La Cámara de Diputados aprobó este viernes una ley para suspender los procesos de quiebras de las empresas hasta el 31 de marzo del año próximo y “evitar que al menos 100 mil cierren sus persianas en forma definitiva”, por las pérdidas que les ocasionó la pandemia del coronavirus.
El proyecto surgió de las iniciativas de Carlos Selva, del Frente de Todos; y Cristian Ritondo del PRO; y contó con aportes de diputados de otras bancadas, como José Luis Ramón, Graciela Camaño y la neuquina Alma Sapag. Deberá ser aprobado por el Senado para convertirse en ley.
El acuerdo se materializó esta mañana en una reunión de la Comisión de Justicia, presidida por el kirchnerista Rodolfo Tailhade, que no llegó a emitir dictamen pero sí a escribirlo y logar que se apruebe unas horas más tarde.
El proyecto, de sólo 6 artículos, suspende hasta el 31 de marzo “el cómputo de plazos procesales” de las quiebras y obliga al juez del concurso a fijar un nuevo cronograma, mientras que en los juicios iniciados el deudor podrá esperar 180 días más para hacer una propuesta y si no le es suficiente esperar 60 días más.
Durante el plazo de la emergencia tampoco se podrá ejecutar “cualquier tipo de garantías de obligaciones financieras, incluidas” las de “fiadores, avalistas, codeudores y otros obligados respecto a las obligaciones de los sujetos concursados comprendidos en la emergencia”.
También se suspenden las subastas judiciales y extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen que éstas sean. Se prorrogan por un año las que hayan asumido los deudores, se aplaza por el mismo plazo los acuerdos concursales “judiciales o extrajudiciales” que hayan sido homologados y no podrán exigirse cuotas impagas hasta el 31 de marzo.
Tampoco será solicitar las quiebras, a excepción de que se hayan dictado medidas precautorias; ni embargar cuentas bancarias, a no ser que sea para pagar créditos laborales o cuotas alimentarias, un reclamo del mendocino Ramón. “Tenemos que sacar del agobio a las empresas para que puedan seguir poniendo todo su esfuerzo en poner en marcha el proceso de producción y generación de empleo”, sostuvo Selva.
Camaño le puso números al conflicto: “En Argentina hay 650 mil empresas activas y 100 mil podrían iniciar una quiebra cuando abran los tribunales. Son 3 millones de trabajadores y el 70% está en el área metropolitana de Buenos Aires. No los vamos a dejar solos”.
La respaldó Ritondo: “El aislamiento social y obligatorio puso en riesgo a miles de empresas y, con ellas, a cientos de miles de empleos. Esto arruina muchos proyectos de vida. El desafío de la política es extender una mano y poner todos los esfuerzos para que los argentinos puedan mantener su pequeña empresa, su local, su trabajo formal y no caer en desesperación”.
Cambiemos había pedido en su proyecto una línea crediticia para las compañías endeudadas en estos meses, pero el Frente de Todos no quiso. Sí aceptó excluir a las “personas humanas que no desarrollan actividades comerciales ni empresarias”, con la obligación de que el juez proteja “la dignidad familiar”. La ley tuvo 250 votos positivos y sólo dos abstenciones.
*Fuente: La Política Online
