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El presidente Alberto Fernández decretó que, en las ciudades donde hay mayor riesgo epidemiológico, a partir de las 0 del viernes no se podrá circular entre las 24 y las 6 de la mañana.
Asimismo,los bares y restaurantes deberán cerrar a las 23. Las medidas, que afectarán a la Ciudad de Buenos Aires y 44 municipios del conurbano bonaerense, además incluyen la suspensión de las actividades sociales en domicilios particulares.
Tampoco se podrá realizar reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de 20 personas y cerrarán los bingos, discotecas, casinos y más. Se suspenden también las prácticas recreativas de cualquier deporte en lugares cerrados donde participen más de 10 personas.
En las últimas dos semanas, según fuentes del Ministerio de Salud, los distritos que se encuentran en esta situación aumentaron de 48 a 87, lo que incluye casi 26 millones de personas.
“Como Presidente de la Nación tengo la responsabilidad política de tomar las riendas y seguir conduciendo al país. Pero en estas circunstancias prima mi condición humana que me obliga a cuidar la vida y la salud antes que nada”, sostuvo Fernández, quien también resolvió interrumpir los viajes grupales de egresados, de estudio y de grupos turísticos. El objetivo, según explicaron fuentes oficiales, es continuar “desalentando” los viajes al exterior.
Durante dos días, el Presidente buscó avanzar en un acuerdo político que contenga a los 24 gobernadores. En esto trabajaron el Presidente, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro del Interior, Eduardo De Pedro. Pese a diferencias de matices, lo que demoró la salida del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
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El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, anunció este lunes la anulación de 770 contratos irregulares realizados durante las gestiones peronistas en la Legislatura provincial entre 2008 y 2018. La decisión, de carácter administrativo, fue comunicada en una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno junto a la vicegobernadora y presidenta del Senado, Alicia Aluani, y el presidente de la Cámara de Diputados, Gustavo Hein.
“Hemos decidido ponerle fin a una historia donde la política le dio la espalda a los ciudadanos frente a hechos dramáticos”, sostuvo Frigerio, quien calificó la causa como “una de las más importantes de corrupción en la historia del país”. La medida va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares.
La investigación judicial, conocida como causa “Beckman y otros”, comenzó en 2018 tras detectarse maniobras sospechosas vinculadas al retiro de dinero con múltiples tarjetas de débito desde cajeros automáticos. Las pesquisas revelaron que los fondos estaban asociados a contrataciones ficticias de personal en ambas cámaras legislativas. Hasta el momento, 32 personas fueron imputadas y se encuentran en condiciones de ir a juicio, mientras que otras diez solicitaron la suspensión del proceso mediante probation.
Frigerio enfatizó que “la política no puede quedarse de brazos cruzados frente a esta realidad, mirando al costado”. En esa línea, pidió a las autoridades legislativas que dispongan formalmente la nulidad de los contratos. “Después, exigiremos la devolución de esos recursos que se han robado a los entrerrianos”, señaló.
– La medida de Frigerio va en paralelo a la causa penal que investiga un desfalco millonario en la Legislatura provincial, actualmente estimado en 53 millones de dólares
Según la acusación fiscal, los delitos que se investigan son asociación ilícita, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Si bien en la causa no aparecen legisladores imputados, sí fueron involucrados responsables administrativos de ambas cámaras, un estudio contable encargado de coordinar las operaciones y empleados encargados del cobro de los fondos.
El mandatario provincial explicó que, tras la anulación, se activará un proceso administrativo para recuperar el dinero sustraído. “Le pediremos al fiscal de Estado que intente la recuperación de esos recursos. Es probable que muchos de los imputados y de los que tuvieron los contratos, aun sin estar procesados, al menos analicen la devolución”, expresó.
El reclamo formal del Estado provincial alcanza los 373 millones de pesos, sin contar la actualización por intereses. “No tenemos un número preciso como para plantear. La Justicia tendrá que determinar cuál es el monto actualizado del dinero que se le robó a los entrerrianos”, aclaró Frigerio.
En paralelo al proceso judicial, mientras se desarrollaba la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, en el Palacio de Justicia provincial se llevaban adelante audiencias vinculadas a las suspensiones de juicio a prueba de los imputados.
Frigerio destacó también que su gestión redujo a la mitad la cantidad de contrataciones en las cámaras legislativas. “Lo dijimos en campaña y lo estamos cumpliendo. Lo primero que hicimos frente a este tema fue bajar a la mitad los contratos de Diputados y Senadores”, afirmó. Y concluyó: “Estamos dando un paso más. Queremos que los que le robaron la plata a los entrerrianos la devuelvan”.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres anunció este jueves que el Estado provincial denunciaría al juez de Familia de la localidad de Sarmiento, Santiago Martín Huaiquil, por ordenar a la obra social provincial Seros que cubriera el 100% de una cirugía de cambio de sexo. El mandatario consideró que el fallo “pone en riesgo al sistema de salud” y definió al magistrado como “demagogo, irresponsable e ignorante”.
Según detalló Torres, la intervención quirúrgica demandaría “millones de pesos que exceden los costos de los tratamientos oncológicos más caros”. El gobernador explicó que, al asumir, encontró a Seros con undéficit de más de 6.000 millones de pesos y que, para su gestión, el fallo del juez Huaiquil “no tiene por qué ser cubierto” por la obra social. “Estos jueces creen que pueden fallar cualquier cosa sin contemplar la factibilidad financiera o económica, y eso es un riesgo enorme para todos los chubutenses”, señaló.
Torres remarcó que no permitiría que “un juez ideologizado y populista vuelva a fundir nuestra obra social”, y adelantó que haría “un cruce con todos los amparos presentados y los fallos que nos obliguen a cubrir prestaciones que no tiene por qué cubrir nuestra obra social”. Entre los puntos que el magistrado ordenó cubrir se incluyeron “feminización facial, contorno de frente, rinoplastia, blefaroplastia, pexia de cejas y cantopexia, lifting facial, genioplastia, contorno de mandíbula, transferencia de grasa facial, más toda la cobertura sanatorial y honorarios médicos”.
“Se trata de un conjunto de intervenciones estéticas para modificar la apariencia de género que la obra social no tiene por qué cubrir. Esto no es una batalla cultural, sino una discusión sobre derechos y obligaciones”, puntualizó el mandatario provincial. “Desde el día uno de gestión les dije que cada vez que nos encontráramos con un cuello de botella que atente contra el desarrollo de la provincia, íbamos a dar todas las peleas que sean necesarias de cara a la ciudadanía”, agregó.
No es la primera vez que el Poder Judicial ordenó a Seros cubrir una cirugía de readecuación corporal. En septiembre de 2021, el juez de Familia de Trelew, Daniel Manse, resolvió que la obra social debía brindar cobertura a un adolescente trans de 17 años, luego de que el joven presentara un recurso amparado en la Ley 26.743 de Identidad de Género.
Esa ley ordena la inclusión de los tratamientos de adecuación de género en el Programa Médico Obligatorio (PMO). Sin embargo, en febrero pasado, el Gobierno anunció la prohibición de tratamientos de hormonización e intervenciones quirúrgicas para cambio de sexo en menores de edad, derogando los artículos que permitían a los menores modificar su nombre, sexo y someterse a cirugías de este tipo. Desde entonces, “los efectores del sistema público de salud, ya sean estatales, privados o del subsistema de obras sociales, ya no deberán garantizar este tipo de prácticas, por lo que dejarán de estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio (PMO)”, precisaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.
Dentro de las operaciones afectadas se incluyeron procedimientos como mastectomía, vaginoplastia, faloplastia y otras intervenciones de adecuación de género.
El Senado de la provincia de Buenos Aires votó este martes por la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para el año 2025, en sintonía con el pedido del gobernador Axel Kicillof. Sin embargo, el oficialismo no logró avanzar con las modificaciones a los plazos del calendario electoral que también formaban parte del proyecto original. La iniciativa continúa su trámite en la Cámara de Diputados.
Durante la sesión, solo se debatieron y aprobaron los artículos 1 y 2 del proyecto, excluyendo los incisos 3 y 4 que planteaban cambios en los tiempos de convocatoria, presentación de listas, alianzas y boletas. Esta exclusión dejó en evidencia el impacto político del comunicado difundido un día antes por la líder del Partido Justicialista (PJ), Cristina Fernández de Kirchner, quien expresó: “solicité que transmitan a los compañeros y compañeras de ambas bancadas, que acompañen, en la parte pertinente, el proyecto de ley del compañero gobernador que fuera firmado por la oposición”.
El mensaje de CFK implicó que el kirchnerismo acompañaría solo los primeros dos artículos del proyecto, y que no avalaría alterar el cronograma electoral vigente. La exmandataria también criticó el desdoblamiento dispuesto por Kicillof, con el calificativo de “error político”.
El proyecto original del Poder Ejecutivo respondía a una recomendación de la Junta Electoral bonaerense en caso de suspenderse las PASO y avanzar con un esquema de elecciones concurrentes. No obstante, los artículos 3 y 4 que preveían flexibilizar los plazos fueron descartados. Entre ellos, se incluía la posibilidad de convocar a elecciones con al menos 100 días de anticipación, registrar alianzas 80 días antes y presentar listas y boletas con 70 y 50 días, respectivamente.
El texto aprobado finalmente establece la suspensión del régimen de PASO por única vez en 2025, con excepción de los artículos 16 y 17 de la ley vigente. De este modo, la campaña electoral podrá comenzar 30 días antes del comicio y deberá finalizar 48 horas antes del mismo.
– Carlos Curestis
En el debate parlamentario, las posiciones políticas quedaron expuestas. Sergio Vargas, senador de La Libertad Avanza, celebró el acuerdo multipartidario: “Hemos trabajado todos los bloques para flexibilizar posiciones y tratar este proyecto”. Su compañero de espacio y presidente del bloque, Carlos Curestis, fue más tajante: “Venimos trabajando para eliminar las PASO. Que los bonaerenses se ahorren 150 mil millones de pesos es importante”.
Desde la UCR, el senador AgustínMáspoli reconoció el consenso alcanzado, pero cuestionó los tiempos del debate: “Discutir cuestiones electorales en un año electoral no es lo ideal. Estamos fuera de tiempo por las tensiones internas del oficialismo”.
– Christian Gribaudo
El presidente del bloque PRO, Christian Gribaudo, apuntó en la misma dirección: “Algunos pensaban que esto era una interna del oficialismo, pero es un debate dentro de cada fuerza. No puede haber más modificaciones del Ejecutivo a las reglas del juego”.
Por el oficialismo, Teresa García, presidenta del bloque de Unión por la Patria en el Senado, ratificó la posición del kirchnerismo: “Creemos que es mejor una sola elección, concurrente. Este no era el momento de experimentar. Ya hubo suficiente incertidumbre con la Boleta Única. No creemos en la municipalización ni en la provincialización de la política, apostamos a un proyecto nacional”.
– Teresa García
García también destacó la decisión de Cristina Kirchner como una “salida por arriba” ante el desdoblamiento impuesto por el Ejecutivo: “Es de una enorme inteligencia política. Sabemos que pagamos un costo, pero los dirigentes deben asumirlos”.
En tanto, el senador Federico Faggioli, también de Unión por la Patria, se abstuvo de la votación. Representante del sector Patria Grande, que lidera Juan Grabois, sostuvo que su espacio sigue respaldando las PASO.
En la Cámara de Diputados provincial, la Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por la legisladora Gabriela Lena, debatió este miércoles un proyecto de ley que busca modificar el Código Procesal Penal para incorporar la figura de la reiterancia delictiva como criterio a considerar en la disposición de la prisión preventiva.
La iniciativa, presentada por la diputada Carola Laner, apunta a brindar al Poder Judicial una herramienta que permita, en caso de considerarse necesario, ordenar la prisión preventiva de quienes persisten en la comisión de delitos a la espera del juicio. Durante la primera reunión para su tratamiento, participaron como invitados el procurador general del Ministerio Público Fiscal, Jorge Amilcar García; el asesor del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia, Raúl Avero; y Juan Pablo Ballhorst, responsable de la Coordinación Legal y en Materia Contenciosa Internacional de Derechos Humanos de la Secretaría de Justicia.
En relación con la propuesta, la diputada Laner explicó: “Hace muchísimo tiempo venimos analizando este proyecto. En diferentes reuniones, la sociedad nos muestra una preocupación latente que es la famosa puerta giratoria, que ha servido para empoderar delincuentes”, haciendo alusión a la liberación inmediata de personas detenidas.
“Esa demanda de la sociedad tiene relación con datos empíricos. Por ejemplo, en Concordia, el 70% de las detenciones son de personas reiterantes. Lo mismo sucede en Paraná y en diferentes ciudades”, añadió la legisladora. Además, destacó que en otras jurisdicciones, como Tucumán y Mendoza, la figura de la reiterancia delictiva “bajó muchísimo los índices delictivos”. También mencionó que se incluyó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y recientemente se aprobó en el Congreso de la Nación.
Por otro lado, la comisión abordó un proyecto de resolución impulsado por Gabriela Lena que propone otorgar un reconocimiento y beneplácito a los veteranos de guerra de Malvinas oriundos de Entre Ríos. Para exponer sobre el tema, se hicieron presentes integrantes del Centro de Veteranos de Paraná.
La propuesta solicita al gobierno provincial la creación y entrega de una distinción honorífica en reconocimiento al mérito y servicio de los veteranos entrerrianos que, por motivos de radicación, hoy residen fuera del territorio provincial. Con esta iniciativa, se busca saldar una deuda histórica y honrar el compromiso de quienes defendieron la soberanía nacional.
Si bien está ampliamente documentado que La Libertad Avanza (LLA), bajo el mando de SebastiánPareja, atraviesa un proceso de autodestrucción en la provincia de Buenos Aires -donde la práctica stalinista de eliminar a los viejos camaradas es una constante-, es en Avellaneda donde el sainete libertario alcanza su máxima expresión. En este distrito del sur del conurbano, el “armado” del espacio liderado por Javier Milei se convirtió en un entramado de experonistas, barrabravas, operadores K y empresarios de obra pública que conviven entre contradicciones y escándalos de corrupción.
En un principio, el armado local de LLA estuvo bajo el mando de Arnaldo “Peppo” Díaz, un oscuro personaje recordado por su participación en un escándalo de cámaras ocultas. Sin embargo, su papel protagónico fue opacado rápidamente por Cristian Frattini, barrabrava del Club Deportivo Dock Sud, y empresario de la construcción con fuertes lazos con el intendente kirchnerista Jorge Ferraresi, uno de los principales alfiles del gobernador Axel Kicillof.
Frattini es socio de Ariel Ricardez en la firma Geo Movimientos SA, una constructora que provee obras a la municipalidad de Avellaneda. Además, ambos integran J.B.D. SA (CUIT 30-71549004-4) y, según registros consultados por este medio, Ricardez aparece vinculado a la firma CETACO SA (CUIT 30-61788800-5), beneficiaria de múltiples contratos durante los gobiernos kirchneristas, como la emblemática remodelación de la Estación de Trenes de La Plata.
En Avellaneda nadie duda de que Frattini es un “caminante de los senderos peronistas”: militó junto a Hilda “Chiche” Duhalde, integró el armado de Roberto Lavagna y Margarita Stolbizer con la agrupación 5 de Abril, y siempre se movió con la bendición de Ferraresi. Que hoy sea el máximo referente local de los libertarios es un gesto más de la descomposición política general.
Su desembarco formal en el mundo Milei se produjo a mediados de 2024, cuando fue nombrado interventor de la mesa de coordinación. Desde entonces, Frattini protagonizó una seguidilla de escándalos que combinan elementos de política y marginalidad. Al inaugurar el local partidario en Gerli, lo hizo acompañado por barrabravas de su entorno, incluyendo a un referente del paravalanchas del Club Atlético Independiente vinculado a Pablo Alejandro “Pepote” Álvarez, quien quedó a cargo del espacio.
Uno de los episodios más grotescos de esta tragicomedia fue el apoyo explícito de Frattini a “Peppo” Díaz como referente de LLA en el Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda. En marzo de 2024, con bombos y platillos, celebró la ampliación del bloque tras el ingreso de dos concejales del Pro, dejando a Díaz como presidente del mismo. Sin embargo, apenas una semana más tarde, luego de que Díaz apareciera en medios involucrado en presuntos actos de corrupción, Frattini se desdijo y pidió su expulsión.
La contradicción es brutal: mientras afirma que Díaz fue expulsado en septiembre de 2023 por “hechos de corrupción”, en diciembre lo sostenía públicamente, y en marzo de 2024 lo colocaba al frente del bloque. La pregunta que recorre los mitines libertarios en Avellaneda es si Frattini peca de ingenuidad política o si participa activamente de las mismas prácticas que denuncia.
– Una postal de cuando Cristian Frattini militaba junto al intendente K, Jorge Ferraresi
Detrás de todo, el aparato construido por Díaz sigue operando. Quienes tomaron las terminales locales de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) siguen allí, sin cuestionamientos. Un caso paradigmático es el del actual director de la UGL PAMI Avellaneda, Pascual Sanseverino, quien llegó al cargo gracias a Díaz y a su operador Julián “Jaimito” Laham. La semana pasada, Sanseverino sorprendió a todos al aparecer públicamente apoyando la candidatura del técnico de fútbol Ricardo Caruso Lombardi a legislador… por una lista contraria a LLA en la Ciudad de Buenos Aires.
– Pascual Sanseverino junto a Carusso Lombardi
¿Ignorancia política o cinismo puro? ¿Será, como especulan algunos, que Sanseverino padece alguna clase de deterioro cognitivo? Lo cierto es que sigue en funciones y nadie en LLA parece haberse enterado.
El único desplazado: el que no quiso “recaudar”
En contraste con la impunidad generalizada, el único director apartado de su cargo en Avellaneda fue Martín Irrazabal, militante de larga trayectoria en defensa de los derechos de las personas con discapacidad -una causa que lo toca personalmente-, quien fue separado por presuntamente negarse a participar del esquema recaudatorio instalado en el PAMI local.
Mientras tanto, Sanseverino sigue paseándose como si nada, y Frattini, con su confusa conducción, mantiene una estructura que responde más a viejos códigos del conurbano peronista que a las ideas libertarias con las que Javier Milei llegó a la presidencia.
En un giro inesperado dentro del Pro, Fernán Quirós, actual ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, se diferenció públicamente de Horacio Rodríguez Larreta, quien recientemente lanzó su campaña para las elecciones legislativas porteñas. Quirós expresó sus reservas sobre la estrategia de su exjefe, especialmente en lo que respecta a las críticas hacia la gestión de Jorge Macri, actual jefe de Gobierno de la ciudad.
El ministro dejó claro en una entrevista que no está de acuerdo con las tácticas confrontativas que Larreta lleva adelante en su campaña: “No es por ahí”, y agregó: “La política es construir, no golpear”.
A pesar de las críticas hacia Larreta, Quirós reafirmó su apoyo al actual jefe de Gobierno, Jorge Macri, a quien considera “fundamental” para continuar con el proceso de transformación que la ciudad necesita. “Mi compromiso está con Jorge Macri, y con la idea de construir una ciudad mejor, que es lo que nos une”, declaró.
El distanciamiento de Quirós llega en un momento de creciente tensión dentro del PRO, donde varios sectores de la oposición están involucrados en una serie de disputas internas. Cabe recordar que el pasado lunes, Jorge Macri se había diferenciado de la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich por la protesta y represión a los jubilados en el Congreso. La actitud crítica de Quirós también refleja la división que persiste en el partido, que se intensificó tras las diferencias entre los dos principales referentes, Larreta y Macri.
Aunque Quirós no descartó una posible candidatura en el futuro, dejó claro que su prioridad en este momento es contribuir al fortalecimiento del espacio político a través de un proyecto de consenso. “No se trata solo de aspirar a un cargo, sino de encontrar soluciones reales para la gente”, explicó.
La principal prioridad del PRO es mantener el control político de la Ciudad, territorio que gobierna hace 18 años. El pasado 19 de marzo, Jorge Macri selló el frente "Buenos Aires Primero", una alianza que agrupa al PRO junto con los partidos Demócrata, UNIR, Ciudades en Acción, Encuentro Republicano Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), liderado por el diputado Oscar Zago, ex presidente de la bancada La Libertad Avanza.
Se espera que hoy se avancen en las definiciones de candidaturas, de cara al cierre de listas del 29 de marzo. En medio de un gran hermetismo, comienza a circular con fuerza el nombre de María Eugenia Vidal, ex vicejefa de Gobierno y ex gobernadora bonaerense. Vidal, que ocupa el rol de jefa de campaña, recorre las comunas de la Ciudad bajo el lema "Fiebre amarilla", participando en actividades con vecinos y militantes del PRO.
