El oficialismo chaqueño comandado por Leandro Zdero ha decidido llevar a Tribunales las irregularidades con las que se encontraron tras la derrota electoral de Jorge Capitanich, el exgobernador. Para ello, el diputado de Juntos por el Cambio, Iván Gyöker, denunció a dos dirigentes de extrema confianza del exmandatario chaqueño por supuesto negociado de la obra pública realizado en el barrio popular “La Rubita”.
Según el dirigente de Juntos por el Cambio, de las 170 viviendas prometidas durante la gestión de Capitanich, sólo cinco casas cuentan con los servicios básicos. La construcción de viviendas en ese barrio popular fue uno de los motivos por los que el expresidente, aún en pleno confinamiento con coronavirus, viajó al Chaco y eligió la gestión de Capitanich.
Por la obra que jamás fue realizada, “Coqui” recibió 113 millones de dólares (al valor del dólar actual). La Justicia investigará el rol de la exministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Martha Soneira, en la posible estafa al Estado de la construcción de viviendas sociales.
En 2021, luego del anuncio presidencial, la funcionaria había informado que “grandes obras que se están construyendo rápidamente”. En tanto, Capitanich indicaba que se habían invertido mas de 40 millones de pesos para cambiarle la vida a la gente.
Pero, la coordinadora de obras públicas pasó de presupuestar $40.000.000,00 a indicar que se necesitaban $207.000.000,00.
Publicitando la obra que años después es denunciada por irregularidades, Alberto Fernández había ponderado: “La Rubita no es un barrio más, sino que es uno de los más grandes porque viven 3.000 personas y nosotros queremos urbanizarla porque le vamos a dar dignidad a a las personas que viven ahí”. Además, el exmandatario aseguró que la misma se financió del impuesto a las grandes fortunas.
No obstante, según informó Gyöker, la financiación de esa obra provino de los fondos girados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En ese movimiento, ingresa a la escena la coordinadora del proyecto que definía quienes eran las organizaciones sociales que participaban de la construcción de viviendas. Casualmente, la beneficiaria siempre resultaba ser la que tenía afinidad con el gobierno.
A pesar del escandaloso manejo del programa Sueños Compartidos, en el que terminaron procesados los hermanos Schoklender y la difunta Hebe de Bonafini, el Estado continuaba girando fondos a esa Fundación y la misma se encargó de llevar adelante obras públicas que nunca concluyeron o, peor aún, tercerizaron su labor a constructoras locales como la que pertenecía a Emerenciano Sena y Marcela Acuña, ambos procesados y detenidos por el asesinato de Cecilia Strzyzowski.
