Alberto volvió a cargar contra la Justicia: “Los únicos privilegiados son los jueces”
El Jefe de Estado volvió a cargar contra el Poder Judicial y afirmó que su espacio está trabajando para que los únicos privilegiados vuelvan a ser los niños.
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Este jueves, Alberto Fernández encabezó un acto en Mar del Plata desde el imponente palacio Instituto Inzué, donde fue a anunciar nuevas medidas que favorecerán más de “9 mil niñas y niños sin cuidados parentales que viven en hogares y dispositivos de cuidados residenciales o familiares“.
El Presidente fue acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y la titular de ANSES, Fernanda Raverta, entre tantos otros dirigentes que se hicieron presentes.
“Acompañamos al presidente Alberto Fernández en el histórico Edificio Unzué de Mar del Plata, para el anuncio de la extensión de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales. ¡Todas las infancias, todos los derechos!”, anunció la ministra de Desarrollo Social. La exdiputada nacional consideró que esta medida garantizará los derechos “para más de 9 mil pibas y pibes alojados en espacios de cuidado, públicos o privados, así como en dispositivos familiares”.
De igual manera opinó la titular de ANSES, quien publicó en sus redes: “Con este anuncio desde ANSES seguimos abrazando a cada niña, niño y adolescente de la Argentina que no han crecido con su familia. Es importante que sepan que cuentan con un Estado presente que articula con cada provincia y localidad por la universalidad de sus derechos”.
⬆️ Esta medida tiene como objetivo la implementación de un pago mensual equivalente al 100% de la #AUH o de la AUH con Discapacidad para chicas y chicos de hasta 18 años.
En el discurso de apertura, Fernández apuntó contra quienes critican el gasto público y comentó: “Si alguien piensa que estamos gastando plata, soy feliz en gastar plata en justicia social“. “Lo que estamos haciendo tiene una sola palabra: justicia”, insistió.
“Hoy lo que estamos anunciando es que 9.000 chicos que por el solo hecho de no tener madre tiene el mismo derecho y lo que estamos haciendo es ampliando los derechos de ellos. Algunos dicen que en política todo es lo mismo, pero no somos todos iguales“, siguió.
Con el inicio de una ofensiva contra el Poder Judicial en puerta, Fernández se lanzó a cuestionar el accionar de los jueces, y comentó: “Algunos creemos que eso se llama inversión social, otros piensan que ‘así es la vida’. Alguno se animó a decir que ‘pobres hay en todos lados’. Nada es más indecente que animarse a convivir con la pobreza porque la pobreza es, para aquel que abrazó la política, un permanente reclamo al alma terminar con semejante injusticia”, selló su oración con el aplauso de los presentes.
A su vez, Fernández resaltó que desde su espacio “creen en eso” porque “desde chiquitos escuchamos y aprendimos que donde hay una necesidad hay un derecho, a pesar de lo que dice algún juez“. Fue allí donde recordó a Evita y dio inicio a una serie de cuestionamientos contra el Poder Judicial.
"Evita vivió en un país en el que los únicos privilegiados eran los niños. Hoy estamos en un país donde los únicos privilegiados son los jueces, pero vamos a volver a ser un país donde los únicos privilegiados sean los niños y las niñas", aseguró.
Por el final de su alocución, el Primer Mandatario ponderó los valores de la democracia y se lamentó: "Sé que la democracia tiene deudas con la sociedad, que no ha podido resolver todo y sé que tenemos que asumir de cara a los ciudadanos las deudas que tenemos que cumplir", en ese sentido, pidió poner por delante otra utopía, la de la igualdad social.
"Aunque digan que vivimos en un país de cuarta, somos un país maravilloso. Tenemos a los mejores hombres, las mejores mujeres y vamos a construir ese país pese a quien le pese, porque millones de argentinos están reclamando vivir en ese país", cerró.
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El ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, WaldoWolff, confirmó este jueves que el gobierno presentará en marzo un proyecto para endurecer las penas contra los cuidacoches, más conocidos como “trapitos”, tras el brutal ataque a un médico en el barrio de Flores. La iniciativa busca modificar la legislación actual, que solo considera esta actividad como una contravención, y permitir la detención efectiva de los infractores.
La decisión se tomó luego de episodios recientes de violencia, entre los que destacó el caso del médico golpeado con una madera por negarse a pagar $5000 por el estacionamiento. El agresor, actualmente detenido, fue uno de los 600 “trapitos” arrestados durante enero, aunque todos fueron liberados debido a que la normativa vigente no permite retenciones prolongadas sin agresiones comprobadas.
“Tenemos un problema legislativo porque hoy es una contravención y ni siquiera va detenida la persona”, explicó Wolff. Según detalló, la ley actual establece penas de uno a dos días de trabajo comunitario o multas de alrededor de $30.000, que “nunca se cobran”. El ministro subrayó que, sin cambios en el Código Penal, la policía “no puede hacer más” y pidió que los legisladores nacionales avancen con el proyecto de reiterancia delictiva, que busca evitar la “puerta giratoria” judicial.
Wolff criticó la falta de avances en el tratamiento de la reiterancia a nivel nacional, clave para endurecer las consecuencias ante reincidencias. “Si no cambiamos la legislación, la policía más no puede hacer”, afirmó. El proyecto nacional propone considerar reincidente a quien haya recibido dos o más condenas firmes a penas privativas de libertad, excluyendo delitos amnistiados o cometidos por menores de 18 años. Además, establece que las condenas en el extranjero serán válidas si el delito amerita extradición.
La víctima del ataque en Flores, cuyo caso impulsó la medida, relató que sigue “conmocionado” por lo ocurrido. “Estoy para ayudar a la gente, y estar implicado en una situación en la que te tenés que agarrar a trompadas para salvarte la vida es una locura”, declaró. Narró que, al estacionar, el “trapito” le exigió dinero y, al no tener efectivo, el sujeto lo amenazó: “Si no, te rompo todo, te mato”. Tras intentar calmarlo, el médico recibió un golpe en la cara con una tabla, lo que le provocó lesiones en la boca y la pera.
Wolff mencionó que, en eventos masivos, los “trapitos” detenidos son llevados a un “corralito” temporal, pero deben ser liberados por orden fiscal. La propuesta porteña, coordinada con el jefe de gobierno Jorge Macri, apunta a que estos casos deriven en prisión efectiva. El ministro insistió en que “quienes están en el ámbito legislativo deben darle herramientas a la policía y fiscales” para evitar más episodios violentos.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció la baja de Ingresos Brutos y Sellos en la provincia y resaltó que en su primer año de gestión logró el equilibrio fiscal. El mandatario provincial del PRO calificó ambos tributos como “impuestos regresivos que desalientan la producción, la inversión y la generación de trabajo” y aseguró que planeaba eliminarlos de manera progresiva.
“Primer año de gestión: equilibrio fiscal y baja de ingresos brutos y sellos”, afirmó Frigerio en sus redes sociales. Al referirse a la situación económica, subrayó: “Bajamos el gasto público y, con un 20% menos de recursos, pasamos de una provincia con déficit a tener equilibrio fiscal”. Agregó que “con mucho esfuerzo” cumplieron con los vencimientos de la deuda en dólares heredada de la gestión anterior y expresó: “Estamos seguros de que este es el camino”.
Frigerio informó que presentó en la Legislatura un proyecto para reducir Ingresos Brutos y Sellos “y continuaremos en este sendero hasta eliminarlos, como ya hicimos en algunos sectores”. El gobernador destacó que estas iniciativas surgieron tras los lineamientos que el gobierno nacional estableció luego de reducir temporalmente las retenciones al campo.
Por su parte, el senador provincial Rubén Dal Molín, del bloque Juntos por Entre Ríos, brindó detalles sobre la Reforma Tributaria impulsada. Explicó que, tras reuniones con la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER) y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se introdujeron “mejoras significativas” en la legislación. “Son cuestiones de fondo que pretendemos aprobar tal como las envió el Ejecutivo”, afirmó el legislador.
Entre las reducciones planteadas, Dal Molín señaló:
Industria en general: bajó la alícuota de 1,5% a 1% (una disminución del 33%).
Comercio: pasó de 5% a 4% (una reducción del 20%).
Servicios de salud: se redujo de 2,5% a 2% (una baja del 20%).
Suministro de electricidad y gas para actividades industriales, producción primaria y comercio: descendió de 2% a 1% (se redujo a la mitad).
En el Impuesto a los Sellos, se propusieron rebajas para sectores como el transporte, maquinaria agrícola y la inscripción de vehículos 0 km. Además, se incluyeron cambios en la determinación de la base imponible para excluir ingresos provenientes de IVA, impuestos internos y/o venta de bienes de uso.
Dal Molín recordó que los Ingresos Brutos representaron alrededor del 75% de los recursos provinciales y remarcó que en 2017 se había firmado un pacto fiscal que apuntaba a la disminución de este tributo. Según el senador, aquella iniciativa sufrió distorsiones, motivo por el cual el Gobierno provincial retomó la senda de la reducción al lograr el equilibrio fiscal en el primer año de gestión.
Mientras tanto, en Chubut, el gobernador Ignacio Torres anunció que eximiría de Ingresos Brutos y del Impuesto Inmobiliario Rural al sector productivo ganadero. “Es posible gracias a una administración eficiente de los recursos, que nos permitió alcanzar un escenario de superávit financiero en apenas un año”, aseguró en un comunicado oficial. También anticipó que eliminaría la “ridícula tasa del zorro”, tributo que consideró “un impuesto absurdo que contribuía a que la provincia sea más burocrática y regresiva”.
El Gobierno de Entre Ríos, en línea con estas medidas, presentó su proyecto de Reforma Tributaria con el objetivo de seguir reduciendo gravámenes como Ingresos Brutos y Sellos. De esta manera, continuó con los planes de aligerar la carga fiscal y fomentar la producción, la inversión y la generación de empleo en el territorio entrerriano.
Por orden de la Justicia, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, dispuso la baja de un grupo de militares retirados que tenían condenas en causas por delitos de lesa humanidad ligados a su actuación durante la última dictadura. El Gobierno difundió la resolución 2025, fechada el lunes 27 de enero de 2025, y también aludió a la resolución 72/2005, firmada por Petri a requerimiento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Defensa aclaró que no se trató de “una decisión unilateral”, sino del cumplimiento de una “orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal”.
La medida abarcó a 23 oficiales superiores retirados del Ejército, entre ellos combatientes de la guerra de Malvinas. Uno de los más conocidos fue el coronel retirado Horacio Losito, condenado a prisión perpetua y quien, una semana después de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, obtuvo la libertad condicional. A diferencia de los militares que pasan a retiro (conservan grado y estado militar), los dados de baja pierden su condición de integrantes de las Fuerzas Armadas. Según se informó, las esposas de los oficiales retirados comenzarán a percibir la correspondiente pensión. En la lista figuraron:
Generales de División retirados: Eduardo Rodolfo Cabanillas.
Generales de Brigada retirados: Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saa, Federico Antonio Minicucci
Coroneles retirados: Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaiza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozarán, Carlos Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.
– Hubo cuestionamientos a la resolución firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri
En el artículo 2 de la resolución 2025, el ministro Petri instruyó al Jefe del Estado Mayor del Ejército, Xavier Isaac, para que inicie los trámites de baja de Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y Suboficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, en la medida en que sus causas alcancen sentencia firme.
Distintas organizaciones del ámbito castrense cuestionaron la disposición y aludieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas: “La Procuraduría de Investigaciones Administrativas dependiente de la Procuración General de la Nación, le ha requerido al Ministerio de Defensa que proceda a dar de baja a personal militar condenado por los hechos ocurridos en los años 70 del siglo pasado. Dicha Procuraduría no es un órgano judicial y no está habilitada para ordenar absolutamente nada, ni al Poder Ejecutivo, al Legislativo, ni al menor de los Jueces de la República”, expresaron en un pronunciamiento conjunto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Foro de Generales Retirados y el Foro de Almirantes, entre otras entidades.
Estas organizaciones consideraron que “es necesario que la nueva política, que se ha manifestado hasta ahora tan valiente y lúcidamente contra el núcleo mismo del siniestro pacto que signó el rumbo de nuestra Argentina en los últimos veinte años, disponga el cese de estos juicios de venganza”, en alusión a las causas judiciales que se reabrieron en el período kirchnerista contra militares y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos. Argumentaron que esos procesos “fueron materializados con el único fin de mantener vivo el odio, la discordia y los millonarios negociados llevados adelante, hasta el día de hoy, bajo su amparo”.
A su vez, las entidades señalaron que la baja “alcanza a muchos oficiales que tenían grados subalternos al momento de los hechos, algunos de los cuales fueron condecorados por el valor en combate en la Guerra de Malvinas”, en referencia al coronel Losito. También advirtieron que, al afectar la jubilación de retiro, “deja en la indigencia a adultos mayores viudos de un ingreso alimentario generado en base a aportes que no pueden ser confiscados”. Agregaron que los fundamentos de la resolución citan tratados internacionales que, según su postura, “nada disponen respecto de la baja de personal militar y la quita de haberes”, recordando que la baja militar está contemplada en la ley 19.101, vigente desde 1971 para el personal de las Fuerzas Armadas.
“Se trata de otra de las lamentables consecuencias de la ilegal reapertura de estos juicios contra el personal militar, de fuerzas de seguridad y de fuerzas policiales que combatieron el terrorismo en los años 70, así como civiles incluidos en esos procesos”, concluyeron las entidades.
Por su parte, el general José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, lamentó la “decisión administrativa” y sostuvo: “Esta destitución no es solo un acto administrativo; es un mensaje claro a todos los que sirvieron y sirven a la Nación: el sacrificio por la Nación será ignorado si no se ajusta al relato del momento”. Expresó que la medida “afectó a quienes dieron todo por la Nación y profundizó las heridas ya abiertas” y añadió: “Un gobierno que asumió con todas las expectativas sectoriales favorables debe recuperar la credibilidad de esta parte de los argentinos, colocando esta problemática en agenda, definirse y darle una respuesta política acorde a sus manifiestas convicciones que compartimos”.
Figueroa recordó que “las consecuencias de toda guerra, más interna, requiere una solución política, como en su tiempo lo hicieron Raúl Alfonsín y Carlos Menem, colocándose por encima del enfoque parcial y especulativo que luego adoptaron los Kirchner, que hoy orienta los aspectos políticos y jurídicos del Estado en este aspecto”.
La Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), a través de su referente Cecilia Pando, también emitió un duro comunicado titulado “Una resolución que desgarra el alma”. Sostuvo que la decisión “se basa en un pedido del Ministerio Público Fiscal efectuado en el mes de octubre del 2024 en base a tratados y convenciones internacionales de derechos humanos a los cuales estaría obligado nuestro país”.
Señaló que la disposición “sumó a la vergonzosa condena judicial por delitos inexistentes en el momento de los hechos, la actual baja de la institución a la cual consagraron sus vidas”. Pando consideró que la sanción “desgarra el alma por tratarse de un gobierno que ha hecho de la batalla cultural contra el progresismo marxista el fundamento espiritual de su gestión” y añadió: “No se comprende que autoridades del Poder Ejecutivo se arrodillen sin vergüenza y sin ninguna resistencia a los pedidos ilegítimos de la corporación judicial”.
AFyAPPA, junto con otras organizaciones como la Asociación de Abogados Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica, la Unión de Promociones, la Unión de Personal Militar Asociación Civil, la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo y el Centro de Estudios Salta, exigió “el cierre definitivo de esta tragedia” y exhortó al presidente Milei y al ministro Petri a “no destruir nuestras esperanzas”.
El presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, concurrió el pasado jueves a la sede del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) junto a representantes del Centro y la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas, para reunirse con la subinterventora de la entidad, Marina Alegre. Durante el encuentro, se confirmó la decisión del gobernador Rogelio Frigerio de concretar la afiliación a la obra social de entrerrianos que combatieron en el conflicto bélico y sus esposas e hijos menores de edad.
“Tenemos el mandato y una decisión firme del gobernador de que estas demandas tienen que llegar a un resultado positivo y en eso hemos trabajado desde el primer minuto en la Cámara: hacer que las cosas que les importan a los entrerrianos sucedan. Tuve la gran oportunidad, como representante del gobierno provincial, de iniciar la gestión y de acompañar”, sostuvo Hein luego de la reunión.
El presidente de la Cámara baja destacó la “apertura y la capacidad de trabajo” de la subinterventora del Iosper para hacer posible “una reivindicación y una decisión de saldar las deudas pendientes que se tienen con los veteranos”. A su vez, recordó que “Malvinas es una causa diaria, no solamente para el 2 de abril”.
Acerca de los resultados de esas gestiones, consideró: “Lo que ha ocurrido hoy podemos resumirlo en lo que los veteranos siempre nos han legado: no abandonar la lucha, más allá de las tormentas que hemos pasado y estamos pasando, de la desidia y del abandono que ellos han sentido por la falta de empatía de un Estado muchas veces ausente. Hemos decidido poner en valor los temas reales, donde el Estado tiene que estar presente. Lo hacemos con lo que nos incumbe desde la Cámara y bajo la norma de un gobernador que ha decidido tomar el toro por las astas y mostrar otra manera de hacer política”.
Por su parte, Alegre brindó precisiones sobre la cobertura. “Nuestra provincia tenía una gran deuda pendiente que es la afiliación de 33 veteranos de Malvinas, que no han sido incorporados a la obra social. A partir de ahora lo serán, porque hay un derecho, hay una ley que los avala y es una reivindicación histórica que la provincia les debe”, dijo, y agregó que “esta afiliación es para ellos, para sus esposas, e hijos de hasta 21 años y hasta 25 si estudian y tienen los certificados correspondientes. Tienen los mismos beneficios que cualquier otro afiliado”.
“Tenemos que hacer pequeñas modificaciones en el sistema y en no más de diez días ya van a gozar de todos los beneficios de ser afiliados, completó, tras lo cual destacó que “fue muy importante la gestión de Gustavo Hein”, a través de quien tomaron conocimiento del expediente que se encontraba a la espera de una resolución.
En tanto, Oscar Eguias, presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos, remarcó que se trataba de “una deuda pendiente de hace más de 30 años, hay mucha gente sin obra social y lo que más necesita hoy un viejo veterano es salud”. Y agregó: “Valoramos la reivindicación por parte de Hein y Alegre. Nos vamos muy contentos con este trámite que termina después de un largo camino”.
Acerca de la situación de los veteranos que se beneficiarán con esta decisión, dijo: “Hasta ahora era precaria, sin la cobertura que necesitaban. Son 49 veteranos, de los cuales 33 presentaron la documentación. Hoy tenemos la certeza de que hemos sido escuchados y de que esta gente va a tener Iosper, que es la obra social que nos dieron gobiernos anteriores por ley”.
De la reunión también participaron Julia Garioni, secretaria de la Cámara de Diputados; Joaquín Castellano, gerente de Prestaciones del Iosper; Ladi Ojeda, vocal del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Paraná, y RicardoÁlvarez, secretario del Centro y de la Federación de Veteranos de Entre Ríos.
El Gobierno nacional decidió dar de baja el Programa de Fortalecimiento Comunitario, una iniciativa que brindaba subsidios a comunidades indígenas para asesoramiento legal y técnico en conflictos de tierras. La decisión se formalizó con la Resolución 8/2025, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Claudio Avruj, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Según el documento oficial, la medida respondió a la falta de mecanismos de control adecuados y a la detección de desvíos en la ejecución de los fondos.
El Programa estaba destinado al “otorgamiento de subsidios destinados a afrontar las erogaciones económicas que acarrean las labores profesionales ejercidas en acciones y/o defensas judiciales, asesoramiento jurídico contable, capacitación legal y ejecución e inscripción de mensuras, todo ello tendiente a consolidar la posesión de las tierras que ocupan las Comunidades Indígenas existentes en el país y con el objetivo de alcanzar su definitiva propiedad comunitaria”. No obstante, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) detectó “deficiencia y desvíos” en los informes de auditoría, entre ellas la inexistencia de herramientas de registro y sistematización de datos “que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios no reintegrables de fortalecimiento Comunitario otorgado desde su creación”.
La resolución resaltó que el programa no cumplió con sus objetivos fundacionales y que no disponía de un sistema de monitoreo que permitiera evaluar su impacto real. El texto oficial señaló: “Se ha constatado que el Programa de Fortalecimiento Comunitario no cuenta con una herramienta de registro y sistematización de la información que permita identificar y cuantificar el resultado o impacto de los subsidios otorgados”. En el mismo sentido, la decisión gubernamental argumentó la necesidad de “dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”.
Asimismo, el Gobierno enmarcó la iniciativa en la emergencia pública decretada en diciembre de 2023 mediante el decreto 70/2023, al sostener que “es imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que atraviesa el país”. De acuerdo con funcionarios del INAI, la administración de Javier Milei buscó reorganizar el sistema de asistencia y reducir la cantidad de subsidios directos, con miras a instaurar nuevos criterios de transparencia y eficiencia.
Por medio de la Resolución 8/2025, el titular del INAI resolvió: “Derógase la Resolución INAI N° 235/2004 del 19 de octubre de 2004, mediante la cual se resolvió crear el Programa de Fortalecimiento Comunitario en la órbita del INAI”.
En paralelo, el Gobierno también adoptó otras medidas que afectaron a distintas comunidades. Hace poco menos de una semana, el INAI revocó el permiso de ocupación de tierras a la comunidad indígena del pueblo Qom, Asociación Civil Comunidad Indígena “Añi Alba de Colonia 54 Nagui Aiem”, ubicada en la localidad de Makallé, Chaco. La Resolución 5/2025 publicada en el Boletín Oficial anuló el reconocimiento previo de ocupación tradicional y pública del lote 175 de Makallé, el cual había sido otorgado mediante la Resolución INAI N° 144/2023 del 29 de noviembre de 2023.
La revocación surgió a partir de una denuncia de Mariel Luisa Crespo, quien se presentó como copropietaria de una fracción del inmueble en disputa y afirmó que el procedimiento administrativo vulneró su derecho al debido proceso y a la defensa. Tras analizar la documentación, el INAI determinó que el relevamiento inicial omitió antecedentes jurídicos y títulos de propiedad que acreditaban los derechos de Crespo. En consecuencia, el organismo dio lugar al recurso de revisión y resolvió invalidar el permiso de ocupación. La nueva resolución especificó: “El planteo de inexistencia de la comunidad indígena como sujeto de derecho, su denominación y localización, deberá ser tratado por ante el organismo con competencia indígena de la provincia del Chaco, en tanto no resulta del análisis de los obrados”.
Las autoridades provinciales evaluarán las próximas acciones con relación al reconocimiento de la comunidad en esa jurisdicción y la situación de la propiedad del inmueble, en concordancia con las disposiciones del INAI.
En un encuentro celebrado este martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein, recibió al intendente de Colón, José Luis Walser, para delinear posibles acciones compartidas entre ambas instituciones. El diálogo se centró en dos ejes fundamentales: la concientización sobre la importancia de no consumir alcohol al conducir vehículos y la implementación de estrategias de promoción de la salud mental, con énfasis en la prevención del suicidio.
La reunión respondió a la necesidad de articular políticas públicas que aborden estos problemas de manera integral en la provincia. En relación con la iniciativa de “alcohol cero”, Walser subrayó la importancia de contar con mayores recursos para reforzar los controles viales en su jurisdicción.
“Venimos de varias reuniones con Gustavo Hein, alguien que escucha lo que pasa en el territorio. Trabajamos en el marco de su decisión de involucrarse en temáticas que van más allá de lo legislativo, como el programa de alcohol cero”, resaltó el presidente municipal. Añadió que, próximamente, Colón podría firmar un convenio con la Presidencia de la Cámara para reforzar estas medidas de control:
“Estamos a punto de firmar un convenio con la Presidencia de la Cámara para tener un nuevo alcoholímetro en nuestra ciudad. Colón tiene una temporada turística de muchísima ocupación y permanentemente controlamos esta problemática. Por eso este compromiso del presidente es fundamental”.
En paralelo, ambas partes abordaron la necesidad de impulsar acciones de promoción de la salud mental, con el objetivo de prevenir el suicidio. Walser explicó: “Esto es muy necesario en los territorios. Sabemos que hay un alto grado de suicidios en la provincia y Colón es, lastimosamente, uno de los departamentos que tiene mayor índice. Así que vamos a trabajar de la mano”.
El intendente también destacó el trabajo que el municipio viene realizando desde el Área de Salud en materia de prevención. “Coincidimos en generar acciones concretas para poder brindar herramientas, sobre todo a los jóvenes, que son quienes atraviesan procesos complejos con las adicciones y con otras problemáticas y que necesitan el acompañamiento del Estado”, enfatizó.
Tanto Hein como Walser reafirmaron el compromiso de fortalecer la cooperación institucional para afrontar estas problemáticas con políticas conjuntas. De este modo, procuran sumar esfuerzos para mejorar el bienestar de la comunidad y salvaguardar la seguridad vial en toda la región.
