engrosarán la flota automotor de su cartera a un costo que promete alcanzar los 88 millones de pesos.
En efecto, Maggiotti aprobó el proceso de compra 502-0002-LPU23, a través del cual comprará tres camionetas de cabina doble con tracción 4×4, un vehículo utilitario de hasta doce pasajeros y cinco automóviles sedanes 0 kilómetro con cajas de velocidad automáticas.
Al momento de la apertura de ofertas se presentaron tres empresas: Ital Rouen SA, Vemerkiper SRL y Caballito Cars SA.Casualmente, la empresa que presentó la oferta más elevada, que supera los 88 millones de pesos, se encuentra rodeada de una oscura polémica.
Maggiotti se desempeña como Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat desde el 1 de noviembre de 2022, designado por Alberto Fernández, en reemplazo de Jorge Ferraresi
Vemerkiper SRL pertenece a Leandro Martín Campitelli, quien saltó a la fama por una deuda con el Banco Ciudad de Buenos Aires mientras realizó más de 13 millones de dólares en importaciones para proveer al estado, sólo en los primeros meses del gobierno de Alberto Fernández.
En aquel entonces llamó la atención la curiosa variedad de productos que ofrece la empresa de Campitelli. Le vendió motos por un monto de 39 millones de pesos al Ejército Argentino, productos de librería al ministerio de Desarrollo Social de la Nación y tachos de basura, vehículos, sillas y hasta celulares al ministerio de las Mujeres.
*Fuente: REALPOLITIK
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció ayer en la Sala de Periodistas de Casa de Gobierno que la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) concluirá en los próximos días con la deuda “astronómica de 45 mil millones de pesos” totalmente cancelada y con las cuentas en equilibrio. “Producto del compromiso, la transparencia y el esfuerzo con el que se viene trabajando desde la intervención, podemos decir que salvamos la obra social justo a tiempo”, afirmó.
Acompañaron al mandatario el interventor del organismo, Mariano Gallegos; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el subinterventor Ricardo García y los senadores Gloria Cozzi, Rafael Cavagna, Hernán Méndez y Gustavo Vergara. El mandatario provincial detalló que al asumir la gestión encontró un déficit mensual superior a los $3.000 millones y “puso en caja a la obra social con los mismos recursos que tenía en el pasado” lo que “evidencia el nivel de desidia y la falta de transparencia con la que se administraba”.
El gobernador enumeró las irregularidades detectadas durante los seis meses de intervención: sobreprecios en medicamentos y prótesis, contratos sin cobertura y proveedores que jamás cobraron montos millonarios: “Encontramos una obra social en terapia intensiva, manejada como una caja para unos pocos, mientras se le negaban prestaciones a miles de afiliados”.
Frigerio elogió al equipo que condujo el proceso. “Quiero hacer un reconocimiento público al interventor, al subinterventor y a todos los que trabajaron con seriedad y compromiso para sanear Iosper. También a quienes, desde dentro del organismo, acompañaron este proceso, a pesar de los boicots y las resistencias de quienes no querían perder privilegios”, expresó.
En vísperas de la sesión del Senado prevista para hoy a las 13, donde se debatirá la creación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), Frigerio dio por segura la aprobación de la norma y explicó que el nuevo marco legal surgió tras “corregir y aclarar todas las dudas de la legislación anterior”. Aseguró que el sistema mantendrá su carácter solidario, incorporará la cobertura del grupo familiar y establecerá “controles permanentes que antes no existían”.
El mandatario atribuyó la oposición de la Intersindical a la intención de sostener privilegios. “Si la lucha es por la caja van a perder. Porque la obra social es de los afiliados, no es de unos vivos que se quieren llenar los bolsillos con los recursos de todos”, lanzó. E insistió: “A partir de la nueva ley, eso forma parte del pasado”.
Frigerio recordó que durante un año solicitó información al antiguo directorio y no la obtuvo. Con la OSER, dijo, la conducción ya no dependerá de un directorio sino de una estructura con controles estrictos y un consejo consultivo de trabajadores: “Pero no van a poder hacer lo que quieran. Van a tener que hacer las cosas que hay que hacer para brindar servicios de calidad”.
El gobernador proyectó que, con la nueva ley, la obra social alcanzará un “equilibrio firme y sustentable” antes de fin de año. “Lo que viene es una obra social transparente, con control real sobre los recursos, pensada para los 300.000 afiliados que merecen una atención digna, eficaz y profesional”, concluyó.
– INTERVENTORES: Marina Alegre y Mariano Gallegos
Mientras tanto, el Senado debatirá hoy el dictamen que crea la OSER y define su esquema de gobernanza. Frigerio evitó adelantar quién quedará al frente del organismo, aunque volvió a destacar la gestión de Gallegos durante la intervención que permitió saldar la deuda y cerrar una etapa que, según sus palabras, “usaba la obra social como una caja para unos pocos”.
Con la deuda cancelada, las cuentas saneadas y el nuevo marco legal en puerta, el Poder Ejecutivo provincial se dispondrá a poner en marcha una obra social bajo reglas que, según Rogelio Frigerio, impedirán repetir los desvíos detectados y garantizarán la participación —aunque acotada— de los trabajadores en la toma de decisiones.
Esta semana, la Cámara de Diputados de la Nación emitió dictamen favorable al proyecto de ley que propone reducir la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa, impulsada por el oficialismo y respaldada por bloques como el PRO, La Libertad Avanza, la UCR, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Democracia para Siempre, obtuvo 77 firmas, más allá de las 73 necesarias para avanzar hacia el tratamiento en el recinto.
El proyecto establece una pena máxima de 15 años de prisión para delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro. Sin embargo, prioriza sanciones alternativas, tales como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento a las víctimas y medidas de reparación del daño causado. Además, se contempla que las penas privativas de libertad no se apliquen en casos de condenas menores a 10 años, siempre que el menor no haya cometido delitos graves.
La propuesta incluye la creación de institutos especializados para menores infractores, en los que se garantizaría su derecho a la educación, atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Estos centros deberán contar con personal capacitado en infancia y adolescencia, y se prohíbe la convivencia con detenidos adultos.
Durante el debate, se destacó la necesidad de contar con infraestructura adecuada para la implementación del nuevo régimen. Diputados de la Coalición Cívica y Democracia para Siempre solicitaron que se incluya una cláusula que impida a los fiscales solicitar penas privativas de libertad si la provincia donde ocurrió el delito no cuenta con instalaciones apropiadas para alojar a menores en condiciones dignas.
La diputada Laura Rodríguez Machado, presidente de la Comisión de Legislación Penal, expresó que el dictamen es “un símbolo del trabajo legislativo de consenso que refleja el compromiso de todos los actores políticos y técnicos que estuvieron dispuestos a dialogar para encontrar las mejores soluciones para nuestra sociedad”.
Por otro lado, sectores de la oposición, como Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, manifestaron su rechazo al proyecto. La diputada kirchnerista, Vanina Marín,cuestionó la viabilidad de la propuesta: “¿Quién se puede creer que este gobierno va a invertir en construir establecimientos separados y equipos interdisciplinarios para abordar esta problemática? Yo no lo creo. Y no cree ninguno de los diputados que firmó el dictamen de mayoría”.
Especialistas también participaron en el debate. El neurólogo Conrado Estol afirmó que “un adolescente temprano no puede pensar a cinco años”, y destacó la importancia de intervenciones terapéuticas para modificar conductas. La socióloga Silvia Stulchik citó datos de Unicef que indican que solo el 1,7% de los adolescentes detenidos en 2023 eran menores de 16 años, como argumento estadístico en contra de la baja de la edad de imputabilidad. El psiquiatra Andy Blake enfatizó la necesidad de un régimen especial para adolescentes, mientras que la abogada Marcela Angulo advirtió que la propuesta podría violar el principio de no regresividad.
El proyecto original, presentado por los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri, proponía bajar la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, para alcanzar un consenso, se acordó establecerla en 14 años. El presidente Javier Milei ha manifestado su apoyo a la reforma, e instó al Congreso a una pronta aprobación.
Con el dictamen favorable, el proyecto queda listo para ser tratado en el recinto de la Cámara de Diputados. De aprobarse, Argentina pasaría de tener una de las edades de imputabilidad más altas de América Latina a alinearse con países como Brasil y México, donde la edad mínima es de 12 años.
Durante la inauguración de la nueva sede de La Libertad Avanza (LLA) en el municipio bonaerense de San Martín, Sebastián Pareja, principal armador político de Karina Milei en la provincia de Buenos Aires, fue sorprendido por un inesperado baldazo de agua justo cuando se disponía a dirigirse a los asistentes. El hecho se produjo en el momento en que Daniel Mollo, histórico relator de Boca Juniors y coordinador local del partido, había dado lectura a la presentación de Pareja. El ataque, habría provenido de una vecina desde un balcón, se puede observar en videos que documentaron el episodio.
“Vinimos a cambiar la Argentina, la Provincia, San Martín. Vamos a volver a gobernar San Martín. Va a volver a ser un distrito que crezca, que sea sano”, exclamó Pareja, antes de ser mojado, destacando que la gestión peronista está “agotada”.
Hasta el momento se desconoce el nombre propio de quién estaría detrás, aunque circula la hipótesis de que “sería alguien que se encuentra disconforme con su modo de conducir y repartir los cargos”. Fuentes internas de LLA admitieron que “la gente ya está bastante desencantada con el gobierno, incluso muchos de los propios”, lo que estaría sumiendo al bloque en “su momento más complejo desde la llegada de Javier Milei a la presidencia”.
El foco de la tensión interna radicaría en la puja por el armado territorial entre dos sectores antagónicos: el vinculado a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, y el alineado con Santiago Caputo, asesor presidencial cuya influencia ha crecido notablemente en los últimos meses. Sebastián Pareja encabeza el primer grupo, ocupando un lugar clave para la expansión de LLA en el distrito electoral más grande del país y designado por Karina para darle “un lavado de imágen” al armado bonaerense.
Por su parte, Santiago Caputo ha denunciado públicamente el uso de recursos territoriales por parte del ala de Karina Milei, señalando el reparto de las cajas del PAMI en distintas provincias como una práctica de clientelismo. El propio Caputo envió un mensaje directo a Pareja y otros operadores del partido, acrecentando la interna.
Un antecedente reciente que refleja la tensión entre ambos sectores fue el caso de Marina Biagetti, militante de la agrupación juvenil “Las Fuerzas del Cielo” que responde a Caputo. Biagetti fue expulsada por Alberto Pascual, coordinador de La Libertad Avanza en Junín que respondía a Pareja. Este suceso generó la inmediata reacción tanto de Caputo como de Daniel Parisini (“el Gordo Dan”), quienes lograron no solo reintegrarla sino también la expulsión de Pascual.
Lo más significativo del caso fue la intervención directa del presidente Javier Milei, quien desde su cuenta de Twitter respaldó a Biagetti, inclinando la balanza llamativamente en favor de su asesor. Este gesto presidencial fue interpretado como un respaldo a Caputo en la puja interna.
“Tienen que intentar ser un poco menos pelotudos porque van a salir todos volando a patadas en el culo. El Presidente nunca defrauda. Porque la victoria en la guerra no depende de la cantidad de soldados sino de las Fuerzas que vienen Del Cielo”, escribió Caputo desde su cuenta oficial de X.
El gobierno de Milei también busca desarrollar una estrategia para meterse de lleno en la interna peronista para intentar romper al principal espacio opositor de cara a las elecciones de octubre, algo que a la larga llevaría a usar como moneda de cambio las votaciones en la Legislatura bonaerense para hacer crecer la interna en el PJ y aprovechar la fractura entre La Cámpora y el sector que responde al gobernador Axel Kicillof para “echar nafta al fuego”.
¿“Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”? Esa consigna quedó obsoleta, ahora el debate dentro del espacio libertario está en “kirchnerismo o libertad”. Pareciera ser que la hermana del Presidente quiere poner el último clavo del ataúd del kirchnerismo absorbiendo a cuanto kirchnerista se pase a sus filas.
El análisis de la nómina de candidatos a la Legislatura porteña de La Libertad Avanza, encabezada por el aún vocero presidencial, Manuel Adorni, y bajo la directa influencia del armado de Karina Milei y la jefa del partido en la Ciudad, la ex-camporista Pilar Ramírez, evidencia que los principales puestos de la lista, con chances de ingresar al parlamento local, están ocupados por figuras con pasados y vínculos en estructuras políticas que el propio espacio suele criticar con vehemencia. Esta conformación, lejos de ser un fenómeno aislado en el distrito porteño, se inscribe en una aparente estrategia de La Libertad Avanza a nivel nacional y con un patrón definido.
Candidatos kirchneristas y larretistas
En los primeros lugares de la boleta porteña se observan nombres con claras conexiones en la política pre-Milei.
La segunda y el tercero en la lista, Solana Pelayo y Nicolás Pakgojz, ambos acomodados por el esposo de Pilar Ramírez —Darío Wasserman— como directora del Banco Nación y presidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, respectivamente. Ambos responden a la ex-camporista Ramírez, quien supo ser amiga del ex Ministro de Planificación, Julio De Vido, y del senador kirchnerista y ex director de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde. Ramírez decidió cambiar de amistades, ahora se junta con la secretaria general de presidencia. Lejos quedó aquella época en la que Ramírez presidía la fundación de Mariano Recalde, siendo luego expulsada de la aerolínea de bandera durante el gobierno de Mauricio Macri, deviniendo en un juicio al Estado por parte de esta mujer.
– Mariano Recalde, Alessandra Minnicelli (esposa de Julio De Vido) y Pilar Ramírez (presidente de La Libertad Avanza de CABA).
En el caso de Pakgojz, además, se trata de un retirado funcionario del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta durante más de cinco años, y de hecho fue militante del ex jefe de gobierno durante 2023.
Los vínculos con Ramírez y su entorno también son notorios en varios tramos de la lista, como es el caso de la cuarta candidata, Andrea Freguia, la jefa de despacho de Pilar y ex asesora de la retirada Senadora kirchnerista María Laura Leguizamón, por entonces parlamentaria de Cristina Fernández.
– Nicolás Pakgojz junto a Karina Milei y Pilar Ramírez
Antes de seguir en orden numérico, podemos mencionar también al número nueve, Diego Vartabedián, quien actualmente trabaja para Karina Milei con un cargo con 24 palabras de extensión, habiendo sido previamente destinado a Nación Seguros por el esposo de Ramírez. O también llama la atención la número doce, Patricia Holzman, y del número quince, Yamil Minakowski, quienes supieron vivir del contribuyente respectivamente durante siete años y tres años de la gestión larretista. Y si al lector no le alcanza con la jefa de despacho y los amigos de Ramírez, sepan que también tendrán de candidato a Dante Di Carlo, secretario de la legisladora ex-camporista.
El desembarco de figuras con pasados kirchneristas o peronistas en las filas del mileísmo es un patrón que se repite en distintos niveles y distritos del país, evidenciando una fórmula de armado que trasciende ideología. Ejemplos notorios incluyen a Daniel Scioli, ex Vicepresidente y Gobernador kirchnerista, hoy en el gabinete nacional; su hermano Nicolás Scioli, también con trayectoria K; Leila Gianni, ex funcionaria del kirchnerismo y ex La Cámpora, actualmente referente en La Matanza; Sebastián Pareja, armador provincial de LLA con pasado en el kirchnerismo incluso como aportante de campaña; Manuel Quintar, ex candidato jujeño del kirchnerismo y cercano a Milagro Sala; Ramón “Nene” Vera, diputado provincial de LLA en Buenos Aires también ex candidato kirchnerista; y Sonia Limache, actual referente de LLA en Quilmes, anteriormente referente K.
Entre el sexto y el octavo puesto, tenemos bancas que intentan renovar, como es el caso de Lucía Montenegro quien, entre otras cosas, fue noticia en 2022 por haber contratado como asesor a un filo-nazi ex candidato de Alejandro Biondini.
¿Por qué Pilar Ramírez tiene tanto poder?
En el contexto del armado de listas, circula una versión, persistente en ciertos círculos políticos, sobre un supuesto video con cámara oculta que registraría un importante aporte monetario para la campaña de 2023, en el cual, Karina Milei estaría contando dinero en efectivo de un enorme pago realizado por Darío Wasserman. El marido de Pilar Ramírez estaría extorsionando a la hermana del Presidente con algo tan básico. La versión busca explicar el particular ascendente de estas figuras con pasados kirchneristas dentro del espacio, y alimenta las suspicacias sobre las razones detrás de algunas designaciones.
En un gesto inédito en la campaña porteña, el candidato a legislador porteño Ramiro Marra anunció que no destinará fondos a un búnker para el día de las elecciones y, en cambio, sorteará los 10.000 dólares presupuestados entre quienes se inscriban a través de un formulario online. La iniciativa busca poner el foco en “menos festejo y más devolución” en un contexto económico que, según Marra, exige prioridades distintas.
El liberal explicó que, tras consultar varios presupuestos, le presentaron cifras que rondaban los 10.000 dólares por un búnker modesto en un hotel. “Me parece innecesario hacer ese gasto para una campaña para legislador y mucho menos en el contexto en el cual se encuentra este país”, afirmó en un video difundido en sus redes sociales. Para dejar en claro que no se trata de un ahorro personal, el candidato puso en marcha un sorteo abierto a la comunidad mediante un formulario.
El candidato advirtió que las campañas políticas suelen reproducir “una lógica de gastos innecesarios” y consideró que “las discusiones políticas tienen que darse desde otro lado y no desde un gasto enorme de dinero completamente innecesario”. Al sortear esos recursos, Marra busca demostrar que “es una manera de mostrar dónde tienen que estar las prioridades: menos festejo y más devolución hacia todos los argentinos que están apoyando el cambio de rumbo del país y, por supuesto, lo que estamos buscando para la Ciudad de Buenos Aires”.
La Cámara de Senadores rechazó anoche el proyecto de Ficha Limpia con 36 votos afirmativos y 35 negativos, uno menos de los 37 requeridos para convertirlo en ley. La iniciativa habría impedido que candidatos con condena firme en segunda instancia por corrupción pudieran competir en elecciones.
El Gobierno reaccionó de inmediato. En un comunicado difundido por la Oficina del Presidente, calificó la decisión como una traición a la ciudadanía: “Han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo”. El mismo texto apuntó a Unión por la Patria: “Ha quedado demostrado que el kirchnerismo hará cuanto sea necesario para defender la impunidad de sus jefes“.
Desde sus redes sociales, Javier Milei resumió su enojo: “Lamentable, fin”. Poco después, el Ejecutivo aseguró que el Presidente “no descansará hasta que Ficha Limpia sea ley”.
Mientras el oficialismo denunciaba la maniobra opositora, en el kirchnerismo se desató el festejo. Dentro del Instituto Patria, Cristina Kirchner atribuyó la iniciativa a un intento por excluirla de la contienda presidencial de 2027 y, en la intimidad, se lamentó: “Me tienen miedo”. Al confirmarse el resultado, sus colaboradores se abrazaron entre memes del actor Guillermo Francella y repitieron eufóricos: “La jefa sigue en cancha”.
Horas antes de la votación, la expresidenta recibió a sus principales referentes en el Senado —José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio— para delinear la estrategia. Ellos fueron los que defendieron su posición incluso cuando el conteo preliminar indicaba una derrota segura. Finalmente, la sorpresa llegó con el cambio de postura de dos misioneros que inclinó la balanza.
Con la Ficha Limpia archivada por ahora, Cristina Kirchner evaluó dos caminos: postularse a diputada nacional o presentarse como candidata bonaerense, opción que en el peronismo consideran “excelente” para el conurbano. Sus allegados también analizaron la ventaja de obtener fueros provinciales si la Corte Suprema confirma la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua dictada por el Tribunal Oral Federal 2.
El proyecto, que había obtenido media sanción en Diputados, deberá empezar de nuevo su trámite legislativo. El Gobierno adelantó que insistirá con la propuesta para “desterrar la corrupción” e impedir que condenados ocupen cargos públicos. Desde la oposición K, en cambio, celebraron la derrota parlamentaria y sostuvieron que “la jefa sigue en carrera” hacia 2027, convencidos de que la votación fortaleció su liderazgo dentro del espacio kirchnerista.
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