En la noche de este jueves, la Cancillería envió una carta a la embajada de Ecuador en Buenos Aires, con el aval del presidente Alberto Fernández, para conceder asilo político a Duarte Pesantes. La exministra ecuatoriana vive desde el 12 de agosto del 2020 en la residencia oficial en Quito, junto a su hijo de 11 años y de padre argentino, en carácter de huésped por razones humanitarias. Ahora, tras haber sido informada sobre la decisión de los funcionarias argentinos, será considerada como asilada diplomática.
Según precisaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, uno de los motivos para otorgar ese estatus se funda en que el Relator Especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados “han expresado su preocupación vinculada a vulneraciones al debido proceso y otras garantías judiciales” en el procedimiento que culminó en la sentencia de 8 años por corrupción contra Duarte.
También, el escrito de la Cancillería sostiene que la decisión está encuadrada en la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Y que, de esa manera, el Gobierno procede con “apego al derecho internacional y su disposición a recurrir a los medios de solución de controversias disponibles en ese orden jurídico”.
Por su parte, el gobierno de Ecuador envió un comunicado a Argentina cuestionando la decisión dado que, a quien pretenden beneficiar y proteger es una exfuncionaria condenada: “Las convenciones que normal el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por delitos comunes”, señaló la Cancillería de Ecuador.
La exministra del expresidente Rafael Correa fue encontrada culpable de hecho de corrupción ligados a su actividad como funcionaria pública, específicamente por una trama de financiación irregular del movimiento Alianza País, la coalición que lideraba Rafael Correa. Estos hechos salieron a la luz por un cuaderno escrito por Pamela Martínez, ex asesora del presidente. Esa prueba contenía información sobre los aportes de varias empresas, entre ellas, la constructora Odebrecht. Desde que esta información se hizo pública y la justicia avanzó, tanto el expresidente Rafael Correa, como Duarte, permanecen como refugiados desde 2017 en la ciudad de Bruselas, Bélgica.
El gobierno del actual presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, -opositor al correísmo- considera que el juicio realizado por la Corte Nacional de Justicia “contó con todas las garantías procesales para los acusados”. “El cohecho o soborno se halla tipificado en las convenciones de las Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción“, explicó Lasso en la carta enviada a la Cancillería argentina.
