EL GOBIERNO LO SABE MUY BIEN: Sin Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), o al menos con la firma de una Carta de Intención, no puede haber acuerdo con el Club de París. Y si para abril Argentina no consigue renovar sus cuentas con el organismo que maneja Kristalina Georgieva, entrará también en default con el Club. Esto quedó claro en las reuniones que Martín Guzmán mantuvo con la conducción de este grupo de países a fines de junio del año pasado, donde el ministro de Economía logró cerrar un “puente de tiempo”; por el cual los acreedores esperarían a que el país termine de diseñar y firmar un acuerdo con el Fondo; condición indispensable para avanzar luego en un plan de pagos con el Club.
Mientras tanto, la deuda con los estados acreedores agrupados en este último organismo quedaría suspendida, a la espera del cierre con el FMI y la confirmación de un nuevo cronograma de pagos con los privados. Argentina debe al Club unos u$s2.000 millones, luego de restar los aproximadamente u$s430 millones que se pagaron el 31 de julio del año pasado, como parte del acuerdo firmado un mes antes.
Esa liquidación había sido presión de Japón, uno de los acreedores, país que para aceptar firmar el “puente de tiempo”, exigía que hubiera una liquidación de buena voluntad por parte de Argentina. En aquellos tiempos Japón exhibía su mala vibra al contabilizar que a China no se le suspendían los pagos y a los acreedores del Club sí.
Esos 2000 millones pueden ser eventualmente renegociados en un plan flexible y casi imperceptible, comparando con el resto de las deudas que tiene el país. Pero antes, según la propia estructura orgánica del Club, debe haber un acuerdo con el FMI. Esta condición la conocía Guzmán desde el primer momento, y por esto negoció un “puente de tiempo” que le diera aire a la Argentina en lugar de deber liquidar el vencimiento de junio pasado de casi u$s2.450 millones. Un dinero que de haber sido liquidado, hubiera sido un golpe mortal para las reservas del Banco Central; en tiempos en los que el mercado medía jornada a jornada el nivel de compras y ventas de divisas de la entidad que maneja Miguel Pesce. Lo mismo que ahora.
Guzmán logró con esa negociación, inédita y fruto de la diplomacia directa con los jefes de Estado de los países acreedores, que los vencimientos se prorroguen; pero no pudo evitar que todo se relacione con el FMI. La fecha del 31 de marzo impuesta con el Club no es caprichosa. En marzo de 2022 Argentina deberá afrontar el primer y crucial pago de unos u$s4.039 millones (3.567 millones de capital y unos 472 millones de intereses) que se le deben al FMI por el stand by firmado durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018. Se trata del vencimiento más oneroso desde que está vigente el acuerdo hoy suspendido; y que antecede a un complicadísimo año donde Argentina debería pagarle al Fondo unos u$s22.000 millones totales incluyendo capital e intereses; estos últimos sin calcular punitorios; los que el país espera se eliminen. En junio 2022 vencen otros u$s5.353 millones con el FMI, divididos en 4.943 millones de capital y 410 millones en intereses.
El mayor pago de todo el stand by llegaría tres meses después. En septiembre habría que girarle al Fondo unos u$s5.931 millones de capital y otros 340 millones de interés; lo que representaría el mayor desembolso de todo el plan firmado en el 2018. En diciembre de 2022 habría que pagar unos 5.631 millones de capital y 269 millones de intereses. Hasta aquí, la administración de Alberto Fernández y su ministro Martín Guzmán siempre cumplió en tiempo y forma con los pagos al organismo, incluyendo tanto los intereses liquidados por el stand by como las cuotas mensuales que Argentina debió concretar para mantener su estatus de socio con el FMI. Y lo bien que hizo. Esos compromisos son los que habilitaron, por ejemplo, al país a poder recibir los u$s4.350 millones en DEG que en la última semana de junio del año pasado, con lo que se pudieron hacer frente a los pagos de los u$s1800 millones de septiembre y diciembre; más los U$S 830 millones de este mes.
Desde el Club de París se defendió el acuerdo firmado en junio del año pasado, que sólo le daba tiempo al país pero no le permitía a cerrar un plan de pagos; con el argumento de no quedar en la historia como los culpables de haber llevado al default a un deudor, en medio de la crisis mundial provocada por la pandemia y por menos por u$s2.000 millones. Y más si se trataba de un deudor que no pedía dinero, sino renegociarlo. Eran además tiempos, de crisis interna en la coalición gobernante sobre qué hacer con las negociaciones con el FMI, con divisiones de criterio entre cerrar un acuerdo y romper con el organismo si este no aceptaba un Facilidades Extendidas a más de 10 años y una quita de tasas de interés. Ninguna de las dos cosas se lograron con el tiempo. Se entendía que el plazo a marzo 2022 sería plazo suficiente como para cerrar el acuerdo con el FMI y retomar las negociaciones con el Club. No alcanzó el tiempo para ninguna.
Argentina había ingresado el viernes 4 de junio del año pasado en default con el organismo, luego que hubieran pasado 30 días desde el vencimiento del 4 de mayo de 2020; logrando el calificativo de incumplidor por segunda vez en 20 años. Con el acuerdo firmado un mes después, Guzmán logró quitarlo de esa situación, pero a la espera de un Facilidades Extendidas con el FMI. Ese default fue un caso inédito (por lo negativo) en la breve historia de la entidad, luego de haber dejado de pagar los compromisos en 2001 tras la libertaria declaración de default generalizado de Adolfo Rodríguez Saá del 22 de diciembre de ese año. Luego, bajo la gestión del entonces ministro de Economía Axel Kicillof, el país regularizó en mayo de 2014 la relación con la negociación de un nuevo plan de pagos, que en mayo de 2019 volvió a incumplir el Gobierno de Mauricio Macri.
*Fuente: Ámbito Financiero
