A pesar de la crisis, el empleo público sigue creciendo día tras día
Por día se suman 148 nuevos empleados públicos, a pesar de la norma impuesta a mediados del año 2022 que dicta la imposibilidad de sumar nuevos trabajadores al Estado.
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En el mes de julio de 2022 se había implementado una norma que impide el aumento de empleados públicos debido al riesgo inflacionario que esto podría conllevar, pero ésta no se logra cumplir, a tal punto que se siguen sumando nuevos empleados públicos al Estado argentino.
Desde aquel momento en el que Silvina Batakis había renunciado a su cargo como ministra de Economía y luego asumiese Sergio Massa, el Sistema Integrado Previsional Argentino sostuvo que “los dependientes pasaron de 3.375.757 a 3.429.784 que se registraron en mayo pasado”.
Profundizando en el asunto, una de las principales compañías estatales en generar este gran aumento (y la gran impulsora) fue Aerolíneas Argentinas ya que, durante julio del año pasado, de 997 incorporaciones, de la repartida de 342.678 de empleados estatales en total durante 2022, la cifra de 494 pertenecía a la línea aérea nacional.
Esto se dio a conocer luego que La Nación divulgara la información oficial del Ministerio de Trabajo, alegando que además “hay un promedio de 148 ingresos por día a alguna de las administraciones públicas”, algo que no ocurría desde la asunción de Néstor Kirchner como presidente en el año 2003, cuando los números de empleados públicos se incrementaron a gran escala.
Por otro lado, otro el informe que aportó la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas sostuvo que desde que el ex mandatario asumió en ese tan recordado 25 de mayo, hasta día de hoy, el empleo público incrementó un 78%. La cifra inicial con la que comenzó el ex gobernador de Santa Cruz fue de 2,207 millones. Hoy esa número está en 3,899 millones.
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La campaña agrícola 2024/2025 atraviesa un panorama complejo marcado por la baja de los precios internacionales, un factor que impacta directamente en la capacidad de los productores para afrontar insumos, costos e inversiones. En su informe mensual, CONINAGRO advierte que la soja es el producto que más poder de compra ha perdido en el último año y también en comparación con el promedio de los últimos cinco años.
El documento, que analiza el poder de compra de seis productos agropecuarios —soja, maíz, trigo, ternero, novillito y leche—, mide la capacidad de estos cultivos para adquirir una amplia gama de costos, insumos y servicios del sector, como herbicidas, fletes, maquinaria y otras 20 variables. El objetivo principal de este indicador es evaluar la competitividad de los productores a través de un análisis insumo-producto que relaciona los precios de los bienes con los costos que estos deben cubrir.
La soja, además de ser una referencia para la producción agrícola, “es el cultivo que mayor pérdida de poder adquisitivo ha tenido en el último año y respecto al promedio de los últimos 5 años”. El informe destaca, por ejemplo, la comparación con la maquinaria agrícola: en enero de 2025 se necesitaron un 20% más de toneladas de soja para adquirir una cosechadora que en el mismo mes del año previo. En términos absolutos, se requieren 1.650 toneladas, 270 más que un año antes.
Si se toma en cuenta el promedio de los últimos cinco años, el panorama es aún más negativo: se precisa un 39% más de soja para comprar una cosechadora, 42% más para una sembradora y 38% más para un tractor.
La apreciación cambiaria encarece en dólares algunos componentes de la estructura de costos que se expresan en pesos, como los fletes. Según el informe, en enero de 2025 se necesitó un 34% más de kilos de soja para costear un flete que en enero de 2024. Parte de esta suba se vincula al aumento en el precio del gasoil: se requirieron un 40% más de kilos de soja para adquirir un litro de combustible respecto al año anterior.
En el caso de los fertilizantes, la relación de intercambio entre soja y DAP (fosfato diamónico) muestra una leve mejora con respecto a 2024: en enero de 2025 se necesitaron 2,9 kg de soja para obtener 1 kg de DAP, frente a los 3,1 kg de un año antes, lo que implica una disminución del 6%. Sin embargo, en comparación con el promedio de los últimos cinco años, la diferencia sigue siendo desfavorable, con un 14% más de soja requerida.
Entre los pocos insumos que registran una mejora relativa para la soja, el glifosato sobresale: “En enero de 2025 se requirieron 34% menos kilos de soja respecto a enero de 2024, y cayó 22% con respecto al promedio de los últimos 5 años”. Este comportamiento responde a la baja internacional en los precios del herbicida, tras los récords alcanzados en 2022.
También destaca la reducción en el costo relativo de la tierra: en enero de 2025 se necesitaron 58,9 toneladas de soja para adquirir una hectárea, una mejora respecto de las 61,4 toneladas de un año antes (-4%). Al confrontar los valores actuales con el promedio de los últimos cinco años (65,2 toneladas), la disminución llega al 10%. Este fenómeno se explica en buena medida por la reducción de la brecha cambiaria, que mantiene el precio de los campos (en dólares MEP/Blue) relativamente estable frente al valor oficial de la soja.
Con este panorama, la soja se consolida como el cultivo más afectado por la pérdida de poder adquisitivo dentro de la producción agropecuaria argentina, reflejando el desafío que enfrentarán los productores durante la campaña 2024/2025 para mantener su competitividad. El informe de CONINAGRO ofrece una valiosa herramienta de análisis y alerta sobre la necesidad de estrategias que contemplen los efectos de la baja de precios y la apreciación cambiaria en los costos del sector.
En una entrevista reciente con Eduardo Prestofelippo —más conocido como El Presto—, el Secretario General del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta, cuestionó la relación entre la industria farmacéutica y el Estado, denunciando un entramado de intereses que impacta en el precio y el aumento a los medicamentos.
“Cuando a vos te financia un laboratorio, después ya perdés autonomía. No podés legislar para bajar el precio y eso es lo que le pasa a este gobierno; en honor a la verdad, no solo a este”, destacó el candidato a legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Durante la conversación, el especialista y dirigente político expresó su preocupación por la “connivencia” entre ambos sectores y el “acuerdo” que, según este, beneficia a las grandes corporaciones en detrimento de la población. Peretta explicó que los laboratorios financian campañas políticas con “millones de dólares” y, en consecuencia, “se aseguran de que el Ministro de Salud de turno, que el Director de PAMI, que el Titular de la ANMAD, sean ellos”.
“El PAMI tiene una fórmula especial para que no aumente tanto como la inflación, pero tampoco se cumple”, enfatizó Peretta, añadiendo: “El Precio de Venta al Público (PVP) tiene una evolución determinada, pero en el caso del PAMI, ese valor no se aplica directamente. En su lugar, se utiliza una fórmula especial cuya lógica es difícil de comprender, ya que es establecida por la propia industria farmacéutica, es decir, los laboratorios y las empresas de publicidad”.
Para el sindicalista, este vínculo entre los sectores impide la toma de decisiones que frenen el encarecimiento de los medicamentos, un mercado “totalmente concentrado” y “oligopólico”. Peretta reveló que de los 300 laboratorios existentes en el país, solo 60, es decir, el 20%, controlan el 80% o 85% del mercado.
“De los 8 mil millones de dólares que factura la industria farmacéutica argentina por año, los 60, o sea, este 20%, tienen el 85%… Es una locura”, declaró de forma contundente.
Como doctor en Farmacia y Bioquímica por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Peretta también se refirió al aumento de los medicamentos durante la gestión de Javier Milei. En este sentido, denunció que “durante el primer año de gestión aumentaron un 220%, mientras que la inflación fue de 117,8%”.
“Vos no podés sacar hoy en el 2025 una fórmula que no se condice con la verdad”, cuestionó Peretta, agregando: “Hablando de medicamentos, decís que aumentaron 2,8% y el que menos aumentó fue de casi 6,2% y nosotros tenemos que poner la cara en la farmacia. Estás mintiendo”.
En su análisis, aprovechó para destacar su visión de que el sindicalismo ha estado históricamente “muy atado a los gobiernos y muy alejado de los trabajadores”, lo que ha devenido en problemas estructurales como los antes mencionados y la alta informalidad laboral actual. Como ejemplo, mencionó la existencia de “9 millones de trabajadores en negro en la República Argentina”, de los cuales “500.000 (son) trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
“Hay poca competencia, hay 18 prepagas nada más, cuando da para mucho ser un mercado. Especialmente ahora que vos podes segmentar los planes en diferentes niveles: básico, intermedio y full. Pero el Estado tiene que estar para no olvidarse del paciente”, remarcó Peretta.
El aumento de las cuotas de las prepagas también es otro factor crítico, con muchos afiliados que terminan recurriendo al sistema público de salud, lo que genera una “saturación” en el sistema de salud público de CABA, que solo cuenta con 35 hospitales.
“Las guardias están colapsadas y los trabajadores de la salud no reciben una remuneración adecuada. Mientras tanto, el ministro de Salud, Fernán Quirós, totalmente ausente”, puso de relieve Peretta.
Durante el año pasado, las empresas de medicina privada subieron sus tarifas en un 124%, casi el doble de la suba registrada. A pesar de las denuncias y sanciones impuestas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), las subas continúan sin regulación efectiva. En este sentido, se critica la falta de intervención del Ministerio de Salud, cuyo titular, Mário Antonio Russo, está vinculado a una empresa de medicina prepaga.
El expresidente Mauricio Macri aseguró que los incidentes ocurridos ayer por la tarde en las inmediaciones del Congreso durante la manifestación de jubilados, gremios, organizaciones sociales e “hinchadas” buscaron desestabilizar a un gobierno democrático. En un extenso mensaje, recordó los hechos de diciembre de 2017, cuando intentó impulsar cambios en la ley de jubilaciones y se produjeron graves disturbios con “palos, piedras y bombas molotov” en la Plaza de los Dos Congresos.
“En 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por diputados del peronismo y de izquierda que buscaban crear un caos estratégico. Aquella escena tenía como objetivo directo desestabilizar a mi gobierno para que terminara mi mandato a la brevedad. Fue un auténtico intento de golpe de Estado, alentado y perpetrado por dirigentes opositores. Fracasaron, pero produjeron un daño inmenso”, expresó Macri en su comunicado, aludiendo a los episodios de aquella jornada que en su momento dejó la célebre frase “nos tiraron 14 toneladas de piedra”.
El exmandatario consideró que, en la protesta de ayer, se repitió el mismo patrón y apuntó contra barrabravas, a quienes acusó de actuar coordinadamente para provocar y atacar a la Policía. “Ayer, en una escena idéntica, se movilizaron con el nombre de ‘hinchadas argentinas’ a barrabravas de distintos equipos de fútbol para ejecutar una nueva desestabilización de la democracia. Escudados en algunos pocos jubilados, los barrabravas pusieron en práctica los tres movimientos que repiten en estas situaciones: provocar a la policía, atacarla, victimizarse”, sostuvo.
Macri enumeró que, en su visión, estos grupos primero buscan “desequilibrar a las fuerzas para generar una reacción”. Si eso no sucede, “pasan a atacar a la Policía con piedras y palos” y, cuando hay una respuesta “proporcional”, comienza la etapa de “victimizarse”. “El objetivo final que persiguen es crear en la opinión pública una imagen de alocada violencia estatal contra personas inocentes y trabajadoras que justifique interrumpir el orden democrático”, afirmó. Aseguró que en la movilización hubo consignas como “Esto no es democracia” y “Hay que sacarlos, ya”, a las que calificó como “golpistas”.
En el final de su mensaje, Macri se pronunció “en nombre de Pro”, fuerza política aliada al Gobierno pero con fricciones electorales recientes. “Los argentinos tienen que saber que nuestro compromiso con defender la ley y las instituciones es total. Repudiamos el ruin uso de la violencia y el desorden que vimos ayer para desestabilizar a un gobierno democrático. Lamentamos los heridos de gravedad que produjo esta acción irresponsable. El Pro no permitirá que los matones ocupen el lugar de la República”, concluyó.
Las autoridades nacionales, encabezadas por el presidente Javier Milei, también se manifestaron. Cuando terminaron las protestas, el Gobierno difundió un comunicado en el que confirmó que hubo 26 efectivos de las fuerzas federales y de la Policía de la Ciudad heridos, uno de ellos con un balazo en el brazo.Además, fueron detenidas 124 personas, de las cuales 114 quedaron en libertad por decisión de la Justicia.
Un escándalo sacudió a la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen (Salta) cuando la Policía Vial de San Ramón de la Nueva Orán detuvo a un funcionario por conducir bajo los efectos del alcohol. El hecho ocurrió el pasado sábado 8 de marzo, a las 2:56 de la madrugada, en la intersección de las calles Pueyrredón y Bolivia de la ciudad salteña de Orán. Al realizarle el test de alcoholemia, se comprobó que presentaba 1.41 gramos de alcohol por litro de sangre, y, según las imágenes difundidas por medios locales, se lo observó en un “estado totalmente deplorable”.
– Soledad Cabrera, intendente de Hipólito Yrigoyen
El conductor fue identificado como Carlos Ariel Cabrera, secretario de Gobierno del municipio de Hipólito Yrigoyen y hermano de la intendente, Soledad Cabrera. El portal InformateSalta confirmó tanto su identidad como su vínculo familiar con la jefa comunal. El funcionario se desplazaba en un Volkswagen Virtus y, de acuerdo con la información recabada, viajaba acompañado por el Director de Tránsito del mismo municipio y otro empleado de planta política.
Tras confirmarse la alcoholemia positiva, las autoridades labraron el acta de infracción, retuvieron la licencia de conducir del secretario y designaron a un chofer alternativo para proseguir con el traslado del automóvil.
– LA FOTO DIFUNDIDA POR MEDIOS LOCALES: Carlos Ariel Cabrera, secretario de Gobierno del municipio de Hipólito Yrigoyen y hermano de la intendente
A pesar de la gravedad de los hechos, la intendente Cabrera guardó silencio durante más de 72 horas. Se esperaba que durante la semana siguiente al episodio tomara una postura pública en relación con el accionar de su hermano y de los otros funcionarios. Hasta el momento, no se conocieron declaraciones oficiales que aclararan el futuro del secretario de Gobierno ni el de quienes lo acompañaban en el vehículo.
La comunidad de Hipólito Yrigoyen permaneció a la expectativa de las medidas que podría adoptar el gobierno municipal ante la conducta del funcionario, en vista de la responsabilidad que conlleva su cargo y del hecho de haber infringido las normas de tránsito en un contexto que comprometió la seguridad vial.
El Gobierno nacional firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia que aprobó un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas (Extended Fund Facility, EFF) con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con un plazo de amortización de diez años y un período de gracia de cuatro años y medio antes de comenzar los pagos. Según el texto oficial, este esquema buscó “cancelar letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del Banco Central de la República Argentina (BCRA)” y cubrir “obligaciones derivadas del Programa de Facilidades Extendidas firmado en 2022, cuyos vencimientos operen en los próximos cuatro años”.
La decisión, impulsada por el presidente Javier Milei, generó críticas de gran parte del arco político opositor y de algunos aliados, quienes cuestionaron la suscripción de una nueva deuda sin debate parlamentario. Mauricio Macri objetó que se recurriera a un decreto en lugar de pasar por el Congreso. Sin embargo, las autoridades defendieron la medida. Entre ellas, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el DNU y afirmó que la refinanciación ayudaría a “sanear el Banco Central” y a trazar “un sendero de crecimiento económico sostenible en el tiempo”.
– El presidente Javier Milei y el equipo económico de Luis Caputo en Olivos
“Es la primera vez que se hará un acuerdo con el Fondo para reparar el daño que la política le ha provocado a los ciudadanos vía el abuso del gasto público y consecuente déficit fiscal”, expresó Caputo desde su cuenta de X. Sostuvo que este nuevo crédito resolvería “el problema de los stocks (déficits acumulados del pasado), que derivaron en la apropiación de las reservas del Banco Central vía deuda del Tesoro Nacional”. Además, aseguró: “Saneado el desequilibrio del flujo y del stock, podremos finalmente terminar de derrotar la inflación”.
El DNU explicó que el programa con el FMI se extendería hasta 2035 y cubriría los pagos de la deuda en los próximos cuatro años, dejando la posibilidad de una renegociación futura. Según se detalló, en diciembre de 2023 las reservas netas del BCRA eran negativas por 11.200 millones de dólares y, al 6 de marzo de 2025, habían aumentado en 7.034 millones, aunque todavía se mantuvieron por debajo de cero en más de 3.000 millones.
El texto oficial defendió la medida para “fortalecer las reservas internacionales, garantizar la estabilidad macroeconómica y reducir la volatilidad financiera”. También indicó que el ajuste fiscal y la política de déficit cero provocaron una baja de la inflación interanual a 84,5 % en enero de 2025 y una disminución de la pobreza del 54,8 % al 38,9 % en el primer año de gestión, según estimaciones del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales basadas en datos del Indec.
No obstante, el decreto omitió detalles relevantes sobre la magnitud y el cronograma de los desembolsos, las tasas de interés aplicables y las metas macroeconómicas. “Omite todos los detalles clave, como la magnitud y el cronograma de desembolsos, las metas y las condicionalidades, entre otros aspectos”, apuntó el economista Gabriel Caamaño, de la Consultora Ledesma. Jorge Neyro, por su parte, resaltó que “el DNU reconoce que el programa con el FMI va a ser uno de facilidades extendidas, no un stand by, lo cual le da más plazo de pago al Gobierno por los fondos que tome”. En tanto, Andrés Reschini, de F2 Finanzas, afirmó que “el texto omite detalles tácticos, como metas específicas y el plan para liberar el cepo”.
– Gita Gopinath, subdirectora del Fondo Monetario Internacional
Otro punto crucial quedó vinculado a la posibilidad de recibir fondos adicionales. La consultora UBS aseguró que el FMI otorgaría 8.000 millones de dólares extra, algo que no figuró en el decreto. De acuerdo con su análisis, esta inyección adicional resultaría clave para que Argentina enfrentara sus próximos compromisos de deuda y fortaleciera las reservas del BCRA.
Caputo, quien también ocupó el Ministerio de Economía durante el gobierno de Cambiemos, confirmó que retomaría las negociaciones con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, para definir los términos finales y las condiciones de pago. El decreto en cuestión delegó en el Ministerio de Economía la firma de los acuerdos y especificó que sería remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso para su tratamiento legislativo.
Walter Klix, dirigente vinculado al PRO y exreferente de Boca Juniors, además de su rol como director nacional de Precursores Químicos y actualmente cumpliendo rol en la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, brindó una entrevista en la doceava transmisión de Perdón por la vehemencia (Canal EY!). En diálogo con Eduardo Prestofelippo, conocido como El Presto, analizó la situación del club y expuso su visión sobre la gestión en materia de seguridad y administración legal del actual presidente, Juan Román Riquelme.
“Boca está agrietado, igual que está el país”, denunció Klix, a lo que agregó: “Riquelme no solamente le puso valor, sino que a medida que se iban aceptando las exigencias económicas para su acompañamiento, las iba incrementando.”
Supo señalar que Riquelme negoció su respaldo a la fórmula oficialista en 2019 con Sergio Massa, quien era candidato a diputado nacional y tras tener detrás de sí la anterior gobernanza de Mauricio Macri —la era de oro para muchos—, decidió concretar una serie de exigencias económicas cada vez mayores que “no eran poquita cosa”, cerrando un trato en que “tenía todo acordado” para su apoyo y que imposibilita su “renuncia voluntaria”.
“Si hoy ya es difícil conseguir entradas para ver un Boca – Defensa y Justicia, imaginate lo que es para un Boca – River: simplemente no hay. Sin embargo, (el expresidente de Independiente, devenido en comunicador, Andrés) Ducatenzeiler logró ingresar al estadio. Me gustaría saber con qué entrada lo hizo, cuando hay 250.000 socios aún esperando su oportunidad. Mientras tanto, Riquelme elige beneficiar a sus amigos, a las empresas de turismo y a su propio bolsillo”, puntualizó Klix, a modo de ejemplificar el favoritismo en las entradas.
Asimismo, remarcó la fuerte injerencia política en la estructura dirigencial del club de Cristina Fernández de Kirchner, asegurando que “la Cámpora puso la mitad de la comisión directiva de Boca”, lo que habría permitido que “15 personas que integraron” la agrupación ultra K tomasen su control. “Hoy el kirchnerismo maneja Boca”, sentenció.
Las acusaciones también alcanzaron a la administración de los abonos y entradas, ya que “deberían ir a los socios adherentes pero se venden a empresas de turismo”.
“La barra de Boca está comprada. Si alguien intenta protestar contra Riquelme en la cancha, aparecen matones armados”, expuso Klix, culpabilizando de permitir esto a la barra brava de Boca, añadiendo: “Ven que ha tomado el club y no hacen absolutamente nada.”
En cuanto a la situación deportiva y financiera del club, las cifras son contundentes. Boca Juniors enfrenta potenciales multas por responsabilidad institucional en los delitos imputados a Cristian “Chanchi” Riquelme, hermano de Riquelme, quien cumple un rol informal como operador clave dentro de la estructura futbolera. Abogados especializados estiman sanciones entre $500 millones y $1,000 millones si se prueba que el club toleró prácticas irregulares.
“El director de socios hace el juego que Román y el hermano le piden. En este caso, juntar abonos que se caen para vendérselos a los turistas”, aseguró Klix, sumando: “Boca tiene entre todas sus categorías más de 300.000 socios y tiene un estadio para 55.000. O sea, tiene capacidad para un sexto de sus socios”.
El 29 de octubre de 2024, la Justicia porteña allanó el estadio en el marco de una investigación por falsificación de carnets de socios y reventa ilegal de entradas. Cristian, fue imputado por asociación ilícita y defraudación. Tras revisarse su vivienda en Pilar, las pesquisas sugirieron la existencia de una red que manipulaba el sistema de membresías para beneficiar “el séquito que acompaña”, afectando el acceso de socios comunes.
“Hay un poder en la venta de entradas, en el marketing, en la visita a la bombonera, obviamente en apalancarse políticamente”, subrayó Kilx.
Este caso tiene antecedentes en investigaciones de 2023, cuando la Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos (UFEEM) ya había detectado patrones irregulares en la distribución de entradas. La fiscal Celsa Ramírez, quien lleva ambos expedientes, enfrentó declaraciones públicas de Riquelme, declarando que solo por investigar, “tiene un problema con los hinchas de Boca”.
“(Riquelme) es un tipo extremadamente egocéntrico. Llegó a Boca con un séquito de delincuentes que se ampararon en un amor al club que no tienen. Ni siquiera es hincha de Boca, vino solo a hacer negocios”, recalcó Klix.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
En el año 2017, nuestro gobierno fue atacado en una movilización violenta muy similar a la de ayer. Lo hicieron desde la Plaza de los Dos Congresos con palos, piedras y bombas molotov, y desde adentro del Congreso, en una acción profesional coordinada con el exterior, por…
