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En el día de su cumpleaños, el Gobernador de la Provincia de Formosa, Gildo Insfrán, fue denunciado ante la Justicia Federal por “desvío de fondos públicos para usos privados”. El Primer Mandatario formoseño habría gastado 20.000 dólares en un vuelo chárter en un Learjet 60, según fue publicado en el medio Periodismo Profesional. Esto fue lo que derivó en la denuncia.
Los abogados que presentaron la demanda son Juan Antonio del Río y la Diputada Provincial, Gabriela Neme, quien justamente fue la que dio a conocer la información: “Hoy presentamos ante la justicia federal la denuncia por desvío de fondos públicos para usos privados de Gildo Insfrán que viaja de vacaciones a la costa con jet privados mientras hay miles de formoseños sin agua ni luz”.
“Los formoseños estamos enfrentando una ola de calor y sequía terrible, con el agravante que la mayor parte no tienen acceso a los servicios básicos como agua y energía eléctrica, que hoy constituyen derechos humanos básicos que garantizan la salud y la vida”, puntualizó Neme.
Denuncia contra Gildo Insfrán
Señaló que en la provincia “no hay obras, no hay inversión, los municipios reparten el agua en camiones como si estuviéramos en el siglo pasado con el agravante que a los que piensan distinto, no le proveen de agua, lo que demuestra que mejorar la calidad de vida del pueblo no ha sido la prioridad en 26 años”.
“Gildo Insfrán es solo administrador de los recursos que son del pueblo. No puede ni debe manejarlo a su voluntad, hoy deberá rendir cuentas al pueblo”, afirmó la legisladora provincial.
Por último, dijo que es consiente de que la justicia “puede seguir avalando estos delitos, pero también soy consiente que en el 2023 seremos gobierno y allí si habrá justicia independiente para juzgar a todos los que pretendan burlarse y usar al pueblo de Formosa”.
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En un caso que conmociona a las cúpulas castrenses y al Ministerio de Defensa, el segundo militar más importante en jerarquía, el general Fabián Berredo, denunció ante la Justicia penal a otro general y subjefe del Ejército, al que acusó de amenazarlo con despedir a su esposa que es coronel médica del Hospital Militar, si éste no pedía el retiro de la fuerza.
La denuncia, que recayó en el juzgado federal de Daniel Rafecas, es un nuevo capítulo de la dura interna militar que llevó esta semana al retiro del pliego en el Senado del ascenso del general Berredo al cargo superior, y que estaba frenado desde hace meses por la vicepresidente Victoria Villarruel.
Berredo, comandante Operacional del Estado Mayor Conjunto (EMCO) y como tal número dos de las Fuerzas Armadas, denunció ante el juez Rafecas al subjefe del Ejército, general Carlos Carugno.
Según la denuncia, Carugno le hizo llegar el siguiente mensaje a través del coronel López Stanic: “Decile al General Berredo que si para antes del 10 de Julio no solicita el retiro, le saco el pase del Hospital Militar Central a su señora”.
“El Coronel López Stanic me transmitió ese mensaje tal como fue citado”, señala la denuncia patrocinada por los abogados Carlos Caride Fitte y Mariano Grondona.
La esposa de Berredo, Claudia Barros, es coronel médica y se desempeña desde hace 20 años en el Departamento de Medicina Interna del Hospital Central Militar. Administrativamente depende del Ejército.
Berredo le ha dicho a sus allegados estar convencido de que el general Carugno actuó bajo instrucciones del jefe del Ejército, general Carlos Presti, con quien está duramente enfrentado. Presti aparece alineado con la vice Villarruel, a quien se señala por haber frenado su pliego de ascenso en el Senado.
Berredo fue a la Justicia federal luego de que, tal como aseguró en su denuncia también ante Rafecas, hizo una denuncia administrativa en el ámbito militar, que entendía debía inmediato tratamiento.
Pero el sumario fue rápidamente archivado, dicen cerca del militar.
Berredo ofreció de testigos al coronel Jorge Mariano López Stanic, y al contralmirante Marcelo Dalla Nogare, subjefe del Estado Mayor Conjunto.
Los amigos de Berredo cuentan que estuvo dos semanas casi sin dormir, hasta que decidió realizar la denuncia. Además se le cruzaron muchas cuestiones personales, por estar involucrada su propia esposa. La denuncia se presentó el 18 octubre y quedó ratificada el 6 de noviembre.
“Quiso hacer una defensa de los valores y de los mecanismos institucionales, no solamente por él, por los que vienen después”, aseguran sus amigos.
PURGA MILEÍSTA E INTERNA FEROZ:
La situación de conflicto se remonta al cambio de gobierno en diciembre de 2023 y a la decisión de Javier Milei de entronizar como jefe del Ejército a Presti, lo que causaba el retiro de 22 generales. Una purga más extensiva que la de Néstor Kirchner, 20 años atrás.
Para atemperar los efectos, varios generales fueron destinados en actividad al Ministerio de Defensa o quedaron en funciones en el Estado Mayor Conjunto. Uno fue Berredo, que ya era Comandante Operacional del EMCO desde 2022.
En los papeles, el EMCO como organismo asesor del Ministro de Defensa, es el nexo con el poder político; se supone que mandar, en estos tiempos que corren, por sobre las fuerzas. Es una larga evolución desde el desastre de la guerra de Malvinas una de cuyas causas, denunciada en el celebre informe Rattenbach, fue la falta de “conjuntez”: cada fuerza hizo la guerra que le vino en gana.
Desde el EMCO se hace el planeamiento, se manejan las compras del Fondo para la Defensa (Fondef), se articulan las grandes operaciones, desde las misiones de paz y los operativos electorales, hasta lo que fue el megaopoerativo en la pandemia de Covid-19. El actual jefe es el brigadier general Xavier Isaac.
Pero el aviador no aparece en primera línea al menos, de este conflicto que atañe al Ejército.
Afirman que Presti, el jefe del Ejército, logró ir corriendo a los generales que estaban en Defensa y el EMCO: el jefe antártico Edgar Calandín, el general Juan Baretto de Planeamiento Estratégico, el general Martín Lluch que ni siquiera llegó a asumir en Logística. Desde ese lado aseguran que Presti “rompiendo todos los códigos” llegó a negarle el saludo a Berredoen una reciente formación en el Edificio Libertador.
Berredo, dueño de los “fierros” como Comandante Operacional, fue perdiendo apoyo político, del propio ministro Luis Petri. No tuvo apoyo cuando Villarruel retiró su pliego junto al de otros militares. “El lobby de Presti con Villarruel lo puenteó al propio ministro”, disparan los allegados a Berredo.
Como punto culminante, el viernes pasado con la firma de Milei y de Petri fueron directamente retirados los pliegos de ascenso de Berredo y también del coronel Gustavo Adrián Sívori. Berredo hace dos días presentó su pedido de pase a retiro, aunque sigue en funciones a la espera de su reemplazante.
Al respecto, en otras altas fuentes castrenses que se jactan de conocer al dedillo lo que piensa el ministro Petri, sostienen: “Berredo venía de la gestión anterior y cumplió un ciclo. El ministro decidió su relevo, y no tuvo que ver Villarruel. Si decidió una denuncia penal, está en su derecho”.
Aseguran también que el relevo de Berredo -y por eso finalmente el retiro del pliego del Senado– se decidió porque está a punto de salir la nueva reglamentación de la ley de Defensa, que cambia funciones del Comando Operacional, y Petri quiere allí un nuevo jefe en la etapa que viene.
Como sea, la denuncia penal por “amenazas coactivas” contra el subjefe del Ejército le pone un condimento inédito a la situación.
En la cartera que conduce Petri, esto se suma a otro conflicto de la semana pasada, el escandaloso despido del jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Mengo, acusado por el propio ministro Petride “uso indebido de aeronaves” de la fuerza y presuntos hechos de acoso o abuso. Lo reemplazó el brigadier Gustavo Valverde.
En medio de una agitada discusión legislativa por el Presupuesto 2025, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento impulsado por el gobernador Axel Kicillof, la diputada bonaerense Viviana Guzzo, perteneciente a Unión por la Patria, presentó un proyecto que causó sorpresa y polémica: declarar al inodoro como “un lugar para la paz”. Pese a su afán por instalar la curiosa temática en la agenda, la propuesta no fue debatida ni aprobada sobre tablas, en un contexto marcado por demandas sociales urgentes y necesidades básicas insatisfechas.
La iniciativa de Guzzo se apoya en el Día Mundial del Retrete, establecido cada 19 de noviembre por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Según el proyecto, se buscaba “declarar de interés legislativo el lema ‘El retrete es un lugar para la paz’ en el marco del Día Mundial del Retrete (inodoro) 2024 establecido cada 19 de noviembre por la ONU”. La diputada oriunda de Los Toldos —Partido de General Viamonte— argumentó que “el saneamiento es un derecho humano” y que la falta de acceso a un inodoro adecuado y seguro “minimiza la capacidad para estudiar, trabajar y vivir con dignidad”.
La legisladora sostuvo que “todo el mundo debería tener acceso a un retrete seguro, higiénico y privado que esté conectado a un sistema de saneamiento gestionado de forma segura para eliminar adecuadamente los desechos”. En el texto presentado, además, se advirtió que los sistemas inadecuados, dañados o rotos “pueden provocar contaminación y proliferación de enfermedades mortales”.
Guzzo también enfatizó en la vulnerabilidad de mujeres y niñas frente a la falta de saneamiento: “La falta de servicios de saneamiento, agua e higiene gestionados de forma segura hace más vulnerables a las mujeres y las niñas, en particular, a los abusos, los ataques y la mala salud, lo que menoscaba su capacidad para estudiar, trabajar y vivir con dignidad”.
La diputada, al fundamentar su propuesta, consideró que el “Estado debe resolver el déficit urbano habitacional, en momentos en los que el gobierno nacional ha tomado la decisión de no avanzar en la garantía del derecho constitucional de acceso a la vivienda digna para todos los sectores sociales”. En este sentido, mencionó el Plan Federal Sanitario “Mi Baño”, lanzado en 2023, que buscaba erradicar letrinas y mejorar las condiciones de saneamiento para las poblaciones más vulnerables.
La iniciativa describía tres líneas de acción para el Día Mundial del Inodoro 2024:
“El inodoro es un lugar para la paz”: Según el proyecto, este espacio esencial “debería ser seguro y no suponer un riesgo”, y se señaló que el saneamiento mundial “corre peligro a causa de los conflictos, el cambio climático, los desastres y la falta de cuidado”.
“El inodoro es un lugar de protección”: Al aislar los desechos, el saneamiento adecuado resulta “crucial para la salud pública y ambiental”, evitando así la proliferación de enfermedades mortales.
“El inodoro es un lugar para el progreso”: Un adecuado servicio sanitario protege la dignidad y transforma vidas, especialmente la de mujeres y niñas. “Más inversión y una mejor gestión del saneamiento son claves para un mundo más justo y pacífico”, puntualizó la diputada.
A pesar de los argumentos presentados, la propuesta no logró avanzar en la Legislatura. Este resultado se atribuye tanto a la falta de consenso como a la sensación de desconexión entre las prioridades reales de la ciudadanía y las temáticas planteadas por ciertos legisladores. La propuesta, vista por muchos como trivial en un contexto de crisis económica y social, también generó un debate sobre el uso del tiempo legislativo para cuestiones percibidas como menos relevantes.
Por otro lado, Guzzo intentó justificar su iniciativa destacando el papel central que tiene el acceso al saneamiento en los derechos humanos y en la lucha contra las desigualdades. “El acceso al saneamiento es fundamental para garantizar la dignidad y mejorar la calidad de vida de millones de personas. En especial, las mujeres y niñas que son las más afectadas por la falta de servicios higiénicos seguros”, afirmó la diputada en declaraciones posteriores a la presentación del proyecto.
Cabe destacar que este no es un caso aislado en la trayectoria legislativa de Guzzo. La diputada también estuvo involucrada en otros proyectos que han generado opiniones divididas, como el intento de declarar al cantante Carlos “Indio” Solari como ciudadano ilustre de la provincia de Buenos Aires.Aunque la iniciativa logró cierta tracción en un principio, finalmente perdió estado parlamentario, dejando en evidencia los desafíos de lograr consenso en temas que no siempre son prioritarios para la agenda política.
La causa por abuso sexual que enfrenta el intendente de La Matanza, FernandoEspinoza, sigue sumando episodios de indignación. En el marco del juicio, plagado de dilaciones y maniobras políticas, se reveló un sutil pero increíble comportamiento del jefe comunal, quien había asegurado en la pericia judicial que lo investiga por abuso sexual haber dejado de fumar hace quince años. Sin embargo, en la asunción de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta del Partido Justicialista, Espinoza reapareció en escena fumando en público y hasta fue fotografíado portando un paquete de cigarrillos en la mano.
La incongruencia entre sus dichos ante la Justicia y su comportamiento público es sólo un detalle en un caso que escandaliza por su gravedad. Melody Rakauskas, la denunciante, sigue esperando que la Justicia avance en un juicio que parece empantanado por intereses políticos. La figura de Espinoza, acusado de un delito tan aberrante como el abuso sexual, contrasta sobremanera tanto con su libertad para pasearse por actos políticos de alto perfil como por su apoyo a la exvicepresidenta de la Nación.
La situación adquiere una dimensión aún más escandalosa en el contexto de otro caso que sacude la moralina peronista: el del senador nacional por Entre Ríos, Edgardo Kueider. Vale recordar que este fue detenido cruzando la frontera con 200 mil dólares sin declarar, y aunque ascendió a su banca de la mano de Unión por la Patria, ahora Cristina intenta desvincularlo de su espacio y asociarlo al gobierno de Javier Milei.
La doble moral exhibida resulta, a todas luces, indignante. Mientras por un lado se repudia el accionar de Milei y se enarbolan banderas de ética y justicia, por el otro se ampara a figuras como Espinoza, cuyo prontuario judicial es una mancha para cualquier fuerza política que lo respalde.
LA PERICIA
En el marco de la causa (CCC 24074/2021), las pericias judiciales revelaron un detallado informe sobre la vida personal y antecedentes de Espinoza. Entre los puntos destacados, se evaluó si presenta trastornos de personalidad, conductas violentas o inmadurez psicosexual. Sin embargo, el dato que ha trascendido y encendido las críticas es su declaración de no haber fumado en quince años, desmentida por su reciente aparición pública.
La pregunta que queda flotando en el aire es cómo una figura con semejantes acusaciones puede seguir caminando libremente y, aún más, representar al municipio más poblado del país con la anuencia de figuras como Cristina Kirchner y Axel Kicillof. La denuncia de Melody Rakauskas no sólo señala un supuesto delito sexual, sino también pone bajo la lupa las estructuras de poder que lo protegen. La Justicia, mientras tanto, parece no estar a la altura de las circunstancias, dejando a la víctima en un estado de vulnerabilidad y al acusado en una posición de privilegio.
El caso de Fernando Espinoza es un reflejo de las contradicciones que carcomen a la política argentina, donde la moral se convierte en una herramienta de conveniencia y los ciudadanos son testigos de un sistema que prioriza los intereses partidarios por sobre la verdad y la justicia.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, emitió un dictamen contundente: la cláusula de la Constitución de Formosa que permite la reelección indefinida del gobernador es inconstitucional. Este pronunciamiento, no vinculante pero altamente influyente, abre el camino para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva si el artículo 132 de la carta magna provincial vulnera los principios republicanos establecidos por la Constitución Nacional.
Gildo Insfrán, gobernador de Formosa desde 1995, enfrenta un desafío sin precedentes a su permanencia en el poder, tras haber ganado su octavo mandato consecutivo en 2023 con más del 70% de los votos. La oposición, liderada por figuras como los legisladores Gabriela Neme, Fernando Carbajal y el senador Francisco Paoltroni, presentó amparos que cuestionan la constitucionalidad de la norma provincial que habilita reelecciones indefinidas.
En su dictamen, Casal argumentó que “la perpetuación en el poder erosiona el principio de separación de poderes y conspira contra la finalidad propia del Estado de Derecho”. Citando jurisprudencia de la Corte Suprema y a figuras históricas como Juan Bautista Alberdi, quien advirtió que permitir la reelección indefinida es “una revolución sin ruido”, el procurador concluyó que la periodicidad y renovación de los mandatos son esenciales para garantizar un sistema republicano.
El artículo 132 de la Constitución de Formosa, introducido en una reforma en 2003, permite que el gobernador y vicegobernador sean reelegidos sin limitaciones. Casal explicó que esta disposición contradice el artículo 5° de la Constitución Nacional, que exige que las provincias respeten el sistema representativo y republicano. Además, recordó el precedente de otros fallos de la Corte que limitaron reelecciones en provincias como San Juan, Tucumán y Río Negro.
Insfrán, de 73 años de edad, respondió estratégicamente al escenario adverso que le plantea la Justicia. En octubre pasado, presentó un proyecto de ley para reformar la Constitución provincial, lo que podría incluir una revisión del artículo 132. Si la reforma es aprobada por la legislatura oficialista, una Convención Constituyente tendría hasta 12 meses para convocarse y modificar la carta magna, aunque el procurador desestimó que esto convierta el caso en abstracto.
La Corte Suprema de Justicia tiene ahora la palabra final. Su decisión no solo determinará el futuro político de Insfrán, sino también sentará un precedente sobre los límites al poder en las provincias.
La Unidad Funcional de Instrucción (UFi) 7 de Mar del Plata, en el marco de la IPP 49.852-24, inició una investigación contra Andrea Calderon Chosgo, una inmigrante boliviana acusada de cometer el delito de abuso sexual agravado contra una niña de 10 años. El caso es representado por el abogado penalista Julio Razona, quien actúa como particular damnificado de la menor afectada.
Los hechos, que ocurrieron hace aproximadamente un mes en la zona de quintas de Sierra de los Padres, provocaron un notable cambio en el comportamiento de la niña.
Según allegados, la víctima dejó de jugar con sus amigos y hermanos, evitó la socialización, y se mostraba extremadamente temerosa y escondida. La hermana mayor de la niña, de 20 años, fue quien primero notó una lesión en el hombro de la menor, inicialmente atribuida a un posible golpe, pero que se reveló como una agresión física perpetrada por la acusada.
La madre de la niña, al revisar el teléfono celular de su hija, descubrió un inquietante intercambio de mensajes y audios a través de WhatsApp entre Andrea Calderon Chosgo, quien trabajaba en la quinta, y la menor.
– El abogado de la víctima, Julio Razona
En estos mensajes, Chosgo no solo reconocía haber tenido un primer contacto sexual con la niña, sino que también manifestaba un “amor” enfermizo, exigía fotos de contenido sexual y amenazaba con suicidarse si no era correspondida. Uno de estos mensajes incluía la frase: “Soy la primera marca en tu vida”.
El doctor Razona presentó estos mensajes a la fiscalía para su incorporación en la investigación, solicitando, además, la detención inmediata de Calderon Chosgo o, al menos, una orden de restricción de acercamiento para proteger a la menor de cualquier posible contacto con su abusadora.
Actualmente, la niña víctima está bajo el cuidado de profesionales especializados en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, donde ha sido trasladada por seguridad desde su hogar familiar.
La comunidad de Mar del Plata y la opinión pública siguen de cerca este caso, esperando justicia para la menor y una resolución pronta y efectiva por parte de las autoridades judiciales.
Axel Kicillof volvió a protagonizar un controvertido anuncio, esta vez relacionado con Aerolíneas Argentinas. Durante una conferencia en la Casa de Gobierno bonaerense, el mandatario dejó en clara su postura: si el gobierno de Javier Milei avanza con la privatización de la aerolínea estatal, Buenos Aires está dispuesta a asumir su control.
“La provincia de Buenos Aires no va a permitir la venta de Aerolíneas. Es un instrumento central para el desarrollo y la conectividad. La Provincia sí la quiere”, expresó, acompañado por representantes sindicales y antiguos directivos de la compañía. El anuncio ocurre en un contexto de crecientes tensiones entre los sectores que abogan por el ajuste fiscal y quienes defienden el modelo estatal.
Kicillof detalló que la cabecera genera ingresos de más de 2.600 millones de dólares anuales y sostiene 81.000 empleos directos e indirectos, resaltando su impacto en el turismo y las economías regionales. Además, calificó la posible privatización como “un intento de vaciamiento” que la Provincia no permitirá.
“Si el gobierno nacional quiere liquidarla, que sepa que la Provincia la va a sostener. No podemos atravesar un vaciamiento ni una estafa. La patria no se vende”, sentenció, en un claro desafío a la administración de Milei.
El gobernador también anunció un plan para convocar a otros mandatarios provinciales y sectores estratégicos con el objetivo de construir una “estrategia colaborativa” que impida la privatización. Los gremios aeronáuticos, como la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes, respaldaron su postura, alertando sobre el impacto social y laboral que podría una eventual venta.
La propuesta de Kicillof, sin embargo, genera interrogantes. Los especialistas advierten que un traspaso de este tipo requeriría la aprobación del Congreso Nacional y exigiría enormes recursos para garantizar la operatividad de la aerolínea, la cual depende de subsidios multimillonarios.
Pese a esto, el gobernador no escatimó en elogios hacia Aerolíneas Argentinas, calificándola como “una pieza clave en el rompecabezas de la Argentina federal” y sugiriendo que la compañía es “de las mejores del mundo”. Según afirmó, la Provincia ya está “explorando todos los caminos posibles” para asumir el control si la Nación decide desprenderse de ella.
El cantante de cumbia y ex candidato a intendente de La Matanza por LLA, David Adrián Martínez, fue denunciado por abuso sexual, manipulación y extorsión con falsas promesas laborales.
Un llamado al 911 en el momento justo en que los delincuentes entraban a robar en un edificio del barrio de Recoleta puso en acción a la Policía de la Ciudad.
Inmediatamente los 6 delincuentes, 4 de ellos extranjeros, fueron detenidos.… pic.twitter.com/uaa5kYSIlN
