26 abril, 2025

El jefe de la custodia de Cristina Kirchner multiplicó su patrimonio 27 veces en 10 años

El comisario Diego Carbone goza de beneficios como viajes junto a la actual vicepresidenta. En el 2012 su patrimonio era de 363 mil pesos y hoy cuenta con bienes por casi 3 millones de pesos.
10 Years Experiences

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Diego Carbone fue el principal encargado de la seguridad de Cristina Fernández de Kirchner mientras ella fue presidenta. Luego de que Cristina dejó el poner, el comisario (ascendido a ese rango en la gestión K), tomó la decisión de seguir cerca de ella como jefe de la custodia que le corresponde como ex mandataria, desde el final de su mandato en 2015 hasta hoy.

Teniendo en cuenta el contexto, el crecimiento de Carbone en los últimos años es llamativo: pasó de declarar bienes por apenas 363.888 pesos a fines del 2011 a 2.906.572 pesos para 2017, ante esto, se vio obligado a informar como funcionario público ante la Oficina Anticorrupción. Casi un 700% de crecimiento patrimonial, según precisó el medio Border Periodismo.

En 2012, Carbone declaraba:

La mitad conyugal de un departamento y de una cochera en la localidad de Sáenz Peña, en la provincia de Buenos Aires por apenas 28 mil pesos.

El 50% de un lote de 1.072 metros cuadrados en Benavídez que tasaba en 211 mil pesos.

Un auto Volkswagen Crossfox 1,6 modelo 2007 tasado en 55 mil pesos.

Dinero en efectivo por 51 mil pesos.

Ya a fines del 2013, el lote se transformaba en una casa que Carbone tasaría en 488 mil pesos. Desde entonces ampliaría su patrimonio:

En 2014 declara acciones en la firma Propulsider SRL por 25 mil pesos. La firma, dedicada a la metalurgia, fue creada con un compañero de trabajo de su mujer Mariana, que también se dedica al rubro. Desaparece de sus declaraciones juradas el auto.

En 2015 declara que compró 10 mil dólares para ahorro. Hasta allí su patrimonio llegaba al millón de pesos.

Lo curioso es que el gran salto patrimonial que declara Carbone se da ya sin Cristina en el Gobierno.

Para 2016, la participación de Carbone en la empresa Propulsider SRL pasa a ser revaluada en 606 mil pesos.

Se compra una camioneta Peugeot 2008 Feline Tiptronic HDI que tasa en 580 mil pesos.

En 2017 las acciones de la empresa vuelven a revaluarse y Carbone la cotiza en 1.014.647 pesos. La firma había logrado la habilitación de impacto ambiental de parte del Gobierno de la Ciudad, para una planta de 4 pisos y 1.092 metros cuadrados en Moliere al 2500, en el barrio de Villa Real.

El comisario compra Lebacs por 543 mil pesos y bonos en dólares por 54 mil pesos.

De esta manera, el patrimonio de Carbone pasó a cotizar en 2.906.572 pesos con 77 centavos, según la última declaración jurada que presentó. Es un incremento del 698,75% entre 2012 y 2017.

Por otra parte, para enero del 2013, la pareja de Carbone (Mariana Cristina Núñez) había creado una firma, Comarca de la Ventana SRL, con sede en Capital, pero dedicada a “servicios de alojamiento en camping” (incluidos refugios de montaña). En su constitución, el objeto fue preciso: una empresa turística dedicada “en general (a) todo lo relacionado con la reconstrucción, refacción, ampliación, instalación, implementación (y) puesta en marcha del camping municipal Villa Ventana”.

La firma explota la concesión del camping principal de Sierra de la Ventana, que depende del municipio bonaerense de Tornquist, y también unos dormis que se alquilan para el turismo.

*Fuente: Border Periodismo

Redacción

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Caso $Libra | Maniobras cruzadas, internas en la UCR y pulseada con Martín Menem 

La creación de la comisión especial para investigar el escándalo del caso Libra, que apunta directamente al entorno del presidente Javier Milei, desató una guerra de maniobras en la Cámara de Diputados. Lo que en teoría debía ser un paso institucional se convirtió en una batalla por el control del tablero político.

Durante la semana, La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados reformularon sus alianzas parlamentarias. A los libertarios se les sumó el monobloque CREO, y lograron un interbloque de 40 integrantes. En paralelo, Oscar Zago, tras su salida explosiva del bloque libertario, armó una sociedad con el PRO y Somos Fueguinos, con un total de 41 diputados. Ambos espacios reclamaron cuatro lugares cada uno dentro de la comisión.

A la par, el resto de la oposición también jugó sus cartas. Hubo intentos por reorganizar fuerzas, ajustar interbloques y ganar presencia en la comisión. Pero lo que parecía una jugada de ajedrez terminó por desacomodar todo el tablero.

Uno de los coletazos más fuertes se lo llevó la Unión Cívica Radical, que terminó fracturada. Seis diputados, históricamente más cercanos al gobierno libertario, se abrieron y fundaron la Liga del Interior, un nuevo bloque con voz propia y que les permite exigir dos sillas en la comisión investigadora.

Este movimiento debilitó seriamente a la conducción del cordobés Rodrigo de Loredo, que ahora ve reducido su bloque a 14 miembros y pierde una banca clave en la comisión. Dentro del radicalismo ya no se habla de fisuras, sino de una ruptura lisa y llana.

El presidente de la Cámara, Martín Menem, no quedó afuera de la tormenta. En medio del caos legislativo, crecen las tensiones con la oposición, que lo acusa de querer manipular la conformación de la comisión en favor del oficialismo. Hay quienes lo ven como un jugador más en esta partida política, más que como un árbitro institucional.

Mientras tanto, la comisión –que debería encargarse de dilucidar si hubo o no responsabilidades políticas en el manejo de la plataforma Libra– todavía no termina de nacer. Y ya está envuelta en internas, pases de factura y rosca legislativa.

Hasta el momento, la oposición contaría con aproximadamente 14 representantes en la comisión —seis de Unión por la Patria (UxP), dos de Encuentro Federal (EF), dos de Diputados por San Luis (DpS), dos de la Coalición Cívica (CC) y dos del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Nueva y Participativa (FIT/NyP)—, mientras que el oficialismo reuniría entre 12 y 14 miembros, con cuatro de La Libertad Avanza (LLA), cuatro del bloque PRO/MID, dos de la UCR, dos de la denominada UCR libertaria y dos de Independencia Federal (IF).

El escenario configura un virtual empate que amenaza con paralizar el funcionamiento de la comisión desde su inicio. Hasta el próximo 23 de abril —fecha prevista para la primera reunión formal—, continuará una intensa disputa reglamentaria, cuya resolución aún es incierta y mantiene en vilo a todo el arco legislativo.

Redacción

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Carola Laner: “Los delincuentes en la calle generan inseguridad y un peligro social para todos”

Carola Laner, diputada provincial de Juntos por Entre Ríos, representando a la ciudad de Concordia, y presidiendo la importante Comisión de Seguridad en la Cámara de Diputados, expresó su preocupación por la situación de la delincuencia y advirtió que “es el peor mensaje que le podemos dar a nuestra sociedad”, en una nota con Eduardo Prestofelippo —más conocido como El Presto—, en Canal EY!

“La ‘puerta giratoria’ empodera únicamente a los delincuentes”, afirmó Laner, agregando: “Es el mensaje de que podemos robar el dinero de todos y que los juicios pueden demorar años.”

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El proyecto más destacado y representativo de Laner es su iniciativa para incorporar la figura de “reiterancia delictiva” como criterio para la prisión preventiva en el Código Procesal Penal de Entre Ríos. Presentado el 20 de mayo de 2024, esta iniciativa busca establecer una distinción clara entre reiterancia y reincidencia.

“La reiterancia es la conducta delictiva repetida en el tiempo. Mientras que la reincidencia es aquella persona que ha reiterado en el delito y se produce cuando una persona comete un delito después de una sentencia definitiva”, explicó Laner, algo que se sostiene viendo las estadísticas en Concordia, por ejemplo, de 1.000 detenciones, el 70% corresponden a delincuentes reiterantes.

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Frigerio anuló 770 “contratos truchos” y exigió recuperar los millones de pesos robados por la corrupción peronista

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este lunes la anulación de 770 contratos irregulares realizados durante las gestiones peronistas en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018. La decisión, de carácter administrativo, fue comunicada en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.

“Hemos decidido ponerle fin a una historia donde la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos dramáticos”, sostuvo Frigerio, quien calificó la causa como “una de las más importantes de corrupción en la historia del país”. La medida va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares.

La investigación judicial, conocida como causa “Beckman y otros”, comenzó en 2018 tras detectarse maniobras sospechosas vinculadas al retiro de dinero con múltiples tarjetas de débito desde cajeros automáticos. Las pesquisas revelaron que los fondos estaban asociados a contrataciones ficticias de personal en ambas cámaras legislativas. Hasta el momento, 32 personas fueron imputadas y se encuentran en condiciones de ir a juicio, mientras que otras diez solicitaron la suspensión del proceso mediante probation.

Frigerio enfatizó que “la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad, mirando al costado”. En esa línea, pidió a las autoridades legislativas que dispongan formalmente la nulidad de los contratos. “Después, exigiremos la devolución de esos recursos que se han robado a los entrerrianos”, señaló.

– La medida de Frigerio va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares

Según la acusación fiscal, los delitos que se investigan son asociación ilícita, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si bien en la causa no aparecen legisladores imputados, sí fueron involucrados responsables administrativos de ambas cámaras, un estudio contable encargado de coordinar las operaciones y empleados encargados del cobro de los fondos.

El mandatario provincial explicó que, tras la anulación, se activará un proceso administrativo para recuperar el dinero sustraído. “Le pediremos al fiscal de Estado que intente la recuperación de esos recursos. Es probable que muchos de los imputados y de los que tuvieron los contratos, aun sin estar procesados, al menos analicen la devolución”, expresó.

El reclamo formal del Estado provincial alcanza los 373 millones de pesos, sin contar la actualización por intereses. “No tenemos un número preciso como para plantear. La Justicia tendrá que determinar cuál es el monto actualizado del dinero que se le robó a los entrerrianos”, aclaró Frigerio.

En paralelo al proceso judicial, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en el Palacio de Justicia provincial se llevaban adelante audiencias vinculadas a las suspensiones de juicio a prueba de los imputados.

Frigerio destacó también que su gestión redujo a la mitad la cantidad de contrataciones en las cámaras legislativas. “Lo dijimos en campaña y lo estamos cumpliendo. Lo primero que hicimos frente a este tema fue bajar a la mitad los contratos de Diputados y Senadores”, afirmó. Y concluyó: “Estamos dando un paso más. Queremos que los que le robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan”.

Redacción

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La pobreza bajó al 38,1% en el segundo semestre de 2024

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la pobreza se ubicó en 38,1% de la población durante el segundo semestre de 2024, lo que implicó una disminución de casi 15 puntos porcentuales frente al 52,9% que se registró en la primera mitad de ese año. Según la proyección oficial, hubo 17,9 millones de personas pobres en todo el país, mientras que la indigencia retrocedió de 18,1% a 8,2%.

El organismo estadístico señaló que la cantidad de pobres se redujo también en comparación con el 41,7% de fines de 2023, cuando finalizó el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. El primer año de gestión de Javier Milei concluyó con la pobreza más baja desde el primer semestre de 2022, de la mano de un alza en los ingresos, cierta estabilidad laboral y una desaceleración de la inflación.

En un comunicado oficial, la Oficina de la Presidencia celebró que “la pobreza sin precedentes que había dejado el gobierno de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, que llegó a un pico del 52,9% en la medición del primer semestre de 2024, se redujo al 38,1% en el segundo semestre, mientras que la indigencia disminuyó del 18,1% al 8,2%, como efecto directo de la lucha contra la inflación que ha llevado adelante el Presidente Javier Milei, además de la estabilidad macroeconómica y la eliminación de restricciones que durante años limitaron el potencial económico de los argentinos”. El texto añadió: “Dichos índices reflejan el fracaso de las políticas del pasado, que sumieron a millones de argentinos en la precariedad mientras vendían que estaban ayudando a los pobres, pero la pobreza no paraba de aumentar. La gestión actual demuestra que el camino de la libertad económica y la responsabilidad fiscal es la vía para reducir la pobreza a largo plazo”.

El presidente Milei reaccionó con un mensaje en la red social X. Primero publicó: “Saquen del medio mandriles. Fin”. Luego amplió: “La pobreza cayó muy fuertemente. La baja de la inflación, el crecimiento del nivel de actividad y las políticas que ha impulsado el Ministerio de Capital Humano han sacado de la pobreza a más de 8 millones de personas. Si se considera el dato punta, la baja en la cantidad de pobres es de más de 10 millones”. Finalmente apuntó: “Lo disfrutan los argentinos de bien y lo sufren mandriles econochantas, el club de los devaluadores seriales, los políticos miserables y los periodistas ensobrados/ignorantes (desde esos que se autoperciben como el centro bienpensante –zurdos no asumidos– hasta la izquierda más rancia)”.

Los datos oficiales provinieron de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y consideraron 31 aglomerados urbanos. Dentro de ese universo, se registraron 11.337.979 personas pobres (38,1%) y 2.451.657 personas indigentes (8,2%). El Gran Buenos Aires concentró la mayor cantidad de personas pobres: 5.987.424, de las cuales 1.382.378 estuvieron en situación de indigencia. Al discriminar esa región, se contabilizaron 5.486.186 pobres y 1.311.698 indigentes en los partidos del conurbano, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) exhibió 501.238 personas pobres (17,9%) y 70.680 indigentes (4,7%).

En el Noreste argentino (NEA) se observó el índice más alto, con un 47,0% de su población urbana bajo la línea de pobreza. En particular, Gran Resistencia (Chaco) registró 60,8% de personas pobres (259.067) y 22,4% de indigentes (95.358). En el Noroeste (NOA), la pobreza alcanzó el 42,8% y la indigencia se situó en 8,1%, con Salta (45% de pobreza y 7,7% de indigencia) y Santiago del Estero-La Banda (48,6% y 11,1%, respectivamente) entre los puntos más afectados.

La región Pampeana, que abarcó 2.278.753 personas pobres (35,6%) y 495.403 indigentes (7,7%), incluyó aglomerados con altos valores, como Concordia (57,1% de pobreza y 13,9% de indigencia) y San Nicolás-Villa Constitución (45,4% y 11,5%). En la zona de Cuyo, la pobreza cerró en 41,9% (782.442 personas) y la indigencia en 6,5% (120.477), con Gran Mendoza y Gran San Juan como los principales conglomerados afectados. Por otro lado, la Patagonia, si bien promedió los índices más bajos (33,5% de pobreza y 4,5% de indigencia), exhibió cifras elevadas en algunos sectores, como Rawson-Trelew (28,1% y 9,2%) o Viedma-Carmen de Patagones (39,4% y 7%).

Según el Indec, la incidencia de la pobreza en menores de 14 años alcanzó al 51,9%, lo que representó cerca de 5,7 millones de niños y niñas en hogares cuyos ingresos no cubrieron la canasta básica total. El ingreso familiar total promedio de los hogares pobres fue de 599.837 pesos mensuales, mientras que la canasta básica total de referencia para ese mismo conjunto promedió los 952.313 pesos. La brecha de la pobreza alcanzó el 37%, con un descenso notorio frente a lo registrado en el primer semestre de 2024.

Entre los pronunciamientos oficiales, La Libertad Avanza publicó: “Los kukas nos dejaron una pobreza de 52,9% y Milei la bajó a 38,1%. Abrazo”. En tanto, el Ministerio de Economía resaltó que “con respecto al primer semestre de 2024, la incidencia de la pobreza registró una disminución, tanto en los hogares como en las personas, de 13,9 y 14,8 puntos porcentuales respectivamente, mientras que en el caso de la indigencia la baja fue de 7,2 en los hogares y 9,9 en las personas”.

El Indec también precisó que, en el área de Gran Córdoba, la pobreza alcanzó al 35,5% de la población, con 25,2% de los hogares en esa condición, mientras que en Río Cuarto se ubicó en 37,5% de las personas y en 27,5% de los hogares. Con estos números, distintos sectores evaluaron los factores que motivaron la caída de los indicadores sociales, en especial la desaceleración de los precios y la recomposición de ingresos en el segmento informal durante los últimos meses de 2024.

A modo de balance, el Gobierno destacó que la pobreza “se redujo al 38,1% en el segundo semestre”, y el propio Milei sostuvo que su administración “profundizará este camino que ha demostrado devolverles a los argentinos la dignidad que les fue negada durante décadas”. El dato oficial finalizó así por debajo de la medición de cierre de la anterior gestión, que había quedado en 41,7%, y lejos del récord de 52,9% de la primera mitad de 2024.

Redacción

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Macri ahora patea el acuerdo en provincia con Milei y analiza reeditar Juntos por el Cambio

Mauricio Macri analiza reeditar a Juntos por el Cambio en la provincia para freezar el acuerdo con Javier Milei y llegar en una posición menos débil a una negociación antes del cierre de listas de agosto.

El PRO bonaerense se reunió este martes y, en medio de la falta de defunciones, hubo señales respecto de un regreso de Juntos al menos de manera parcial.

Si bien la mayoría de los presentes en la reunión que encabezó Cristian Ritondo en sede del partido en San Telmo se mostraron favorables a un acuerdo con los libertarios, no se pudo imponer una postura. Principalmente porque Soledad Martínez, la intendenta de Vicente López que reporta a Jorge Macri, se opuso a cerrar con La Libertad Avanza.

Del cónclave, en el que estuvieron los intendentes del PRO, surgió la idea de invitar al próximo encuentro a los intendentes radicales. Fue llamativa la coincidencia con las palabras del propio Macri desde Balcarce, donde pidió integrar a los radicales a un acuerdo para volver a gobernar la Argentina. No parecieron las definiciones de alguien que busca acordar ya con Milei.

En el PRO dijeron al medio La Política Online que el escenario bonaerense puede quedar abierto si recrean Juntos con los radicales que gobiernan buena parte de los distritos del interior, más la porción de peronistas de Juan Schiaretti y algunos aliados que formaron parte de la alianza que gobernó el país y la provincia entre 2015 y 2019.

Más aún considerando que los libertarios tienen serios problemas para encontrar candidatos competitivos tanto a nivel seccional como para la lista de diputados nacionales.

El acuerdo que quiere Karina Milei con los dirigentes del PRO por separado, sin cerrar con el propio Macri, tiene dos trabas fundamentales. Una es la del propio Macri, que quiere estirar la definición para luego de las elecciones porteñas. El líder del PRO dice que si logran dejar a Manuel Adorni en un tercer puesto, serán los libertarios los que deberán venir a golpear la puerta para un acuerdo.

En el gobierno también quieren evitar forzar el acuerdo subterráneo con los dirigentes del PRO para evitar que se rompa el bloque amarillo en Diputados, que necesitan como agua hasta diciembre para garantizarse el tercio del que Milei se valió para tener gobernabilidad.

*Con información de La Política Online

Redacción

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Productores rurales denunciaron tasas excesivas en un municipio bonaerense y el intendente los trató de mentirosos

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) difundió esta semana “El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria”, un informe en el que incluyó un comparativo de varios municipios y ubicó a Chivilcoy al tope de la Tasa Vial más costosa de la provincia. A partir de este señalamiento, Guillermo Britos, intendente de la localidad bonaerense, consideró que el informe fue “falso y carece de buenas intenciones” y advirtió “motivaciones políticas” detrás de los datos publicados.

Según Carbap, la “Tasa por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial” alcanzó los $17.321 anuales por hectárea en determinadas boletas de Chivilcoy, lo que equivalió a 91,2 kilogramos de trigo o 60,8 de soja, y hasta $16.663 en otros casos. La entidad presentó dos comprobantes de 69 y 108 hectáreas, respectivamente. También indicó que las nuevas boletas de cuotas 4, 5 y 6 llegaron con una actualización que supera los $19.000 por hectárea, aunque no precisó si ese monto ya estaba vigente o si correspondía a una proyección. “No contemplamos posibles descuentos ni el estado de deuda de los contribuyentes; nuestro único objetivo fue reflejar lo que surge de las boletas oficiales”, aclaró la entidad.

“Es difícil saber de dónde salió esta falsedad”, se quejó el intendente Britos. “Puede haber surgido de productores que están deudores aunque hay dirigentes ruralistas de Chivilcoy que son candidatos de espacios opositores”. Además, enfatizó que en su distrito la tasa se calculó mediante una denominada Unidad Agropecuaria, compuesta por 1 kilo de soja + 1 kilo de trigo + 1 kilo de maíz + 0,1 kilo de carne vacuna. Dijo que, hasta el 30 de marzo, el valor osciló entre $903,02 y $1062,35 por hectárea, lo que se tradujo en montos anuales de $10.836,24 y $12.748,20, muy por debajo de los números publicados por Carbap.

El intendente remarcó que los valores superiores a $17.000 se dieron solo si el propietario del campo acumuló deuda y, por ende, se aplicó una multa del 35%. “De la única forma de llegar a los valores similares a los publicados es si se toma una partida de más de 100 hectáreas con deuda acumulada”, explicó. Britos añadió que el municipio previó mecanismos de regularización: “Si el deudor se presenta, se le bonifican parcialmente los intereses y se le refactura el corriente año como buen contribuyente, con lo que accede a los valores habituales”. Asimismo, el mandatario aseguró que la mayoría de los productores tuvo un 15% de descuento por pago anticipado, con lo cual el costo efectivo bajó a cerca de $800 por hectárea.

Carbap, por su parte, recalcó que su estudio no evaluó la eficiencia de la inversión municipal ni la calidad de los servicios brindados, sino que se enfocó en la presión fiscal que representó esta tasa para los productores. Insistió en que el incremento superó el 40% en gran parte del territorio bonaerense, con picos de 87% medidos en trigo y 63% en soja en algunas localidades. Además, resaltó que el informe determinó brechas de hasta ocho veces entre jurisdicciones y que el estado general de los caminos en la provincia continuó siendo “de regular a malo”.

El peso de las tasas municipales de la provincia de Buenos Aires y La Pampa y su impacto en la producción agropecuaria

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En su réplica, Britos aseguró que el secretario de Hacienda local ya había informado a dirigentes de Carbap y de la Asociación Rural de Chivilcoy sobre la metodología oficial de cálculo antes de la difusión del informe. Subrayó que, si el material no se rectificaba, enviaría una carta documento para pedir la aclaración. También defendió los trabajos realizados en los 1500 kilómetros de caminos rurales del distrito: invitó a la entidad a recorrerlos para constatar las mejoras con piedra caliza y escoria.

– Ignacio Kovarsky, titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa

Pese a la disputa, desde Carbap indicaron que mantendrían su compromiso con la “transparencia y la precisión” para mostrar el verdadero peso de las tasas en la producción agropecuaria, más allá de los descuentos u otros beneficios que puedan otorgar los municipios. Finalmente, la entidad reiteró que Chivilcoy se ubicó entre los distritos con mayor presión fiscal por hectárea, mientras que el jefe comunal insistió en que, para los contribuyentes cumplidores, los montos no llegaron a los valores expuestos en el informe. Ambos actores continuaron defendiendo sus cifras y perspectivas, en un escenario que combinó aspectos técnicos, financieros y políticos.

Redacción

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