CLIENTELISMO: Denuncian a intendente K por pagarle a los votantes en las PASO

Se trata de Sergio Hernández, intendente de Lamarque. Según declararon, ofrecía $500, chapas y mercadería a cambio de votos. En 2019, fue denunciado por abuso sexual y maltrato laboral.
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Una polémica denuncia inundó las calles de los vecinos de la ciudad rionegrina de Lamarque. Ocurre que, mientras se celebraran las PASO, el pasado domingo 12 de septiembre, un particular video se viralizó en redes sociales. En el material, puede verse al burócrata solicitándole a unas vecinas los comprobantes de los votos (tikets) para poder entregarles el dinero.

El intendente expuesto es Sergio Hernández, de la ciudad de Lamarque, y perteneciente al Frente de Todos.

“Nos dijeron que teníamos que cobrar lo que votamos”, lo enfrentó una mujer, dentro de una oficina en la Unidad Básica local, mientras lo grababa. “¿Tiene el ticket?” pregunta el intendente. Frente a la respuesta negativa de la mujer, éste responde que “Lo tiene que traer si o sí. Me tenés que traer el ticket porque sino no tengo forma de controlar”.

SI HAY FOTO, HAY VIDEO

El suceso esta denunciado penalmente, en la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel, por quien es la protagonista del video, Cristina Arena. Quien dio más detalles de lo sucedido en diálogo con los portales de noticias locales. Comentó que, cuando se acercó a votar, no figuraba en el padrón electoral. Entonces, recibió un audio de un conocido, que le dijo que se acercara a la Unidad Básica del Frente de Todos, donde estaban pagando por el sufragio al oficialismo.

“Me dijeron que solo tenía que presentar el tickets o troquel, para que pudiera cobrar ese dinero, también me ofrecían chapas, o mercadería para el partido de Sergio Hernández”, y agregó que le informaron que estaban pagando, concretamente, $500.

Dato (no tan) de color: En las elecciones PASO, el Frente de Todos superó a Juntos Somos Río Negro con una diferencia de 9 votos.

La justificación del intendente fue aún más bochornosa. En diálogo con Río Negro Diario, contestó que se siente “consternado con esto, la realidad lo que hacen es querer ensuciar una trayectoria de 14 años de intendente donde nunca me hicieron una denuncia (…) Lo único que estaba diciendo es que me muestre el ticket de que había votado para reconocer el gasto de combustible o de taxi con el que habían venido a votar. Nada más”.

Incluso, Arena señaló que fue presionada por gente del Municipio para que borre los videos, ya que, al negarse, le habrían mandado a matones para que le roben el celular, según declaró. “Paré la grabación y le pedí una bolsa de mercadería porque entregaban a todos. Me echó del lugar. Le dije que si no me daba nada, lo iba a escrachar. Le mostré el video y me echó igual”, dijo a los medios, y agregó que una persona que trabaja con Hernández “Me hizo firmar un comprobante y me dio $8.000. Me preguntó cuánto quería para borrar el video. Le dije que no, porque ya lo había subido a Facebook y no lo pensaba borrar y me fui”.

Incluso, su madre recibió una llamada amenazante en la cual le recomendaron que “me cuidara, que no salga a la calle y otras cosas más pero a mi celular en ningún momento me han escrito o llamado”.

“Tengo miedo que algo le pase a mi familia, y por eso, es que quiero dejar asentado todo. Y que se sepa cómo fue todo”, declaró Cristina Arena.

“ESTO LO HICE POR VENGANZA”

Las declaraciones de Arena ponen más turbias las aguas. Puntualmente, la vecina señaló que se vengó del intendente, e incluso, relacionó al Municipio con presunta violación de derechos laborales.

“Hace 10 años atrás mi papá trabajo con Hernández, y cuando falleció estaba trabajando para el municipio de Lamarque. El intendente lo hacía trabajar todos los días, no había domingos ni feriados, no tenía descanso. Y cuando el falleció no le reconocieron nada, entonces decidimos hacerle juicio al municipio. A lo que Hernández nos dijo que el juicio lo habíamos perdido, y le depositó en una cuenta del banco el total de $6.000. Pero luego nos enteramos que el juicio lo habíamos ganado, pero no lo pagaron”, declaró.

Y, según declara, los hechos no solo habrían salpicado contra su padre, sino también contra ella misma: Cuando entró a trabajar en la Municipalidad “me dijeron que el intendente te va a pagar $800 el día, $100 la hora. Hace un año que estoy trabajando en la municipalidad. Y ayer cuando me enteré que el intendente iba a pagar los $500, entonces yo fui con la intención de grabarlo, porque sentía mucha bronca por todo lo que nos habían hecho pasar a nosotros”.

MÁS SUCIO QUE UNA PAPA

En referencia a lo contado con anterioridad en esta noticia, Sergio Hernández declaró que “lo que hacen es querer ensuciar una trayectoria de 14 años de intendente donde nunca me hicieron una denuncia”. Mentir en épocas de internet es una mala idea…

Es falso. De hecho, otra denuncia grave involucra a Hernández con abuso sexual y maltrato laboral. En marzo de 2019, el intendente de Lamarque fue denunciado por acosar a una empleada dándole “chirlos en la cola” y por dirigirse vulgarmente hacia ella.

Silvia Mabel Zúñiga, entonces Coordinadora General de Gobierno, acusó al mandatario de darle dos cachetazos en la cola y de acoso laboral por parte de él y otros empleados. La denuncia penal fue presentada en la comisaría de la mujer de Choele Choel. “Sergio pasó por el pasillo y me pegó una cachetada en la cola. Estaba otro empleado municipal presente, pero se hizo el que no vio nada”, declaró la víctima.

Además, agregó que este aberrante hecho habría sucedido en varias ocasiones, acompañado por el silencio o las risas de los demás empelados municipales.

El 29 de septiembre de ese año, la mujer presentó un certificado psicológico para tomarse licencia ya que “Fui golpeada por mi pareja y presenté certificado psicológico porque no podía trabajar más”. Tras ello, desde el municipio “me llega una resolución donde me despidieron”.

Como era de esperar, el intendente Hernández señaló que se trató de una “operación política” porque “estamos en año de elecciones municipales” y responsabilizó a “algunos personajes de la oposición y que responden a una interna del Partido Justicialista”.


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El Tribunal de Cuentas detectó que la empresa de las autopistas bonaerenses liquidó 116 mil horas policiales de más

El Honorable Tribunal de Cuentas (HTC) de la provincia de Buenos Aires auditó el ejercicio 2024 de la firma de Autopistas de Buenos Aires Sociedad Anónima (AUBASA) y detectó que la empresa liquidó 116.837 horas policiales por encima de lo pactado en el convenio provincial.

Según la resolución, el acuerdo permitía redistribuir horas o efectivos entre los distintos corredores viales, pero no habilitaba a ampliar unilateralmente el total de horas autorizadas. El mayor exceso se concentró en la Autopista Buenos Aires–La Plata, con diferencias adicionales detectadas en el Sistema Vial Integrado del Atlántico.

AUBASA es la empresa estatal de la provincia de Buenos Aires que administra justamente la Autopista Buenos Aires–La Plata, el Sistema Vial Integrado del Atlántico y otras rutas provinciales. Uno de sus servicios más sensibles es la contratación de “policía adicional” (POLAD), o sea, efectivos policiales que trabajan horas extra para brindar seguridad en las rutas, cuyo pago está regulado por un convenio firmado con el Ministerio de Seguridad provincial.

Como consecuencia de dicha irregularidad, el Tribunal aplicó un llamado de atención formal contra quienes tuvieron responsabilidades de conducción durante el período auditado, entre ellos el entonces presidente José Ramón Arteaga y otros integrantes de la conducción de la empresa. Es importante aclarar que este llamado de atención es una sanción administrativa de menor gravedad.

El propio Tribunal precisó que la observación se limitó a la forma en que se administraron y liquidaron las horas, sin formular cargos patrimoniales ni ordenar reintegros de dinero.

— José Ramón Arteaga

Días después de conocerse el fallo, una asamblea informal de trabajadores de AUBASA señaló directamente a tres funcionarios de la actual conducción como responsables del manejo del sistema POLAD. En ese grupo mencionaron a Juan Guillermo Sauro, quien asumió la presidencia en marzo de 2024, y Mauro Daniel Moretti, subgerente de Seguridad Patrimonial de la empresa y uno de los alcanzados por el llamado de atención del Tribunal por su intervención en la confección de las boletas de servicio general de policía adicional.

De acuerdo a los trabajadores, Moretti coordina el sistema POLAD en las rutas administradas por AUBASA. También fue apuntado Pablo Martínez Carignano, jefe de Gabinete de Pablo Ceriani, a quien la asamblea atribuyó el manejo de los fondos correspondientes a las horas adicionales a través de Moretti. En tercer lugar, señalaron al mismo Ceriani, actual gerente general de AUBASA y superior jerárquico de Martínez Carignano.

— Pablo Ceriani

Durante la asamblea, distintos empleados llegaron a acusar a estos tres funcionarios de “repartirse el dinero de las horas POLAD entre ellos”, una imputación de extrema gravedad. No obstante, es clave distinguir entre el hallazgo administrativo confirmado y la denuncia gremial, ya que hasta el momento de lo trascendido, esta acusación corresponde exclusivamente a manifestaciones de los propios operarios en una asamblea, sin que exista una resolución judicial que la respalde ni una imputación penal conocida contra ninguno de los nombrados.

El contexto financiero que agrava la crisis

La controversia estalla en un momento particularmente incómodo para la empresa. AUBASA cerró el ejercicio 2024 con un resultado negativo superior a los 6.100 millones de pesos. Esto contrasta con el discurso público de la gestión, que en octubre de 2024 se presentaba como una empresa estatal “superavitaria” capaz de autofinanciar un ambicioso plan de obras de 332 millones de dólares.

La combinación de pérdidas económicas, observaciones del organismo de control y denuncias internas sobre el manejo de las horas POLAD pone bajo fuerte presión a la cúpula actual de la empresa, en un contexto donde además Arteaga ya insinuó públicamente aspiraciones políticas como candidato a intendente.

Atrapado infraganti: importante funcionario de Milei apareció de fiesta junto a Insaurralde y su defensa fue insólita

Martín Insaurralde, exjefe de Gabinete bonaerense y exintendente de Lomas de Zamora, arrastra un tendal judicial tras su caída en el Yategate y la posterior aparición de fajos de dólares en el vestidor de su casa de San Vicente, hechos que lo mantienen imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Por su parte, Juan Nápoli es el presidente del Banco de Valores, ex candidato a senador de La Libertad Avanza y un hombre de extrema cercanía con Javier Milei. La entidad financiera de Nápoli se encuentra bajo la lupa de la jueza federal María Servini por sospechas de haber sido el canal principal para el lavado de activos y maniobras con el dólar blue de la financiera Sur Finanzas, ligada directamente al entorno de Insaurralde y a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA.

Los lazos económicos entre la cúpula oficialista y los operadores kirchneristas exponen un entramado de negocios cruzados de larga data. El propio Javier Milei arrastra un antecedente comercial directo en este ecosistema, habiendo sido contratado en el pasado para hacer la publicidad de CoinX World, una firma cripto cuyo dueño era socio de los mismos financistas que hoy manejan la red de lavado vinculada a Insaurralde. Esta red de vínculos previos y favores económicos cruzados fundamenta las sospechas sobre la connivencia entre el dinero negro de la política tradicional y la nueva elite financiera del mileísmo.

Juan Nápoli junto a Javier Milei en una charla.

El video de la impunidad

Un registro audiovisual filmado a la medianoche del sábado 11 de julio en Puerto Madero expuso la convivencia entre ambos mundos durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Suiza. En la grabación se observa a Insaurralde relajado, fumando un habano y cantando temas de cancha a escasos centímetros de Juan Nápoli, quien comparte la celebración entre copas de alcohol.

El dato que oscurece la escena es que, como se adelantaba, la Justicia federal ya allanó el banco de Nápoli en una causa por lavado directamente vinculada al entorno del exintendente, un entramado que se profundizará más adelante.

Martín Insaurralde fumando un habano y festejando junto a Juan Nápoli.

Tras la difusión, la respuesta de Nápoli consistió en un descargo cínico donde exigió el derecho a la intimidad, asegurando ante la prensa que no tiene nada que ocultar. La defensa del banquero se centró en sugerir que esto no tendría que haberse sabido, instalando la lógica de que el problema radica simplemente en haber sido grabado.

Esta postura choca de frente con el archivo de sus propios aliados: fue el exjefe de gabinete de Nación, Manuel Adorni, quien sentenció en sus redes que los funcionarios públicos no tienen privacidad y que su vida privada es automática y totalmente pública. Alegar un asunto privado resulta un absurdo insostenible cuando el video es la evidencia explícita de un vínculo estrecho de amistad y celebración compartida.

El tuit de Juan Nápoli: “tengo derecho a la intimidad”.

La doble vara de los auto-percibidos libertarios queda expuesta al imaginar cómo reaccionaría el arco oficialista si una figura opositora, como por ejemplo Elisa “Lilita” Carrió, apareciera de fiesta con la corrupción kirchnerista; el ataque mediático habría sido inmediato. El escenario del encuentro fue el departamento de Rodrigo Fernández Prieto, un empresario conocido como el Príncipe de Puerto Madero, amigo histórico de Insaurralde y ex pareja de Jésica Cirio.

La “defensa” de Nápoli también la predijo Homero Simpson.

La punta del iceberg

La recurrencia de estos encuentros deja en claro una hipótesis sistémica: las relaciones promiscuas entre los diferentes estratos del poder son constantes y el secreto ciudadano sólo depende de que no haya una cámara encendida en el momento justo. El entramado político y financiero opera habitualmente en las sombras, blindado por pactos de silencio mutuo que únicamente se resquebrajan cuando un protagonista comete el error de dejarse registrar o cuando las internas sectoriales derivan en traiciones y filtraciones interesadas.

El antecedente histórico y fundacional de esta matriz se remonta al video de Néstor Kirchner frente a una caja fuerte exclamando “cuando veo estas… éxtasis”, seguido de un revelador “no me habrás filmado, ¿no?”. El registro fílmico conecta directamente con la causa Cuadernos, donde diversos testigos detallaron la obsesión física del expresidente por acumular, tocar y oler billetes en efectivo; una patología delictiva que la opinión pública podría haber considerado una exageración si no existiera ese preciso documento audiovisual que lo dejó en evidencia.

El paralelismo con los escándalos de la gestión actual es directo. La sociedad civil terminaría de confirmar el retorno del 3% en los contratos de la ANDIS debido a los audios filtrados del desplazado funcionario Diego Spagnuolo, amigo de José Luis Espert y de Javier Milei. De igual manera, las investigaciones judiciales sobre el patrimonio, los fondos y las propiedades de Manuel Adorni se activaron únicamente después de la viralización de los videos que lo mostraban utilizando un jet privado rumbo a Punta del Este y otro vacacionando en el Caribe, forzando la revisión de sus declaraciones juradas.

La impunidad del conurbano replica el mismo patrón. El recordado Yategate en el Mediterráneo y el posterior hallazgo de los fajos de dólares en el vestidor de San Vicente salieron a la luz exclusivamente porque los propios protagonistas cometieron el descuido de registrarlo. Incluso el paradigmático caso de los bolsos de José López en el convento se conoció por el llamado fortuito de un vecino al 911 que permitió capturar al funcionario infraganti y acceder a las cámaras de seguridad, ¿cuántos más bolsos habrán volado durante tantas madrugadas, pero nadie llamó al 911 y no nos enteramos? Incluso nunca nos hubiéramos enterado de que Alberto Fernández violó sus propias restricciones anti-constitucionales si no fuera por la foto filtrada, en lo que se conoció como el “Olivosgate”.

La conocidísima secuencia capturada en 2016: José López en un convento, de madrugada, con millones de dólares y una carabina sin registrar.

Este esquema de cooperativas subterráneas se remonta al origen mismo del armado político actual. Durante la campaña electoral de 2023, sucesivas filtraciones revelaron que el massismo, a través de Malena Galmarini, le estructuraba las listas de candidatos a La Libertad Avanza en Tigre, sumado a la militancia compartida y el cuidado mutuo de boletas en los cuartos oscuros.

Todo esto demuestra que la filtración es la excepción y la complicidad la regla. El video de Puerto Madero es la confirmación de que, detrás del escenario de confrontación mediática, los hilos del poder real se siguen tejiendo entre los mismos actores de siempre.

La famosa foto del “Olivosgate”, que habría sucedido aunque no nos hubiéramos enterado.

La ruta del rulo financiero

El escenario del encuentro fue el departamento de Puerto Madero de Rodrigo Fernández Prieto, ex de Jésica Cirio y amigo histórico de Insaurralde (claro: también ex de Cirio). El dato no es menor si se sigue la ruta de vínculos: el otro gran protagonista del entramado es Elías David Piccirillo, también exesposo de Cirio y dueño de Sur Finanzas. En este círculo cerrado, donde los actores comparten hasta las relaciones personales, se tejen los verdaderos negocios ocultos.

Cuando ocurrió el “Yategate”, ni Insaurralde invocó el “derecho a la intimidad”.

Sur Finanzas es, precisamente, la cueva investigada por la Justicia federal por lavar la plata negra de la política de Lomas de Zamora, municipio donde Insaurralde fue intendente durante varias gestiones. La hipótesis de la jueza María Servini es que el Banco de Valores, presidido por Juan Nápoli, era la estructura formal que usaba Piccirillo para blanquear esas operaciones ilegales. Por este motivo, la Justicia ya allanó el banco del financista mileísta. Resumiendo: la hipótesis judicial es que Insaurralde lavaba dinero mediante una financiera que usaba la estructura cedida por Juan Nápoli.

En los pasillos de tribunales se sospecha que la filtración de este nuevo video es un vuelto mafioso del propio entorno de Piccirillo por el control del negocio cambiario. El festejo de copas y habanos confirma que el banquero de Milei y el exintendente procesado no eran desconocidos: operaban bajo el mismo techo económico y social.Ah

Elías Piccirillo y Jésica Cirio en su casamiento.

El silencio de las redes aliadas

La filtración provocó un apagón informativo inmediato en las terminales de comunicación de la militancia oficialista. Inicialmente el ecosistema mileísta difundió el video criticando a Insaurralde por aparecer de fiesta, sin notar que el de al lado era Nápoli. Acostumbrados a viralizar en red cualquier desliz opositor, los creadores de contenido de La Libertad Avanza y las cuentas que responden a la Jefatura de Gabinete optaron por un mutismo absoluto tras notar a Nápoli en la fiesta.

Este bloqueo coordinado desnuda el funcionamiento de las granjas de trolls que operan bajo el amparo de la estructura estatal. El silencio selectivo demuestra que las campañas de indignación moral no buscan transparencia, sino la demolición de opositores y el blindaje de propios. La orden implícita de no replicar al banquero mileísta evidencia el temor a que la sociedad asimile la existencia de una cooperativa transversal, donde el discurso contra la casta se disuelve en las noches de Puerto Madero.

Esta conducta contrasta con la ferocidad con la que exponen los gastos y reuniones de cualquier dirigente opositor. La doble vara comunicacional deja al descubierto que, al igual que en las gestiones anteriores, el acceso a los despachos del poder actual incluye un pacto implícito de protección mediática para los financistas del modelo.

*Por Augusto Grinner

Un exinspector con condena firme por abuso sexual sigue activo en el sistema educativo bonaerense

José Néstor Prado, exinspector de nivel secundario con jurisdicción en Ramallo, Provincia de Buenos Aires, continúa figurando como personal activo en la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense pese tener una pena firme por abuso sexual agravado desde 2019.

Prado estuvo cumpliendo su condena en prisión, junto a la docente implicada Mariela Alejandra Elisa Gálvez, hasta que él recuperó la libertad en octubre de 2025, posiblemente por haber cumplido los dos tercios de la pena, que es el requisito habitual para acceder a la libertad condicional en Argentina. Desde ese momento, comenzó a reaparecer como personal activo en el sistema informático de la DGCyE.

– José Prado y María Gálvez

Prado se desempeñaba en su labor de inspector de educación secundaria en el norte bonaerense. Fue detenido e imputado por abuso sexual y, tras el proceso judicial, recibió una condena a diez años de prisión por abuso sexual agravado. La sentencia quedó firme en 2019, lo que significa que agotó todas las instancias de apelación posibles y adquirió carácter definitivo e inapelable. Ese fundamento de “firme” es crucial, porque implica que no existe ninguna duda jurídica sobre su culpabilidad.

Aquí aparece uno de los elementos más llamativos del caso. El procedimiento para exonerar a un agente público bonaerense requiere que, antes del acto final, intervenga la Asesoría General de Gobierno para emitir un dictamen jurídico. Según el artículo 80 de la Ley 10.430, cuando la falta puede dar lugar a una sanción expulsiva, “deberá darse intervención a la Asesoría General de Gobierno para que, dentro del plazo de diez días, emita dictamen al respecto”.

En el caso Prado, la Asesoría General de Gobierno dictaminó en abril de 2026 que correspondía exonerarlo. El dictamen, que es una opinión jurídica vinculante que le indica a la autoridad competente cuál es la medida que corresponde, fue claro en argumentar que la exoneración debía efectivizarse. Sin embargo, esa exoneración nunca se concretó.

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El dictamen de la Asesoría General de Gobierno requiere primero que la autoridad competente (la DGCyE) dicte un acto administrativo formal —una resolución— que haga efectiva la exoneración. Eso implica que alguien en la cadena jerárquica dentro de la DGCyE debía firmar ese acto y no lo hizo, o lo hizo con una demora inexplicable.

Los plazos son reveladores, siendo que la condena quedó firme en 2019, la Asesoría tardó hasta abril de 2026 en dictaminar (casi 7 años después de la condena firme), y aun así, a julio de 2026, la exoneración no se había materializado. Prado recuperó la libertad en octubre de 2025 y desde entonces volvió a aparecer como activo en el sistema, lo que sugiere que nunca fue dado de baja formal.

Con una condena firme desde 2019, la DGCyE estaba obligada a avanzar con el procedimiento administrativo correspondiente. Eso implicaba iniciar o continuar el sumario disciplinario, incluso si todavía no se hubiera puesto en marcha, tomando la sentencia penal como un hecho ya acreditado. También debía disponer la suspensión preventiva del inspector mientras se desarrollaba el proceso, tal como prevé el propio régimen disciplinario. Una vez reunida toda la documentación, el expediente tenía que ser remitido a la Asesoría General de Gobierno para la emisión del dictamen y, luego de esa instancia, dictarse la resolución de exoneración.

Nada de esto ocurrió en tiempo y forma. El retraso abarca las gestiones de al menos dos directores anteriores del DGCyE, pero también —y esto es lo que genera la interpelación actual— la gestión de la propia directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Flavia Terigi quien asumió el cargo en diciembre de 2025 luego del acuerdo del Senado bonaerense, y bajo cuya conducción Prado siguió figurando como activo.

La responsabilidad institucional

Flavia Terigi es pedagoga, profesora de la Universidad de Buenos Aires (UBA), doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, y fue designada directora general de la DGCyE por el gobernador Axel Kicillof mediante el Decreto 2891/2025. Asumió en reemplazo de Alberto Sileoni.

Hasta el momento no brindó ninguna explicación al respecto. La DGCyE deberá dar explicaciones, al menos, por tres demoras clave en el caso Prado. La primera es por qué tardó años, desde la condena firme de 2019, en remitir el expediente a la Asesoría General de Gobierno. La segunda, por qué después del dictamen emitido en abril de 2026 la exoneración todavía no se concretó en los meses posteriores. Y la tercera, por qué el sistema informático sigue registrándolo.

El hecho no es excepcional en su mecánica, aunque sí en su gravedad. El sistema disciplinario docente bonaerense es históricamente lento y burocrático. Los sumarios pueden tardar hasta décadas en resolverse, los expedientes quedan estancados en distintos escritorios, y las autoridades jerárquicas muchas veces no impulsan de oficio los procedimientos cuando deberían hacerlo.

A diferencia de otras provincias, como Mendoza (que sancionó en 2025 una ley de “ficha limpia docente” con exoneración e inhabilitación permanente para condenados por delitos sexuales, y creó un registro único de sanciones), la provincia de Buenos Aires no tiene un sistema automático o expedito que vincule una condena penal firme con la baja inmediata del sistema. Todo depende de que los distintos actores de la cadena administrativa cumplan con sus pasos en tiempo y forma.

La DGCyE debe de ejecutar de inmediato el acto administrativo de exoneración, explicar la cadena de responsabilidades que llevó a esta situación y revisar cuántas situaciones similares pueden estar ocurriendo en el vasto sistema educativo bonaerense, que cuenta con más de 300.000 docentes y personal a cargo.

¿Cómo puede un condenado seguir en el sistema?

Para entender primero hay que conocer cómo funciona el sistema disciplinario docente y su lentitud. En Argentina, la responsabilidad penal (ser condenado por un delito) y la responsabilidad administrativa (ser sancionado laboralmente por el Estado empleador) son dos procesos independientes que se tramitan en paralelo. El Código Penal castiga al ciudadano, mientras que el régimen disciplinario del Estado sanciona al empleado público como tal.

Esto significa que una condena penal no produce automáticamente la baja laboral del agente. Para echar a un docente del sistema educativo bonaerense de manera definitiva, la administración debe llevar adelante un sumario administrativo propio con sus propias garantías procesales, y luego dictar un acto administrativo de exoneración firmado por la autoridad competente.

El personal docente bonaerense se rige por la Ley 10.579 (Estatuto del Docente). Este estatuto establece distintas sanciones disciplinarias, siendo la más grave la exoneración, que implica la separación definitiva del servicio y la inhabilitación para ingresar nuevamente al sistema educativo.

El artículo 140 del Estatuto del Docente establece que el sumario administrativo puede correr en paralelo con la causa penal, pero que la resolución final administrativa debe adecuarse a lo que se tenga por probado en la causa penal. Es decir que, si hay condena penal firme, la administración debe tener eso como un hecho probado y actuar en consecuencia.

Para el personal no docente, la Ley 10.430 (Estatuto del Empleado Público bonaerense) es aún más explícita. El artículo 73 establece taxativamente que es causal de exoneración “la sentencia condenatoria dictada en perjuicio del agente como autor, cómplice o encubridor de delito común de carácter doloso”. Un abuso sexual es, sin lugar a duda, un delito doloso. Bajo ese marco, la exoneración no es discrecional.

La intervención de la obra social de los peones rurales expone una disputa entre Karina Milei y Daniel Scioli por una caja millonaria

Una intervención estatal presentada como una “medida de ordenamiento” encubriría una disputa de poder por el control de recursos millonarios. En este caso, la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y los actores que enlazan al gobierno del presidente Javier Milei con la vieja maquinaria política del sciolismo.

Según fuentes políticas consultadas por el medio Realpolitik, la llegada del abogado César Augusto Lococo como interventor habría contado con el aval de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, bajo la órbita de Karina Milei y el exgobernador bonaerense Daniel Scioli.

Scioli lleva más de dos años integrado la gestión libertario como Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. Lejos de ser una figura decorativa, conserva operadores y terminales propias dentro del aparato estatal.

El detalle que ata los cabos es Guillermo Scarcella. La documentación periodística muestra que Scarcella y el interventor Lococo comparten el mismo domicilio fiscal y profesional en Cerrito 774, piso 2, CABA. Eso indica un vínculo profesional estrecho entre ambos, aunque no prueba por sí solo una irregularidad formal.

Scarcella es señalado como un operador político con trayectoria en el aparato sciolista. Presidió Aguas Bonaerenses SA (ABSA) durante toda la gestión de Scioli como mandatario de la provincia de Buenos Aires y, con el paso de los años, quedó bajo la mira judicial y política. Elisa Carrió lo denunció como presunto testaferro de Scioli e incluyó su nombre en una causa por fraude, lavado de dinero y administración fraudulenta.

En 2016, además, lo nombró como uno de los administradores de las llamadas “cajas negras” del Estado bonaerense durante el sciolismo. Más tarde, en 2018, fue citado a indagatoria por el fiscal Álvaro Garganta, quien dio por probada la realización de 22 contratos irregulares por casi $63 millones en beneficio de un exsocio suyo durante su paso por ABSA. En 2020, finalmente, una nueva denuncia penal volvió a ponerlo en el centro de la escena al acusarlo de defraudación por administración fraudulenta, extorsión y lavado de activos en el marco de un negocio privado.

En pocas palabras, Scarcella es un nombre con judicialización activa, vinculado históricamente al manejo ilícito de recursos públicos, y hoy aparece como articulador del nuevo interventor de una de las obras sociales más grandes del país.

OSPRERA es la obra social del sindicato de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que agrupa a los peones rurales de todo el país. No es una obra social menor, ya que tiene entre 500.000 y 700.000 afiliados, y por sus cuentas circulan alrededor de $10.000 millones mensuales. Es, en síntesis de quienes siguen la causa, “una caja sindical que todos miran”.

Esa caja —contratos con prestadores de salud, medicamentos, clínicas, delegaciones territoriales— la convierte en un botín político de primer nivel. Cronológicamente fue disputada por el Partido Justicialista (PJ), el PRO, y hoy también por La Libertad Avanza (LLA).

¿Por qué fue intervenida?

En agosto de 2024, el gobierno de Milei decretó la intervención de OSPRERA mediante el Decreto 720/2024, argumentando graves irregularidades institucionales, económico-financieras y prestacionales. El blanco político fue José Voytenco, secretario general de la UATRE. Una auditoría posterior detectó una deuda de casi $100.000 millones y un déficit mensual de $4.200 millones.

Sin embargo, lo que se presentó como una intervención técnica tuvo desde el inicio una dimensión política clara. Varios mensajes de WhatsApp extraídos del celular del primer interventor, Marcelo Petroni, revelaron que el mismo interventor se jactaba de representar a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, escribiéndole a un contacto: “Nosotros somos Lule y Karina”. Otro mensaje decía: “Nadie más que los Menem está impulsando la intervención de UATRE”. Estos chats son la prueba clave en una actual causa judicial.

— Guillermo Scarcella, exfuncionario de la provincia de Buenos Aires y empresario

Lejos de “ordenar” la obra social, la primera intervención dejó un rastro de sospechas graves. Entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, los interventores designados por Milei autorizaron 193 transferencias por más de $7.700 millones a la droguería Suizo Argentina, una empresa ya investigada por presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Además, la empresa HTECH Innovation, propiedad de Sergio Aguirre —socio comercial de Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados— recibió contratos por más de $266 millones durante la intervención. En julio de 2026, el juez federal Sebastián Casanello embargó los bienes de HTECH y citó a indagatoria a Aguirre, junto a dos exinterventores.

El 13 de enero de 2026, Casanello ordenó restituir el directorio de OSPRERA a sus autoridades legítimas, Voytenco incluido, considerando que la situación crítica que había justificado la intervención “hoy estaría sustancialmente superada”. Pero el gobierno apeló y la Sala 2 de la Cámara Federal revocó ese fallo. Con la intervención revalidada judicialmente, el Ejecutivo dictó el Decreto 127/2026 y designó a un nuevo interventor, el propio Lococo.

La investigación judicial avanza en múltiples frentes simultáneos. Si los contratos firmados durante la nueva intervención de Lococo generan cuestionamientos similares a los que ya llevaron a indagatoria a sus predecesores, la trama podría escalar desde la Superintendencia de Salud hasta el Congreso y Comodoro Py.

*Con información de Realpolitik

Tras la suspensión de sus operaciones, piden informes al Gobierno sobre la situación de Flybondi

En las últimas horas, la diputada nacional Roxana Monzón presentó un proyecto de resolución mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo información detallada sobre la situación de FB Líneas Aéreas S.A. (Flybondi), en medio de las dificultades operativas que atraviesa la empresa y los reclamos de usuarios afectados por cancelaciones y reprogramaciones de vuelos.

La iniciativa pide que la Secretaría de Transporte, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Trabajo informen sobre una serie de aspectos vinculados al funcionamiento de la compañía durante los últimos doce meses. Entre ellos, requiere datos sobre cancelaciones, demoras y reprogramaciones de vuelos, discriminados por mes, ruta y causa invocada por la empresa, además del nivel de cumplimiento efectivo de los servicios programados.

Uno de los puntos centrales del pedido está relacionado con la comercialización de pasajes durante períodos de interrupción de operaciones. La legisladora solicita información sobre la cantidad de boletos vendidos mientras la empresa tenía suspendidos total o parcialmente sus servicios, particularmente desde el 2 de julio de 2026, y pregunta si las autoridades evaluaron limitar o suspender esas ventas para evitar perjuicios a los pasajeros.

El proyecto también busca conocer el estado de la flota de la empresa, la cantidad de aeronaves habilitadas para operar, los aviones fuera de servicio y las medidas previstas para reemplazarlos frente a contingencias. Asimismo, reclama detalles sobre las inspecciones realizadas por la ANAC, los resultados obtenidos y el grado de cumplimiento de las observaciones efectuadas por el organismo de control.

Monzón además solicita información sobre sumarios administrativos, investigaciones o procedimientos abiertos contra la compañía, así como los planes de regularización operativa que Flybondi hubiera presentado ante las autoridades y su nivel de cumplimiento.

En materia de defensa del consumidor, el pedido de informes requiere conocer la cantidad de reclamos recibidos por cancelaciones, demoras y falta de reembolsos, las compensaciones efectivamente pagadas y las acciones coordinadas entre los organismos de control y las áreas de protección al consumidor.

La iniciativa también pone el foco en la situación económico-financiera de la empresa. En ese sentido, solicita precisiones sobre eventuales procesos concursales o pedidos de quiebra, deudas con proveedores esenciales para la operación y evaluaciones oficiales sobre el impacto que esos problemas podrían tener en la continuidad del servicio y en la seguridad operacional.

— Leonardo Scatturice. Exmiembro de la SIDE. Dueño y líder de Flybondi, OCA y el Grupo Flecha Log

Otro capítulo está dedicado a la situación laboral. La diputada pide información sobre trabajadores suspendidos, deudas salariales o indemnizatorias, actuaciones de la Secretaría de Trabajo, conciliaciones obligatorias e inspecciones realizadas durante el último año. También reclama una evaluación sobre cómo esos conflictos podrían afectar la prestación del servicio aéreo.

En los fundamentos del proyecto, Monzón sostiene que Flybondi acumuló una interrupción total de sus operaciones con pasajeros desde el 2 de julio de 2026 y afirma que, durante ese período, la empresa continuó comercializando pasajes sin advertir a los usuarios acerca del riesgo de cancelación. Además, menciona un escenario marcado por conflictos laborales, denuncias de extrabajadores, pedidos de quiebra promovidos por acreedores y acciones judiciales impulsadas por pasajeros que reclaman reintegros de vuelos cancelados.

La legisladora argumenta que el transporte aerocomercial constituye un servicio de interés público y sostiene que el Congreso debe contar con información completa para determinar si los organismos estatales ejercieron adecuadamente sus facultades de control y protección de los derechos de los consumidores frente a la situación que atraviesa la compañía.

*Fuente: Tribuna de Periodistas (Alexis Montefiore)

Milei habilitó por decreto la exploración petrolera del Mar Argentino a una firma británica con sede en un paraíso fiscal

Mientras el fervor popular se concentraba en la semifinal del Mundial contra Inglaterra, ese foco mediático fue aprovechado por el Gobierno nacional para concretar una medida estratégica de alto impacto. En la antesala del encuentro, Javier Milei oficializó la entrega de áreas clave del Mar Argentino para la explotación de hidrocarburos.

El instrumento elegido fue el Decreto 590/26, publicado en el Boletín Oficial del miércoles 15 de julio. La norma instruye a la Secretaría de Energía a convocar a un concurso público internacional para otorgar un permiso de exploración y explotación sobre el área CAN 200, una zona estratégica de costa afuera de aproximadamente 5.000 km2.

La decisión desnuda una paradoja política: mientras el oficialismo mantiene un discurso de supuesta confrontación con el Reino Unido en el marco de la disputa por la soberanía de las Islas Malvinas, por vía administrativa la letra de este decreto habilita a una empresa británica a instalarse en aguas nacionales.

El movimiento no parece casual. La publicación del decreto en un momento de distracción social masiva evita el escrutinio público sobre una medida que, de otra forma, habría despertado una reacción inmediata por su carga simbólica y geopolítica.

Parte del decreto firmado por Javier Milei, Luis “Toto” Caputo y Diego Santilli.

El beneficiario y la jurisdicción

La empresa protagonista de esta maniobra es Challenger Energy Group PLC. Se trata de una firma de origen británico, con sede operativa y legal en la Isla de Man, un territorio reconocido mundialmente como una plaza financiera de baja o nula tributación, lo que en la jerga se conoce como un “paraíso fiscal”.

La compañía presentó su manifestación de interés el 14 de febrero de 2025. Su objetivo es claro: el área CAN 200, situada a 350 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Challenger Energy busca posicionarse en el margen atlántico mediante la adquisición de licencias de exploración de bajo costo y alto impacto.

Ubicación del área a explotar por los ingleses, diagrama elaborado por el Ejecutivo Nacional.

En su estrategia global, la firma se encuentra en una fase de reestructuración profunda. Desprendiéndose de sus activos terrestres, la petrolera británica ha concentrado su apuesta en la explotación offshore en el Cono Sur, con intereses operativos en Uruguay, Bahamas, Surinam y Trinidad y Tobago. Hoy, gracias a la rúbrica de Milei y sus ministros, Argentina se suma a esa lista de activos bajo la lupa de una corporación que cotiza en la Bolsa de Londres.

Ubicación geográfica de Isla de Man, de tan sólo 50 km de largo por 18 km de ancho.

El conflicto de intereses

La coincidencia geográfica entre los intereses de Challenger Energy Group PLC y la arquitectura financiera del ministro de Economía, Luis Caputo, no pasa desapercibida. La Isla de Man es, precisamente, la plaza elegida por Caputo para gestionar parte de su patrimonio declarado.

Esta superposición entre el beneficiario del decreto y el destino de los fondos del ministro responsable de la firma pone sobre la mesa un interrogante ineludible sobre posibles conflictos de interés. Mientras el Estado convoca a un concurso para una petrolera británica, los ojos del mundo financiero observan la trazabilidad de los activos que gestiona quien impulsa la medida.

El Gobierno, en su afán por atraer inversiones, parece ignorar la opacidad que rodea a estas plazas financieras. La pregunta que surge es si la licitación responde a una política de desarrollo nacional o a una conveniencia funcional entre quienes gestionan los hilos del Estado y la jurisdicción donde se resguarda su capital personal.

Javier Milei junto a Luis “Toto” Caputo, su Ministro de Economía.

La letra chica y la soberanía

El Decreto 590/26 no sólo abre la puerta a la exploración británica, sino que garantiza condiciones blindadas para el inversor. El texto oficial autoriza expresamente la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales arbitrales internacionales, asegurando que cualquier conflicto futuro se dirima fuera de los juzgados argentinos.

Esta cláusula, que coloca a la justicia nacional en un segundo plano, se complementa con un listado detallado de bienes estatales que mantienen su inmunidad de ejecución. Sin embargo, este resguardo de activos parece ser una medida preventiva técnica, mientras que el control del recurso hidrocarburífero queda sujeto a marcos legales internacionales y arbitrajes extranjeros. En la práctica, esto implica que, ante cualquier desavenencia, la empresa británica tendrá la cancha inclinada a su favor en tribunales foráneos.

Esta entrega de soberanía jurídica se contrapone con el potencial que el país tiene para fortalecer su reclamo territorial. Al ceder la jurisdicción a entes externos, el Gobierno renuncia a una de las herramientas soberanas más valiosas para el desarrollo de su plataforma continental.

Contexto de tensiones

La licitación coincide con una fuerte tensión diplomática: mientras la Cancillería protestaba formalmente por la incursión ilegal del buque británico HMS Medway en nuestro mar, el Ejecutivo firmaba el decreto que abre la puerta a otra firma británica.

Mientras el oficialismo relativiza el valor simbólico de la disputa, la realidad administrativa del Boletín Oficial es contundente: el Ejecutivo prioriza la cesión de recursos y soberanía jurídica a actores británicos en pleno conflicto por la integridad territorial.

*Por Augusto Grinner

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