El monto destinado al Congreso aumentará un 53%

En promedio, hay 70 empleados legislativos por senador y 20 por diputado. Comparaciones con otras partidas y con Suecia.
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*Por: Sergio Serrichio

La escandalosa escena del ahora exdiputado Juan Emilio Ameri en la sesión virtual de ayer en la Cámara Baja pone nuevamente sobre el tapete la calidad personal y del trabajo de los miembros del Congreso argentino. Las explicaciones que dio no mejoran la situación y contrastan con el generoso presupuesto del que los legisladores argentinos disponen para cumplir sus funciones.

Esos recursos serán aún más abundantes el año próximo. Aunque en el Presupuesto 2021 el Gobierno proyecta una tasa de inflación del 29%, la “ley de leyes” aumenta en 53% los fondos para el Poder Legislativo, desde los $26.321 millones de “crédito vigente” en el “presupuesto abierto” del ministerio de Economía para 2020, a $40.273 millones el año próximo.

DE TODO COMO EN CONGRESO

Esa suma abarca el total del Poder Legislativo, que incluye el funcionamiento de la Biblioteca y la Imprenta, la Dirección de Ayuda Social del personal del Congreso, la Defensoría del Pueblo y la Procuración Penitenciaria de la Nación, así como la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y una serie de comisiones bicamerales de revisión, monitoreo, seguimiento, control e implementación que abarcan desde Cuentas Nacionales, Servicios de Inteligencia y Reformas al Código Procesal Penal hasta la administración y refacción del histórico edificio de la confitería El Molino.

Las tareas estrictamente legislativas, ligadas a la “formación y sanción de leyes nacionales” insumen $32.858 millones, un 81,6% del total. En esa función aparecen $13.909 millones para el Senado y $15.620 millones para la Cámara de Diputados.

Estas sumas implican para la Cámara Alta un presupuesto estrictamente “legislativo” de $193,2 millones por cada uno de los 72 senadores, a un promedio de $3,7 millones por cada una de las 52 semanas del año calendario. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que las sesiones ordinarias del Congreso se extienden desde el 1 de marzo al 30 de noviembre. Si el cálculo se limita a ese período, la suma por senador por semana aumenta a poco menos de $5 millones, es decir un millón de pesos por día hábil. Esta cifra se explica en buena medida porque en la Cámara Alta hay 5.027 empleados asignados a tareas legislativas, lo cual da un promedio de 70 empleados por senador.

En Diputados, en tanto, el promedio presupuestario es de $60,8 millones por cada uno de los 257 legisladores del cuerpo, lo que arroja un promedio semanal de $1,2 millones y de 1,56 millones por diputado por semana del período ordinario, poco más de $300.000 por día hábil. En la Cámara Baja hay 5.058 personas asignadas a funciones legislativas, a un promedio de 20 por diputado.

Cabe aclarar que los fondos para “formación y sanción de leyes” no incluyen los $3.470 millones en “asistencia bibliográfica” a los legisladores (casi 67 millones por semana calendario) ni los $1.003 millones para la Imprenta del Congreso, ni los $824 millones asignados a distintas Comisiones Bicamerales, Defensorías y Procuraciones.

Una de las planillas del Presupuesto divide los $40.273 millones en los siguiente ítems:

  • Gastos en personal: $33.838 millones, que equivalen al 84 % del total del Presupuesto Legislativo
  • Servicios no personales: $4.634 millones, que incluyen $2.252 millones en “Servicios Técnicos y Profesionales” y nada menos que $713 millones en concepto de “Movilidad y Viáticos”, es decir casi $2 millones por cada día del año calendario.
  • Bienes de uso: $1.236 millones, incluidos $952 millones en “Maquinaria y Equipo”, que al menos en parte se explican por el parque automotor del Congreso.
  • Bienes de consumo: $413 millones en “Bienes de Consumo”, incluido $98,2 millones en “Químicos, combustibles y lubricantes”, relacionado sin duda con el parque automotor del Congreso.
  • Transferencias: $152 millones.

EL SENADO, PRIVILEGIADO

El texto que acompaña el proyecto oficial dice que el presupuesto legislativo, y “en particular” el del Senado, que preside Cristina Kirchner, se centra “en una adecuada y efectiva política salarial que estimule la función de los agentes y resulte acorde a las tareas que se desarrollan y las circunstancias económicas; la adecuación, mejoramiento y mantenimiento de la estructura edilicia, con el objetivo primordial de preservar el valor histórico y patrimonial de más de 80.000 metros cuadrados que dependen del Honorable Senado”, amén de “la actualización total de su parque informático”.

El aumento del 53% en los fondos asignados al Congreso, y en particular al Senado, contrasta con un período de vacas flacas, aumento del desempleo y la pobreza y medidas como la eliminación de la ley de movilidad jubilatoria que el Gobierno dispuso apenas asumió, o la suba del 8,5% (menos de un tercio de la inflación proyectada) en el presupuesto 2021 para el INTA, el 17,5% para el INTI o el 20% para el Conicet.

EL PARLAMENTO SUECO

El contraste es abismal contra, por ejemplo, el funcionamiento del Parlamento de Suecia, un país con el que el Presidente eligió comparar a la Argentina en los primeros meses de la pandemia de coronavirus.

Así, por ejemplo, mientras el presupuesto 2021 asigna en “viáticos y movilidad” casi $2 millones por día para los legisladores argentinos, una investigación de la BBC precisó que los 349 miembros del Congreso de Suecia reciben en cambio una tarjeta anual (una especie de SUBE) para usar el transporte público. El parque automotor del Parlamento es de 3 vehículos, que sólo pueden usar el presidente y los 3 vicepresidentes del Congreso y sólo para eventos oficiales. En Suecia, sólo el Primer Ministro (un ex secretario del sindicato metalúrgico) dispone de un vehículo para su exclusivo uso.

Los parlamentarios suecos tampoco disponen ni de asistentes ni de asesores personales y si bien su salario neto equivale a unos USD 4.300, esto es sólo el doble de lo que gana en ese país un docente de escuela primaria.

Los diputados “del interior”, sin residencia en Estocolmo, pueden pedir una ayuda extra exclusivamente para los días de semana que trabajan en la capital sueca. Son 110 coronas, unos 12 dólares que, según precisó la BBC, alcanzan para un café con 3 ó 4 “bullar”, una suerte de equivalente sueco de nuestras medialunas o poco más que una ración del tradicional “kötbullar”, unas albóndigas que en un restaurante popular cuestas unas 100 coronas.

Los legisladores suecos trabajan en despachos de 15 metros cuadrados y no tienen secretaria ni asesores personales. Cada partido con representación legislativa recibe fondos restringidos para contratar a un grupo de asistentes y asesores, el “secretariado” del partido que atiende colectivamente, a todos los diputados de la bancada. La proporción es de 101 funcionarios cada 100 diputados, contra los 70 empleados legislativos por Senador y los 20 por Diputado del Parlamento argentino.

*Fuente: Infobae


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Dinero venezolano para la campaña de CFK: a 19 años del ingreso de las valijas de Antonini Wilson

El día 4 de agosto de 2007, una valija conteniendo casi 800 mil dólares ingresó al país a través del Aeroparque Jorge Newbery de la Ciudad de Buenos Aires. La negativa a dejarla pasar por parte de una agente de la PSA sería el comienzo de una pesadilla para el saliente Gobierno del presidente Néstor Kirchner y el entrante de su esposa, Cristina Fernández.

Pero empecemos por el final de la historia, para poder entender la trama. El miércoles 12 de diciembre de 2007, gracias a la detención de cinco ciudadanos venezolanos en territorio norteamericano (*), se supo que ese dinero estaba destinado a apoyar la campaña electoral de la otrora primera mandataria. Así lo contó el periodista Gerardo Reyes en el diario de Miami El Nuevo Herald: “Los $800,000 que contenía la valija confiscada al empresario venezolano-americano Guido Alejandro Antonini Wilson en Buenos Aires el pasado agosto estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, según se reveló en una corte federal de Miami. De acuerdo con una denuncia criminal, el gobierno de Venezuela, a través de cinco individuos acusados el miércoles por espionaje, trató de presionar a Antonini para que no revelara que el dinero salió de las arcas de ese gobierno y que la beneficiada sería la campaña presidencial de Fernández”.

Y añade: “‘El dinero estaba destinado a la campaña de Cristina Kirchner’, dijo el fiscal adjunto Thomas Mulvihill. ‘Estos acusados recibieron instrucciones de mantener bajo el perfil de Venezuela’. A cambio del silencio de Antonini, Venezuela cubriría todos los gastos en que incurría por la acusación pendiente en Argentina, donde el empresario fue acusado de contrabando”.

La acusación menciona como parte de la conspiración para presionar a Antonini a la vicepresidencia de Venezuela y a la Dirección de los Servicios de Inteligencia Policiales (Disip), a la cual pertenece —como veremos más adelante— uno de los personajes clave de esta trama y que jamás ha sido mencionado en los medios de información.

Lo interesante del asunto es que, dos de los cinco arrestados en diciembre 2007 fueron testaferros del chavismo y supuestos “empresarios petroleros”, se trata de los venezolanos Carlos Kaufman, de 35 años, y Franklin Durán, de 40, conocidos de Antonini Wilson. Ambos estaban en Miami en medio de un batalla civil para recuperar unos $7 millones que les fueron congelados en un banco local y aprovecharon para presionar —amenazas mediante— a Antonini Wilson para que no hablara del destino de la millonaria valija incautada.

Manotazos de ahogado

No bien se supo que Antonini Wilson había revelado el real destino de la valija venezolana, los principales funcionarios argentinos salieron a tratar de defender a la ex primera dama. En realidad hablaron sólo los alcahuetes de siempre, Alberto y Aníbal Fernández, quienes aseguraron que la acusación se trataba de una “locura” y una “canallada”, respectivamente. Luego, la presidente iría aún más allá al asegurar que todo se trató de una “operación basura” para perjudicarla.

Lo cierto es que en aquellas horas la preocupación oficial era mayúscula, no sólo porque la acusación norteamericana era real y había pruebas de ello, sino porque empezaron a revelarse los negocios entre Argentina y Venezuela y el ingreso de otras valijas que sí llegaron a destino, enviadas también para la campaña electoral del kirchnerismo.

El dato se corroboró con el paso del tiempo: hubo más de diez viajes hechos por Antonini Wilson similares al del 4 de agosto, en los cuales se presume que vinieron valijas con montos similares al incautado. El dato surgió de la mismísima Dirección Nacional de Migraciones que ¿casualmente? dependía en ese momento de Aníbal Fernández.

El 11 de septiembre de 2007, Tribuna de Periodistas publicó parte de esta trama y anticipó antes que nadie la eventual colaboración de Antonini Wilson con la Justicia norteamericana. Así se  comentó entonces: “Las fuentes señalan además que Antonini, en un total de 15 viajes, transportaba dinero en forma regular hacia Argentina, Bolivia y Uruguay, todos con el supuesto objetivo de comprar e influenciar de forma corrupta a los gobiernos de los tres países. Según habría investigado la organización World Check, la fuente de estos fondos ilícitos parecería surgir de una combinación de ganancias por venta de drogas y desvíos ilegales de fondos de la petrolera PDVSA. El FBI ha investigado a Antonini Wilson, y se cree posible que éste se haya librado de ser sometido a juicio por delitos cometidos en Estados Unidos a cambio de información. El carácter de esa información es lo que seguramente preocupa a los gobiernos argentino y venezolano”.

Todos los hombres de Chávez

Más allá de los nombres publicados en aquellos días, no todos los responsables han sido mencionados y mucho menos investigados. Por caso, el noveno pasajero del vuelo que ingresó al país la valija maldita ha sido pasado por alto por los principales medios de información vernáculos. Se trata de Luis Avilán Díaz, un importante miembro del Gobierno de Chávez. El 10 de agosto de 2007 cuando el escándalo aún estaba fresco y ocupaba pocas líneas en los medios de comunicación, Tribuna de periodistas publicó en exclusiva la participación de este personaje y su foto“el hombre del maletín ya estaría identificado: se trata de un miembro activo de la Guardia Nacional de Venezuela… Al respecto, las fuentes venezolanas indican que es la fuerza armada de mayor confianza de Hugo Chávez, y han señalado que en la actualidad viene actuando como ‘una mafia dedicada a transportar dinero a los países ‘amigos’ del presidente’… Más aún, se ha informado que el hombre del maletín es un comando de Chávez para transportar dinero en efectivo para sus aliados en su proyecto político internacional (…) Podría tratarse de Luis Enrique Avilán Díaz, quien forma parte de la DISIP (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención), el organismo de inteligencia de Hugo Chávez que en el año 2000 contaba con 2.2l2 y aumentó la cantidad de los mismos en 3.057, ya que en este año 2007 cuenta con 5.269 agentes”.

— Julio César Avilán Díaz (Foto revelada en exclusiva por Tribuna de Periodistas el 10 de agosto de 2007)

Horas después de la publicación del artículo mencionado, organismos de Inteligencia solicitaron colaboración a este periódico y comenzaron a investigar la línea sugerida por Tribuna, especialmente en lo referido a Avilán Díaz, a quien se sindicó como el pasajero no registrado que se unió a los tres funcionarios argentinos y cinco venezolanos que viajaron desde Caracas a Buenos Aires en el Cessna Citation matrícula N5113S de la compañía Royal Class.

La ruta del dinero

Uno de los puntos más importantes en cualquier investigación periodística es el camino del dinero. Muchas veces, el hecho de seguir el rastro “dinerario” en un caso de corrupción, permite al hombre de prensa acercarse a la evidencia “material”. Este escándalo no es la excepción.

Si se sigue el recorrido de los dólares que ingresaron al país, podrá apreciarse que el destino final ha sido para las arcas del otrora matrimonio presidencial. El 26 de agosto de 2007, por caso, la ruta fue detallada por este medio de la siguiente manera:

Los casi U$S 800.000 tenían un destino inequívoco: la financiera Pasamar SA ubicada en la calle San Martín 580 1º A, autorizada a través del legajo 295 por la Secretaría de Turismo para operar en plaza y con el antecedente de aparecer en el lapidario informe que la Comisión Especial sobre Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados confeccionó en el año 2001.

Lo cierto es que, desde Pasamar,el dinero iba a ser reenviado al banco Credit Suisse First Boston, que a su vez lo reenviaría a Suiza, en una operación coordinada por el hombre que viene oficiando de “nexo”, Carlos Germán, y a quien los “valijeros” suelen llamar a su teléfono directo (4322-50…) desde que empezaron a llegar al país las maletas con dinero.

Un dato no menor: en el Credit Suisse reposan los 654 millones de dólares —que hoy superan los 1.000 millones— que el entonces gobernador Néstor Kirchner recibió en abril de 2003 y que son producto de regalías por la privatización de YPF.

El artículo de marras fue oportunamente traducido al inglés y publicado por un importante diario de Estados Unidos, lo cual provocó el consecuente interés de la Justicia de ese país

(*) Tres de los cinco fueron: a) Guido Alejandro Antonini Wilson, venezolano, 46 años de edad, nacido el 8 de abril de 1961, empreasrio, titular de la cédula de Identidad de Venezuela Nº 8.579.325, hijo de Guido Antonini y María Luisa Wilson, casado con Jaqueline Regnault.

b) Franklin Deivis Durán Guerrero, venezolano, 40 años de edad, nacido el 11 de septiembre de 1967, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 7.927.630.

c) Carlos Eduardo Kauffmann Ramirez, venezolano, 36 años de edad, nacido el 30 de diciembre de 1971, empresario, titular de la Cédula de Identidad de Venezuela Nº 10.337.600.

*Por Christian Sanz – Tribuna de Periodistas

La deuda de la obra social de las Fuerzas Armadas superó los $213.000 millones

La deuda de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) ya trepa a $213.902.225.670 y abrió un nuevo conflicto entre Defensa y Seguridad. Ambas carteras se disputan quién debe hacerse cargo del pasivo de la obra social militar.

La definición parece haber superado el plano técnico y ahora queda en manos del presidente Javier Milei, en su rol de Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas.

El cierre del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), la obra social que anteriormente reunía bajo una misma estructura a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, quedó trabado por una deuda de unos US$145 millones, de la cual el 65% corresponde a aportes impagos de Gendarmería y Prefectura, y ni el Ministerio de Defensa ni el de Seguridad quieren asumir el costo.

Todo comenzó en febrero de 2026, cuando Milei firmó el DNU 88/2026, que ordenó disolver el IOSFA —creado en 2013— y reemplazarlo por dos entidades separadas. Entre ellas OSFA, bajo Defensa (para Ejército, Armada, Fuerza Aérea y sus familias) y la OSFFESEG administrado por el Ministerio de Seguridad Nacional, (para Gendarmería y Prefectura). La medida buscaba resolver el “desequilibrio financiero persistente” que arrastraba el organismo por la suba de costos médicos y la heterogeneidad de su padrón, que llegó a tener 575.000 afiliados de las cinco fuerzas combinadas.

El decreto fijó un período de transición de hasta 365 días, designó como administrador al coronel mayor retirado Ariel Guzmán, nombrado por Defensa para gestionar el cierre, y creó una Comisión Ad Hoc con representantes de Defensa, Seguridad, Salud, Economía y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para supervisar el proceso. Crucialmente, el artículo 12 del decreto dejó pendiente definir “el proceso para la cancelación de los pasivos” del IOSFA, sin resolver quién pagaría.

El núcleo del conflicto sería concretamente una cuenta pendiente por contribuciones patronales impagas que Gendarmería mantiene desde 2017, de acuerdo con el propio decreto 637/2013 que regulaba esos aportes. En abril de 2026, cuando la Comisión Ad Hoc empezó a reunirse, Guzmán detectó expedientes heredados de la gestión anterior del IOSFA que reclamaban esa deuda histórica de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que entonces rondaba los $212.000 millones.

Ariel Guzmán, designado administrador para la etapa de liquidación de IOSFA

Ahí se produjo la primera divergencia real, siendo que el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea cancelaron su parte usando fondos del inciso 1 (partida de sueldos del personal militar), lo que permitió al ex IOSFA pagar deudas atrasadas a prestadores médicos, por ejemplo unos $1.999 millones a proveedores de Tucumán. Gendarmería y Prefectura, en cambio, se negaron a saldar la suya, que a fines de abril ya alcanzaba los $101.692.401.866 solo por parte de Gendarmería.

El crecimiento hasta julio de 2026

Cinco meses después de la primera reunión de la Comisión Ad Hoc en abril, y tras la quinta reunión, el panorama no mejoró en absoluto. La deuda consolidada creció a $213.902.225.670, con $139.057.260.804 correspondientes exclusivamente a las contribuciones impagas de Gendarmería y Prefectura. El representante de Seguridad, Fernando Domínguez, volvió a decir en la reunión que su ministerio “no dispone de los recursos” para afrontar esa obligación, repitiendo la misma negativa de meses anteriores.

Esto llevó a Guzmán a elevar un informe al ministro de Defensa Carlos Presti donde reconoció el fracaso de la instancia técnica. Él afirmó en el escrito que “no se ha podido avanzar en la concreción de un plan para cancelar la [deuda]” y que “este tema deberá plantearse en otras instancias decisorias para su conocimiento e intervención” — es decir, admite que la comisión fracasó, que ya no puede resolverlo y que la decisión pasa a un nivel político superior.

Informe-de-la-5ta-reunion-de-la-comision-especial-Ad-hoc

El propio esquema institucional explicaría por qué el hecho sube tan alto en la jerarquía gubernamental. OSFA depende de Defensa y OSFFESEG de Seguridad, pero ambas nacieron del mismo decreto presidencial, y es el propio Poder Ejecutivo quien debe “instrumentar las medidas necesarias” para cancelar los pasivos que tenía IOSFA, según el artículo 12 del DNU 88/2026.

Como ningún ministerio (Defensa ya pagó lo suyo, Seguridad no puede o no quiere) resuelve el diferendo, y la Comisión Ad Hoc —integrada también por representantes de Economía, Salud y SIGEN— se declaró sobrepasada, la resolución final depende de una decisión presidencial que autorice una partida extraordinaria de recursos.

La particularidad es que el propio Estado nacional aparece simultáneamente como acreedor (a través del ex IOSFA, que reclama la deuda) y deudor (porque Gendarmería y Prefectura, fuerzas federales bajo su propio paraguas, son las morosas). Sin esa definición clara, el riesgo es que la liquidación se convierta en un proceso interminable, con proveedores médicos impagos, litigios judiciales y deterioro de la cobertura sanitaria tanto de militares como de gendarmes y prefectos por un tiempo indeterminado.

La situación parece no encontrar solución, ya que casi dos tercios del endeudamiento financiero de una obra social ya disuelta recaen sobre fuerzas de seguridad que dependen de una cartera —Seguridad Nacional, a cargo de Alejandra Monteoliva— que asegura no tener presupuesto para afrontarlo.

HUMOR por Argüelles​

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