02 agosto, 2025

A los empleados de Aerolíneas Argentinas les prohibieron el uso de pasajes al exterior

En medio de la pelea por la paritaria de los gremios aeronáuticos, el grupo Aerolíneas Argentinas le suspendió la utilización de los pasajes para viajar al exterior a todos los empleados, sin importar el gremio.
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10 Years Experiences

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*Por: Luis Gasulla y Federico Teijeiro

El grupo Aerolíneas Argentinas tiene unos 12.200 empleados. La empresa estatal, que precisa del dinero de los contribuyentes para seguir operando, les otorga a esos trabajadores un pasaje vacacional por año para cada uno, su esposa, hijos o hijastros y padres. Tomemos este ejemplo: empleado de la compañía, más su esposa, sus dos hijos y sus dos padres. En total seis personas con pasajes gratis.

También tienen el beneficio llamado “pasajes Sublos”, por los que pagan solo el 10% de la tarifa plana –de clase económica–, más impuestos y tasas aeroportuarias, y pueden ser utilizados por: cónyuge o concubino, hijos, hijastros, menores legalmente a cargo e hijos del cónyuge. También, hermanos y hermanastros, abuelos, suegros, yernos, nueras, nietos, cuñados y sobrinos. Asimismo, existen los pasajes denominados “No Name” (sin nombre, en inglés). Los beneficiarios de estos pasajes tienen que viajar acompañados por el titular. Ambos, son ilimitados, pero sujetos a disponibilidad.

Esta semana, el grupo Aerolíneas Argentinas le suspendió la utilización de los pasajes internacionales, vacacionales y Sublos, a todos los empleados, sin importar el gremio al que pertenezcan. Sin embargo, los de cabotaje los pueden seguir utilizando.

A pesar de que el gobierno nacional desalienta los viajes al exterior, el denominado “turismo vacuna” aumenta cada vez más en el país, sobre todo a Miami, Estados Unidos; el destino más elegido por los argentinos. Es que, ante el ritmo lento de vacunación, muchos optaron por una alternativa. Según datos de la compañía, en el primer trimestre del año hubo un 52% de ocupación de los vuelos, en abril subió a 63% y para mayo no queda un solo asiento disponible. En lo que respecta a junio ya hay alrededor del 85% vendido. En la misma línea, las frecuencias semanales también se incrementaron. Aerolíneas Argentinas añadió dos vuelos adicionales por semana en mayo y, a estos, se les sumarán otros dos a partir de junio. Un dato importante: no existe ningún registro de los vacunados fuera del país. La declaración jurada, que solicita la Dirección de Migraciones para ingresar, no incluye ninguna pregunta acerca de la vacunación. El apartado de salud del cuestionario consta de cinco ítems. Solo se les interroga acerca de si tuvieron contacto estrecho con casos positivos en las últimas dos semanas, si tienen síntomas compatibles, sí estuvieron en determinados países (como México, Estados Unidos, Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Reunido Unido u otro país de Europa), y si tienen un PCR. Solo existe la información acerca de cuántos compatriotas volaron en el último mes, que fueron unos 22 mil.

Pero la decisión de Aerolíneas Argentinas acerca de quitarles el beneficio a sus trabajadores, que tienen por convenio laboral, no responde al incremento de la demanda mencionado, sino a que, muchos de ellos –pilotos, azafatas, etcétera–, quienes viajaron en los vuelos que transportaban argentinos a Miami, aprovecharon y volvieron vacunados. A la empresa estatal le preocupó cómo se vería que sus empleados, y grupo familiar, de la aerolínea de bandera, que trae vacunas e insumos desde Rusia y China, se vacunen en Estados Unidos.

Según pudimos averiguar, la iniciativa nació fuera de la compañía, más precisamente, del gobierno nacional. Es que no va en línea con las medidas que se tomaron para desalentar los viajes al exterior y, menos aún, con la épica que se vendió. El presidente Alberto Fernández fue el principal artífice de que los viajes al exterior se redujesen lo máximo posible. Es por lo que existen tantas restricciones actualmente. Para la línea aérea de bandera, los vuelos a destinos poco comunes se transformaron en actos políticos, con gestos heroicos, en especial por parte de alguno de sus protagonistas, como Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA); a quien muchos de sus colegas prefieren que no tome los comandos de un avión. “Su ego desmedido es mucho más grande que su capacidad como piloto”, expresaron varios compañeros del secretario general de APLA. Lejos de importarle el qué dirán, Biró tomó las riendas del avión solo para las cámaras. En la partida del primer vuelo a Moscú, Rusia, la “epopeya” fue acompañada por el relato de Víctor Hugo Morales, transmitido por el canal “oficial” C5N, quien convirtió un simple despegue en un relato deportivo-político y lo calificó como “vuelo de la esperanza”. No nos olvidemos que uno de los pilotos tenía las medias con logos del medio de comunicación. Si hasta nos vendieron la telenovela de la azafata llorando. Ni Andrea del Boca se atrevió a tanto. Para el aterrizaje, también para los medios, Biró tomó las riendas del A330 de Aerolíneas Argentinas. Allí lo esperaban periodistas convocados por la compañía, miembros del gobierno nacional y una comitiva de “La Cámpora”, con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y Pablo Ceriani, presidente de Aerolíneas Argentinas, a la cabeza. Ambos, Kicillof y Ceriani fueron parte de la administración de Mariano Recalde, quien desprogramó los vuelos transpolares. El último vuelo de este tipo se realizó el primero de abril de 2014, que recorrió catorce husos horarios en poco más de doce horas, para llegar a Sydney, Australia, desde el aeropuerto internacional Ministro Pistarini, más conocido como Ezeiza. Antes esos vuelos eran normales; ahora te los venden como una gran hazaña.

Para el gobierno nacional no queda bien que los empleados de la línea aérea de bandera se vacunen en Miami, cuando ellos mismos se ocuparon de desalentar los viajes al exterior y señalar y estigmatizar a cada uno que viajó para aplicarse la vacuna, mientras acá continúan en falta. Si cuando el expresidente Mauricio Macri confirmó que compró la vacuna allá lo salieron a cruzar fuertemente desde todo el arco político opositor. Por citar algunos ejemplos, Gabriela Cerruti, diputada nacional del oficialismo, lo interpeló en su cuenta Twitter. Lo mismo hizo Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes.

Parece que al gobierno nacional no le molestó que más de un centenar de empleados, incluidos integrantes de las gerencias, viajaran con pasajes “Sublos” (pagaron solo el 10% del valor de un pasaje) a Madrid, España, a ver la final de la Copa Libertadores de América entre el Club Atlético River Plate y el Club Atlético Boca Juniors. Y existe una pequeña gran diferencia: estos los pagamos nosotros, los contribuyentes, mientras que los otros se los pagaron cada uno de su bolsillo.

El gobierno anterior quiso modificar muchos de estos privilegios, con el objetivo de hacer de Aerolíneas Argentinas una empresa competitiva y cada vez menos deficitaria. Y pagó el precio por tamaña osadía: decenas de paros de todo el abanico de los gremios aeronáuticos, pero principalmente de APLA, el de Biró. Sin olvidar que la gran mayoría de los trabajadores son simpatizantes o militantes del kirchnerismo que fueron ingresando desde su estatización hasta fines de 2015. Basta con recordar cómo recibieron a Cristina Fernández, cuando volvió del sur o cuándo despidieron al expresidente de la compañía, Luis Malvido, por mencionar algunos casos.

*Fuente: Periodismo y Punto


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Daniel Scioli sigue beneficiando a su ¿testaferro? con contratos millonarios

*Alexis Montefiore (Tribuna de Periodistas)

Como viene publicando el portal Tribuna de Periodistas, Daniel Scioli, actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, mantiene una estrecha relación personal y política con Luis Alberto “Chiche” Peluso, un viejo aliado con quien comparte lazos desde hace más de dos décadas. Ese vínculo, forjado en los tiempos en que Scioli gobernaba la provincia de Buenos Aires, hoy vuelve a escena: Peluso es proveedor directo de la secretaría que encabeza el funcionario libertario.

Peluso ocupó cargos importantes durante la gestión bonaerense de Scioli. Fue interventor del Instituto de Lotería y Casinos hasta 2009, cuando debió renunciar tras ser denunciado por presunta evasión fiscal. En ese entonces, fue acusado de no haber declarado una lujosa propiedad en Miami, presuntamente adquirida con fondos provenientes de operaciones vinculadas a una mesa de dinero ilegal en el casino flotante de Puerto Madero.

Las sospechas sobre Peluso no terminaron allí. En 2016, la diputada Elisa Carrió lo señaló como pieza clave de un supuesto esquema de lavado de dinero a través de salas de bingo, con el que —según la denuncia— se habrían financiado campañas políticas y enriquecido patrimonios de funcionarios. Carrió lo describió como “el hombre de confianza de Scioli” y apuntó a su rol como recaudador durante la campaña presidencial de 2015. En esa misma presentación judicial, también se mencionó a la empresa Linser, encargada de servicios de limpieza para la Gobernación bonaerense durante la gestión sciolista.

Los vínculos empresariales de Peluso no se limitaron al Estado. En sociedad con Eladio González Rodríguez —consuegro de Scioli— compartieron domicilio fiscal a través de las empresas Emprendimientos de Luján S.A. y la inmobiliaria Samarcom. El entrecruzamiento entre lazos personales, familiares y negocios fue una constante en esa trama.

La influencia de Peluso en el rubro de la limpieza también se refleja en su entorno familiar. Su hermano, Norberto Peluso, preside la firma Limpiolux, que prestó servicios de higiene a organismos como la AFIP y ahora compite por contratos en el Ministerio de Economía. Actualmente lidera Ceiling Solutions S.A., además de otras firmas como la agropecuaria Las Mañanas y la agencia publicitaria F2F Global. Norberto fue citado en reiteradas oportunidades en Comodoro Py por presuntas irregularidades en contratos estatales, especialmente por sobreprecios.

Por su parte, Luis Peluso continúa al frente de Linser, que ha sido notablemente beneficiada tras el regreso de Scioli a la administración nacional. En lo que va de 2024, la empresa obtuvo 20 contratos estatales —el doble que en 2023 y el triple que en 2022—, entre ellos tres licitaciones vigentes directamente vinculadas a la secretaría que comanda su viejo amigo.

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En al menos dos de esos tres contratos activos, Linser no presentó la oferta más económica, pero resultó adjudicada por supuestas fallas técnicas de sus competidores. Esta situación también se repitió en otras ocho licitaciones ya finalizadas.

El 2025 apunta a superar esos números. El 6 de febrero, ANSES le adjudicó a Linser cinco contratos simultáneos para la limpieza de oficinas regionales en CABA, el conurbano bonaerense, Santa Fe y Entre Ríos, por un monto total de 17.827 millones de pesos, casi 14 millones de dólares al cambio oficial de ese momento.

El último contrato fue firmado el 28 de julio de 2025. Ese día, Scioli otorgó de manera directa un nuevo servicio de limpieza integral a Linser, que incluye además tareas de mozos y mantenimiento en oficinas del Instituto Nacional de Promoción Turística. El monto mensual asciende a casi 20 millones de pesos durante tres meses. Se suma a otro acuerdo similar de abril por 15 millones y a uno de enero por 47 millones. En total, los contratos firmados solo este año entre Linser y la Secretaría de Scioli suman más de 80 millones de pesos.

Amistad de larga data, negocios familiares y una presencia constante en los contratos públicos: la historia de Peluso y su cercanía con Scioli vuelve a evidenciar cómo los vínculos personales siguen abriendo puertas en el Estado.

Redacción

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LA PLATA | Marcelo Peña encabeza el armado de la alianza Nuevos Aires junto al PRO y liberales

A horas del cierre de listas, la alianza Nuevos Aires —conformada por el Partido Renovador Federal, la Unión Celeste y Blanco y Confianza Pública— oficializó su desembarco en La Plata y presentó candidatos a diputados provinciales por la Octava Sección y a concejales en el distrito. El abogado penalista y excandidato a intendente Marcelo Peña encabezará la nómina legislativa, en un armado que reúne a sectores libertarios “blue”, referencias del PRO y una pata radical.

El espacio es impulsado por el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Fabián Luayza (bloque Unión Renovación y Fe), y por Gustavo Cuervo. También se incorporó la intendenta radical de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez. En las últimas horas se sumaron a la estructura dos dirigentes del PRO: Adriana Cáceres, concejal de Pilar, y Alejandro Trotta, referente en Lomas de Zamora. La jugada consolida a los libertarios que en 2023 integraron La Libertad Avanza pero ahora buscan construir identidad propia con un acuerdo amplio.

  • Lista de diputados provinciales por la Octava Sección
    Marcelo Adrián Peña
    Karina Edith Vanoni
    Mariano Andrés Erzi
    Ivana del Pilar Nieva
    Ricardo Raúl Zic
    Claudia Karina Pavón
  • Lista de candidatos a concejales en La Plata
    Agustín Nahuel Schmidt
    Karen Elizabeth Shaarp
    Pedro Fernando Serino
    Julieta Vanina Cazzulo
    Luis Adrián Arrúa
    Verónica Soledad Haag
    Jorge Martín Gómez
    Irma Elena Aued
    Lucas Damián Chaulet
    Estefanía Denisse Morales
    Ubaldo Ariel Barrios Mendora
    Manuela Julieta Terán Aguilar

Redacción

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Montenegro sobre la alianza: “Hay que arrancar de raíz al populismo que está atrincherado en PBA”

“El populismo peronista kirchnerista está atrincherado en la Provincia de Buenos Aires. Debemos hacerle frente y arrancarlos de raíz para que nunca más vuelvan a hacerle daño a la gente”, expresó Guillermo Montenegro tras la confirmación del acuerdo electoral.

El intendente destacó que la alianza surge desde un compromiso conjunto basado en “el respeto por el trabajo privado, la protección de los vecinos a través de las fuerzas de seguridad, y la defensa de la propiedad privada”.

El acuerdo electoral entre el PRO y LLA fue formalizado simbólicamente en el Día de la Independencia, con la presencia de importantes referentes políticos de ambos espacios, incluyendo a Cristian Ritondo, Sebastián Pareja, Diego Santilli, Martín Menem y Karina Milei. Ritondo, presidente del bloque de diputados del PRO, señaló previamente que esta alianza representaba un paso necesario y valiente, motivado por la responsabilidad de consolidar la unidad para vencer al populismo.

Redacción

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Finocchiaro acusó al kirchnerismo de usar causas sensibles para “desestabilizar al Gobierno mediante la economía”

El diputado nacional Alejandro Finocchiaro calificó como una “estrategia de daño fiscal” la ofensiva parlamentaria de bloques opositores, principalmente Unión por la Patria, orientada a declarar la emergencia en pediatría y a reforzar el presupuesto de las universidades nacionales. Según el legislador, estas iniciativas apuntaron a “golpear y desestabilizar al Gobierno a través de la economía” porque comprometen partidas que el Poder Ejecutivo no previó en la Ley de Presupuesto.

En declaraciones a Radio Rivadavia, Finocchiaro argumentó que el kirchnerismo “atrae temas nobles” que despiertan consenso social —la salud de la niñez y la educación superior— para instalar una tensión fiscal que erosione la gobernabilidad. “Hace unos cuantos meses que decidieron esta táctica”, señaló, y comparó la maniobra con la campaña electoral de 2011: “Con la misma habilidad de Cristina disfrazada de viuda negra, buscan un impacto político por la vía presupuestaria”.

El debate se estructuró en dos frentes. Por un lado, las comisiones de Salud y de Presupuesto y Hacienda emitieron dictamen de mayoría para la declaración de emergencia en el Hospital Garrahan, basados en exposiciones de directivos que describieron carencias en guardias, insumos y tratamientos complejos. Por otro, la Comisión de Educación, que preside Finocchiaro, analizó proyectos para adecuar el financiamiento universitario y reconocer el reclamo salarial de los docentes.

Finocchiaro, profesor universitario de formación, admitió que “el financiamiento universitario es un tema que hay que atender”, pero advirtió que incorporar la negociación colectiva al texto legislativo “traslada una paritaria al Congreso” y con ello se “lesiona la autonomía de las partes”, contraviniendo el artículo 14 bis de la Constitución y los convenios 98 y 154 de la Organización Internacional del Trabajo. A su juicio, “el Legislativo no puede suplantar a la mesa paritaria entre empleador y trabajadores”.

Redacción

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Denuncian que la UNDEF está “capturada por intereses partidarios” y esquiva auditorías

La renuncia de cincuenta de los 193 docentes del Instituto Dámaso Centeno, dependencia educativa del Ejército, expuso la profundidad del conflicto que atravesó la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF). Los salarios resultaron insuficientes frente a los $780.000 que cobraron sus pares porteños. 

Ante la pérdida de capital humano, el director del establecimiento, coronel Juan Sancho Vilarullo, advirtió que “si no les aumentan el sueldo a los docentes, el colegio no es viable”. El reclamo se extendió a padres, exalumnos y estudiantes, quienes realizaron un abrazo simbólico para visibilizar la demanda.

Fuentes militares afirmaron que “Petri le encargó a los jefes de las Fuerzas Armadas cerrar toda escuela que no sea imprescindible”. La instrucción paralizó concursos docentes en la Armada y sometió a revisión al menos veintiséis centros, entre ellos la Escuela de Artes y Oficios Navales y la Escuela de Pesca, además de varios liceos donde los cadetes ya abonaban matrícula. De forma paralela, los liceos militares registraron renuncias semanales de profesores, atraídos por mejores ingresos en los sistemas educativos nacional, provincial y porteño.

El Instituto Dámaso Centeno cobró cuotas mensuales de $178.000 en secundaria y $150.000 en primaria; esos montos fueron transferidos íntegramente al Tesoro. “El colegio genera caja y Defensa se agarra la guita y les paga a los docentes como empleados del Ejército, pero el colegio tiene caja como para pagarles los salarios de un colegio secundario de la Capital, que son el doble de lo que cobran”, describió una fuente cercana al conflicto.

La UNDEF se creó el 19 de noviembre de 2014, mediante la Ley 27.015, con la finalidad de integrar y modernizar la formación académica de más de cincuenta institutos de las Fuerzas Armadas —entre ellos la Escuela Superior de Guerra, la Escuela Naval y la Escuela de Aviación Militar—.

Sin embargo, la auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), plasmada en el Informe N.º 42/2018, exhibió carencias críticas: ausencia de Tesorería, Compras, Contrataciones y Administración de Personal; inexistencia de manuales de procedimiento; liquidaciones irregulares de vacaciones y contrataciones directas sin competencia. El informe también acreditó que la universidad destinó $18,5 millones —el 97 % de un refuerzo presupuestario gestionado en 2016— a la compra de LEBACs sin intervención de la Tesorería General.

A pesar de tales observaciones, los funcionarios señalados conservaron sus posiciones. Julio Spota pasó de decano a rector; Hernán Isasmendi continuó como secretario general con control de las finanzas; y David Zeigner ascendió de subsecretario de Coordinación Administrativa a secretario. El presupuesto asignado a la UNDEF para 2024 totalizó $3.703 millones, un incremento interanual del 106%, sin impacto favorable en las remuneraciones docentes.

La SIGEN también cuestionó la capacidad de la UNDEF para cumplir sus metas académicas. Entre 2015 y 2023, la conducción operó como “caja política”: durante la administración kirchnerista, el viceministro Sergio “Sapito” Rossi controló la estructura; luego, en las gestiones radicales de Julio Martínez, Oscar Aguad y Luis Petri, la influencia recayó sobre Isasmendi, vinculado al bloque radical en Diputados.

“La reciente remoción de la vicerrectora Dolores Letterier, designada por el ministro Petri, tras denunciar irregularidades internas, confirma que todo intento por sanear la institución encuentra una férrea resistencia de quienes controlan su conducción” puede leerse en un comunicado.

El contraste se profundizó cuando el presidente Javier Milei exigió auditorías estrictas a la Universidad de Buenos Aires. Mientras el Poder Ejecutivo reclamó transparencia en las universidades autónomas, la UNDEF, la única institución dependiente en forma directa del Ministerio de Defensa, se negó a nuevas revisiones con idénticos argumentos a los del resto del sistema universitario.

Las unidades académicas de las Fuerzas Armadas desempeñaron una doble función: impartieron formación militar y expidieron títulos universitarios bajo supervisión de la UNDEF. Cada escuela contó con un director militar y un decano —generalmente un oficial retirado con titulación de grado— que reportó al rector. No obstante, “en vez de que la plata que pagan los padres vaya al instituto, va al Ministerio de Defensa y ahí se pierde en una nebulosa, por lo cual pagan un montón de plata y los institutos están cada vez peor”, explicó otra fuente del sector.

Así, la institución que debía servir de modelo de gestión estatal permaneció bajo las mismas autoridades y replicó las prácticas administrativas cuestionadas en 2018. Sin auditorías frescas ni mejoras salariales, la fuga de docentes dejó a los liceos militares sin profesionales calificados y elevó la presión sobre un sistema educativo castrense ya tensionado.

Redacción

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NEGOCIOS Y MILLONES | El enigmático testaferro (y acreedor) de Alberto Fernández

*Por Christian Sanz

El nombre de Héctor Horacio Martínez Sosa viene cobrando relevancia por aparecer en medio de una trama de negociados en el Estado a través de la millonaria contratación de seguros.

Sin embargo, sus trapisondas ya fueron reveladas por este periodista en 2020, a raíz de las fiestas que supo organizar en San Fernando, provincia de Buenos Aires, violando la cuarentena que se imponía en esas jornadas por el COVID.

Su otrora impunidad tiene una explicación: ostentaba la protección de su amigo Alberto Fernández, el ex presidente de la Nación, de quien se presume su testaferro.

Oportunamente, estuvo casado con quien fue una de las secretarias del ex mandatario, cuando era jefe de Gabinete, María Cantero, sospechada de actuar como prestanombre de Fernández en esos días.

Aparece allí toda una trama de negocios que fue descubierta por su “segundo”, Jorge Rivas, y que culminó en un suspicaz hecho de violencia contra este.

Más aún, Martínez Sosa figura en la declaración de bienes del ex Jefe de Estado como acreedor.

El hombre, que es accionista de las empresas Flyers Concierge Latam SA y Safety Consultora de Higiene y Seguridad SA, supo hacer mucho dinero cuando Alberto era mandamás en el Bapro.

Sosa es un personaje de novela: en los años 90 vivía en Ushuaia, donde quebró, se instaló en Buenos Aires con una mano atrás y otra adelante, y logró volverse millonario gracias a la mano que le dio el ex presidente como titular de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Alberto le abrió la puerta a negocios lícitos e ilícitos, sobre todo estos últimos.

Hoy en día, posee dos ostentosas casas, una de las cuales está justo en el cruce con la esquina de Guido Spano, donde fueron anexados dos lotes vecinos de 600 M2 cada uno en los últimos 4 años.

En uno de estos últimos se construyó una casa que es usada como gimnasio; a su vez, en la casa original, Martínez Sosa tiene una impresionante bodega subterránea, donde colecciona vinos carísimos.

*Fuente: Tribuna de Periodistas

Redacción

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