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Cuando el exministro de Salud intentaba salir del Ministerio de Salud, al auto que lo transportaba casi atropella a unos manifestantes que se encontraban en las puertas del palacio.
Según relató la cronista de Telefé, Ginés salió saludando del recinto tras ser echado por Alberto Fernández.
El reciente rechazo en la Cámara de Diputados al Decreto de Necesidad y Urgencia que buscaba incrementar en $100 mil millones los fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) significó un duro revés para el gobierno de Javier Milei y profundizó las divisiones internas en el PRO, uno de los principales partidos de la coalición Juntos por el Cambio.
El presidente del PRO, Mauricio Macri, fue quien tomó la iniciativa de instituir a su bloque de la Cámara Baja a dar quórum en la sesión especial que finalmente resultó en la anulación del decreto. Esta decisión no solo tensó las relaciones con el gobierno, con quien el PRO había tenido una colaboración cercana en el pasado, y también expuso las fracturas dentro de su propio partido.
El DNU de Milei fue presentado en un contexto de creciente preocupación por la seguridad nacional y las amenazas del narcotráfico. El gobierno argumentó que estos fondos eran esenciales para fortalecer la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y garantizar una mayor seguridad para los argentinos. Sin embargo, la falta de claridad sobre el uso de estos fondos y el “contexto económico” llevó al expresidente y a su círculo cercano a oponerse a la medida.
La decisión no fue unánime dentro del PRO. El sector liderado por Patricia Bullrich —ministra de Seguridad y una de las principales figuras del partido ahora cercana a LLA— se desmarcó de la postura del PRO y criticó duramente la decisión de rechazar el decreto. Bullrich, también desde Twitter, defendió la necesidad de estos fondos para combatir el narcotráfico y proteger a los argentinos, acusando a quienes se opusieron al DNU de “ponerse del lado de las mafias y el terrorismo”.
“La SIDE quedó desmantelada tras la administración de Alberto Fernández y requería dinero fresco para fortalecer la seguridad”, argumentó la ministra, quien lamentó la “inconsciencia” de los que, según ella, no tomaron en cuenta los riesgos que implica rechazar estos fondos.
La votación en la Cámara de Diputados reflejó severas tensiones internas. Mientras que los diputados leales a Macri, como Álvaro González, Daiana Fernández Molero y Héctor Stefani, dieron quórum y votaron a favor de rechazar el DNU, otros, como Fernando Iglesias y Silvana Giudici, optaron por la abstención. Algunos diputados, como Hernán Lombardi y Sabrina Ajmechet, decidieron ausentarse, lo que evidenció la falta de consenso dentro del bloque.
Por otro lado, los diputados cercanos a Bullrich, como Damián Arabia y Patricia Vásquez, votaron en contra de la anulación del decreto, alineándose con La Libertad Avanza, el partido de Milei. Esta divergencia en la votación mostró que, a pesar de la instrucción de Macri, Bullrich aún mantiene un considerable apoyo dentro del PRO.
El comunicado oficial del PRO, titulado “Esto no es el cambio”, dejó en claro la postura de la cúpula partidaria frente al DNU de Milei, enfatizando la importancia de instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero.
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“Yo tengo más de quince asesores, seguro. Pero, tengo muchos en San Luis. Mi deseo es ser gobernador y para eso necesito mantener una estructura. Son mis módulos, puedo usarlos. Es gente que me ayuda con las reuniones, hacemos obras de beneficencia” reconoció Bartolomé Abdala, titular provincial del Senado Nacional.
“De esos quince, al menos 12 o 13 y están trabajando en mi provincia. Son de categoría baja”.
El conductor de “¿La Ves?”, Jonatan Viale, le retrucó: “Los asesores no son, Bartolomé, para que vos seas gobernador sino para que te ayuden a sacar leyes”.
“Es un criterio que es respetable el de ustedes los periodistas” se excusó el número 3 en la sucesión presidencial, luego de Javier Milei y Victoria Villarruel.
Todo muy bizarro. Al final, los contribuyentes siguen bancando a la maldita “CASTA”
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Tierra del Fuego encabeza la lista de provincias con más asesores por legislador, según reveló un informe publicado el 18 de junio. La provincia cuenta con 355 asesores para tan solo 15 legisladores, lo que equivale a una media de 30 asesores por cada representante, cuadruplicando la media nacional.
La cifra de asesores en la provincia del sur no solo supera en un 90% la cantidad permitida por la normativa vigente, sino que también contrasta con la frecuencia de las sesiones legislativas, que apenas llegan a tres al año.
El informe detalla que los legisladores Damián Loffler (MPF) y Juan Carlos Pino son los que más asesores tienen, con 69 y 59 colaboradores, respectivamente. Les siguen Federico Greve (53), Victoria Vuoto (34), y Miriam Martínez (28), mientras que otros legisladores como Raúl Von Der Thusen y Tomás García cuentan con apenas 3 y 5 asesores. Llama la atención que Natalia Graciania no tiene personal asignado.
Por bloques, el Partido Justicialista (PJ) es el que más asesores concentra, con un total de 98, seguido por el Movimiento Popular Fueguino (MPF) con 91 y FORJA con 89. En el extremo opuesto, Republicanos Unidos cuenta con solo 10 asesores.
La situación en Tierra del Fuego resonó a nivel nacional donde también se cuestionan otras estructuras legislativas. En una entrevista reciente, el vicepresidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, admitió que 13 de sus 15 asesores están destinados a tareas de campaña en su provincia, San Luis, donde aspira a ser gobernador.
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En un discurso que tuvo lugar hoy en los tribunales de Comodoro Py, la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, arremetió contra el feminismo, movimiento del cual “tomó distancia” en los últimos años. Durante su testimonio en el juicio por el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre de 2022, aprovechó para hacer un repaso de los ataques y las “agresiones” del periodismo que vivió durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2015), denunciando la falta de solidaridad de las militantes feministas en esos momentos críticos.
Fernández de Kirchner evocó, entre otros incidentes, un episodio ocurrido en 2008 durante el conflicto con el campo, cuando apareció ilustrada públicamente con un ojo morado, caricaturizada en Clarín por el reconocido artista argentino, Hermenegildo Sábat: “El negocio de pegarle a Cristina, hasta con un ojo negro… miren qué contexto actual”, expresó la burócrata, en un claro guiño a la denuncia de Alberto, alegando que el hecho fue un acto de violencia simbólica y mediática contra ella por ser mujer, pero que nunca recibió el apoyo de las feministas.
A pesar de haber sido la primera y única mujer electa presidenta, Cristina subrayó que el movimiento feminista jamás la respaldó en situaciones del estilo, lo que consideró un acto de indiferencia ante la “misoginia” que enfrentaba. “Nunca, nunca, nunca nadie dijo nada sobre esto”, reclamó a las mujeres del movimiento. En esa línea, la exmandataria fue enfática al recordar que nunca se identificó con el llamado feminismo radical, afirmando que “todos saben que no soy feminista”.
Esta declaración no es la primera vez que Cristina Kirchner se muestra crítica. En mayo de 2024, durante la inauguración del “Salón de las Mujeres del Bicentenario” en el Instituto Patria, la condenada hizo hincapié en que su perfil nunca fue feminista —un intento evidente de distanciarse de un movimiento que, según su percepción, perdió apoyo popular—. Así, dejó claro que, aunque en algún momento el feminismo fue un aliado estratégico, hoy visto como un lastre que espanta a votantes, sobre todo en un escenario político donde el fenómeno libertario desplazó a las corrientes progresistas de la agenda.
Las palabras de la expresidenta en Comodoro Py, cargadas de críticas hacia aquellos que considera responsables de la violencia en su contra, podrían verse como un último intento de reposicionar su figura en el tablero político. Sin embargo, la reacción de los distintos sectores, tanto feministas como no feministas, ante sus declaraciones pone en cuestión la efectividad de esta nueva narrativa. La relación de la líder del kirchnerismo con el feminismo fue siempre ambigua, y sus recientes declaraciones parecen ser un esfuerzo por marcar una diferencia con la línea feminista más radical que, en sus palabras, “ha espantado hasta a las propias mujeres”.
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El Gobierno Nacional, bajo la administración de Javier Milei, continúa con su decisión de permitir la privatización del fútbol argentino mediante la reglamentación de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Este miércoles se publicó el Decreto 730/2024 en el Boletín Oficial, formalizando un marco legal que habilita a los clubes transformar su estructura jurídica y adoptar el formato, sin ser penalizados por las asociaciones y confederaciones deportivas.
Esta decisión representa un nuevo episodio en la tensa relación entre el Ejecutivo y la AFA, liderada por Claudio “Chiqui” Tapia, quien manifestó su rechazo categórico a la inclusión de las SAD en los torneos locales.
El decreto destaca que, a pesar de que las asociaciones, federaciones y confederaciones no hayan adaptado aún sus estatutos o códigos internos, estas no podrán “impedir, dificultar, privar o menoscabar cualquier derecho a una organización deportiva, incluyendo su derecho de afiliación a una confederación, federación, asociación, liga o unión, con fundamento en su forma jurídica, originaria o derivada”. Además, se les otorga un plazo de un año, a partir de la fecha de publicación del decreto, para adecuar sus normas a esta nueva disposición.
En diciembre de 2023, a pocos días de haber asumido la presidencia, Milei emitió el DNU que sentó las bases para permitir que los clubes, históricamente organizados como asociaciones civiles sin fines de lucro, pudieran convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas. Esta medida fue acompañada en julio de 2024 por una resolución de la Inspección General de Justicia, que flexibilizó los trámites necesarios para llevar a cabo dicha transformación, facilitando así la llegada de capitales privados al ámbito deportivo.
El Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue una de las voces oficiales que se pronunció sobre el tema, subrayando que la AFA no tiene la potestad de negar la participación de los clubes que opten por la modalidad SAD en los torneos oficiales. Según el ministro, la ley del deporte obliga a la AFA a aceptar a los clubes independientemente de su forma jurídica, y cualquier intento de impedirlo sería una violación a la normativa vigente.
Por su parte, Javier Milei sostuvo a lo largo del tiempo que esta implementación es un paso necesario para atraer inversiones al fútbol argentino y romper con lo que describió como un “modelo socialista pobrista” en el futbol. A través de sus redes, el mandatario cuestionó la postura de la AFA y dejó en claro que no permitirá trabas en el camino hacia la liberalización.
Horas después del mediodía, la Asociación del Fútbol Argentino lanzó un comunicado en el que señalaron que se “respetará lo dispuesto por la Justicia Federal, hasta tanto se resuelva la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas con tacha de inconstitucional; mismo temperamento, en el marco del respeto a la división de poderes que marca nuestra Constitución Nacional, debería adoptar el Poder Ejecutivo Nacional”.
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El conflicto estalló a raíz de la polémica visita al penal de Ezeiza, donde un grupo de diputados libertarios se entrevistó con represores condenados. Arrieta, junto a su compañera de banca, Rocío Bonacci, alegó que ambas fueron engañadas para participar en la visita, desconociendo de antemano la identidad de los reclusos a los que iban a encontrarse. Esta revelación causó una ola de críticas dentro del bloque, especialmente hacia el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien Arrieta responsabilizó por la organización y autorización del traslado grupal al penal.
Durante una sesión de la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, Arrieta insistió en que Menem debía ser investigado por su rol en la polémica visita, lo que exacerbó las tensiones. Esta situación llevó a que, en una reunión posterior del bloque de LLA, Arrieta fuera duramente cuestionada por sus compañeros, con Nicolás Mayoraz y Gabriel Bornoroni liderando las acusaciones.
Lo que comenzó como una reunión para discutir la crisis interna del bloque rápidamente degeneró en un altercado violento. Según testimonios, Mayoraz y Bornoroni increparon a Arrieta por sus declaraciones públicas y por haber dado quórum en la sesión que rechazó el DNU del gobierno, que otorgaba $100 millones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Durante la discusión, Mayoraz llegó a acusar a Arrieta de ser una “operadora kirchnerista” que estaba “trabajando en contra del gobierno de Javier Milei”.
La situación escaló cuando Arrieta —considerando que no se le permitía defenderse— comenzó a discutir a los gritos con Mayoraz. La tensión llegó a tal punto que Rocío Bonacci tuvo que salir a pedir ayuda a los asesores presentes. Varios de ellos irrumpieron en la sala justo cuando Mayoraz dirigía agresiones verbales contra Arrieta, lo que llevó a la intervención del personal de seguridad del Congreso, que recomendó a Arrieta abandonar el lugar para evitar que la situación se agravara aún más.
Tras el altercado, Arrieta se dirigió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, donde radicó una denuncia por violencia de género contra Mayoraz y otros legisladores libertarios. En su denuncia, Arrieta detalla un ambiente hostil y de agresiones constantes que, según su relato, no se limitan a la discusión del día en cuestión, sino que reflejan una dinámica de violencia y abuso de poder que se mantuvo en el tiempo.
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El unicornio anunció una fuerte inversión en su centro de distribución en la que generará más de 2.300 empleos, especialmente entre los jóvenes
No conozco jubilados que prendan fuego tachos, les peguen a la policía y marchen encapuchados. Esta es la máxima expresión de militantes políticos que solo buscan el Kaos. pic.twitter.com/KLZajYzTa4
— Diego Santilli (@diegosantilli) September 4, 2024
