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Una confusa notificación sorprendió a los usuarios de la aplicación gubernamental “Mi Argentina” durante esta mañana. Ocurrió que el Gobierno utilizó la aplicación de servicios públicos, creada para sacar turnos o hacer trámites y consultas, para hacer campaña política.
Concretamente, en la categoría de “Novedades”, se podía leer “Alberto Fernández: Lo que hicimos mal lo corregiremos, lo que no hicimos lo haremos”, al clickear, se deriva al sitio Casarosada.gob.ar.
El mensaje varía cada vez que se carga la aplicación. Las declaraciones de Fernández rotan aleatoriamente con información sobre la campaña de vacunación que no está actualizada. “El Ministerio de Salud informó que ayer la Argentina alcanzó un nuevo hito con 402.305 aplicaciones en 24 horas”, indica.
Desde el Gobierno, señalaron que se trató de “un error” del sistema de selección de noticias. Seguidamente, lanzaron el siguiente comunicado:
La notificación en Mi Argentina, que tuvo como origen institucional información que publicó Casa Rosada, fue desactivada ya que se trató de un error del sistema en la selección automática de noticias.
En la sección novedades de Mi Argentina se hace difusión de actividades de gestión, actos públicos, inauguraciones y anuncios de nuevos servicios del Estado nacional a la ciudadanía, con un criterio federal.
Para ello, desde la Subsecretaría de Gobierno Abierto y País Digital se nutre de información oficial publicada en sitios webs institucionales de Presidencia, Ministerios y organismos. No se toma como fuente ningún otro canal de información que no entre dentro de estas categorías mencionadas ni tampoco hay producción propia de contenido.
Acabo de entrar en la app “mi Argentina” y ver el peor error comunicacional que se podía cometer en este momento. Insisto: ¿no se puede buscar un asesor?
Yo soy usuario de la app mi argentina desde cemento cuando la lanzó el Ministerio de Modernización, me figuraron hasta antitetánicas que me di en la infancia, era para eso. Hoy usan la app para hacer propaganda presidencial porque se creen que el Estado son ellos, van a correr pic.twitter.com/NDdHMO4iru
En el interior de Córdoba, viajar en colectivo resulta más caro que tomar un vuelo nacional. El pasaje entre la capital de la provincia y Río Cuarto supera los $37.000. En cambio, un vuelo a Buenos Aires ronda los $25.000 con equipaje incluido.
En los últimos 17 meses, el transporte interurbano cordobés acumuló un aumento superior al 500%, mientras la inflación nacional apenas superó el 140 %. El sistema registró nueve incrementos, con picos que alcanzaron el 97 % en una sola actualización. El boleto escaló a niveles que desafían toda lógica, sin mejoras visibles en frecuencia, infraestructura o calidad.
La presión fiscal de Córdoba figura entre las más altas del país. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) advierte que más del 80 % de los ingresos tributarios provinciales provienen de impuestos distorsivos. Se trata de tributos que no respetan la capacidad contributiva, pero castigan el consumo cotidiano.
La estructura del transporte interurbano en Córdoba no presenta competencia efectiva ni mecanismos de control. Las tarifas se autorizan en cadena, sin licitaciones públicas ni auditorías externas.
Ese circuito impositivo no se traduce en mejoras para el usuario. Por el contrario, una porción significativa de la recaudación se destina al gasto publicitario del gobierno provincial. Entre 2023 y 2025, el presupuesto en pauta oficial superó los $5.000 millones anuales. Esos fondos se distribuyen de forma discrecional, sin criterios técnicos ni rendición pública. Gran parte termina en medios alineados con la gestión.
Algunos medios reciben cifras que superan los $20 millones mensuales. La pauta se convierte en un instrumento de blindaje político. Mientras las tarifas suben sin control, desde el "periodismo partidario" evitan cuestionar el modelo, suavizan las críticas o simplemente guardan silencio. El precio del pasaje subsidia la narrativa oficial.
La situación de Córdoba contrasta con la de otras grandes ciudades. En Buenos Aires, Rosario o Santa Fe, recorridos similares cuestan entre un 50% y un 70% menos. Esa brecha tarifaria carece de justificación técnica y refleja un esquema de explotación fiscal disfrazado de servicio público.
La exsecretaria general de UTHGRA y actual concejal de Mar del Plata, Mercedes Morro, se encuentra en el centro de la polémica tras una denuncia que la señala por haber utilizado fondos del sindicato para comprar un departamento. El caso tomó mayor notoriedad luego de una tensa entrevista con el periodista Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto. Lo que pretendía ser un derecho a réplica, se convirtió en más de 30 minutos donde Morro mostró contradicciones constantes y evasivas ante preguntas directas.
“Si me equivoqué, me equivoqué. No me quedé con la plata. Si tengo que ir presa, iré presa”, afirmó Morro, admitiendo a su vez haber metido a familiares con ayuda de sus funciones, pero intentó torpemente defender que “todos trabajaron y cumplieron horario como cualquiera”.
La exsecretaria general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos en Mar del Plata, de 78 años, con un mandato en el Concejo que finaliza en diciembre de 2025 y sin posibilidad de reelección, enfrenta una denuncia penal por presunta malversación de fondos sindicales utilizados para la compra de un departamento a su nombre propio.
“Yo compré un pozo de departamento. Lo pagué durante unos años, pero lo tuve que vender porque no podía seguir pagando la cuota”. subrayó Morro, enfatizando que a UTHGRA “se le devolvía el dinero después”. Sin embargo, se negó a dar detalles sobre los documentos que acrediten dichas devoluciones.
En ese momento, la dirigente deslizó una confusa nueva versión en la que veía como posible que “en la Tesorería se quedaban con la plata".Según ella, su sueldo rondaba los tres millones de pesos.
Morro dijo desconocer la existencia de las actas que avalaran estas operaciones: "No te lo voy a decir, porque eso se va a decir en el juicio". Fuentes locales argumentaron que cinco miembros de su propia gestión en la Comisión Ejecutiva, que fueron consultados en el proceso de auditorías del sindicato, declararon que jamás se autorizó en acta ningún préstamo personal ni la compra del inmueble.
La investigación penal preparatoria número 20.440-25 radicada en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 10 de Mar del Plata investiga 14 transferencias bancarias realizadas desde las cuentas oficiales de UTHGRA hacia la empresa constructora Cuarzur Edificios SA entre 2016 y 2017. Estas transferencias, que a valores actuales superarían los 800 mil pesos, fueron destinadas al pago de cuotas de un departamento ubicado en la calle Salta, que figura registrada a nombre de Morro, no del sindicato.
Morro reconoció que "por ahí en ese sentido sí... podría haber cometido un abuso", aunque defendió que todos en su gestión "trabajaban y cumplían horario". Su hija, Nancy Todoroff, incluso se candidateó posteriormente para ser secretaria general del gremio, continuando lo que parecía ser una sucesión familiar hereditaria.
El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2024 y consignó bienes por $11.851 millones. El salto interanual fue del 137 % y respondió, en gran medida, a la revalorización de inversiones que el funcionario ya poseía.
El 65,8% del total, es decir $7.807 millones, se encuentra en el exterior. Caputo sostuvo depósitos offshore por $5.937 millones, distribuidos en dos cuentas corrientes en dólares. Declaró participaciones societarias por $1.870 millones en Ancora Investments, firma radicada en el exterior. En el país, registró activos líquidos compuestos por $2,1 millones en moneda local y US$ 778.000 en cajas de ahorro. Asimismo, reportó inversiones en Sacha Rupaska, Anker Latinoamericana SA y Palmeral Chico, además de fondos comunes de inversión por $3,3 millones.
En cuanto a bienes registrables, el ministro declaró dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires valuados en $446 millones y $260 millones, respectivamente; un campo en Santiago del Estero tasado en $980 millones; dos lotes en Benavídez y Pilar; una casa en Villa La Angostura; y tres cocheras en CABA. También incluyó seis vehículos —dos Kia Carnival, una Volvo XC90, un yate, un gomón y un cuatriciclo—, aunque para estos y para algunos inmuebles no se detalló el valor fiscal. Entre 2022 y 2024 su patrimonio pasó de $744 millones a $11.851 millones.
Consultado por La Nación sobre la elevada proporción de activos en el exterior, Caputo explicó que “no pensaba ser ministro y así tenía el patrimonio cuando asumí. Si lo hubiese repatriado y convertido a pesos, me habrían acusado de usar información privilegiada. Preferí dejar todo tal cual estaba”.
Los más ricos del gabinete
Gerardo Werthein, titular de Cancillería, declaró un patrimonio de $92.056 millones, de los cuales 65 % —frente al 52 % del año anterior— se encontraba fuera del país. Entre sus bienes figuran inmuebles en Madrid y Punta del Este, tres lotes en Maldonado y una Ferrari 550 Maranello valuada en $309,3 millones. Su cartera denominada “Portfolio Pictet y Cie – Valores Extranjeros” se multiplicó por cinco en tan solo un año.
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, informó bienes por $18.089 millones y mantuvo el 80% en el exterior: depósitos equivalentes a $6.746,8 millones en Suiza, $4.688,4 millones en Estados Unidos, $2.422,2 millones en Puerto Rico y $265,6 millones en Uruguay. Además, posee 27 inmuebles —24 en la Ciudad de Buenos Aires, dos en la provincia homónima y uno en Neuquén—, junto con propiedades en Miami Beach y Punta del Este.
Los $11.851 millones de patrimonio que tiene Caputo lo colocan en tercer lugar.
A continuación se ubicaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos con $2.847 millones; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien presentó $2.371 millones —el 61 % en el exterior y la curiosidad de haber adquirido un inmueble de apenas 1 m²—; y el ministro de Salud, Mario Lugones, con $282 millones.
Evolución patrimonial del Poder Ejecutivo
Dentro del Poder Ejecutivo, Javier Milei declaró $206 millones, un aumento del 64% respecto de 2023. La vicepresidenta Victoria Villarruel consignó $80,2 millones, un salto del 117%. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, informó $11,4 millones, equivalentes a unos US$ 10.755 al tipo de cambio oficial o US$ 9.383 al paralelo, lo que implicó una expansión del 221%.
Patricia Bullrich, por su parte, registró $188,3 millones. Desde el Ministerio de Seguridad atribuyeron su incremento patrimonial tanto al ajuste del valor fiscal de sus inmuebles como a la venta de un vehículo.
La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, cerró de manera definitiva el jardín maternal del Senado que había suspendido en octubre de 2024 por “irregularidades estructurales” que ponían “en riesgo la vida de los niños y el personal”. Lo dispuso mediante el decreto 401/25, después de que la Dirección de Obras y Mantenimiento evaluó “distintas propuestas” y concluyó “que su readecuación no resulta posible por sus condiciones de base”.
El inmueble será devuelto a la Dirección de Ayuda Social (DAS) del Congreso: “no existiendo la posibilidad de reabrir allí la guardería ni habiendo otra finalidad para el inmueble en cuestión que lo torne útil para el H. Senado, corresponde proceder a su devolución”. En paralelo, a través del decreto 394/25, Villarruel autorizó la donación de los bienes patrimoniales del jardín a otro establecimiento educativo del ámbito legislativo, tras solicitudes de la Asociación del Personal Legislativo (APL) y de la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados. Entre los elementos cedidos figuraron sillas de comer, un sube y baja caballito doble, pizarrones, mantas didácticas, mesas y sillas de caño, un minipelotero, camillas y practicunas, entre otros.
El “Jardín del Bosque” había sido inaugurado a fines de julio de 2015 por el entonces vicepresidente kirchnerista Amado Boudou —luego condenado por corrupción— junto al ministro de Educación Alberto Sileoni y los senadores Juan Manuel Abal Medina (Frente para la Victoria) y Alfredo Martínez (UCR). Durante el acto, Boudou afirmó: “La Presidenta Cristina lleva adelante la tarea de reparar un pasado horrible, construir el presente y sembrar el futuro para todos. Hoy estamos terminando esta etapa de gobierno con la sensación de que tenemos un presente juntos y también un futuro”.
Ni diez años duró el establecimiento. Entre Boudou y Villarruel transitaron las administraciones de la macrista Gabriela Michetti y de la propia Cristina Kirchner. En diciembre de 2023, antes de dejar la presidencia del Senado, Cristina Kirchner eliminó la normativa que compartía el financiamiento del jardín con Diputados; desde entonces, el gasto total recayó sobre el presupuesto de la Cámara alta.
En octubre de 2024, Villarruel decretó el cierre temporal y suspendió toda actividad. La resolución otorgó a los 72 padres de los menores que concurrían a la institución una licencia especial hasta el 31 de diciembre de 2024. Esto generó una situación singular porque en ese lote se encontraba la senadora santacruceña Natalia Gadano.
La decisión de suspender el jardín se sostuvo “en un informe elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento y acompañado por las actas de inspección de la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras de la Agencia Gubernamental de Control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. El texto destacó que el “Jardín Del Bosque” no cumplía “con la normativa correspondiente a la Unidad Ejecutora de Escuelas Seguras, UERESGP”.
Entre las irregularidades se consignaron “déficits en el plano de instalaciones contra posibles incendios; el no cumplimiento con el Plan de Autoprotección”, además de que “el edificio es compartido y requiere independizar el funcionamiento de los diferentes usos”. Otra descripción técnica puntualizó que “el plano de instalaciones contra posibles incendios (porque no declara los usos y ocupaciones real de todo el edificio y las instalaciones contra incendio solo abarca planta baja y 1er piso)”; que no se respetaba “el Plan de autoprotección (no incluye a todo el edificio en un simulacro de evacuación ni a la totalidad de los ocupantes)”; y que era necesario “independizar el funcionamiento de los diferentes usos (también funciona un centro de capacitación de APL, Asociación del Personal Legislativo)”.
La resolución inicial encomendó a la Dirección General de Administración la elaboración de un plan de acción para subsanar las observaciones edilicias informadas respecto del inmueble afectado a la guardería y jardín materno infantil. Pese a haber prometido una solución que no llegó —según deslizó su entorno en aquel momento—, la titular del Senado terminó por dar de baja el establecimiento.
Como viene publicando el portal Tribuna de Periodistas, Daniel Scioli, actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, mantiene una estrecha relación personal y política con Luis Alberto “Chiche”Peluso, un viejo aliado con quien comparte lazos desde hace más de dos décadas. Ese vínculo, forjado en los tiempos en que Scioli gobernaba la provincia de Buenos Aires, hoy vuelve a escena: Peluso es proveedor directo de la secretaría que encabeza el funcionario libertario.
Peluso ocupó cargos importantes durante la gestión bonaerense de Scioli. Fue interventor del Instituto de Lotería y Casinos hasta 2009, cuando debió renunciar tras ser denunciado por presunta evasión fiscal. En ese entonces, fue acusado de no haber declarado una lujosa propiedad en Miami, presuntamente adquirida con fondos provenientes de operaciones vinculadas a una mesa de dinero ilegal en el casino flotante de Puerto Madero.
Las sospechas sobre Peluso no terminaron allí. En 2016, la diputada Elisa Carrió lo señaló como pieza clave de un supuesto esquema de lavado de dinero a través de salas de bingo, con el que —según la denuncia— se habrían financiado campañas políticas y enriquecido patrimonios de funcionarios. Carrió lo describió como “el hombre de confianza de Scioli” y apuntó a su rol como recaudador durante la campaña presidencial de 2015. En esa misma presentación judicial, también se mencionó a la empresa Linser, encargada de servicios de limpieza para la Gobernación bonaerense durante la gestión sciolista.
Los vínculos empresariales de Peluso no se limitaron al Estado. En sociedad con Eladio González Rodríguez —consuegro de Scioli— compartieron domicilio fiscal a través de las empresas Emprendimientos de Luján S.A. y la inmobiliaria Samarcom. El entrecruzamiento entre lazos personales, familiares y negocios fue una constante en esa trama.
La influencia de Peluso en el rubro de la limpieza también se refleja en su entorno familiar. Su hermano, Norberto Peluso, preside la firma Limpiolux, que prestó servicios de higiene a organismos como la AFIP y ahora compite por contratos en el Ministerio de Economía. Actualmente lidera Ceiling Solutions S.A., además de otras firmas como la agropecuaria Las Mañanas y la agencia publicitaria F2F Global. Norberto fue citado en reiteradas oportunidades en Comodoro Py por presuntas irregularidades en contratos estatales, especialmente por sobreprecios.
Por su parte, Luis Peluso continúa al frente de Linser, que ha sido notablemente beneficiada tras el regreso de Scioli a la administración nacional. En lo que va de 2024, la empresa obtuvo 20 contratos estatales —el doble que en 2023 y el triple que en 2022—, entre ellos tres licitaciones vigentes directamente vinculadas a la secretaría que comanda su viejo amigo.
En al menos dos de esos tres contratos activos, Linser no presentó la oferta más económica, pero resultó adjudicada por supuestas fallas técnicas de sus competidores. Esta situación también se repitió en otras ocho licitaciones ya finalizadas.
El 2025 apunta a superar esos números. El 6 de febrero, ANSES le adjudicó a Linser cinco contratos simultáneos para la limpieza de oficinas regionales en CABA, el conurbano bonaerense, Santa Fe y Entre Ríos, por un monto total de 17.827 millones de pesos, casi 14 millones de dólares al cambio oficial de ese momento.
El último contrato fue firmado el 28 de julio de 2025. Ese día, Scioli otorgó de manera directa un nuevo servicio de limpieza integral a Linser, que incluye además tareas de mozos y mantenimiento en oficinas del Instituto Nacional de Promoción Turística. El monto mensual asciende a casi 20 millones de pesos durante tres meses. Se suma a otro acuerdo similar de abril por 15 millones y a uno de enero por 47 millones. En total, los contratos firmados solo este año entre Linser y la Secretaría de Scioli suman más de 80 millones de pesos.
Amistad de larga data, negocios familiares y una presencia constante en los contratos públicos: la historia de Peluso y su cercanía con Scioli vuelve a evidenciar cómo los vínculos personales siguen abriendo puertas en el Estado.
La investigación parlamentaria sobre la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente Javier Milei en una presunta estafa millonaria, enfrenta una grave crisis política que la mantiene paralizada desde abril de 2025. La comisión creada para investigar no logró conformarse formalmente debido a un empate entre oficialismo y oposición, con 14 diputados de cada lado, lo que bloqueó la elección de autoridades y frenó el inicio de las pesquisas.
El oficialismo sostiene que el plazo de 90 días para funcionar venció el 30 de julio y exige la disolución de la comisión. Desde ese espacio político, se argumenta que no tiene sentido mantener una instancia sin resultados concretos ni avances, y que el desgaste político solo perjudica a la institucionalidad.
En cambio, la oposición denuncia una maniobra para enterrar la investigación y exige que el conteo del plazo de funcionamiento se reinicie solo cuando la comisión cuente con presidente y autoridades electas. Para ellos, esta situación evidencia una estrategia para proteger a los involucrados y evitar que se llegue a esclarecer la verdad.
Con este escenario, la oposición propuso modificaciones reglamentarias para romper el empate y poner en marcha la comisión. La iniciativa plantea que el bloque con mayor representación en Diputados pueda designar al presidente en caso de empate, además de redefinir las condiciones para la constitución del quórum y facultar al presidente para dirimir empates en votaciones futuras.
Estas modificaciones serán debatidas en un plenario el 12 de agosto, en una sesión que promete ser decisiva. Si se rechazan los cambios, la oposición ya anunció que evaluará recurrir a mecanismos más fuertes, en los que se incluye la posibilidad de iniciar un juicio político para forzar la continuidad del caso.
– “Vamos a destrabar el bloqueo con el que el oficialismo y sus aliados frenaron toda la investigación durante tres meses”
La primera versión del proyecto fijaba una composición diseñada para garantizarle mayoría a la oposición. El texto establecía que cada bloque con al menos cinco diputados obtendría un representante. Los bloques con más de cinco podrían reclamar dos. Y además, se sumaría un miembro adicional por cada veinte bancas. Con esta lógica, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica se aseguraban controlar la comisión investigadora.
Pero esa arquitectura política se desmoronó en tiempo récord. El PRO, junto con el MID de Oscar Zago y el monobloque Somos Fueguinos, se reconfiguró como interbloque con 41 integrantes y reclamó cuatro lugares, uno más de los previstos.La Libertad Avanza hizo lo mismo al sumar al monobloque CREO, de la tucumana Paula Omodeo. Poco después, los llamados “radicales con peluca” rompieron con el armado tradicional y conformaron la Liga del Interior.
El resultado fue un escenario de empate perfecto. Catorce diputados con voluntad de avanzar en la investigación a fondo, y otros catorce sin intenciones de tocar al oficialismo. Entre los primeros estaban seis de UxP, dos de Encuentro Federal, dos de Democracia para Siempre, dos de la Coalición Cívica y dos del Frente de Izquierda. Del otro lado, se alinearon cuatro de La Libertad Avanza, cuatro del bloque PRO/MID, dos radicales orgánicos, dos de la UCR libertaria y dos de Innovación Federal. Así, todo quedó congelado.
Se trata de Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes. La denuncia fue radicada ante la UFIC N.º 5. Un familiar del burócrata exige la nulidad de la venta, concretada “un día antes” del fallecimiento de la propietaria.
Sorprende que algunos no terminen de entender la herida generada por la cuarentena. Aquello mostró nítidamente a la política y los medios olvidando diferencias y dándose un abrazo corporativo protector mientras la gente sufría a sus suerte. A partir de entonces “consenso” fue… pic.twitter.com/Mt3eTxqD3V
