El escándalo que viene

Sigue habiendo una fuerte puja entre cristinistas y albertistas...
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10 Years Experiences

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*Por: Christian Sanz

Un respiro. Al fin. El acuerdo con los bonistas permitió al gobierno de Alberto Fernández respirar en medio de uno de los peores momentos económicos del país. En parte, por culpa de la pandemia; en parte, por los desmanejos del propio oficialismo. Que vienen desde los días de Mauricio Macri, quien dejó parte del desastre que hoy vive la Argentina.

Pero es solo una respiración de aire, como la que toma el nadador en medio de la competencia. Luego, habrá que volver abajo del agua, a seguir nadando. Hasta conseguir dar otra bocanada. Y allí aparece el interrogante, obligado: ¿Cuándo podrá el oficialismo volver a tomar oxígeno? ¿Habrá otra buena noticia? ¿Cuándo? ¿Podrá ser cuando se firme el eventual acuerdo con el FMI? ¿Llegará ese momento antes de que el gobierno se “ahogue”?

Por lo pronto, Alberto avanza en un millonario plan de obras financiadas por el Estado Nacional. Lo hace a efectos de reactivar la economía, sí, pero también para tapar la escandalosa avanzada de su mismo espacio contra el Poder Judicial, a piacere de Cristina.

Esta misma semana se pudieron ver los bosquejos de este nuevo “programa”, a través de la presentación del nuevo plan Procrear, que superó las 50 mil solicitudes. A su vez, se lanzó el Plan Nacional de Suelo Urbano.

No fue todo: también se anuncio un plan de obras de infraestructura para las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, San Juan y Santa Cruz, con una inversión estatal de 22.000 millones de pesos.

Y, como el movimiento se demuestra andando —como decía Carlitos Balá—, a partir de la semana que viene habrá más novedades de ese tenor, con nuevas provincias beneficiadas. Parte de ello se verá con el anuncio de mejoras en puntuales rutas del interior y programas de impulso a la obra pública.

LA GRIETA INTERNA

Como viene contando Periódico Tribuna de Periodistas, sigue habiendo una fuerte puja entre cristinistas y albertistas, con puntuales intermediarios que intentan atemperar las tensiones entre uno y otro bando. Pero las diferencias son más fuertes… y prometen ensancharse.

Cayó como baldazo de agua fría el anuncio de los 5 puntos de Alberto para reactivar la economía. A contramano de los preceptos del kirchnerismo duro. Se trata de los siguientes “mandamientos”: desendeudamiento, acumulación de reservas, dólar competitivo, equilibrio fiscal —¿bajará el gasto público?— y balanza comercial positiva.

Lo curioso es que se trata de medidas que en su momento había impulsado Néstor Kirchner, cuando le tocó ser presidente de la Nación.

No es lo único que divide al gobierno: ahora mismo, el cristinismo lleva adelante una fuerte movida contra el macrismo —que regalará una nueva denuncia contra Mauricio Macri esta misma semana—, que los albertistas acompañan a desgano.

No les molesta tanto “pegarle” al expresidente —de hecho, Alberto acusó a Macri de haber dejado una “pandemia económica”—, sino de tener que embestir contra Horacio Rodríguez Larreta, el nuevo “enemigo” de Cristina Kirchner.

Preocupa, y mucho, el crecimiento en las encuestas del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que logró superar al presidente de acuerdo a una medición de la firma Métrica Consultores de Matías Belliard que se conoció el martes pasado.

Por eso, no es ninguna coincidencia que, al mismo tiempo que se daban a conocer los resultados del estudio de marras, arrancaran los ataques a Rodríguez Larreta. Dicho sea de paso, allí aparece Cristina con una imagen negativa de casi el 55%.

En el marco antedicho, cabe esperar que recrudezcan los ataques contra el alcalde porteño, quien insistirá en no responderlos. No solo porque ese mutismo le redunda en grandes beneficios políticos, sino porque además ya encontró quien responda por él: Elisa Carrió.

La líder de Coalición Cívica acusa a Cristina de haber orquestado una campaña personal contra Rodríguez Larreta a través de “periodistas de C5N“.

Los ataques de “Lilita” prometen traer cola, no tanto por su defensa al jefe de Gobierno, sino por su invitación a una “resistencia pacífica” ante la reforma judicial que impulsa el gobierno. Los imprecisos alcances de esa invitación inquietan al kirchnerismo.

LOS MUCHACHOS ALBERTISTAS

Como se contó en esta misma columna hace una semana, avanza el armado de espacios “albertistas”, promovidos por aquellos que buscan que el jefe de Estado “rompa” con su vicepresidenta, a la que acusan de no parar de ponerle “palos en la rueda”.

“¿Qué aporta Cristina? Solo provoca irritación y desgasta la imagen de Alberto, no lo ayuda en nada”, dijo un asesor presidencial para graficar el fastidio, ante la consulta de periodistas de este portal.

Ello explica por qué la expresidenta no aparece en los anuncios que hace el presidente en los últimos días. Es mucho más que un gesto político.

Avanza entretanto el armado del “Grupo Bicentenario”, que se presenta a sí mismo como la “juventud albertista”, conformada por más de 300 militantes, la mayoría de ellos de menos de 30 años.

A ellos se ha sumado una nueva agrupación, llamada “Agenda Argentina”, que ya tuvo su primera reunión virtual vía Zoom, titulada “Hablemos de Transformaciones”. Fue presidida por Santiago Cafiero, alter ego de Alberto Fernández. Hay que mencionar que Cristina sigue de cerca estos armados, mientras el presidente mira para otro lado.

Los reclamos de la vicepresidenta no solo tienen que ver con la incipiente aparición de esos grupos —respecto de cuyos armados culpa a Alberto—, sino también por la aparición de una serie de contratos del gobierno argentino con lobbistas de Estados Unidos, refrendados a efectos de mejorar la relación entre la Argentina y ese país.

La suma asciende a los 2 millones de dólares y el acuerdo fue firmado con el conocido estudio de abogados Arnold & Porter Kaye Scholer. Es el escándalo que viene, y que promete traer más polémica que la mentada reforma judicial.

*Fuente: Periódico Tribuna de Periodistas


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“SE CONFUNDIÓ” | Un diputado de LLA elogió al Gobierno por obras que propuso el kirchnerismo

El tratamiento del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados dejó un episodio singular cuando el diputado nacional por Corrientes de La Libertad Avanza, Lisandro Almirón, leyó y defendió artículos del dictamen de minoría impulsado por Unión por la Patria, convencido de que respaldó el texto del Gobierno.

Almirón pidió la palabra al inicio del debate y “destacó” al Poder Ejecutivo Nacional por incorporar una lista de obras para Corrientes. En ese tramo se refirió al presidente Javier Milei: “No puedo dejar de agradecer como correntino obras de infraestructura importantes que están plasmadas en este presupuesto”. 

La intervención incluyó un detalle central: el listado que el legislador atribuyó al oficialismo figuró en el anexo del artículo 26 del despacho opositor, bajo el rótulo “Infraestructura Federal”, y contempló obras en la ruta nacional 126 (tramo Sauce–Curuzú Cuatiá), el acceso y la Autovía de ingreso a la Ciudad de Corrientes, el tramo de la ruta 119 entre Mercedes–Curuzú Cuatiá, el tramo de la ruta 12 entre Riachuelo–Saladas (Cuatro Bocas), el tramo de vinculación entre las rutas 12 y 14 en la zona foresto–industrial y la reparación de la calzada de la Autopista de la Ruta 14 en los tramos correspondientes a Monte Caseros y Curuzú Cuatiá. En otra enumeración de esos ítems también apareció la ruta 120 y la reparación de la autopista 14.

La aclaración formal llegó de inmediato por parte de Germán Martínez, presidente del bloque peronista. “No es ningún tipo de chicana, pero lo que leyó Lisandro Almirón respecto del puente Chaco-Corrientes que está incluido en el Presupuesto, en el artículo 27 eso está en nuestro dictamen”.

Almirón insistió con su defensa del contenido leído. Dijo: “El presidente visitó hace unos meses Corrientes y tomó la importancia de estas obras de infraestructura”. También afirmó: “Muchas veces se dice que este Gobierno no escucha, pero las principales obras de mi provincia están incluidas en el Presupuesto”. 

Más tarde, desde el oficialismo reconocieron al diario La Nación que Almirón “se confundió”. 

EL RECIENTE PASADO K DE ALMIRÓN

El episodio de Almirón dio pie para que, desde las redes, se recuerde un dato de contexto inmediato sobre la trayectoria del diputado correntino. El legislador fue concejal kirchnerista hasta 2023 y luego asumió como diputado nacional y presidente de LLA en Corrientes. 

Durante gran parte del gobierno de Mauricio Macri, se desempeñó como delegado en Corrientes de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). 

Tras la derrota de Cambiemos en 2019, se acercó al entonces vicegobernador Gustavo Canteros —ya decidido a competir por la Intendencia de la Ciudad de Corrientes— y en 2021 integró el Frente de Todos, encabezó una lista de concejales y compartió alianza con La Cámpora y el Partido Comunista, entre otros espacios. 

Congreso | La Libertad Avanza y el kirchnerismo sellaron una alianza para blindarse de auditorías

La madrugada del 18 de diciembre de 2025 quedará marcada como el día en que “Las fuerzas del cielo” depuso sus armas para abrazarse en la oscuridad del Congreso con quienes dicen combatir. Pasadas las 3:00 a.m., en una jugada relámpago, La Libertad Avanza y el kirchnerismo presentaron una terna de unidad para imponer a los tres representantes de la Cámara de Diputados ante la Auditoría General de la Nación (AGN). El reparto de sillas fue quirúrgico: una para el oficialismo, una para el kirchnerismo y otra para los gobernadores aliados.

Los nombres elegidos confirman un esquema de favores cruzados. LLA impuso a Rita Mónica Almada, una mujer del riñón de Luis Caputo, garantizando que el Ministerio de Economía sea “auditado” por alguien que responde directamente a su titular. El kirchnerismo logró renovar el mandato de Juan Ignacio Forlón, ex presidente del Banco Nación y hombre clave de La Cámpora, asegurándose la continuidad de su custodia en el organismo. El tercer lugar fue para Pamela Calletti, del bloque Innovación Federal, sellando el pago a los gobernadores —como el salteño Gustavo Sáenz— por sus votos en leyes clave.

El escándalo no es sólo político, sino estrictamente inconstitucional. El bloque PRO denunció que la maniobra viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, que prohíbe al Congreso tratar en sesiones extraordinarias temas que no figuren en el decreto de convocatoria del Ejecutivo.

Esta limitación no es un capricho reglamentario, sino una barrera constitucional estricta. Si bien el artículo 63 establece la facultad de convocar a extraordinarias, la jurisprudencia señala que esto debe leerse en conjunto con el artículo 99, inciso 9. Según esta interpretación, el Congreso pierde su agenda libre durante el receso y sólo puede actuar como un órgano de emergencia limitado al temario que el Presidente define en el decreto. Al no tratarse de una prórroga de sesiones ordinarias, cualquier votación sobre temas no habilitados —como en este caso, la designación de auditores— se considera nula, ya que el Poder Legislativo no tiene jurisdicción para decidir sobre su propia agenda fuera del período normal.
Y justamente, el decreto del Presidente no habilitó en el temario la designación de autoridades de la AGN.

Dado que la designación de auditores fue colada sin habilitación presidencial, la votación de esta terna carece de toda validez legal. El oficialismo ignoró las advertencias que el PRO dejó sentadas formalmente en el recinto y en el Diario de Sesiones, decidiendo avanzar a sabiendas de la ilegalidad. El PRO pidió específicamente que se vote nominalmente para que cada diputado se hiciera cargo de su voto inconstitucional, pero el oficialismo lo impidió votando a mano alzada para licuar las responsabilidades.

Para la oposición dialoguista, esta traición representa una “nulidad de nulidad absoluta”. Los Diputados que se retiraron del recinto advirtieron que la AGN es un órgano extrapoder (art. 85 CNA) y no una cuestión de organización interna, única excepción que permitiría sesionar sin decreto presidencial. El pacto se ejecutó además como una compensación política: minutos antes, el Gobierno había perdido la votación para recortar fondos a universidades y discapacidad; la entrega de la AGN sería el premio consuelo para retener la voluntad del peronismo y los gobernadores.

La hipocresía de la maniobra quedó al desnudo bajo el título sin Constitución no hay cambio”, el eslogan con el que el bloque de Cristian Ritondo cortó lazos con la gestión de los hermanos Menem. Mientras para la tribuna se fustigan, entre gallos (¿o gatos?) y medianoches, los alfiles libertarios y el kirchnerismo coordinaron 186 votos para tomar juramento a los nuevos auditores. El apuro por blindarse evidencia que el control estatal es hoy la moneda de cambio entre quienes dicen ser enemigos irreconciliables.

Finalmente, el conflicto se trasladará a los tribunales. El PRO ya adelantó una denuncia judicial para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos. Si la Justicia falla a favor del reclamo, el Gobierno de Milei enfrentará su primer gran revés institucional por haber intentado saltearse la Ley Fundamental de la Nación para pactar impunidad con el mismo sector que prometió combatir. El supuesto “cambio profundo” ha sido reemplazado por los vicios de la vieja política que hoy, más que nunca, parece gozar de excelente salud.






*Por Augusto Grinner

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En una maniobra de madrugada que dinamitó su relación con los aliados, el oficialismo pactó con Unión por la Patria y los gobernadores el reparto de cargos en la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias. Mientras Javier Milei mantiene su discurso contra la casta, sus alfiles negociaron con el peronismo el control del organismo que debe auditar al Estado, violando la Constitución Nacional para garantizarse mutua protección.

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