El Gobierno canceló un contrato millonario a la ONG de Madres de Plaza de Mayo
Así lo anunció a través de X el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona. Este acuerdo le asignaba a la ONG el equivalente a $2300 millones en la actualidad.
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El Gobierno de Javier Milei, continuando con su plan motosierra de cortar gastos innecesarios en el Estado, decidió cancelar un contrato que tenía vigente con Abuelas de Plaza de Mayo. El ministro de Justicia comunicó esta medida a través de redes sociales, con el fin de “evitar malgastar la plata de los argentinos” y “terminar con ese curro”.
“El gobierno anterior le regaló a las Abuelas de Plaza de Mayo el equivalente a hoy de $2.300 millones. Esta administración no va a permitir que se malgaste la plata de los argentinos. Por ese motivo, decidimos rescindir el contrato y terminar con ese curro.” twitteó el ministro.
El jurista publicó información que justifica la decisión del gobierno: “El Ministerio de Justicia tenía a su cargo la Universidad de Madres de Plaza de Mayo. Solo un 0,62% de los alumnos se recibieron entre 2020 y 2023. Cada uno nos salió $100.000.000. La Universidad de Plaza de Mayo gastó $1500 millones y tuvo 16 egresados”.
La ONG Abuelas de Plaza de Mayo no emitió comunicado oficial al respecto, sin embargo, la presidente Estela de Carlotto realizó declaraciones en una entrevista. Allí expresó que esta decisión tendrá “consecuencias judiciales” y que denunciará penalmente al ministro. Además, sostuvo que “ha dejado su vida” en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. “Si vieran la casita en la que vivo ni un centavo. Poníamos la plata de la jubilación cada una para poder viajar al exterior, hemos puesto no solo el dinero, la vida en encontrar los nietos robados y hemos trabajado con un respeto y una historia pura” se defendió.
“Yo tengo ahora esta casita que vivo lugares donde ya no puedo entrar de tantos premios, tantas placas, tantos honores fuera y antes dentro del país y ahora estamos siendo humillados por este personaje” manifestó Estela de Carlotto en referencia al ministro Cúneo Libarona.
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Siguiendo la línea a nivel nacional del presidente Javier Milei, el bloque de La Libertad Avanza presentó una propia versión de la “Ley Bases”. El objetivo de este ambicioso proyecto es ajustar el gasto del gobierno porteño para luego poder bajar impuestos. En ese sentido, la propuesta prevé eliminar en un 50% los cargos políticos y reducir el personal de la administración pública.
Con el fin de eficientizar los servicios y reducir el gasto, se propone privatizar empresas públicas como Autopistas Urbanas S.A (AUSA), Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y Subterráneos de Buenos Aires S.E. En ese sentido, también se hará una revisión de los bienes del estado para poder realizar concesiones o, de ser conveniente, poner a la venta esos mismos bienes.
La ley propone, en el caso de la salud, implementar un sistema de compensaciones para cubrir los costos de atención médica a extranjeros no residentes de la Ciudad, en caso de emergencia la cobertura estará garantizada. En el caso de ser un argentino con residencia en otra provincia, se busca promover acuerdos mediante convenios interjurisdiccionales que permitan la atención a estas personas.
En el aspecto de seguridad, la iniciativa establece que si un menor de 13 años se encuentra en una marcha o movilización sin la presencia de sus padres o tutores, o se encuentre en una situación de peligro que atente contra su integridad física, la autoridad pública que constate este hecho deberá dar aviso inmediato al Organismo de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de CABA.
Además, las organizaciones sociales que realicen manifestaciones en la via pública deberán hacerse cargo de los costos del operativo y de los daños que ocasionen tanto en el espacio público como privado a la hora de manifestarse, afirma el proyecto de ley.
La Municipalidad de Ushuaia presentó un proyecto ante el concejo deliberante para crear una nueva estructura estatal dedicada al turismo. El Ente Ushuaia Turismo (Enutur), una entidad descentralizada que absorbería a la Secretaría de Turismo municipal, tendría por objetivo promover el “desarrollo turístico sostenible” de la jurisdicción.
La iniciativa, sin embargo, trajo consigo un montón de críticas, ya que aseguran que mayor impuestos le quitaría competitividad al sector, generando una disminución en el número de visitantes. Esta situación pondría en riesgo el trabajo de cientos de personas que son empleadas en este sector.
Desde la Cámara de Turismo de Ushuaia, cuestionaron el proyecto: “implica la desfinanciación y derogación de la ordenanza que indica cómo se financia el Ushuaia Bureau, que es el ente mixto que se dedica a la promoción y desarrollo turístico. Es una herramienta espectacular que nos permite sentarnos y conversar de igual a igual y resolver juntos el norte de la promoción turística de un destino tan importante como lo es Ushuaia. Ha funcionado muy bien a lo largo de los años”, comentó Patricio Cornejo, presidente de la Cámara de Turismo de Ushuaia.
De esta manera, la tasa de “Derecho de uso urbano” se aplicaría a todos los turistas y excursionistas mayores de doce años. Se cobrarán 5 Unidades de Valor Fiscal (UVF) a los residentes argentinos y 10 UVF a los extranjeros. El último valor publicado de la Unidad de valor fiscal es de $ 1.127,76, actualizado en enero de 2024. “Para enero de 2025, con una actualización por debajo de la inflación podría llegar a los $2.000″, explicaron desde la Cámara de Turismo.
Asimismo, Cornejo sostuvo que en el proyecto no se especifica la contraprestación que recibirá el turista por pagar una tasa. “Si no se da una contraprestación, no es una tasa, es un impuesto. De hecho, ese es el fundamento por el cual la Ecotasa fue declarada inconstitucional en Bariloche y otros destinos”, argumentó el presidente de la Cámara de Turismo.
El legislador porteño Eugenio Casielles presentó, esta semana, tres proyectos en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires orientados a mejorar la seguridad. Las iniciativas se centran en tres áreas clave: la actualización del Código Contravencional, la instalación obligatoria de cámaras de seguridad en el transporte público y la implementación de controles de narcotest en los operativos de tránsito.
Uno de los ejes centrales del paquete legislativo es la reforma del Código Contravencional, cuyo objetivo es actualizar las sanciones y extender los plazos de prescripción para ciertos delitos. Casielles argumenta que las sanciones actuales, especialmente las económicas, no reflejan la realidad inflacionaria del país, lo que llevó a que multas por delitos graves sean insignificantes: “Hoy, con muy poco dinero se pueden pagar multas por delitos graves como acosar en la vía pública o disponer de menores de edad pidiendo plata en la calle”, señaló el legislador en sus redes sociales.
El proyecto propone calcular las multas en Unidades Fijas (UF), un valor que se actualiza de acuerdo con la inflación, asegurando que las sanciones no pierdan su efecto disuasorio. Además, el proyecto de Casielles busca extender los plazos de prescripción de la acción y de la sanción a dos años. Actualmente, muchas contravenciones prescriben en plazos más cortos, lo que, según el legislador, deja a numerosos infractores sin castigo adecuado.
Las sanciones propuestas en la reforma incluyen trabajo de utilidad pública, multas ajustadas a la nueva normativa y arresto. Enfocándose en la protección de menores, la propuesta endurece las penas para delitos que involucren a menores, como la inducción a la mendicidad o la distribución de material pornográfico.
Otro de los proyectos presentados establece la obligatoriedad de cámaras de seguridad en todas las unidades de transporte público de la Ciudad (colectivos, subtes y trenes). Según Casielles, la falta de cámaras facilita la comisión de delitos como robos y agresiones. “Estamos cansados de que nos roben a cualquier hora en cualquier centro de trasbordo”, comentó.
Las imágenes captadas por las cámaras tendrán carácter secreto y sólo podrán ser solicitadas por las autoridades policiales, judiciales o administrativas en el marco de investigaciones o prevención de delitos. Las empresas concesionarias de transporte serán responsables de la instalación y mantenimiento de estos dispositivos.
Casielles subrayó que la instalación de cámaras es una medida indispensable para reducir la sensación de inseguridad en los medios de transporte y contribuir al bienestar de los porteños.
Por último, en el ámbito de la seguridad vial, presentó un proyecto que exhorta al Gobierno de la Ciudad a garantizar la incorporación de dispositivos para la detección de estupefacientes en los controles vehiculares. Esta medida busca complementar los actuales controles de alcoholemia y mitigar los riesgos de accidentes causados por conductores bajo los efectos de drogas.
“Hay un accidente cada 28 minutos en la Ciudad y las calles están cada vez más llenas de irresponsables al volante”, destacó Casielles.
El consumo de narcóticos —tanto legales como ilegales— afecta la capacidad de reacción y percepción de los conductores, incrementando el riesgo de accidentes. Casielles relaciona esta situación con lo que denomina “una epidemia de accidentes de tránsito” y considera que la implementación de narcotest no solo castigaría a los infractores, sino que también serviría como una herramienta preventiva y educativa.
“El control de narcóticos es fundamental”, afirmó Casielles, quien ya había impulsado previamente una ley de Alcohol Cero al volante. Si bien la propuesta fue recibida con críticas, el legislador sostiene que es una medida clave para mejorar la seguridad vial.
El intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, formalizó una denuncia judicial contra el piquetero K, Juan Grabois, a quien responsabilizó por el bloqueo que el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) mantuvo en el acceso al Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) de Mar del Plata. La medida de fuerza, que duró una semana, interrumpió el ingreso y salida de vehículos destinados a tareas esenciales y tuvo graves consecuencias para la comunidad. La tensión alcanzó su punto crítico el pasado domingo por la noche, cuando un incendio en Sierra de los Padres no pudo ser atendido oportunamente debido a que el bloqueo impedía la salida de los guardaparques con sus vehículos y herramientas de combate.
En una conferencia de prensa, Montenegro expresó la gravedad de la situación y acusó a Grabois y al MTE de “tener de rehenes” a los vecinos de la ciudad. “Estamos sufriendo los vecinos, no el Gobierno. No es una discusión con el Gobierno, somos rehenes de una situación delictiva, de gente que comete delitos”, declaró el jefe comunal, quien subrayó que no negociará “bajo extorsión”. Montenegro fue enfático al señalar que el piquete representa “un delito” y que afecta la seguridad de los marplatenses, indicando que no se cederá a presiones mientras se mantengan acciones que “ponen en peligro la vida de los vecinos”.
El conflicto entre el municipio y Grabois
El bloqueo en el Emsur fue implementado por la Cooperativa Recicladores Urbanos Marplatenses (RUM) del MTE y la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), quienes demandaban la construcción de un baño y un playón de hormigón en el predio de reciclado ubicado en las calles República del Líbano y Alberti. Pese a la insistencia de los manifestantes, Montenegro sostuvo que no dialogará mientras los vecinos de la ciudad se vean afectados.
La protesta, que incluyó el corte total de los accesos al Emsur, impactó de forma directa en varios servicios municipales, como la recolección de residuos, la fumigación y otras tareas de salubridad pública.
La emergencia por el incendio en Sierra de los Padres
La situación se volvió crítica el domingo por la noche, cuando un incendio forestal en Sierra de los Padres puso en riesgo áreas naturales de la región, incluyendo la Reserva Natural Laguna de los Padres. La imposibilidad de que los guardaparques dispusieran de sus vehículos y equipos de combate para controlar el fuego generó un ambiente de alarma entre las autoridades y los vecinos. Según el director de Gestión Ambiental del Emsur, Marcelo Ragonese, y la bióloga del Departamento de Recursos Naturales, Natalia Martino, el personal tuvo que combatir las llamas “a pie” debido al bloqueo. En un comunicado conjunto, ambos funcionarios advirtieron que la falta de movilidad y equipos exponía a la ciudad a un riesgo extremo de incendio forestal en toda el área natural.
Frente a la urgencia de la situación, el Emsur, representado por su apoderada legal, Laura MuñózMora, presentó un pedido de medida cautelar ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Penal N° 12 de Mar del Plata. La solicitud judicial buscaba obtener una autorización inmediata para garantizar el libre tránsito de los vehículos del Emsur con el fin de “combatir el fuego que desde anoche aqueja a la Laguna de los Padres”, resaltando la imposibilidad de llegar a pie a varios sectores de riesgo.
Tras la denuncia del intendente, el presidente del Emsur, Santiago Bonifatti, intervino en el conflicto comprometiéndose a cumplir con parte de las demandas del MTE. Bonifatti acordó la construcción del baño y el playón de hormigón exigidos por los manifestantes, además de la colocación de dos contenedores de uso exclusivo para los trabajadores del reciclado. Asimismo, el funcionario municipal garantizó que, en caso de necesidad, se proveerán herramientas adicionales antes de finalizar el año para optimizar las condiciones de trabajo en el predio.
Por su parte, la Cooperativa RUM y el MTE destacaron en un comunicado que, tras la promesa de Bonifatti, la medida de fuerza fue levantada. En el documento difundido, los manifestantes enfatizaron que este avance representaba “un logro que genera dignidad en el trabajo diario y la posibilidad de mejorar las condiciones operativas de la planta de reciclado”.
Un antecedente de tensiones políticas y sociales: La injerencia de Grabois en Mar del Plata
El conflicto actual entre el municipio y el MTE no es el primero entre la gestión de Montenegro y el dirigente Juan Grabois. En su declaración, Montenegro hizo referencia a un episodio anterior cuando Grabois lideró la toma de 140 hectáreas de tierras en primera línea frente al mar en la zona de El Marquesado. Según el intendente, “la política está metida en esto” y el conflicto actual se suma a un historial de disputas con el dirigente social, quien ha promovido múltiples ocupaciones y protestas en la ciudad. El intendente reiteró que “donde haya métodos extorsivos de la vieja política, me van a encontrar enfrente”.
Finalmente, y tras una semana de bloqueo y múltiples presentaciones judiciales, el municipio logró el desbloqueo del acceso al Emsur. Sin embargo, Montenegro advirtió que no tolerará futuras acciones de protesta que afecten a la comunidad bajo ninguna circunstancia. “No podemos tener de rehenes a los vecinos”, insistió, reiterando que cualquier instancia de negociación se debe desarrollar en un marco de respeto a la legalidad y sin afectar a terceros.
Desde la administración de Javier Milei se informó que el Estado no destinará fondos para cubrir el costo del proceso, calculado en al menos 500 millones de pesos. Como único aporte, el Ejecutivo se comprometió a proveer 3.200 urnas, cifra que el PJ considera insuficiente para un padrón que supera los 3 millones de afiliados.
Fuentes de la Jefatura de Gabinete, bajo la órbita de la Secretaría de Interior dirigida por Lisandro Catalán, confirmaron que no habrá financiamiento estatal para esta contienda interna. “Estamos dispuestos a poner unas 3.200 urnas, pero no dinero de todos los argentinos”, señalaron.
El Partido Justicialista, dividido entre dos listas principales —una encabezada por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y la otra por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela—, deberá ahora buscar alternativas para cubrir los gastos del evento, que incluirán la logística, el pago de autoridades de mesa y la impresión de boletas.
La cifra ofrecida por el Gobierno resulta especialmente problemática si se compara con las 108.000 urnas utilizadas en el balotaje de las elecciones presidenciales de 2023, lo que generó dudas sobre la viabilidad de los comicios internos.
Según estimaciones, el despliegue necesario para llevar adelante esta elección interna requerirá un mínimo de 30.000 urnas. “Con esa cantidad de urnas será imposible. Como mínimo deberían ser más de 30 mil”, advirtieron desde uno de los sectores cercanos a Cristina Fernández de Kirchner.
La interna justicialista, que se celebrará en coincidencia con el Día de la Militancia, plantea un desafío financiero considerable. A pesar de que todos los partidos reciben financiamiento público para su desenvolvimiento institucional, el dinero destinado al PJ a nivel nacional, que para 2024 es de 34 millones de pesos, no es suficiente para cubrir los altos costos de la elección.
El Fondo Partidario Permanente, distribuido en julio de 2024, otorgó a las provincias montos que van desde los 63 millones de pesos para Buenos Aires hasta menos de un millón para las provincias más pequeñas, como Tierra del Fuego y Santa Cruz. Sin embargo, estas asignaciones son para todo el año y “no alcanzan” para solventar la organización de una elección de esta magnitud. Una de las opciones que baraja el PJ es solicitar un adelanto de fondos partidarios, aunque aún no está claro si esto será factible antes de la fecha prevista para los comicios.
LAS TENSIONES INTERNAS PODRÍAN DERIVAR EN UNA POSTERGACIÓN DE LOS COMICIOS
La negativa del Gobierno causó un profundo malestar dentro del PJ. Sectores cercanos Cristina expresaron que “Milei quiere recortar también la democracia”. Además, el panorama logístico es incierto. Todavía no se determinó en qué lugares se realizarán las votaciones, lo que complica la organización, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso, donde el PJ cuenta con numerosos afiliados.
En este contexto, los apoderados de ambas listas no descartan una postergación de la elección hasta marzo de 2025, aunque prefieren mantener la fecha actual para evitar que los comicios coincidan con el año electoral de medio término.
El caso del radicalismo, que recientemente llevó a cabo elecciones internas en la provincia de Buenos Aires con una participación de 80.000 afiliados y un costo cercano a los 300 millones de pesos, sirve como punto de referencia para el PJ. Sin embargo, las diferencias en la escala de votantes y la falta de recursos en el justicialismo sugieren que la interna será considerablemente más costosa y compleja.
Gerardo Scherlis, especialista en procesos electorales y profesor de la Universidad de Buenos Aires, advirtió sobre la magnitud de la logística que se necesitará para movilizar a los votantes peronistas: “Va a ser una interna muy costosa y no se habla mucho de dónde va a salir la plata para cubrir todos los gastos”. Aunque todos los partidos cuentan con financiamiento público para procesos de selección interna, la cantidad disponible no es suficiente para garantizar una elección sin contratiempos.
Mientras tanto, los equipos de campaña de ambas listas ultiman detalles contrarreloj. Por el lado de Fernández de Kirchner, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el ex titular de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, y la dirigente Teresa García lideran la organización. En tanto, los representantes de Quintela, DanielLlermanos y Jorge Yoma, convocaron a la Junta Electoral para exigir transparencia y participación garantizada en el proceso.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, solicitó la renuncia de la subsecretaria de Gestión Administrativa de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Constanza Cassino, luego de que se revelaran compras realizadas por la funcionaria, entre las que destacan una cafetera automática de $1.917.000 y un servicio de catering por $3 millones.
La decisión fue confirmada hoy miércoles por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de redes sociales, en donde compartió la carta de renuncia presentada por Cassino.
El escándalo surgió a raíz de la difusión de documentos que revelaron el gasto realizado en una cafetera Philips modelo EP 2231, comprada por la Secretaría de Niñez y Familia el pasado 21 de octubre, a un precio significativamente superior al de mercado, estimado en aproximadamente $1.390.000 para el mismo modelo.
Apenas una semana antes, el 8 de octubre, la misma secretaría había contratado un servicio de catering por $3 millones para un evento del Consejo Federal de Desarrollo Social y el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (incluía 50 desayunos, 100 almuerzos, y otros servicios complementarios).
Cassino, abogada graduada de la Universidad Católica Argentina (UCA), asumió en el cargo en agosto, con la misión de reemplazar a Guillermo GarcíaEleisequi —uno de los múltiples funcionarios removidos en los últimos meses—. Su incorporación a la cartera de Capital Humano se había oficializado en el Boletín Oficial. Pettovello acumula más de veinte bajas en su ministerio en los once meses de gestión.
Desde el Gobierno, aseguraron que tan pronto como la ministra se enteró de lo ocurrido, le exigió la renuncia a Cassino.
Con cada vez más niños atrapados en este mundillo impulsado por plataformas clandestinas, la diputada Florencia De Sensi busca frenar esta problemática. La iniciativa apunta a la promoción irresponsable y pretende proteger a los más vulnerables en un entorno digital que crece sin barreras.
Sr Presidente @JMilei venga por Insfrán, intervenga Formosa antes de que logren reformar la Constitución para garantizar más poder, impunidad y perpetuidad a Insfrán!
No nos deje a nuestra suerte, Formosa es Venezuela, Insfrán es Maduro.