BIZARRO: Se viralizó un video de Santiago Cafiero comiéndose los mocos
Imágenes del jefe de Gabinete de la Nación hurgando su nariz, haciendo una bolita y llevándose el bulto a la boca despertaron críticas, cargadas y hasta curiosos halagos en las redes sociales.
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Uno de los primeros en adelantar el llamativo pasatiempo del jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, fue el periodista y escritor Ricardo Canaletti. En una entrevista sobre la situación de vulneración de derechos humanos en Formosa, Canaletti se refirió a las declaraciones de Cafiero, quien desconoció los casos de hacinamiento y maltrato a los habitantes de esa provincia en los centros sanitarios de aislamiento, y aseguró: “A Cafiero le diría que se vaya a limpiar los mocos”.
En las últimas jornadas, se viralizó con llamativa rapidez una serie de imágenes que muestran al jefe de Gabinete de Alberto Fernández en una actividad algo menos profesional de la que nos tiene acostumbrados. Tal vez por la ansiedad de su corta edad, quizás por el aburrimiento de un momento de soledad y espera, Santiago Cafiero aguarda sentado en un banco de madera junto a una pared mientras lee viejos mensajes en su celular. Impaciente, comienza a hurgar en su nariz en busca del tesoro tan preciado. El dedo se hace lugar en el orificio nasal hasta que, finalmente, lo encuentra. Se saca un moco, lo transforma en una bolita, lo analiza minuciosamente con un gesto de curiosidad que deja mucho librado a la imaginación y, finalmente, se lo devora con fruición.
En las redes sociales fue un boom. Comentarios, críticas despiadadas, chistes fáciles y hasta curiosos halagos se acumularon en las cuentas de Twitter y Facebook de Cafiero. Una de sus seguidoras más fieles, incluso, aseguró que “quiero gritarle al mundo que sigo profundamente enamorada de Santi Cafiero, pese a que en éste video lo veo sacarse un moco, hacerlo bolita y tirarlo al sopi”. El propio jefe de Gabinete lo leyó y contestó “se merecían mucho más”.
En el curioso mundo de la política, como en la vida, los motes y apodos terminan siendo elegidos por las razones más insólitas. Para Mauricio Macri, fue “el gato”. Para Eduardo Duhalde, “el cabezón”. Cristina Fernández de Kirchner tiene tantos que sería impensable nombrarlos a todos. Para el jefe de Gabinete, difícilmente sea el que soñó en sus noches de pubertad. No, no es “el estadista”, “el estratega” o “la mente brillante”, de ahora en más Santiago Cafiero será conocido, sencillamente, como “el comemocos”.
*Fuente: REALPOLITIK
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Como viene publicando el portal Tribuna de Periodistas, Daniel Scioli, actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, mantiene una estrecha relación personal y política con Luis Alberto “Chiche”Peluso, un viejo aliado con quien comparte lazos desde hace más de dos décadas. Ese vínculo, forjado en los tiempos en que Scioli gobernaba la provincia de Buenos Aires, hoy vuelve a escena: Peluso es proveedor directo de la secretaría que encabeza el funcionario libertario.
Peluso ocupó cargos importantes durante la gestión bonaerense de Scioli. Fue interventor del Instituto de Lotería y Casinos hasta 2009, cuando debió renunciar tras ser denunciado por presunta evasión fiscal. En ese entonces, fue acusado de no haber declarado una lujosa propiedad en Miami, presuntamente adquirida con fondos provenientes de operaciones vinculadas a una mesa de dinero ilegal en el casino flotante de Puerto Madero.
Las sospechas sobre Peluso no terminaron allí. En 2016, la diputada Elisa Carrió lo señaló como pieza clave de un supuesto esquema de lavado de dinero a través de salas de bingo, con el que —según la denuncia— se habrían financiado campañas políticas y enriquecido patrimonios de funcionarios. Carrió lo describió como “el hombre de confianza de Scioli” y apuntó a su rol como recaudador durante la campaña presidencial de 2015. En esa misma presentación judicial, también se mencionó a la empresa Linser, encargada de servicios de limpieza para la Gobernación bonaerense durante la gestión sciolista.
Los vínculos empresariales de Peluso no se limitaron al Estado. En sociedad con Eladio González Rodríguez —consuegro de Scioli— compartieron domicilio fiscal a través de las empresas Emprendimientos de Luján S.A. y la inmobiliaria Samarcom. El entrecruzamiento entre lazos personales, familiares y negocios fue una constante en esa trama.
La influencia de Peluso en el rubro de la limpieza también se refleja en su entorno familiar. Su hermano, Norberto Peluso, preside la firma Limpiolux, que prestó servicios de higiene a organismos como la AFIP y ahora compite por contratos en el Ministerio de Economía. Actualmente lidera Ceiling Solutions S.A., además de otras firmas como la agropecuaria Las Mañanas y la agencia publicitaria F2F Global. Norberto fue citado en reiteradas oportunidades en Comodoro Py por presuntas irregularidades en contratos estatales, especialmente por sobreprecios.
Por su parte, Luis Peluso continúa al frente de Linser, que ha sido notablemente beneficiada tras el regreso de Scioli a la administración nacional. En lo que va de 2024, la empresa obtuvo 20 contratos estatales —el doble que en 2023 y el triple que en 2022—, entre ellos tres licitaciones vigentes directamente vinculadas a la secretaría que comanda su viejo amigo.
En al menos dos de esos tres contratos activos, Linser no presentó la oferta más económica, pero resultó adjudicada por supuestas fallas técnicas de sus competidores. Esta situación también se repitió en otras ocho licitaciones ya finalizadas.
El 2025 apunta a superar esos números. El 6 de febrero, ANSES le adjudicó a Linser cinco contratos simultáneos para la limpieza de oficinas regionales en CABA, el conurbano bonaerense, Santa Fe y Entre Ríos, por un monto total de 17.827 millones de pesos, casi 14 millones de dólares al cambio oficial de ese momento.
El último contrato fue firmado el 28 de julio de 2025. Ese día, Scioli otorgó de manera directa un nuevo servicio de limpieza integral a Linser, que incluye además tareas de mozos y mantenimiento en oficinas del Instituto Nacional de Promoción Turística. El monto mensual asciende a casi 20 millones de pesos durante tres meses. Se suma a otro acuerdo similar de abril por 15 millones y a uno de enero por 47 millones. En total, los contratos firmados solo este año entre Linser y la Secretaría de Scioli suman más de 80 millones de pesos.
Amistad de larga data, negocios familiares y una presencia constante en los contratos públicos: la historia de Peluso y su cercanía con Scioli vuelve a evidenciar cómo los vínculos personales siguen abriendo puertas en el Estado.
Ritondo destacó que la coalición responde a los aprendizajes de errores cometidos en elecciones anteriores, especialmente las del año 2023, enfatizando la necesidad de unidad en la oposición. Según explicó, el PRO tomó esta decisión por “responsabilidad” más que por “conveniencia”, llamando a la ciudadanía a fiscalizar activamente los comicios.“Entendimos algo que la gente nos repite en cada encuentro: vayan juntos. Basta de dividir el cambio. Basta de especulaciones”, afirmó.
Por su parte, Karina Milei defendió el acuerdo con un discurso combativo contra el kirchnerismo, afirmando que la elección presenta solo dos opciones: “Esto es kirchnerismo o libertad”. Durante la presentación formal, efectuada simbólicamente en el Día de la Independencia, Sebastián Pareja, representante territorial de LLA, enfatizó que esta alianza marca el fin definitivo de la era kirchnerista en Buenos Aires.
Sin embargo, persisten importantes conflictos internos. Algunos intendentes del PRO, especialmente cercanos a Jorge Macri y Daniel Angelici, cuestionan las condiciones impuestas por LLA. Un punto crítico es la distribución desigual de espacios: el PRO recibiría únicamente el 20% de las listas de legisladores provinciales, equivalente a seis lugares.
En Vicente López, la negociación entre Soledad Martínez (PRO) y LuisPalomino (LLA) enfrenta desafíos mayores debido a las exigencias libertarias, que incluyen obtener más del 50% de la lista de concejales y el control sobre cargos municipales clave, como el Defensor del Pueblo.
En Puan, Diego Reyes rechazó categóricamente las condiciones de LLA y considera alternativas políticas como aliarse con el peronismo no kirchnerista o la UCR. En Pergamino, Javier Martínez también evalúa opciones fuera del acuerdo, como una alianza con los hermanos Passaglia, líderes del espacio “Hechos”.
Asimismo, dirigentes del PRO como Ritondo y Diego Santilli sospechan que Jorge Macri podría estar incentivando la resistencia interna en algunos municipios. Esta tensión interna también llevó a algunos intendentes del PRO a considerar competir con boletas cortas, es decir, presentarse sin alianza.
Sobre el rol del expresidente Mauricio Macri, Ritondo afirmó contar con su respaldo, aunque fuentes internas señalaron que Macri desconfiaba inicialmente de LLA, recomendando una directriz genérica: “Hagan el mejor acuerdo posible”.
La coalición electoral se inscribirá formalmente bajo el nombre Frente La Libertad Avanza, adoptando los colores y símbolos de LLA, excluyendo el tradicional amarillo del PRO. Este último punto también generó malestar en ciertos sectores del PRO, evidenciando la fragilidad subyacente del acuerdo. Todos estos conflictos y detalles deberán resolverse antes del cierre definitivo de listas previsto para el próximo 19 de julio.
A horas del cierre de listas, la alianza Nuevos Aires —conformada por el Partido Renovador Federal, la Unión Celeste y Blanco y Confianza Pública— oficializó su desembarco en La Plata y presentó candidatos a diputados provinciales por la Octava Sección y a concejales en el distrito. El abogado penalista y excandidato a intendente Marcelo Peña encabezará la nómina legislativa, en un armado que reúne a sectores libertarios “blue”, referencias del PRO y una pata radical.
El espacio es impulsado por el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Fabián Luayza (bloque Unión Renovación y Fe), y por Gustavo Cuervo. También se incorporó la intendenta radical de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez. En las últimas horas se sumaron a la estructura dos dirigentes del PRO: Adriana Cáceres, concejal de Pilar, y Alejandro Trotta, referente en Lomas de Zamora. La jugada consolida a los libertarios que en 2023 integraron La Libertad Avanza pero ahora buscan construir identidad propia con un acuerdo amplio.
Lista de diputados provinciales por la Octava Sección Marcelo Adrián Peña Karina Edith Vanoni Mariano Andrés Erzi Ivana del Pilar Nieva Ricardo Raúl Zic Claudia Karina Pavón
Lista de candidatos a concejales en La Plata Agustín Nahuel Schmidt Karen Elizabeth Shaarp Pedro Fernando Serino Julieta Vanina Cazzulo Luis Adrián Arrúa Verónica Soledad Haag Jorge Martín Gómez Irma Elena Aued Lucas Damián Chaulet Estefanía Denisse Morales Ubaldo Ariel Barrios Mendora Manuela Julieta Terán Aguilar
Ante la Oficina Anticorrupción, el diputado nacional Máximo Kirchner declaró una fortuna de $8.311.567.011,23, cuando en el período fiscal anterior había consignado $4.719 millones. El incremento fue cercano al 76% en un año. No incorporó nuevas propiedades ni más dólares: mantuvo los mismos bienes muebles e inmuebles, y la variación respondió a la cotización de la divisa estadounidense y al aumento de la valuación de sus propiedades.
Detalló una tenencia de US$2.905.572, la misma cantidad que en el período fiscal previo. Al tipo de cambio oficial declaró $2.929.834.061,34, cifra que representó gran parte de los más de $8.300 millones que, al 31 de diciembre de 2024, poseyó.
El patrimonio incluyó 27 propiedades, de las cuales solo dos fueron adquiridas con recursos propios. Las valuó en $2.349.841.381,8. En la declaración anterior había consignado el mismo listado —casas, departamentos, terrenos (mayoritariamente en El Calafate) y un local comercial— por $1.190.524.306,16. Esos inmuebles provinieron de la sucesión del ex presidente Néstor Kirchner y de la donación en vida realizada por Cristina Kirchner.
Las acciones de las empresas familiares también mostraron un salto significativo. Los Sauces SA, inmobiliaria investigada por lavado de dinero que llegó a tener como principales inquilinos a Lázaro Báez y Cristóbal López, fue declarada por Máximo Kirchner en $1.507.421.976,50. Poseyó el 55% del paquete accionario. En el período anterior la valuó en $719.847.540,50. Hotesur SA, dueña del hotel Alto Calafate y también bajo investigación por maniobras de blanqueo, fue valuada en $1.086.116.594,00. El diputado declaró el 50% de sus acciones. En la declaración anterior figuró en $405.366.129,56. La tercera firma, Co.Ma. SA, nunca realizó actividades y solo cuenta con un terreno baldío en El Calafate; fue valuada en $93.354.
Declaró además deudas por $86.963.957,66, con acreencias a favor de Hotesur SA, Los Sauces SA, el Condominio Máximo Kirchner y Florencia Kirchner que administra las propiedades heredadas, y con el ARCA. Como ingresos por trabajo, alquileres y otras rentas netos de gastos, expresó $67.018.272,22. También registró dos vehículos obtenidos con ingresos propios por más de $18,5 millones.
Mientras se conoció el patrimonio de Máximo Kirchner, en el marco de la causa Vialidad la ex presidenta Cristina Kirchner fue intimada a depositar, de forma solidaria con los demás condenados, US$537 millones en concepto de decomiso. El Tribunal Oral Federal 2 indicó que esa cifra representó “gravísimos hechos de corrupción”. Si el 13 de agosto no se deposita el monto consignado, la Justicia procederá a la ejecución de bienes embargados.
El fiscal general Diego Luciani presentó un listado con todas las propiedades declaradas por Máximo Kirchner al considerar que se trató del mismo acervo patrimonial. En marzo de 2016, la ex mandataria hizo una cesión en partes iguales de su patrimonio a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Para entonces ascendía a $74 millones. Desde entonces solo conservó el usufructo de un conjunto de propiedades: el departamento de Uruguay y Juncal, el de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario, la residencia de Río Gallegos y la de El Calafate.
Su última declaración patrimonial ante la OA, correspondiente a su último año como vicepresidenta, expuso una fortuna de $250 millones. Entre sus bienes consignó tener un auto 0 km, el usufructo del departamento del barrio de Recoleta y de un terreno en la villa turística santacruceña, además de acciones de Mercado Libre y Apple, entre otras.
La renuncia de cincuenta de los 193 docentes del Instituto Dámaso Centeno, dependencia educativa del Ejército, expuso la profundidad del conflicto que atravesó la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Los salarios resultaron insuficientes frente a los $780.000 que cobraron sus pares porteños.
Ante la pérdida de capital humano, el director del establecimiento, coronel Juan Sancho Vilarullo, advirtió que “si no les aumentan el sueldo a los docentes, el colegio no es viable”. El reclamo se extendió a padres, exalumnos y estudiantes, quienes realizaron un abrazo simbólico para visibilizar la demanda.
Fuentes militares afirmaron que “Petri le encargó a los jefes de las Fuerzas Armadas cerrar toda escuela que no sea imprescindible”. La instrucción paralizó concursos docentes en la Armada y sometió a revisión al menos veintiséis centros, entre ellos la Escuela de Artes y Oficios Navales y la Escuela de Pesca, además de varios liceos donde los cadetes ya abonaban matrícula. De forma paralela, los liceos militares registraron renuncias semanales de profesores, atraídos por mejores ingresos en los sistemas educativos nacional, provincial y porteño.
El Instituto Dámaso Centeno cobró cuotas mensuales de $178.000 en secundaria y $150.000 en primaria; esos montos fueron transferidos íntegramente al Tesoro. “El colegio genera caja y Defensa se agarra la guita y les paga a los docentes como empleados del Ejército, pero el colegio tiene caja como para pagarles los salarios de un colegio secundario de la Capital, que son el doble de lo que cobran”, describió una fuente cercana al conflicto.
La UNDEF se creó el 19 de noviembre de 2014, mediante la Ley 27.015, con la finalidad de integrar y modernizar la formación académica de más de cincuenta institutos de las Fuerzas Armadas —entre ellos la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Naval y la Escuela de Aviación Militar—.
Sin embargo, la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), plasmada en el Informe N.º 42/2018, exhibió carencias críticas: ausencia de Tesorería, Compras, Contrataciones y Administración de Personal; inexistencia de manuales de procedimiento; liquidaciones irregulares de vacaciones y contrataciones directas sin competencia. El informe también acreditó que la universidad destinó $18,5 millones —el 97 % de un refuerzo presupuestario gestionado en 2016— a la compra de LEBACs sin intervención de la Tesorería General.
A pesar de tales observaciones, los funcionarios señalados conservaron sus posiciones. Julio Spota pasó de decano a rector; Hernán Isasmendi continuó como secretario general con control de las finanzas; y David Zeigner ascendió de subsecretario de Coordinación Administrativa a secretario. El presupuesto asignado a la UNDEF para 2024 totalizó $3.703 millones, un incremento interanual del 106%, sin impacto favorable en las remuneraciones docentes.
La SIGEN también cuestionó la capacidad de la UNDEF para cumplir sus metas académicas. Entre 2015 y 2023, la conducción operó como “caja política”: durante la administración kirchnerista, el viceministro Sergio “Sapito” Rossi controló la estructura; luego, en las gestiones radicales de Julio Martínez, Oscar Aguad y Luis Petri, la influencia recayó sobre Isasmendi, vinculado al bloque radical en Diputados.
“La reciente remoción de la vicerrectora Dolores Letterier, designada por el ministro Petri, tras denunciar irregularidades internas, confirma que todo intento por sanear la institución encuentra una férrea resistencia de quienes controlan su conducción” puede leerse en un comunicado.
El contraste se profundizó cuando el presidente Javier Milei exigió auditorías estrictas a la Universidad de Buenos Aires. Mientras el Poder Ejecutivo reclamó transparencia en las universidades autónomas, la UNDEF, la única institución dependiente en forma directa del Ministerio de Defensa, se negó a nuevas revisiones con idénticos argumentos a los del resto del sistema universitario.
Las unidades académicas de las Fuerzas Armadas desempeñaron una doble función: impartieron formación militar y expidieron títulos universitarios bajo supervisión de la UNDEF. Cada escuela contó con un director militar y un decano —generalmente un oficial retirado con titulación de grado— que reportó al rector. No obstante, “en vez de que la plata que pagan los padres vaya al instituto, va al Ministerio de Defensa y ahí se pierde en una nebulosa, por lo cual pagan un montón de plata y los institutos están cada vez peor”, explicó otra fuente del sector.
Así, la institución que debía servir de modelo de gestión estatal permaneció bajo las mismas autoridades y replicó las prácticas administrativas cuestionadas en 2018. Sin auditorías frescas ni mejoras salariales, la fuga de docentes dejó a los liceos militares sin profesionales calificados y elevó la presión sobre un sistema educativo castrense ya tensionado.
El gobernador Axel Kicillof cesanteó a veinticuatro oficiales superiores de la Policía Bonaerense tras una auditoría de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) que “constató la veracidad de las denuncias anónimas” sobre una maniobra política dentro de la fuerza. Los operativos sorpresa se realizaron el miércoles pasado en dependencias de conducción ubicadas en el Bosque de La Plata y otras delegaciones.
Entre los desafectados quedó la cúpula completa de la Dirección de Prevención Ecológica y Sustancias Peligrosas, incluido el comisario mayor responsable del área. Fuentes oficiales indicaron que “están involucrados en esta maniobra, oficiales que tenían cargos directivos en la línea de manejo de la Policía”. También fueron puestos en disponibilidad preventiva efectivos de Tres de Febrero y Exaltación de la Cruz.
El ministro de Seguridad, Javier Alonso, explicó en Radio 10 que Asuntos Internos recibió “una denuncia anónima muy completa con mucho detalle que daban cuenta de la confabulación de unos 24 policías”. El grupo habría utilizado oficinas y recursos estatales para apoyar al ex comisario Maximiliano Bondarenko, candidato de La Libertad Avanza‑PRO a diputado provincial por la estratégica Tercera Sección del Conurbano.
Según Alonso, los implicados “diseñaron una serie de medidas urgentes que dispondrán cierto nivel de intervención de la Policía y parte de esas medidas sugerían a ellos como nuevos responsables de la institución en lo que sería un golpe al comando institucional”. Las auditorías hallaron conversaciones de WhatsApp, nombres, audios, hojas con membretes de LLA, computadoras con fondos de pantalla del “León” que identifica al presidente Javier Milei y borradores de proyectos de ley sobre seguridad destinados a la Legislatura. Además, se detectó la redacción de un proyecto de reforma de la Policía en el que los involucrados se autoincluían en niveles de conducción jerárquica.
Por infringir el Decreto‑Ley 9.550 (artículo 58, inciso 10), que prohíbe la participación político‑partidaria del personal en actividad, los efectivos fueron cesanteados y puestos en disponibilidad preventiva. La cartera de Seguridad bonaerense elevó las actuaciones a la Justicia Penal para establecer si cometieron delitos.
Las medidas también suscitaron críticas de la oposición. Patricia Bullrich escribió en X: “El inútil de Kicillof cesantea a 24 policías solo porque cree que apoyan a Maximiliano Bondarenko. ¿La causa? Ninguna. Pura persecución política. No echó a los que atacaron TN. No echó a los que agredieron a Espert. Pero sí a quienes ponen el cuerpo todos los días para cuidar a los ciudadanos que viven en la provincia de Buenos Aires. Una locura total. El Gobernador toma partido: siempre a favor de los delincuentes, mientras los bonaerenses están cada vez peor”. En la misma línea, Cristian Ritondo posteó: “Kicillof desplazó a 24 policías por supuesta ‘vinculación política’. Ahora, ¿sabes qué hace para que el conurbano deje de estar tomado por los ladrones y asesinos? ABSOLUTAMENTE NADA. Rápido para perseguir policías, lento para perseguir a los delincuentes. Inutilidad y cobardía”.
Bondarenko —concejal de Florencio Varela, coordinador de LLA en ese distrito y ex candidato de Facundo Manes— fue propuesto por Karina Milei y responde políticamente a Sebastián Pareja, presidente partidario en la provincia. El sábado, anunció en redes sociales: “Es un honor anunciar que seré candidato a la lista de diputados por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, representando a la Libertad Avanza”. Agregó: “Estoy decidido a dar la batalla que nadie se anima a dar. Porque ya no podemos seguir mirando para otro lado mientras la inseguridad, el narcotráfico y el abandono arrasan con nuestros barrios”.
– El ministro de Seguridad de PBA, Javier Alonso
La Tercera Sección, que abarca diecinueve distritos con casi cinco millones de votantes, constituye un bastión peronista donde Kicillof apuesta gran parte de su capital político. Bondarenko competirá contra Verónica Magario, vicegobernadora y candidata de Fuerza Patria, por un escaño en la Legislatura, tras una disputa interna entre Kicillof y Máximo Kirchner que frustró la postulación de Mayra Mendoza.
Alonso advirtió que la intervención evitó “un antecedente muy complicado para la Policía Bonaerense” y recordó que el presidente Milei planteó una intervención federal tras calificar de “baño de sangre” la situación en el Conurbano. Fuentes de Seguridad señalaron que los oficiales proyectaron purgas y retiros obligatorios para quedarse al frente de áreas clave de la institución.
Si Bondarenko asume su banca el 10 de diciembre, sus vínculos con los jefes desplazados podrían quedar bajo la lupa judicial.
Una asambleísta formalizó su denuncia tras ser agredida por “Chanchi” Riquelme en Nashville. El expediente ya tiene derivaciones civiles en la Argentina y profundiza la crisis institucional que rodea a la gestión Riquelme.
Bajar los aranceles a los bienes de capital es de las cosas más importante que podemos hacer para estimular el crecimiento de la economía y de los salarios reales. Viva la motosierra! VLLC! https://t.co/hzCxUpr1Ts
