De cara a las elecciones de medio término, que ya tienen definidas sus fechas para las PASO (8 de agosto) y las generales (24 de octubre), el gobierno apura los tiempos para conocer la medición real de sus candidatos para lo que promete ser una dura prueba.
De acuerdo a los últimos sondeos, la imagen del presidente Alberto Fernández ha ido declinando de forma ininterrumpida desde el mes de marzo de 2020 hasta la actualidad, y el mismo fenómeno ha ido ocurriendo con sus dirigentes más cercanos.
En este escenario, la jefatura de Gabinete que preside Santiago Cafiero lanzó la licitación pública Nro. 999-0001-LPU21, que prevé un acuerdo marco para la contratación del servicio de realización de estudios de opinión pública. En pocas palabras, se tratará de 138 encuestas telefónicas, focus groups, entrevistas personales y comunidades de WhatsApp, con el objetivo de sondear a la población.
Para ello, el gobierno está dispuesto a gastar una suma multimillonaria. Con sólo explorar las diferentes ofertas, se observan cotizaciones como la de la firma Voices Research and Consultancy por 137 millones de pesos, Trespuntozero por 30 millones y una infinidad de montos que oscilan entre los 44 mil y los 3 millones de pesos, dado que el pliego aceptaba cotizaciones parciales. Los trabajos tendrán una duración por contrato de un año y abarcarán a todo el país, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La decisión de aprobar la licitación resultó un juego de costo de oportunidad para Alberto Fernández y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero. Con la economía en plena debacle, las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en punto muerto y el ministro Martín Guzmán buscando convencer inversores extranjeros por videoconferencia, el gasto de cientos de millones en encuestas se parece más a un manotazo ahogado electoral que a una estrategia pensada en el futuro de un país en crisis.
*Fuente: REALPOLITIK
