El Gobierno uruguayo flexibilizó esta semana las condiciones que exigirá a
extranjeros que deseen obtener su residencia fiscal en territorio oriental. A partir del decreto publicado esta semana en el país vecino, se darán dos cambios fundamentales con respecto a las condiciones que anteriormente exigían.
El primero es la compra de un inmueble por al menos 380.000 dólares en lugar de los 1,7 millones que se pedían anteriormente, siempre que la persona permanezca en el país por al menos 60 días al año. La segunda condición es la participación en una empresa por más de 1,6 millones de dólares, en lugar de los 5,3 millones anteriores, si la firma genera al menos 15 puestos de trabajo directos.
Autoridades del país vecino reconocieron en las últimas semanas que las consultas por parte de argentinos crecieron de manera exponencial a partir del resurgimiento en los medios de comunicación del proyecto impulsado por el Gobierno de Luis Lacalle Pou. El presidente oriental había expuesto sus intenciones de absorber grandes capitales argentinos incluso antes de llegar al Palacio Estévez. De hecho, llegó a hablar de que su intención consistía en que al menos 100.000 argentinos se mudaran a Uruguay. Esto le valió una dura respuesta del presidente argentino, Alberto Fernández, en una entrevista brindada a C5N en enero pasado: “El Frente Amplio, con ‘Pepe’ (Mujica), (Danilo) Astori y Tabaré (Vázquez) hicieron un trabajo tan prolijo para que Uruguay deje de ser un paraíso fiscal y dejar de favorecerse con el dinero obtenido espuriamente en otros lados, que si yo fuera Luis (Lacalle Pou) y me preguntara, le diría que lo pensara dos veces”.
Al haber tomado forma el proyecto anunciado por Uruguay, desde el Gobierno Nacional no planean quedarse de brazos cruzados. Ante el incremento de consultas de argentinos para mudar su residencia fiscal a Uruguay, la AFIP dejó trascender que controlará a quienes inicien los trámites para dar de baja la residencia fiscal y advirtió que seguirá bien cada caso para asegurarse de que sea una modificación genuina. Además, advirtió que muchos podrían caer en la “doble tributación”.
Esta semana se conoció que las intenciones del Ejecutivo de Fernández de evitar un éxodo de argentinos que buscan abonar menos impuestos podría avanzar de la mano de un “exit tax”. Según dio a conocer esta semana el periodista Iván Schargrodsky en el sitio Cenital, el Gobierno argentino no descarta aplicar un “impuesto de salida” a los argentinos que planeen mudar su residencia fiscal.
En caso de aplicarse, se trataría de una salida “a la española”. En 2015, el país europeo puso en vigor un nuevo artículo en la Ley del Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), titulado “Ganancias patrimoniales por cambio de residencia”. El mismo consistió en gravar las ganancias patrimoniales en acciones o participaciones en cualquier tipo de compañía de determinados contribuyentes del IRPF en el momento en que dejen de ser considerados residentes fiscales en España.
En el caso español, el “exit tax” afecta sólo a aquellas personas que mantuvieron durante más de diez años su residencia fiscal en territorio español y cuenten en su poder con acciones en empresas por más de cuatro millones de euros ú ostente una participación en una entidad superior al 25% y que su valor de mercado supere la cifra de 1.000.000 de euros. Es decir, se trata de un “exit tax” que se aplica sólo a las grandes fortunas que buscan nuevos horizontes donde se tribute menos.
Por el momento, desde el Gobierno argentino no hubo voces oficiales que confirmaran públicamente la intención de aplicar un “impuesto de salida” a los residentes que deseen dejar de tributar en Argentina para hacerlo en otro país. Sin embargo, el incremento de consultas realizadas a autoridades uruguayas y a tributaristas argentinos encendió las primeras señales de alerta en un Ejecutivo Nacional que no descarta aplicar nuevas medidas para frenar este posible éxodo.
