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Fernando Pocino, ex Director de Reunión Interior de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), vinculado en sus orígenes al radicalismo y en particular a Enrique “Coti” Nosiglia, anudó excelentes relaciones con el kirchnerismo, cuando fue designando en el Congreso. El cargo le permitió desarrollar un fuerte vínculo con la senadora Cristina Fernández de Kirchner.
Silvia Cristina Majdalani, de origen menemista devenida en PRO, como legisladora fue denunciada penalmente junto al diputado del PRO Oscar Moscariello por presunta “comisión de delito de usurpación de identidad” y “contra la administración pública”, al haber votado dos veces en una sesión para aprobar una ley considerada controvertida. Pocos recuerdan ese nefasto atropello institucional.
La vida política los ha cruzado a Fernando Pocino y Silvia Majdalani, pero siempre en veredas opuestas, ambos entendían el poder de la alianza entre ellos y sus grupos, porque los gobiernos pasan, pero ellos quedan. Y así fue, hasta que llegó Alberto Fernandez con la intención clara de Servicios a disposición de la Nación y no a intereses particulares.
Fernando Pocino
Y a pesar de la firme decisión política de Alberto Fernandez, las viejas costumbres de la dictadura y burocracias arraigadas a la obsoleta SIDE, son resistentes a la voluntad política de limpiar con todos esos resabios.
Ahora, Fernando Pocino (haciendo gala de su interna con Stiusso y sus relaciones con el cristinismo) puso como Director de Interior de la AFI, al innoto Diego Reitano.
Rebobinemos… Diego Reitano es el nexo entre Stornelli y los socios Majdalani y Pocino. Tal es así, que con el tiempo, Diego Reitano y Stornelli se hiceron amigos. Habitualmente se los suele ver en un conocido bar de Av. Libertador. Además, por si fuera poco, Reitano se encuentra en las llamadas que realizó el fiscal Nisman días antes del desenlace final. Por ende, como testigo o imputado, de alguna manera deberá desfilar por los pasillos de Comodoro Py y lo que olvide, oculte, manifieste, será clave para la estructura de la ex SIDE.
Silvia Cristina Majdalani
Silvia Majdalani y Stornelli, necesitan un topo dentro de la AFI intervenida, y Fernando Pocino paga su deuda de no haber sido perseguido durante la fugaz presidencia de Mauricio Macri.
Mientras tanto, a la interventora de la AFI, la ex fiscal Cristina Caamaño no le dan las manos para sacar tanta mierda de la cloaca de la AFI.
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El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, presentó su declaración jurada patrimonial correspondiente a 2024 y consignó bienes por $11.851 millones. El salto interanual fue del 137 % y respondió, en gran medida, a la revalorización de inversiones que el funcionario ya poseía.
El 65,8% del total, es decir $7.807 millones, se encuentra en el exterior. Caputo sostuvo depósitos offshore por $5.937 millones, distribuidos en dos cuentas corrientes en dólares. Declaró participaciones societarias por $1.870 millones en Ancora Investments, firma radicada en el exterior. En el país, registró activos líquidos compuestos por $2,1 millones en moneda local y US$ 778.000 en cajas de ahorro. Asimismo, reportó inversiones en Sacha Rupaska, Anker Latinoamericana SA y Palmeral Chico, además de fondos comunes de inversión por $3,3 millones.
En cuanto a bienes registrables, el ministro declaró dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires valuados en $446 millones y $260 millones, respectivamente; un campo en Santiago del Estero tasado en $980 millones; dos lotes en Benavídez y Pilar; una casa en Villa La Angostura; y tres cocheras en CABA. También incluyó seis vehículos —dos Kia Carnival, una Volvo XC90, un yate, un gomón y un cuatriciclo—, aunque para estos y para algunos inmuebles no se detalló el valor fiscal. Entre 2022 y 2024 su patrimonio pasó de $744 millones a $11.851 millones.
Consultado por La Nación sobre la elevada proporción de activos en el exterior, Caputo explicó que “no pensaba ser ministro y así tenía el patrimonio cuando asumí. Si lo hubiese repatriado y convertido a pesos, me habrían acusado de usar información privilegiada. Preferí dejar todo tal cual estaba”.
Los más ricos del gabinete
Gerardo Werthein, titular de Cancillería, declaró un patrimonio de $92.056 millones, de los cuales 65 % —frente al 52 % del año anterior— se encontraba fuera del país. Entre sus bienes figuran inmuebles en Madrid y Punta del Este, tres lotes en Maldonado y una Ferrari 550 Maranello valuada en $309,3 millones. Su cartera denominada “Portfolio Pictet y Cie – Valores Extranjeros” se multiplicó por cinco en tan solo un año.
Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, informó bienes por $18.089 millones y mantuvo el 80% en el exterior: depósitos equivalentes a $6.746,8 millones en Suiza, $4.688,4 millones en Estados Unidos, $2.422,2 millones en Puerto Rico y $265,6 millones en Uruguay. Además, posee 27 inmuebles —24 en la Ciudad de Buenos Aires, dos en la provincia homónima y uno en Neuquén—, junto con propiedades en Miami Beach y Punta del Este.
Los $11.851 millones de patrimonio que tiene Caputo lo colocan en tercer lugar.
A continuación se ubicaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos con $2.847 millones; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien presentó $2.371 millones —el 61 % en el exterior y la curiosidad de haber adquirido un inmueble de apenas 1 m²—; y el ministro de Salud, Mario Lugones, con $282 millones.
Evolución patrimonial del Poder Ejecutivo
Dentro del Poder Ejecutivo, Javier Milei declaró $206 millones, un aumento del 64% respecto de 2023. La vicepresidenta Victoria Villarruel consignó $80,2 millones, un salto del 117%. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, informó $11,4 millones, equivalentes a unos US$ 10.755 al tipo de cambio oficial o US$ 9.383 al paralelo, lo que implicó una expansión del 221%.
Patricia Bullrich, por su parte, registró $188,3 millones. Desde el Ministerio de Seguridad atribuyeron su incremento patrimonial tanto al ajuste del valor fiscal de sus inmuebles como a la venta de un vehículo.
La investigación parlamentaria sobre la criptomoneda $Libra, que involucra al presidente Javier Milei en una presunta estafa millonaria, enfrenta una grave crisis política que la mantiene paralizada desde abril de 2025. La comisión creada para investigar no logró conformarse formalmente debido a un empate entre oficialismo y oposición, con 14 diputados de cada lado, lo que bloqueó la elección de autoridades y frenó el inicio de las pesquisas.
El oficialismo sostiene que el plazo de 90 días para funcionar venció el 30 de julio y exige la disolución de la comisión. Desde ese espacio político, se argumenta que no tiene sentido mantener una instancia sin resultados concretos ni avances, y que el desgaste político solo perjudica a la institucionalidad.
En cambio, la oposición denuncia una maniobra para enterrar la investigación y exige que el conteo del plazo de funcionamiento se reinicie solo cuando la comisión cuente con presidente y autoridades electas. Para ellos, esta situación evidencia una estrategia para proteger a los involucrados y evitar que se llegue a esclarecer la verdad.
Con este escenario, la oposición propuso modificaciones reglamentarias para romper el empate y poner en marcha la comisión. La iniciativa plantea que el bloque con mayor representación en Diputados pueda designar al presidente en caso de empate, además de redefinir las condiciones para la constitución del quórum y facultar al presidente para dirimir empates en votaciones futuras.
Estas modificaciones serán debatidas en un plenario el 12 de agosto, en una sesión que promete ser decisiva. Si se rechazan los cambios, la oposición ya anunció que evaluará recurrir a mecanismos más fuertes, en los que se incluye la posibilidad de iniciar un juicio político para forzar la continuidad del caso.
– “Vamos a destrabar el bloqueo con el que el oficialismo y sus aliados frenaron toda la investigación durante tres meses”
La primera versión del proyecto fijaba una composición diseñada para garantizarle mayoría a la oposición. El texto establecía que cada bloque con al menos cinco diputados obtendría un representante. Los bloques con más de cinco podrían reclamar dos. Y además, se sumaría un miembro adicional por cada veinte bancas. Con esta lógica, Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica se aseguraban controlar la comisión investigadora.
Pero esa arquitectura política se desmoronó en tiempo récord. El PRO, junto con el MID de Oscar Zago y el monobloque Somos Fueguinos, se reconfiguró como interbloque con 41 integrantes y reclamó cuatro lugares, uno más de los previstos.La Libertad Avanza hizo lo mismo al sumar al monobloque CREO, de la tucumana Paula Omodeo. Poco después, los llamados “radicales con peluca” rompieron con el armado tradicional y conformaron la Liga del Interior.
El resultado fue un escenario de empate perfecto. Catorce diputados con voluntad de avanzar en la investigación a fondo, y otros catorce sin intenciones de tocar al oficialismo. Entre los primeros estaban seis de UxP, dos de Encuentro Federal, dos de Democracia para Siempre, dos de la Coalición Cívica y dos del Frente de Izquierda. Del otro lado, se alinearon cuatro de La Libertad Avanza, cuatro del bloque PRO/MID, dos radicales orgánicos, dos de la UCR libertaria y dos de Innovación Federal. Así, todo quedó congelado.
Un informe del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Allen expuso los números en rojo de la gestión de Marcelo Román, intendente local y vicepresidente de La Libertad Avanza de Río Negro, quien es investigado en la Justicia por malversación de fondos públicos.
El documento de 106 páginas al que tuvo acceso DATA24 detalla ingresos y gastos del municipio entre 2024 y 2025. Fue emitido el 13 de agosto y leído al día siguiente en el Concejo Deliberante local. Durante la sesión quedaron registradas expresiones de sorpresa de los concejales ante las cifras informadas.
El monto que capturó toda la atención es la deuda que el Municipio tiene con proveedores: casi $3000 millones.
– Captura de la última página de las 16 que utilizó el Tribunal de Cuentas para detallar el total de la deuda de Allen con proveedores
Sin embargo, otros gastos realizados por el intendente libertario Marcelo Román chocaron de lleno con el discurso del presidente Javier Milei. Se trata de los más de $576 millones que, según el Tribunal de Cuentas, se gastaron para la Fiesta Nacional de la Pera 2025.
De esa edición se destacan las participaciones de reconocidos artistas. Según consta en el documento, la banda de rock Kapanga cobró poco más de $28 millones; la convocatoria del reconocido músico Miguel Mateos costó $52 millones y la agrupación de cuarteto oriunda de Córdoba, Q’Locura, se llevó unos $123 millones.
La polémica se intensifica si se compara con lo gastado un año antes para el mismo festival: más de $14 millones, por lo que la cifra tuvo un aumento interanual superior al 4000%.
A lo dilapidado en las dos ediciones de la Fiesta de la Pera se le suman los gastos realizados por los festejos del 25 de Mayo, día que la fecha patria comparte con el aniversario de Allen (ciudad fundada en el año 1910).
Los festejos locales del 2024 comprendieron un gasto total de $35 millones. Entre las personalidades artísticas, se destaca un show infantil de Fabián Alberto Gómez, más conocido como Piñón Fijo, quien cobró al Municipio unos $4,6 millones. El monto queda chico al lado de los $90 millones que se necesitaron para contratar a Los Auténticos Decadentes para el aniversario pasado, cuando el total erogado fue de $251 millones: un aumento mayor al 615% de un año a otro.
Este medio intentó, sin éxito, contactar a los concejales Guillermo Pennesi(Juntos Somos Río Negro) y Marta Crespo(Nos Une Río Negro) para acceder al informe completo y ampliar la información. Pennesi nunca respondió; con Crespo hubo un primer intercambio, pero luego interrumpió las comunicaciones. Finalmente, el documento citado, insumo central de esta nota, fue proporcionado por un funcionario provincial ajeno a la localidad de Allen.
MARCELO ROMERO CONTRADIJO EL DISCURSO DE MILEI SOBRE LOS FESTIVALES: “LA CULTURA, LEJOS DE SER UN GASTO, ES UNA INVERSIÓN SOCIAL”
Uno de los ejes discursivos del Presidente y máximo referente de la militancia libertaria fueron las duras críticas que, con lógico fundamento, Javier Milei realizó a los gastos que destina el Estado para financiar las miles de fiestas que se celebran a lo largo y ancho del país.
Según el informe “Fiestas Populares y Festivales Argentinos” realizado por el Sistema de Información Cultural de la Argentina, todavía bajo el yugo estatista de Alberto Fernández, para 2022, el Ministerio de Cultura informó que en nuestro país se desarrollaron cerca de 3.255 festivales de los cuales el 74% son gestionados por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales.
– Dato 2022: en nuestro país se desarrollaron cerca de 3.255 festivales de los cuales el 74% son gestionados por organismos públicos
Con este tipo de datos sobre la mesa, el Presidente y sus militantes señalan y cuestionan, sistemáticamente, a diversas personalidades de la cultura. De hecho, de esta cuestión nace la conocida rivalidad entre Javier Milei y Lali Espósito, la cantante que facturó millones al Estado.
Alejado de este principio libertario, el intendente Romero justificó los montos que realizó su Municipalidad: “Respecto a los cuestionamientos sobre la Fiesta de la Pera, dicha celebración no solo fue histórica en cuanto a convocatoria popular, sino que generó un impacto económico altamente positivo para el comercio local, emprendedores y la economía social, con una inversión pública significativamente menor que la de eventos similares en ciudades vecinas. La cultura, lejos de ser un gasto, es una inversión social que promueve identidad, turismo y movimiento económico”.
– Dos segmentos del extenso comunicado publicado por Romero en su Facebook. Fuente: https://qrcd.org/96uJ
La frase se desprende de una suerte de comunicado que Romero publicó en su muro de Facebook. El texto se titula “Basta de operaciones políticas disfrazadas de control institucional” y, además de contradecir al Presidente justificando “la inversión en cultura”, repudió el informe del Tribunal de Cuentas, aludiendo que tiene una “clara dirección política” para perjudicarlo y que busca “generar confusión y malestar en la ciudadanía a través de datos falsos”.
– Cortesía de AN Allen (FM 99.5)
Finalmente, el intendente Romero no solo cuestionó la falta de “validez técnica” del informe, sino que también puso en duda el trabajo de la presidente del Tribunal de Cuentas, María Belén Villar al sostener que es una mujer “sin formación académica ni experiencia comprobada en la función pública” que “excedió” sus atribuciones y “utilizó un órgano institucional para hacer política de desprestigio”.Además, aseguró que la deuda “real” del municipio es de $830 millones: $2170 millones menos que lo informado por el Tribunal.
La investigación por peculado contra el intendente de Allen sumó otra mancha al oficialismo nacional. Como se dijo, Marcelo Román ocupa el rol de vicepresidente de La Libertad Avanza de Río Negro y es alfil de otra figura libertaria que enfrenta múltiples denuncias: la diputada nacional Lorena Villaverde.
Román está afiliado al partido del Presidente. Llenó la ficha en mayo del año pasado, convirtiéndose en el primer intendente de LLA en Río Negro, luego de abandonar las filas de la UCR tras su triunfo en las elecciones de 2023 en las que se impuso con el 35% de los votos desde la boleta del partido centenario.
Sin embargo, pese a su cargo como vice del partido a nivel provincial, la dirigencia de La Libertad Avanza de Río Negro se apresuró para despegarse de la compleja situación que enfrenta Román.
Julián Goinhex, mano derecha de la diputada Villaverde, definió al asunto como “una cuestión de gestión” (municipal) y dijo que Romero estaba alejado de las cuestiones partidarias desde marzo: “No asiste a las reuniones”.
Las cifras se hicieron públicas a fines de junio, cuando el Tribunal de Cuentas denunció a Sebastián Ocampo, principal asesor del intendente Marcelo Román y empresario local de medios partidarios, por presuntamente ejercer funciones propias del jefe comunal sin designación formal.
El lunes 28 del mes pasado, autoridades judiciales y policiales allanaron la Municipalidad.
Desde entonces, Román enfrentó una cadena de renuncias. A 24 horas del escándalo, el jefe de Gabinete Benjamín Marín fue el primero en dejar el cargo. Luego se alejaron la secretaria de Desarrollo Social Marta Escobar, el director de Gestión Comunitaria Rolando Barrueto y su representante en el Tribunal de Cuentas Matías Piergentili.
En Hacienda hubo dos salidas. Griselda Morell renunció en mayo: “Las decisiones más relevantes no se tomaban en el despacho del intendente, sino que eran impuestas por un asesor sin nombramiento oficial”, declaró entonces, anticipando el escándalo.
– La fiscal María Celeste Benatti durante el procedimiento
El cargo fue ocupado luego por Gloria López, quien también renunció. Actualmente, la cartera está a cargo de la contadora pública Cristina Bravo, exintegrante del Tribunal de Cuentas.
La causa continúa en etapa de investigación bajo la órbita de la Fiscalía N.º 4 de General Roca, a cargo de la fiscal María Celeste Benatti.
La excanciller Diana Mondino reapareció este jueves y cuestionó al presidente Javier Milei por su rol en el criptoescándalo de $LIBRA. En su primera entrevista pública desde que dejó la Cancillería —tras la votación de Argentina en la ONU que condenó el bloqueo económico a Cuba—, sostuvo: “No debería haberlo publicado” al ser consultada sobre si el Presidente debió postear el lanzamiento del memecoin.
Durante el intercambio con Mehdi Hasan (Al Jazeera English), Mondino dejó definiciones en distintos pasajes. En uno de ellos, afirmó: “Hay dos posibilidades, o no es muy inteligente o es una especie de corrupto”. Más adelante, insistió: “Así que hay dos posibilidades. O no es muy inteligente o es una suerte de corrupto. Elija usted. No sé”.
Hasan la interpeló con repreguntas sucesivas centradas en $LIBRA: “¿Cree que Javier Milei debería haber tuiteado un enlace a una criptomoneda?”. Mondino respondió: “No, no debería haber tuiteado eso”. Cuando el periodista pidió razones, ella dijo: “Creo que alguien se lo contó, pensó que era una buena idea”. Hasan enmarcó el caso como “la estafa de Javier Milei a principios de este año, en el que creo que 250 millones de dólares, desaparecieron” y remarcó luego: “Alguien ganó dinero con esto. 250 millones de dólares. Desaparecieron”. Mondino contestó: “Exactamente, exactamente” y reiteró sus dos alternativas.
Ante la frase, Hasan reaccionó: “¡Wow! Es la primera vez esta noche que dice Diana Mondino: es corrupto o estúpido”. Mondino respondió: “¡No!”. Cayó en la cuenta de su formulación e intentó redirigirla, aclarando que ofrecía opciones y no una afirmación cerrada, y agregó: “Vos elegís. Yo no lo sé”. Consultada de modo directo si Milei era “un presidente corrupto”, replicó: “Espero que no” y añadió que, si lo fuera, “algún día tendrá que ir a la cárcel”.
La exfuncionaria buscó además llevar la conversación al acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, uno de los objetivos diplomáticos que promovió durante su gestión: “Déjenme decirle a la gente que ese acuerdo va a cambiar la Argentina”.
Ricardo Alfonsín, exdiputado nacional e hijo del expresidente Raúl Alfonsín, habló de supuestas intenciones intervencionistas de Javier Milei hacia la provincia de Buenos Aires y mostró su apoyo al partido de Fuerza Patria en las elecciones provinciales bonaerenses.
“Si llegara a ganar Milei en la provincia de Buenos Aires, va a generar condiciones muy difíciles en la gobernabilidad y va a intervenir la provincia, él ya lo dijo”, afirmó el dirigente premiado con la Embajada de España por Alberto Fernández.
Esta advertencia cobra particular relevancia tras los episodios en febrero de 2025, cuando Milei efectivamente amenazó con intervenir la provincia, pidiendo la renuncia del gobernador Axel Kicillof tras varios episodios de inseguridad, generando un fuerte rechazo no solo del peronismo sino también de sectores de la oposición no peronista, afirmando: “Córrase del camino y déjenos intervenir la provincia. En un año nosotros vamos a terminar con la violencia”.
“Voy a acompañar a Fuerza Patria, en primer lugar porque creo que el gobierno de Kicillof es infinitamente mejor que el gobierno de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, y yo lo sé, tengo elementos de juicio para decirlo”, subrayó Alfonsín, siendo que en 2024 la provincia registró 128.477 robos denunciados, un incremento del 18% respecto a 2023, cuando se denunciaron 107.769 casos. Esto representó una tasa estimada de 706 robos por cada 100.000 habitantes.
Sus declaraciones se enmarcan en un momento político complejo para Argentina. Las elecciones provinciales de Buenos Aires del 7 de septiembre de 2025 se realizarán por separado de las elecciones nacionales del 26 de octubre, tras la decisión del gobernador Kicillof de desdoblar los comicios. En estos comicios se renovarán 46 diputados provinciales, 23 senadores, además de concejales y consejeros escolares en los 135 municipios bonaerenses.
Ricardo Alfonsín se encuentra actualmente alejado de la Unión Cívica Radical (UCR), partido del cual se desafilió formalmente en 2024 tras años de diferencias con la conducción partidaria. Actualmente lidera el Frente Amplio por la Democracia (FAD), una coalición progresista que conformó junto a Libres del Sur (Silvia Saravia), Forja (Gustavo López) y sectores del socialismo.
“Desde 1983 no hay gobierno menos republicano que este, menos democrático que este, más autoritario que este, menos federal que este porque no respeta a las provincias, ni más insensible que este desde el punto de vista social”, declaró.
La exsecretaria general de UTHGRA y actual concejal de Mar del Plata, Mercedes Morro, se encuentra en el centro de la polémica tras una denuncia que la señala por haber utilizado fondos del sindicato para comprar un departamento. El caso tomó mayor notoriedad luego de una tensa entrevista con el periodista Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto. Lo que pretendía ser un derecho a réplica, se convirtió en más de 30 minutos donde Morro mostró contradicciones constantes y evasivas ante preguntas directas.
“Si me equivoqué, me equivoqué. No me quedé con la plata. Si tengo que ir presa, iré presa”, afirmó Morro, admitiendo a su vez haber metido a familiares con ayuda de sus funciones, pero intentó torpemente defender que “todos trabajaron y cumplieron horario como cualquiera”.
La exsecretaria general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos en Mar del Plata, de 78 años, con un mandato en el Concejo que finaliza en diciembre de 2025 y sin posibilidad de reelección, enfrenta una denuncia penal por presunta malversación de fondos sindicales utilizados para la compra de un departamento a su nombre propio.
“Yo compré un pozo de departamento. Lo pagué durante unos años, pero lo tuve que vender porque no podía seguir pagando la cuota”. subrayó Morro, enfatizando que a UTHGRA “se le devolvía el dinero después”. Sin embargo, se negó a dar detalles sobre los documentos que acrediten dichas devoluciones.
En ese momento, la dirigente deslizó una confusa nueva versión en la que veía como posible que “en la Tesorería se quedaban con la plata".Según ella, su sueldo rondaba los tres millones de pesos.
Morro dijo desconocer la existencia de las actas que avalaran estas operaciones: "No te lo voy a decir, porque eso se va a decir en el juicio". Fuentes locales argumentaron que cinco miembros de su propia gestión en la Comisión Ejecutiva, que fueron consultados en el proceso de auditorías del sindicato, declararon que jamás se autorizó en acta ningún préstamo personal ni la compra del inmueble.
La investigación penal preparatoria número 20.440-25 radicada en la Unidad Fiscal de Instrucción N° 10 de Mar del Plata investiga 14 transferencias bancarias realizadas desde las cuentas oficiales de UTHGRA hacia la empresa constructora Cuarzur Edificios SA entre 2016 y 2017. Estas transferencias, que a valores actuales superarían los 800 mil pesos, fueron destinadas al pago de cuotas de un departamento ubicado en la calle Salta, que figura registrada a nombre de Morro, no del sindicato.
Morro reconoció que "por ahí en ese sentido sí... podría haber cometido un abuso", aunque defendió que todos en su gestión "trabajaban y cumplían horario". Su hija, Nancy Todoroff, incluso se candidateó posteriormente para ser secretaria general del gremio, continuando lo que parecía ser una sucesión familiar hereditaria.
Se trata de Lisandro Almirón, diputado nacional por Corrientes. La denuncia fue radicada ante la UFIC N.º 5. Un familiar del burócrata exige la nulidad de la venta, concretada “un día antes” del fallecimiento de la propietaria.
A las damas y caballeros que están redactando la Constitución santafesina. No tengo esperanzas de que sea alberdiana pero al menos no vayan full socialismo, por favor. Va un pedido.
Saquen el adefesio comunista de la “plusvalía urbana”. Me refiero al supuesto derecho de las…
