CLIENTELISMO: Denuncian a intendente K por pagarle a los votantes en las PASO

Se trata de Sergio Hernández, intendente de Lamarque. Según declararon, ofrecía $500, chapas y mercadería a cambio de votos. En 2019, fue denunciado por abuso sexual y maltrato laboral.
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Una polémica denuncia inundó las calles de los vecinos de la ciudad rionegrina de Lamarque. Ocurre que, mientras se celebraran las PASO, el pasado domingo 12 de septiembre, un particular video se viralizó en redes sociales. En el material, puede verse al burócrata solicitándole a unas vecinas los comprobantes de los votos (tikets) para poder entregarles el dinero.

El intendente expuesto es Sergio Hernández, de la ciudad de Lamarque, y perteneciente al Frente de Todos.

“Nos dijeron que teníamos que cobrar lo que votamos”, lo enfrentó una mujer, dentro de una oficina en la Unidad Básica local, mientras lo grababa. “¿Tiene el ticket?” pregunta el intendente. Frente a la respuesta negativa de la mujer, éste responde que “Lo tiene que traer si o sí. Me tenés que traer el ticket porque sino no tengo forma de controlar”.

SI HAY FOTO, HAY VIDEO

El suceso esta denunciado penalmente, en la Fiscalía Descentralizada de Choele Choel, por quien es la protagonista del video, Cristina Arena. Quien dio más detalles de lo sucedido en diálogo con los portales de noticias locales. Comentó que, cuando se acercó a votar, no figuraba en el padrón electoral. Entonces, recibió un audio de un conocido, que le dijo que se acercara a la Unidad Básica del Frente de Todos, donde estaban pagando por el sufragio al oficialismo.

“Me dijeron que solo tenía que presentar el tickets o troquel, para que pudiera cobrar ese dinero, también me ofrecían chapas, o mercadería para el partido de Sergio Hernández”, y agregó que le informaron que estaban pagando, concretamente, $500.

Dato (no tan) de color: En las elecciones PASO, el Frente de Todos superó a Juntos Somos Río Negro con una diferencia de 9 votos.

La justificación del intendente fue aún más bochornosa. En diálogo con Río Negro Diario, contestó que se siente “consternado con esto, la realidad lo que hacen es querer ensuciar una trayectoria de 14 años de intendente donde nunca me hicieron una denuncia (…) Lo único que estaba diciendo es que me muestre el ticket de que había votado para reconocer el gasto de combustible o de taxi con el que habían venido a votar. Nada más”.

Incluso, Arena señaló que fue presionada por gente del Municipio para que borre los videos, ya que, al negarse, le habrían mandado a matones para que le roben el celular, según declaró. “Paré la grabación y le pedí una bolsa de mercadería porque entregaban a todos. Me echó del lugar. Le dije que si no me daba nada, lo iba a escrachar. Le mostré el video y me echó igual”, dijo a los medios, y agregó que una persona que trabaja con Hernández “Me hizo firmar un comprobante y me dio $8.000. Me preguntó cuánto quería para borrar el video. Le dije que no, porque ya lo había subido a Facebook y no lo pensaba borrar y me fui”.

Incluso, su madre recibió una llamada amenazante en la cual le recomendaron que “me cuidara, que no salga a la calle y otras cosas más pero a mi celular en ningún momento me han escrito o llamado”.

“Tengo miedo que algo le pase a mi familia, y por eso, es que quiero dejar asentado todo. Y que se sepa cómo fue todo”, declaró Cristina Arena.

“ESTO LO HICE POR VENGANZA”

Las declaraciones de Arena ponen más turbias las aguas. Puntualmente, la vecina señaló que se vengó del intendente, e incluso, relacionó al Municipio con presunta violación de derechos laborales.

“Hace 10 años atrás mi papá trabajo con Hernández, y cuando falleció estaba trabajando para el municipio de Lamarque. El intendente lo hacía trabajar todos los días, no había domingos ni feriados, no tenía descanso. Y cuando el falleció no le reconocieron nada, entonces decidimos hacerle juicio al municipio. A lo que Hernández nos dijo que el juicio lo habíamos perdido, y le depositó en una cuenta del banco el total de $6.000. Pero luego nos enteramos que el juicio lo habíamos ganado, pero no lo pagaron”, declaró.

Y, según declara, los hechos no solo habrían salpicado contra su padre, sino también contra ella misma: Cuando entró a trabajar en la Municipalidad “me dijeron que el intendente te va a pagar $800 el día, $100 la hora. Hace un año que estoy trabajando en la municipalidad. Y ayer cuando me enteré que el intendente iba a pagar los $500, entonces yo fui con la intención de grabarlo, porque sentía mucha bronca por todo lo que nos habían hecho pasar a nosotros”.

MÁS SUCIO QUE UNA PAPA

En referencia a lo contado con anterioridad en esta noticia, Sergio Hernández declaró que “lo que hacen es querer ensuciar una trayectoria de 14 años de intendente donde nunca me hicieron una denuncia”. Mentir en épocas de internet es una mala idea…

Es falso. De hecho, otra denuncia grave involucra a Hernández con abuso sexual y maltrato laboral. En marzo de 2019, el intendente de Lamarque fue denunciado por acosar a una empleada dándole “chirlos en la cola” y por dirigirse vulgarmente hacia ella.

Silvia Mabel Zúñiga, entonces Coordinadora General de Gobierno, acusó al mandatario de darle dos cachetazos en la cola y de acoso laboral por parte de él y otros empleados. La denuncia penal fue presentada en la comisaría de la mujer de Choele Choel. “Sergio pasó por el pasillo y me pegó una cachetada en la cola. Estaba otro empleado municipal presente, pero se hizo el que no vio nada”, declaró la víctima.

Además, agregó que este aberrante hecho habría sucedido en varias ocasiones, acompañado por el silencio o las risas de los demás empelados municipales.

El 29 de septiembre de ese año, la mujer presentó un certificado psicológico para tomarse licencia ya que “Fui golpeada por mi pareja y presenté certificado psicológico porque no podía trabajar más”. Tras ello, desde el municipio “me llega una resolución donde me despidieron”.

Como era de esperar, el intendente Hernández señaló que se trató de una “operación política” porque “estamos en año de elecciones municipales” y responsabilizó a “algunos personajes de la oposición y que responden a una interna del Partido Justicialista”.


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El gasto en Defensa no llegó ni al 0,3% del PBI y cayó a su nivel más bajo de los últimos cuatro años

El último reporte de Ejecución Físico Financiera emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto confirmó que el gasto de Defensa en el 2025 fue de apenas 0,28% del PBI: el monto más bajo de los últimos cuatro años. 

Pese a que el gobierno de Javier Milei reportó, según datos oficiales, un crecimiento del 4,4% del PBI durante el año pasado, la inversión en Defensa —medida en dólares y correspondiente al mencionado período— fue una de las más reducidas durante el período comprendido entre los años 2022 y 2025.

Conforme a lo detallado en el reporte correspondiente al último cuatrimestre del año pasado, la Oficina Nacional de Presupuesto concluye que “la participación del gasto de la función (Defensa) sobre el total de las erogaciones de la APN (Administración Pública Nacional) presenta una tendencia creciente a lo largo de los ejercicios, alcanzando el máximo de la serie en el año 2024. Sin embargo, se evidencia una tendencia decreciente en términos del PBI desde el ejercicio 2023”.

Las dificultades presupuestarias se pudieron apreciar en todas las Fuerzas. Un ejemplo de ello fue la Fuerza Aérea Argentina, la cual registró “un desvío negativo en ambas medidas (horas de operación y ejercicios), que se explica por la falta de disponibilidad de materiales para llevar adelante las actividades. Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones” tal cual detalla el reporte de la Oficina Nacional de Presupuesto.

En el caso de la Armada Argentina, pese a que se reportaron mejores números que en el 2024, en algunos casos no se lograron alcanzar las metas propuestas para el 2025. Así fue el caso de los días de navegación, ítem que reportó un desvío negativo del 10%.

Las restricciones presupuestarias también tienen un impacto directo en los distintos proyectos y programas para recuperar, modernizar y adquirir nuevo material, mejora de infraestructura, entre otros. Ni hablar de los desafíos que se enfrentan en el aspecto logístico, mantenimiento y sostén, donde en varios casos se han presentado serias limitaciones.

A estos inconvenientes se le suma la cuestión salarial y las dificultades que enfrenta la obra social de las Fuerzas Armadas. Pese a que no cuentan con el alto perfil de proyectos de compra, por ejemplo, estos dos problemas son los que están acarreando mayores incidencias en las Fuerzas Armadas.

*Fuente: Zona Militar

JUAN CARLOS MOLINA: El diputado y cura ultra K declaró un patrimonio de 1 millón de dólares

El cura y diputado kirchnerista del bloque Unión por la Patria (UxP), Juan Carlos Molina declaró un patrimonio de USD$1 millón y cuatro inmuebles, dos en Ciudad de Buenos Aires y dos en el Gran Buenos Aires.

La Declaración Jurada Patrimonial Integral, presentada en enero de 2026 bajo la modalidad inicial 2025, expone una fortuna que llama la atención por su magnitud y que se contrapone con el perfil de vida sencilla que el legislador suele mostrar en el plano público.

El dato más llamativo del documento es la existencia de una caja de ahorro en dólares en el país con un saldo declarado de USD$330.338,50. Al tipo de cambio vigente de $1.420 por dólar, eso equivale aproximadamente a $469 millones. Molina también declara tres cajas de ahorro adicionales en pesos con saldos que suman alrededor de $14.6 millones y una cuenta corriente con $56.436. El total de sus depósitos y efectivo alcanza los $483.7 millones.

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Además del efectivo, Molina declara cuatro propiedades inmobiliarias, cuya valuación oficial resulta llamativamente baja. Según el informe, dos de las propiedades están ubicadas en San Vicente y fueron adquiridas el 17 de diciembre de 2009, junto con una casa habitación valuada en $20.833.246 y un lote de terreno declarado en $1.042.180.

El legislador también informó la tenencia de dos departamentos con cochera en la Ciudad de Buenos Aires, ambos comprados el 18 de mayo de 2017. Uno de ellos fue valuado en $75.035.844, mientras que el otro figura por $2.528.903. En conjunto, el detalle patrimonial expone un patrimonio de por sí millonario, integrado por propiedades en el conurbano bonaerense y en la Capital Federal.

Molina, a su vez, declaró poseer un Ford Bronco Sport Big Bend 1.5L, año 2021, adquirido en agosto de ese año, valuado en $28 millones de pesos —equivalente a unos USD$35.000 al valor de mercado actual. Su origen habría sido por “ingresos propios”.

El mecanismo que permite estas valuaciones irrisorias es lo que los expertos tributarios llaman la “trampa del 1 m²”. Al declarar una superficie de “1 metro cuadrado” para todas sus propiedades, el sistema registra los inmuebles a su valuación fiscal histórica de origen —en pesos, con cifras antiguas y desactualizadas— en lugar del valor real de mercado. Esto “licua visualmente el tamaño de la fortuna ante la opinión pública”, según la descripción de un tributarista consultado al respecto.

Para aproximarse al valor real del patrimonio inmobiliario, es necesario dolarizar el análisis usando precios actuales de mercado. Un análisis conservador construido con dimensiones estándar para este tipo de propiedades arroja que existe una disparidad “abismal” entre los dos departamentos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) comprados el mismo día en 2017 —uno declarado en $75 millones y el otro en apenas $2.5 millones— lo que sugiere que uno podría ser un piso de gran metraje o categoría superior.

Sumando los activos líquidos a la valuación de mercado de los inmuebles y el vehículo, el patrimonio real estimado total ascendería a aproximadamente USD$931.838, es decir, casi un millón de dólares.

¿De dónde proviene el dinero?

Esta es la pregunta central que el documento oficial no logra responder satisfactoriamente. En la declaración, Molina justifica absolutamente todos sus bienes como producto de sus “ingresos propios”, sin herencias, legados ni donaciones de ningún tipo.

Para dimensionar la inconsistencia, basta con cruzar las fechas de adquisición de los bienes con la trayectoria laboral de Molina. Las propiedades de San Vicente fueron compradas en 2009, cuando estaba al frente de la Fundación Valdocco, una organización financiada por el Vaticano y con fondos públicos provinciales. Ahí surge otra duda inevitable: ¿cómo logró un directivo de una ONG sin fines de lucro acceder a esas compras?

En el caso de los departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, adquiridos en 2017, la duda no es menor, ya que fueron comprados dos años después de su salida de la SEDRONAR en 2015. Allí también queda sin respuesta cuál fue la fuente de ingresos que le permitió adquirir dos unidades con cochera en la Capital Federal. A eso se suma lo más paradigmático de todo, los USD$330.000 en efectivo, un monto difícil de explicar para alguien que habría desarrollado gran parte de su carrera en el ámbito de una organización sin fines de lucro o bajo una dieta legislativa.

Un hallazgo adicional del análisis de la declaración es un error grave en la confección del documento. Molina registró su cargo de “Diputado Nacional” bajo la categoría de “Sector Privado”, señalando como empleador a la “Fundación Valdocco”. Esto es técnicamente imposible, siendo que una fundación privada no puede emplear a un legislador nacional, cuyas dietas las paga el Estado. El análisis concluye que se mezclaron dos trayectorias distintas en una misma línea del formulario —con consecuencias legales que la Oficina Anticorrupción no observó ni corrigió.

La situación patrimonial no puede desligarse de las denuncias judiciales que recaen sobre la Fundación Valdocco. Desde 2024, Molina enfrenta una causa penal en la que se le atribuyen presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación, defraudación a la administración pública, falsificación de documentos públicos y privados y asociación ilícita.

La investigación reveló que la fundación cobraba fondos millonarios simultáneamente de dos provincias. Con 250 millones de pesos mensuales de Santa Cruz y 124 millones de pesos mensuales de Chaco, aunque en este último caso la institución no operaba realmente. Se detectó que 78 docentes cobraban salarios en ambas jurisdicciones al mismo tiempo. La causa fue presentada ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia e incluye pedidos de allanamientos y secuestro documental.

La provincia de Chaco, por su parte, bloqueó la transferencia de recursos públicos a la fundación tras la investigación, mientras que el gobierno de Santa Cruz también realizó denuncias por falta de transparencia en el manejo de fondos.

¿Quién es Juan Carlos Molina?

Juan Carlos Molina, nacido el 8 de diciembre de 1966, es un sacerdote católico argentino que ha construido una trayectoria inusual en la que se entrelazan la fe, la política kirchnerista y la gestión de organizaciones sociales. Su apodo, “cura coraje”, sintetiza la perspectiva pública que él mismo cultivó. La de un hombre de Iglesia supuestamente comprometido con los más vulnerables, dispuesto a meterse en terrenos conflictivos donde otros no se atreven.

Molina surgió como sacerdote salesiano en Caleta Olivia, Santa Cruz, donde trabajó con niños y jóvenes en situación de riesgo social. Más tarde, sin que se conozca públicamente el motivo, pasó al clero de la diócesis de Río Gallegos. Fundó la Fundación Valdocco —nombre del barrio turinense de Turín donde San Juan Bosco comenzó su obra— con casas para jóvenes adictos y menores vulnerables en Santa Cruz, Chaco y Haití. Esta fundación lo proyectó al primer plano de la política kirchnerista de Santa Cruz y lo acercó a la familia Kirchner, en especial a Alicia Kirchner, hija de la exvicepresidente Cristina Fernández de Kirchner (CFK).

La primera gran plataforma pública que manejó Molina fue la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR), designado en noviembre de 2013 por CFK. El jefe de Gabinete Jorge Capitanich lo presentó como alguien con “amplia experiencia en la problemática de las adicciones”. Renunció en mayo de 2015, declarando que había “cumplido los objetivos”.

“Escobar fue un poco Robin Hood, el pueblo lo lloró porque ocupó el lugar del Estado: hizo hospitales, calles, le dio trabajo a la gente…”, destacó Molina, en marzo de 2014, en una entrevista radial, durante su gestión al frente de la SEDRONAR.

La comparación desató una tormenta mediática. Al día siguiente, Molina intentó aclarar que había sido “sacado de contexto”, que Escobar “era un psicópata, un asesino” y que nunca lo había defendido. También usó un lenguaje colorido para describir el revuelo, diciendo que había pasado “de ser el secretario de la SEDRONAR a ser el hijo de puta defensor de Escobar”.

Décadas después, en 2024, Molina decidió volver a la política activa como candidato a diputado nacional por el Frente para la Victoria en Santa Cruz. Ganó las elecciones legislativas de 2025 con un margen muy mínimo y asumió su banca en diciembre de ese año, integrando a UxP.

Santa Fe | Jueces garantistas aflojaron controles en cárceles y un condenado a 37 años estuvo ocho meses prófugo sin que nadie lo buscara

La provincia de Santa Fe quedó atravesada por dos decisiones judiciales vinculadas al sistema penitenciario. Un fallo hizo lugar parcialmente a un habeas corpus y determinó que no se podrá obligar a los abogados a utilizar teléfonos en las entrevistas con presos alojados en cárceles de alto perfil. En Rosario, la jueza de Ejecución Penal Luciana Prunotto defendió las salidas transitorias otorgadas a Ricardo Albertengo, condenado a 37 años de prisión en 2010, y afirmó que “nada se hizo por fuera de la ley”, pese a que el hombre quedó prófugo desde 2015.

En el primero de los casos, el planteo lo impulsó el abogado José Nanni, quien cuestionó las nuevas condiciones para entrevistar a sus defendidos. Según explicó, el problema surgió cuando acudió a una entrevista y se encontró con un sistema que obligaba a comunicarse mediante un teléfono detrás de un blindex. “Lo que nosotros planteamos es que la comunicación entre el abogado y su defendido debe ser privada y no debe tener injerencias del Estado”, sostuvo.

Nanni rechazó la obligatoriedad del dispositivo y afirmó: “No nos pueden obligar a utilizar un teléfono que se haya puesto en los locutorios porque no teníamos la garantía de que esos teléfonos estén escuchados”. También precisó que la pretensión original buscó que “se destine un habitáculo para uso exclusivo de los abogados”, aunque ese punto no prosperó. De todos modos, destacó el aspecto central de la resolución: “Lo que resolvió la jueza es que no sea obligatorio el uso de los teléfonos”.

A partir del fallo, explicó, la decisión quedó en manos del profesional. “Si el abogado quiere utilizar el teléfono, lo puede utilizar, si no lo quiere utilizar, no lo utiliza”, señaló. Nanni también aclaró que no se opuso al endurecimiento de medidas dentro de las cárceles. “Uno entiende las cuestiones de inteligencia criminal y penitenciaria que se vienen realizando”, dijo. Sin embargo, marcó un límite: “Cuando las medidas empiezan a pasar otros límites, ahí es donde uno interpone este tipo de acciones constitucionales”. Sobre el alcance de la resolución, agregó: “Creo que va a tener una extensión para el resto de los presos que están en ese pabellón”.

El testimonio de Nanni

La segunda situación se conoció después de que Albertengo se presentó en la cárcel de Rosario y trascendió que era el hombre que la policía buscaba por el crimen del policía Mauro Martín Mansilla. A partir de ese dato, surgió en la ciudad la pregunta sobre cómo un condenado a 37 años de prisión podía estar en la calle. La respuesta llegó cuando Prunotto, a cargo de controlar el cumplimiento de las condenas, explicó su actuación y sostuvo que “nada se hizo por fuera de la ley”.

La jueza detalló que al principio se le concedió a Albertengo una salida transitoria “con una modalidad más acotada”, con un régimen de tres horas por cada salida y acompañado por personal de custodia. También indicó que a los cinco meses se revisaron esos egresos y que se pidieron numerosos informes para controlar cómo había cumplido el beneficio y la veracidad de esos reportes. Según dijo, “se tomaron más recaudos de los que la ley prevé”.

Prunotto explicó que en julio de 2015 se flexibilizó ese régimen, se le agregaron horas y se habilitó a Albertengo a salir con un tercero responsable. “Fue en aquel momento cuando no regresó a prisión. Desde entonces había un pedido de captura vigente”, afirmó. Luego agregó un dato central sobre el tiempo en que el condenado estuvo fuera de la cárcel: “ninguna fuerza me requirió una orden de allanamiento para detener a Albertengo”.

Sobre las críticas al sistema, la magistrada sostuvo: “Si la ley tiene fallas o no, yo no soy quién para decirlo. Esas son cuestiones que tendrían que analizar los legisladores. Lo que nosotros hicimos fue, dentro del marco de la ley, tomar muchos más recaudos de los que marcaba la norma. Nosotros fuimos muy rigurosos en la forma de dejarlo salir y después hay un margen que tiene que ver con el albedrío de cada persona, que por supuesto llevó a una detención en una situación muy nefasta, eso uno lo entiende, pero se hizo bajo los regímenes que la ley habilita”.

La jueza también precisó que Albertengo “se encontraba prófugo desde julio de 2015”, cuando ella había ordenado su detención por no regresar de una salida transitoria. Sobre la condición de reincidente del condenado, explicó: “La ley no establece ninguna diferencia para las salidas transitorias para un reincidente. No hay una diferenciación entre primario o reincidente. No es una traba ser reincidente como para otras medidas que se pueden solicitar y están regladas por la misma ley”. También recordó que Albertengo cumplió los requisitos legales en agosto de 2012, aunque rechazó en ese momento el pedido por entender que debía esperar más tiempo para volver a evaluar esas salidas.

Prunotto añadió que “la función del juez de Ejecución Penal es evaluar conforme la ley nacional y los requisitos que ésta pide” y remarcó que la ley habilitó ese egreso “mucho antes de lo que fue acordado”. Según reconstruyó, Albertengo obtuvo el beneficio el 1º de octubre de 2013

El 28 de mayo de 2014 lo incumplió y recibió una sanción. En noviembre de ese año obtuvo un visto favorable para nuevas salidas, acompañado primero por efectivos del Servicio Penitenciario. El 11 de mayo de 2015 volvió a acceder al beneficio y el 29 de junio de ese año el régimen se amplió para que saliera 12 horas cada 15 días acompañado por un tercero responsable, en ese caso su pareja. “Era en la faz de afianzar los lazos familiares”, explicó la jueza. Desde entonces, Albertengo no volvió a prisión hasta el día en que se entregó al verse cercado por el crimen del oficial Mauro Martín Mansilla.

Se vendió un edificio estratégico de la Policía Federal Argentina: firmado por un funcionario de Milei, ex empleado de Elsztain

La arquitectura del desguace inmobiliario de la Policía Federal Argentina tiene un nombre propio: Nicolás Pakgojz. El actual legislador porteño de La Libertad Avanza no es un recién llegado a la gestión de activos públicos, sino que funcionó como el eslabón necesario para liberar tierras fiscales de altísimo valor. Antes de recalar en la función pública, Pakgojz reportaba de forma directa en las filas de IRSA, el imperio de Eduardo Elsztain, donde se desempeñó en áreas clave de desarrollo urbano.

Su paso por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) no fue una escala técnica, sino una ejecución de intereses. Fue Pakgojz quien estampó su firma en la Resolución 65/2025 que declaró innecesario el predio de casi 10.000 metros cuadrados en el Bajo Belgrano. La maniobra, ejecutada bajo el paraguas de una supuesta eficiencia estatal, quitó de la órbita de la seguridad federal un activo estratégico para ponerlo en la vidriera de las subastas millonarias.

Resolución 65/2025 firmada por el diputado de La Libertad Avanza.

La ética pública queda en entredicho cuando se observa la trayectoria: de empleado de Elsztain a funcionario que habilita el remate de tierras por las que su ex jefe terminó pujando en una subasta pública.

Hoy, desde su banca en la Legislatura, el esquema de favores parece cerrar un círculo perfecto donde el patrimonio del Estado es la moneda de cambio.

La derrota del “amigo” del Presidente

La subasta de diciembre de 2025 no fue un trámite, sino una puja de millones entre los dueños de la ciudad. Eduardo Elsztain, principal accionista de IRSA y aliado estrecho de Javier Milei, intentó quedarse con la joya del Bajo Belgrano. Sin embargo, su oferta de 27 millones de dólares fue pulverizada por los 46,5 millones que desembolsó Argencons, la desarrolladora de Eduardo Costantini.

Aunque el titular de IRSA perdió esta pulseada ante la billetera de su competidor, el terreno fue liberado por su propio ex empleado, Nicolás Pakgojz. Esta maniobra en la AABE confirma el patrón de beneficios estatales para el círculo rojo que Data 24 viene documentando: el patrimonio federal funciona como un catálogo de remate para que los empresarios amigos sigan levantando torres de lujo donde antes operaban las fuerzas de seguridad.

La oferta de Argencons, que superó por un 120% el valor base de 21 millones de dólares, proyecta la construcción de 100 viviendas de lujo en lo que los vecinos denominan la última manzana libre del Bajo Belgrano. Esta rentabilidad récord para el Tesoro Nacional contrasta con la nula inversión en las capacidades operativas de la fuerza federal desplazada.

Lateral del edificio rematado en Artilleros al 2051, CABA

Sin techo y con sueldos de miseria

Mientras el Estado remata tierras por 46 millones de dólares, la realidad de la tropa es de una precariedad absoluta. Efectivos de la PFA confirmaron a Data 24 que, tras el desalojo de Artilleros 2051, el destino asignado es un predio abandonado en la intersección de Zepita y el Riachuelo. Se trata de un terreno de nulo valor inmobiliario y condiciones edilicias deplorables, que contrasta violentamente con el lujo de las torres que se proyectan en el Bajo Belgrano.

El desguace no es sólo de ladrillos: en el edificio rematado funcionaban la Brigada de Incendios Forestales, los talleres de Bomberos e Infantería, la Banda de música y la playa de secuestros viales.

Vista satelital del predio rematado.

La arbitrariedad del desalojo queda expuesta en la propia manzana: mientras la Comisaría Vecinal 13 de la Policía de la Ciudad continuará operando en su esquina de Juramento y Artilleros, las unidades federales son desterradas al sur. El Gobierno Nacional ignoró incluso el pedido de los residentes del barrio, quienes realizaron un abrazo simbólico al predio solicitando que se convirtiera en una plaza pública en lugar de un nuevo complejo de torres.

Esta pérdida de operatividad se da en un contexto de asfixia salarial que este portal ya denunció en su cobertura sobre la histórica protesta de las fuerzas. Con un bono de 40.000 pesos calificado como una migaja y denuncias de espionaje interno, los uniformados ven cómo el Gobierno les quita comodidades básicas para alimentar el negocio de los desarrolladores.

Entrada a lo que era el predio de la PFA

El modelo extractivo del Estado

La desafectación del predio en Artilleros 2051 es la síntesis de una gestión que prioriza el metro cuadrado sobre la seguridad federal. La eficiencia administrativa que pregona el Gobierno no es tal si el resultado es el desguace de brigadas operativas y talleres de blindados.

Con el control del 51% de las acciones de Argencons por parte de Eduardo Costantini, el círculo del negocio inmobiliario de alta gama se cierra sobre tierras que el Estado considera prescindibles. Lo que para la gestión de Milei es una venta de activos exitosa, para la PFA representa una fractura logística irreparable.

Este modelo, que blinda a empresarios amigos del poder mientras ofrece migajas salariales a quienes deben portar un arma, expone una fractura institucional profunda. Mientras el lujo de Costantini y la ambición de Elsztain se expanden sobre el asfalto del Bajo Belgrano, los efectivos de la PFA son empujados a la marginalidad de un baldío en el Riachuelo. El remate de la seguridad pública ya no es una sospecha, sino una política de Estado que el círculo rojo festeja en dólares.

Manuel Adorni (segundo), Karina Milei (tercera), Pilar Ramírez (cuarta) y Nicolás Pakgojz (sexto)

*Por Augusto Grinner

Milei validó el supremacismo judío de una diputada que odia a la bandera argentina y considera británicas a las Malvinas

La fe del converso y el negocio de la devoción

Javier Milei no oculta su fascinación por el judaísmo, o mejor dicho, por una interpretación política y espiritual que lo lleva a visitar el Muro de los Lamentos con la frecuencia de quien busca un certificado de pureza.

Para el mandatario, que se autodefine como “el presidente más sionista del mundo”, cualquier cuestionamiento a esta devoción es tratado como una afrenta personal. Lo demostró recientemente al celebrar como una “master class” de derecho la denuncia contra el comunicador Tomás Rebord, cuyo “pecado” fue referirse al muro como una simple pared.

Meme en respuesta al retuit reciente de Milei.

El fervor por la Tierra Prometida se traduce, en suelo criollo, en una generosidad fiscal sin precedentes para su amigo y ex-anfitrión del Hotel Libertador, el empresario judío Eduardo Elsztain, situación de la que ya hablamos en Data 24 recientemente.

Pero esta vara de medir lealtades y purezas religiosas se vuelve extrañamente flexible cuando se trata de purgar a los propios y cobijar a los conversos de última hora.

Javier Milei junto al empresario Eduardo Elsztain.

Catolicismo prohibido y aliadas conversas

La obsesión de Milei por la pureza ideológica tiene víctimas predilectas: a Victoria Villarruel, su compañera de fórmula en dos elecciones, la sentenció al ostracismo interno bajo el cargo de ser “católica y nacionalista”. Para el presidente, defender los valores tradicionales y la soberanía argentina parece ser un pecado imperdonable que impide cualquier convivencia política sana.

Sin embargo, esa intransigencia se evapora cuando se trata de figuras como Sabrina Ajmechet. Mientras Milei castiga el nacionalismo de su vice, abraza con entusiasmo a una diputada que no sólo reniega de la identidad nacional, sino que ha hecho del desprecio por los símbolos patrios su marca personal. En el universo mileísta, parece que “ser colonia” es un mérito que el nacionalismo no puede comprar.

Javier Milei junto a Victoria Villarruel.

El prontuario de la “inglesa” y el cargo como religión

Antes de descubrir las mieles y las cremas del pseudo-liberalismo, Ajmechet cultivó un perfil de desprecio nacional digno de una oficina de prensa británica. En 2012, mientras la mayoría recordaba la gesta, ella se preguntaba: “¿Cuáles son los requisitos para mudarse permanently a Londres?”, en un tuit donde afirmaba que las Malvinas son británicas. Para ella, la soberanía argentina es un estorbo: “Las Malvinas no son ni NUNCA fueron argentinas” y “Las Falkland Islands son de los kelpers”.

Incluso, con una soberbia notable, celebraba que otros bajaran los brazos: “Ahora muchos empiezan a pensar que las Malvinas no son argentinas y que el deseo de los kelpers vale. ¡Bienvenidos!”. Su postura no deja lugar a dudas sobre su lealtad: “Entre patria o colonia, elijo colonia, sin dudas”.

Esa aversión por lo propio alcanzó también a los símbolos patrios. “Detesto la bandera argentina con el sol”, disparó en 2014, sumando su desprecio por la estética de la soberanía: “Es imposible imaginar una versión de la bandera argentina más fea que la que tiene el dibujo de Malvinas en el medio”. Para la actual diputada nacional, el sentimiento por las islas es algo que debe desaparecer: “Ojalá pronto el 2 de abril sea simplemente el 2 de abril, un día que la gente va a trabajar y los chicos al colegio”.

Sin embargo, esta anglofilia militante que la hacía exclamar en 2018 “ninguna duda que lo que se necesita es Inglaterra campeón”, entró en pausa en 2021. Sólo cuando el calendario electoral le puso una banca de diputada a tiro, la misma que considera “irracional” el reclamo por las islas, ensayó una retractación de compromiso para maquillar su historial y manotear el cargo. El cinismo fue premiado y la inglesa terminó cobrando del Estado argentino, demostrando que su anti-patriotismo se acaba donde empieza su recibo de sueldo.

Ajmechet y Milei, actualmente aliados políticos y religiosos.

Del insulto al veleteo por la banca

El salto de Ajmechet a las filas de “Las fuerzas del cielo” no fue una conversión mística, sino un ejercicio de supervivencia ante la necesidad de renovar su cargo. Durante 2022 y 2023, la diputada se dedicó a fustigar a quien hoy es su jefe con una saña notable. En octubre de 2022, los acusaba de ser funcionales al sistema: Milei, Villarruel y Píparo están en sus casas, ¿así piensan terminar con el populismo?”.

Ajmechet en 2022 criticando a Milei, Villarruel y Píparo.

La virulencia escaló durante la campaña presidencial de 2023. Ajmechet no sólo defendía a Patricia Bullrich afirmando que Milei la atacaba con mentiras y campaña sucia, sino que apeló a la grosería directa para celebrar un cruce en el debate: “La tenés adentro, @JMilei. La casta la tenés adentro. Y lo aceptás”, disparó en sus redes sociales.

Ajmechet criticando a los que serían sus aliados.

Sin embargo, cuando el poder cambió de manos y su reelección corría peligro, la inglesa que mandaba a Milei a callarse con términos de vestuario ensayó un veleteo digno de una profesional del cargo público. Aquellos a quienes acusaba de quedarse en sus casas se convirtieron, de la noche a la mañana, en sus nuevos jefes; y aquellos que consideraba casta pasaron a ser sus nuevos compañeros de bloque. Hoy, con la sumisión de quien sabe que su sueldo depende de esa obediencia, Ajmechet milita los tuits de Milei esperando que “el presidente más sionista del mundo” le garantice transitar con facilidad los siguientes cuatro años de privilegio estatal.

Cuando Ajmechet militaba a Bullrich y acusaba a Milei de mentir.

La “superioridad judía”

El último capítulo de esta comedia del absurdo ocurrió cuando Ajmechet publicó una estadística sobre los premios Nobel:Los judíos representamos el 0,2% de la población mundial y aún siendo tan poco, ganamos más del 20% del total de premios Nobel de la historia”. El posteo incluía un desglose por especialidades (40% en Economía, 26% en Medicina, etc.).

Javier Milei no tardó en citar el tuit con una sentencia lapidaria: “PRIMERO LOS DATOS. Fin”. Sin embargo, lo que pretendía ser una validación terminó en una humillación digital.

La reacción en la red X fue inmediata y demoledora. El periodista Juan Luis González —autor de “El Loco”, biografía de Javier Milei— fue directo al hueso al preguntarle a la diputada: “O sea digamos: ¿hay razas inferiores y razas superiores?? ¿De qué régimen totalitario me suena esto che?”.

En la misma sintonía, el ex-campeón del mundo de MMA, Emiliano Sordi, le propinó un cachetazo de realidad: “¿Estás queriendo decir que son mejores? ¿Una raza superior? Suena un poco nazi tu post”.

Desde otros sectores, la respuesta fue igual de despiadada. Pablo Muñoz Iturrieta, escritor y conferencista argentino, utilizó un sarcasmo corrosivo para exponer lo peligroso del planteo: “Ah, mi amiga supremacista, mientras otros hablan de sus pequeños éxitos, siempre hay que recordarles a los goyim la verdadera superioridad racial de la raza judía”. En su texto, menciona irónicamente a Einstein como un “sangre pura” y cierra con un contundente: “¡Heil a la superioridad judía, que eclipsa meras estadísticas!”.

Por su parte, el ingenio popular la liquidó con memes. Circularon montajes de Milei sosteniendo a un niño con la bandera de Israel mientras deja que uno con la de Argentina se ahogue en una pileta, bajo el titular “soy el presidente más sionista del mundo”, y otro de Osvaldo Laport con la cara del mandatario: “Necesito hacer algo judío”.

Ajmechet intentó vender una superioridad estadística y terminó logrando que las redes le recordaran que su identidad actual es tan cuestionable como su patriotismo.

*Por Augusto Grinner

Escándalo: Denuncian a tres psicólogas por elaborar falsos informes de abuso para desvincular a padres de sus hijos

Una denuncia penal fue presentada ante la Justicia de La Plata contra el ex juez federal Carlos Rozanski y las licenciadas en psicología P.B.A., G.R.S. y N.V.A. por la presunta comisión del delito de asociación ilícita.

La presentación quedó registrada bajo el número 06-00-015906-26/00 y tuvo intervención de la UFI 1 Departamental y del Juzgado de Garantías 6.

De acuerdo con la denuncia, la presunta organización tuvo como finalidad la elaboración de “informes psicológicos falsos de menores cuyos progenitores hayan sido denunciados por abuso, a fin de sostener acusaciones infundadas y evitar el contacto entre los niños y el otro progenitor”.

La nueva presentación fue impulsada en La Plata por el abogado penalista Lucas Bianco, quien formalizó la denuncia para que se investigara la posible existencia de informes elaborados por las profesionales en distintos juzgados de familia del Departamento Judicial La Plata. “El caso abre un fuerte interrogante sobre el uso de pericias psicológicas en conflictos familiares y el riesgo de que herramientas diseñadas para proteger a los niños terminen siendo utilizadas en su perjuicio”, advirtió el letrado.

Según lo expuesto en la presentación, los hechos denunciados no constituyeron episodios aislados. En la ciudad de Rosario, un grupo de padres y progenitores que fueron falsamente acusados de abuso y que continuaron impedidos de mantener vínculo con sus hijos promovió una denuncia penal contra las mismas profesionales. Esa situación derivó en la intervención de la Corte Suprema de Santa Fe y en la conformación de una mesa de trabajo con fiscales y el Colegio de Abogados.

En esa jurisdicción, un grupo de abogados denunció penalmente a las tres psicólogas por la presunta elaboración de informes falsos de abuso infantil para desvincular a niños de sus padres.

La presentación por falso testimonio agravado fue realizada en septiembre del año pasado y llevó las firmas de Viviana Cosentino, el ex ministro de Justicia provincial Juan Lewis, la ex camarista Carina Lurati, Froilán Ravena, Ramiro Coso, José Nanni, Estela Marelli y Adriana Torchio. La causa recayó en la fiscal Guillermina Aiello, quien comenzó a relevar cada uno de los datos aportados, según indicaron desde el Ministerio Público de la Acusación.

De acuerdo con el escrito presentado en la ciudad santafesina, las profesionales integraron una organización dedicada a estudios de violencias y abuso sexual. Allí también se solicitó que se investigara si las conductas de P.B.A., G.R.S. y N.V.A. se dieron en el marco de una presunta asociación ilícita que tuvo por objeto emitir “falsos informes de menores cuyos progenitores hayan realizado denuncias por abuso, a fin de poder sostener falsas acusaciones y evitar de esta manera que el otro progenitor pueda tener contacto con sus hijos”.

Los representantes de los padres denunciados señalaron que, en los procesos iniciados contra sus clientes, detectaron “patrones en común, que se repiten, donde se advierten numerosas irregularidades tanto en sede penal como en el fuero de Familia, causando un grave perjuicio”. En tal sentido sostuvieron: “Lo más grave es que, en este derrotero procesal, existen personas que estarían lucrando con esta situación, emitiendo informes donde se repiten supuestos indicios de abusos sexuales sin ningún rigor técnico y que se asemejan más a formularios pre armados, que a un análisis profundo y serio de cada problemática”.

Los denunciantes agregaron que “estos informes, que en ocasiones defienden en las declaraciones testimoniales brindadas en juicio o ante la fiscalía, contienen llamativas coincidencias en las conductas descriptas como realizadas por nuestros hijos, que parten en todos los casos del relato de sus madres, sin que antes de comenzar a tratarlos se haya requerido nuestro consentimiento o se nos haya entrevistado para conocernos y escucharnos”.

También afirmaron: “En todos los casos, los tratamientos comienzan, según surge de los propios informes, y del relato que en algunos casos efectuaron las profesionales en las declaraciones testimoniales antes mencionadas, desde un supuesto abuso sexual ya denunciado previamente, y es esta la única hipótesis con la que se trabaja, en tanto no se advierte en ninguno de los informes que se hayan considerado otras posibles causas generadoras de las conductas o reacciones que se afirma advierten en los niños, tales como irritabilidad, temores, pesadillas, retraimiento. No se profundiza, como señalamos, en declaraciones o entrevistas de docentes, directivos de establecimientos escolares o pediatras, ni se indaga en situaciones de contexto”.

En el mismo sentido, sostuvieron que “todo siempre se reduce al supuesto abuso y a las supuestas expresiones” que los nenes hacen “durante la técnica que denominan como ‘La hora del juego’ que, por supuesto, no registran en soporte de audio y video, lo que impide cualquier posibilidad de poder conocer la veracidad de los dichos que se atribuyen a los niños y mucho menos la manera en que tal supuesta información es obtenida”.

La presentación también remarcó que en distintos casos de abuso sexual infantil se incorporaron informes elevados por las tres psicólogas que exhibieron coincidencias en las observaciones asentadas por escrito sobre los menores. Según los abogados, las profesionales llegaron a utilizar observaciones textualmente idénticas para distintos pacientes, lo que sugirió la utilización de “formularios pre armados”. Sobre ese punto, concluyeron: “Las coincidencias son tantas, incluso con frases textuales en un informe y otro, que si se suprimieran los nombres de los niños (sobre quienes se hace la evaluación) podría pensarse que se trata de informes referidos a un único paciente”.

Los denunciantes también señalaron que, pese a lo sugerido por esas psicólogas, sus hijos no dijeron en Cámara Gesell “una sola conducta de nuestra parte que implicara un menoscabo a su integridad sexual”.

Entre los antecedentes expuestos, los abogados comenzaron por el caso de Pablo B., denunciado en junio de 2018. La causa fue archivada en febrero de 2020, pero tras un informe de la psicóloga P.B. fue desarchivada y posteriormente el legajo llegó a juicio, donde el hombre resultó absuelto. En uno de los casos reseñados en la presentación, un hombre perdió el contacto con su hija durante siete años y tres meses y luego fue absuelto.

LOS CASOS:

Los abogados señalaron que, en todos los casos, pese a contar con resoluciones judiciales favorables en el fuero penal, la pérdida de contacto con los hijos continuó porque en paralelo existieron actuaciones en los juzgados de Familia.

Otro de los casos fue el de Mario L., denunciado en febrero de 2022. La acusación fue desestimada en septiembre de ese año, pero en mayo de 2024 la medida fue revocada, la causa fue reabierta y se realizó la Cámara Gesell. El 2 de enero de 2025 fue imputado, aunque dos semanas después fue sobreseído por un fallo de primera instancia y luego por otro de segunda, en los que se formularon críticas a las actuaciones.

A Javier J. lo denunciaron en agosto de 2021. En junio de 2022, la fiscal desestimó la denuncia, pero desde la Fiscalía General revocaron esa resolución en noviembre de 2022 para ordenar nuevas medidas. En octubre de 2023 se realizó la Cámara Gesell a la hija. En junio de 2024 la acusación volvió a ser desestimada, situación que fue confirmada por las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación en octubre de 2024 y abril de 2025.

A Gerardo V. lo denunciaron en diciembre de 2020. Nueve meses después se realizó la Cámara Gesell con su hija. En octubre de 2021, la fiscal desestimó la causa, pero su par regional revocó esa medida. En abril de 2024 volvió a ser archivada, situación que recién quedó firme en marzo de 2025.

Román V. fue denunciado en noviembre de 2021 y la niña realizó la Cámara Gesell en marzo de 2023. El caso fue archivado en mayo de 2023, pero se reabrió por criterios del fiscal regional de Rosario. Actualmente, se encontró en trámite.

Una situación similar atravesó Sebastián L. P., quien comenzó con el derrotero judicial en agosto de 2023. Cuatro meses después, su hijo realizó la Cámara Gesell. En abril de 2025 el fiscal desestimó las actuaciones y ahora el legajo quedó bajo revisión del fiscal regional.

Por último, Mariano D. fue denunciado en enero de 2019. En octubre de 2021, la causa fue archivada, decisión que quedó firme por el fiscal regional en diciembre de 2021 y por la fiscal general en mayo de 2022. No obstante, permaneció desvinculado de su hijo durante seis años y nueve meses.

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