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Las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) comenzarán el 12 de febrero en esa provincia. Los pampeanos buscan renovar, de cara a las elecciones generales que se celebrarán el 13 de mayo, gobernador, vicegobernador, 30 diputados provinciales titulares y 10 suplentes, jueces de paz (titulares y suplentes) y el Ejecutivo de algunos municipios.
Ziliotto, Maquieyra y Berhongaray
El Frente de Todos se encolumnó detrás del actual gobernador, Sergio Ziliotto, y presentó una lista única (acción que logró tras arduas negociaciones con facciones de su partido). Por otro lado (y por ahora), la oposición presentará para las internas a Martín Maquieyra y Martín Berhongaray.
Federico “Colo” Roitman, Francisco Torroba y Martín Ardohain
Para disputar el poder Ejecutivo de la capital de la provincia las PASOS se limitarán entre Federico “Colo” Roitman, Francisco Torroba y Martín Ardohain: los dos primeros de la UCR, el último del PRO.
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Por orden de la Justicia, el Ministerio de Defensa, a cargo de Luis Petri, dispuso la baja de un grupo de militares retirados que tenían condenas en causas por delitos de lesa humanidad ligados a su actuación durante la última dictadura. El Gobierno difundió la resolución 2025, fechada el lunes 27 de enero de 2025, y también aludió a la resolución 72/2005, firmada por Petri a requerimiento de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Defensa aclaró que no se trató de “una decisión unilateral”, sino del cumplimiento de una “orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal”.
La medida abarcó a 23 oficiales superiores retirados del Ejército, entre ellos combatientes de la guerra de Malvinas. Uno de los más conocidos fue el coronel retirado Horacio Losito, condenado a prisión perpetua y quien, una semana después de la llegada de Javier Milei a la Presidencia, obtuvo la libertad condicional. A diferencia de los militares que pasan a retiro (conservan grado y estado militar), los dados de baja pierden su condición de integrantes de las Fuerzas Armadas. Según se informó, las esposas de los oficiales retirados comenzarán a percibir la correspondiente pensión. En la lista figuraron:
Generales de División retirados: Eduardo Rodolfo Cabanillas.
Generales de Brigada retirados: Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saa, Federico Antonio Minicucci
Coroneles retirados: Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaiza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozarán, Carlos Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.
– Hubo cuestionamientos a la resolución firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri
En el artículo 2 de la resolución 2025, el ministro Petri instruyó al Jefe del Estado Mayor del Ejército, Xavier Isaac, para que inicie los trámites de baja de Oficiales Jefes, Oficiales Subalternos y Suboficiales condenados por crímenes de lesa humanidad, en la medida en que sus causas alcancen sentencia firme.
Distintas organizaciones del ámbito castrense cuestionaron la disposición y aludieron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas: “La Procuraduría de Investigaciones Administrativas dependiente de la Procuración General de la Nación, le ha requerido al Ministerio de Defensa que proceda a dar de baja a personal militar condenado por los hechos ocurridos en los años 70 del siglo pasado. Dicha Procuraduría no es un órgano judicial y no está habilitada para ordenar absolutamente nada, ni al Poder Ejecutivo, al Legislativo, ni al menor de los Jueces de la República”, expresaron en un pronunciamiento conjunto la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, el Foro de Generales Retirados y el Foro de Almirantes, entre otras entidades.
Estas organizaciones consideraron que “es necesario que la nueva política, que se ha manifestado hasta ahora tan valiente y lúcidamente contra el núcleo mismo del siniestro pacto que signó el rumbo de nuestra Argentina en los últimos veinte años, disponga el cese de estos juicios de venganza”, en alusión a las causas judiciales que se reabrieron en el período kirchnerista contra militares y civiles acusados de violaciones a los derechos humanos. Argumentaron que esos procesos “fueron materializados con el único fin de mantener vivo el odio, la discordia y los millonarios negociados llevados adelante, hasta el día de hoy, bajo su amparo”.
A su vez, las entidades señalaron que la baja “alcanza a muchos oficiales que tenían grados subalternos al momento de los hechos, algunos de los cuales fueron condecorados por el valor en combate en la Guerra de Malvinas”, en referencia al coronel Losito. También advirtieron que, al afectar la jubilación de retiro, “deja en la indigencia a adultos mayores viudos de un ingreso alimentario generado en base a aportes que no pueden ser confiscados”. Agregaron que los fundamentos de la resolución citan tratados internacionales que, según su postura, “nada disponen respecto de la baja de personal militar y la quita de haberes”, recordando que la baja militar está contemplada en la ley 19.101, vigente desde 1971 para el personal de las Fuerzas Armadas.
“Se trata de otra de las lamentables consecuencias de la ilegal reapertura de estos juicios contra el personal militar, de fuerzas de seguridad y de fuerzas policiales que combatieron el terrorismo en los años 70, así como civiles incluidos en esos procesos”, concluyeron las entidades.
Por su parte, el general José Luis Figueroa, presidente del Foro de Generales Retirados, lamentó la “decisión administrativa” y sostuvo: “Esta destitución no es solo un acto administrativo; es un mensaje claro a todos los que sirvieron y sirven a la Nación: el sacrificio por la Nación será ignorado si no se ajusta al relato del momento”. Expresó que la medida “afectó a quienes dieron todo por la Nación y profundizó las heridas ya abiertas” y añadió: “Un gobierno que asumió con todas las expectativas sectoriales favorables debe recuperar la credibilidad de esta parte de los argentinos, colocando esta problemática en agenda, definirse y darle una respuesta política acorde a sus manifiestas convicciones que compartimos”.
Figueroa recordó que “las consecuencias de toda guerra, más interna, requiere una solución política, como en su tiempo lo hicieron Raúl Alfonsín y Carlos Menem, colocándose por encima del enfoque parcial y especulativo que luego adoptaron los Kirchner, que hoy orienta los aspectos políticos y jurídicos del Estado en este aspecto”.
La Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos de Argentina (AFyAPPA), a través de su referente Cecilia Pando, también emitió un duro comunicado titulado “Una resolución que desgarra el alma”. Sostuvo que la decisión “se basa en un pedido del Ministerio Público Fiscal efectuado en el mes de octubre del 2024 en base a tratados y convenciones internacionales de derechos humanos a los cuales estaría obligado nuestro país”.
Señaló que la disposición “sumó a la vergonzosa condena judicial por delitos inexistentes en el momento de los hechos, la actual baja de la institución a la cual consagraron sus vidas”. Pando consideró que la sanción “desgarra el alma por tratarse de un gobierno que ha hecho de la batalla cultural contra el progresismo marxista el fundamento espiritual de su gestión” y añadió: “No se comprende que autoridades del Poder Ejecutivo se arrodillen sin vergüenza y sin ninguna resistencia a los pedidos ilegítimos de la corporación judicial”.
AFyAPPA, junto con otras organizaciones como la Asociación de Abogados Defensores de los Derechos Humanos de Latinoamérica, la Unión de Promociones, la Unión de Personal Militar Asociación Civil, la Asociación de Veteranos de Guerra contra el Terrorismo y el Centro de Estudios Salta, exigió “el cierre definitivo de esta tragedia” y exhortó al presidente Milei y al ministro Petri a “no destruir nuestras esperanzas”.
El lunes 13 se llevó a cabo la primera reunión de la “Mesa del Diálogo Argentino 2025” en Punta del Este, en la residencia del abogado y doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales Andrés Prieto Fasano, quien impulsó la iniciativa junto al Padre Guillermo Marcó. Empresarios de distintos ámbitos participaron en un espacio multisectorial que buscó “profundizar la cultura del diálogo” y “avanzar en propuestas concretas que favorezcan el crecimiento y la inclusión social en todo el territorio”.
Los asistentes destacaron los resultados del primer año de gestión del presidente Javier Milei, especialmente en cuanto a la obtención de superávit fiscal y la baja de la inflación, pero manifestaron preocupación por el desempleo y los reclamos salariales. Aun así, reconocieron los logros oficiales y remarcaron la necesidad de abrir instancias de diálogo de cara a las elecciones de medio término. Uno de los industriales presentes afirmó que “el Ejecutivo puede tener un buen test electoral y continuar con las reformas necesarias”.
Los participantes resaltaron “la importancia de la inteligencia artificial en todos los procesos de comunicación de esta época” y coincidieron en que estas herramientas pueden “incentivar el diálogo”. Al mismo tiempo, subrayaron que el encuentro estuvo inspirado en la metodología del Instituto del Diálogo Interreligioso, creado por el Papa Francisco cuando era Arzobispo de Buenos Aires, para promover la cooperación y la construcción de consensos. Según explicaron en un comunicado de prensa, “esta primera mesa del Diálogo Argentino 2025 marca el inicio de una serie de encuentros que buscarán sumar más voces y perspectivas”.
“La jornada buscó impulsar una cultura de entendimiento mutuo que oriente a la Argentina hacia un desarrollo sostenible, inclusivo y con mayores oportunidades para todos. Los participantes coincidieron en la importancia de trascender las diferencias sectoriales y construir consensos para enfrentar los desafíos que atraviesa el país”, agregaron los empresarios. Además, en la reunión se proyectaron futuras instancias de conversación con otros sectores, incluidos sindicatos de trabajadores y organizaciones sociales, bajo la premisa de que “se deberán activar mesas de diálogo, en donde tendrán que estar sentados todos los sectores”.
“El problema que vemos es que la crisis de representación no es solo empresarial”, advirtió uno de los participantes, quien sostuvo que la cooperación y el intercambio de ideas se consideraron pilares fundamentales para definir un futuro más equitativo.
Al finalizar el encuentro, los asistentes coincidieron en que “solo a través de la escucha y el trabajo conjunto se podrán desarrollar soluciones de largo plazo para la Argentina”. Entre los presentes se destacaron:
José Urtubey: Abogado, dirigente industrial, cofundador de Grupo Tapebicuá y director de Celulosa Argentina S.A.
Bogos Ekserciyan: Presidente de la Unión Industrial de La Rioja y dueño de Ritex.
Daniel Hadad: Abogado, periodista y empresario de medios. Fundador de Infobae, C5N, Radio 10, Radio Mega y Radio Amadeus.
Vicente Scavone: Empresario farmacéutico de Laboratorios Lasca (Paraguay).
Tomi Karagozian: Dirigente industrial y CEO de TN Platex (industria textil).
Viviana Zocco: Fundadora y CEO de Ticmas (tecnología educativa).
Jennifer Jones: Ingeniera y abogada, parte del equipo Prieto Fasano Abogados.
Jacques Patrick Supervielle: Presidente Joven de ADEBA (Asociación de Bancos Argentinos) y director del Grupo Banco Supervielle.
Mirta Fasano: Abogada y arquitecta, profesora universitaria en Prieto Fasano Abogados.
Sebastián Krongold: Dirigente agropecuario, referente de la producción en Corrientes.
Astrid Domínguez Wilson Smith: Empresaria paraguaya en los rubros gastronómico, deportivo y de real estate.
Lidia Fasano: Ex jueza y profesora universitaria en Prieto Fasano Abogados.
Andrés Prieto Fasano: Abogado, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, anfitrión de la reunión y promotor de las Mesas del Diálogo.
Prieto Fasano explicó: “La Mesa del Diálogo Argentino es un espacio donde todas las voces son escuchadas y valoradas. Aquí, líderes de diversos ámbitos comparten sus perspectivas y conocimientos, buscando soluciones que beneficien a todos los argentinos. Es un ejercicio de democracia participativa y un compromiso con el futuro de nuestra nación”.
Los empresarios remarcaron que planeaban continuar con estos encuentros de manera periódica para “tender puentes” y analizar la evolución del escenario económico-social de cara a 2025. Con ese propósito, confiaron en que la participación activa de todos los sectores resultaría vital para fortalecer el tejido social y económico argentino, además de asegurar que el diálogo siga abierto para abordar los desafíos que atraviesa el país.
El diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Casielles, utilizó sus redes sociales para expresar su rechazo al Decreto 4/2025, mediante el cual el Gobierno extendió la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, financiado principalmente por un impuesto del 7 % sobre los pasajes aéreos, marítimos y fluviales al exterior, quedó bajo la gestión del Secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli.
En un posteo en la red social X, Casielles apuntó directamente contra Scioli y el decreto: “En 2005, cuando Scioli era vicepresidente de Néstor Kirchner, nació este fondo. Ahora se lo prorrogó por decreto, se continuó un impuesto nefasto como el que grava los pasajes y se legisló al mismo tiempo inconstitucionalmente en materia tributaria por vía de un DNU. ¿A quién le llegó lo recaudado? A Scioli. No hay remate. Más kirchnerista no se pudo”.
El Fondo Nacional de Turismo se creó en 2005 con la Ley Nacional de Turismo N° 25.997, que buscó fomentar y regular la actividad turística. Desde su creación, se renovó en dos oportunidades. Esta última extensión, concretada mediante decreto, amplió su vigencia hasta 2027 y aseguró la continuidad de la recaudación del impuesto del 7 % sobre los pasajes al exterior. Dicho tributo gravó boletos aéreos, marítimos y fluviales con destino internacional y fue percibido por las aerolíneas al momento de la compra. La medida también abarcó ciertos servicios conexos relacionados con actividades turísticas, ampliando así su impacto en el sector.
Los fondos recaudados se destinaron a proyectos de infraestructura turística, campañas de promoción nacional e internacional, y al impulso del turismo interno. Ejemplos de estos proyectos incluyen la modernización de rutas hacia destinos clave, la creación de circuitos sostenibles y la capacitación para profesionales del sector. Sin embargo, la decisión generó controversias, dado que la extensión del impuesto se realizó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), algo que expertos como César Litvin consideraron inconstitucional: “Ningún impuesto pudo ser establecido o prorrogado por decreto. Tuvieron que promulgarse leyes para volver a instaurarlo”, afirmó el CEO de Estudio Lisicki, Litvin & Asociados.
Las aerolíneas también expresaron su rechazo, argumentando que este tributo encareció los pasajes internacionales en un contexto donde el impuesto PAIS ya se eliminó para aliviar los costos de viajar al exterior. Las asociaciones del sector señalaron que la acumulación de tasas impositivas dificulta la competitividad frente a otros mercados internacionales. A pesar de las críticas, desde el Gobierno defendieron la medida, destacando que el turismo fue clave para el desarrollo económico y social del país. Según fuentes oficiales, la recaudación del Fondo Nacional de Turismo permitió la generación de más de 15.000 empleos directos y el fortalecimiento de destinos emergentes en provincias como Jujuy, Misiones y Neuquén.
El presidente Javier Milei impulsó un proyecto de ley para modificar la Ley de Migraciones N.º 25.871, con el propósito de endurecer los requisitos de residencia para los extranjeros y establecer un sistema de arancelamiento en la salud y la educación universitarias para quienes no residieran en el país. El Gobierno planeó enviar la iniciativa al Congreso durante el período de sesiones ordinarias que comenzaría el 1 de marzo, en una línea política que el oficialismo consideró necesaria para “avanzar hacia un país ordenado que proteja a los ciudadanos argentinos”.
El equipo del director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane, dependiente del vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, trabajó en los detalles del proyecto, que incluyó reforzar el control de documentación en el otorgamiento de residencias. Desde la Casa Rosada sostuvieron que “los extranjeros estudiaron solo dos meses y se quedaron a vivir en la Argentina” cuando no existió un control directo durante la gestión anterior, por lo que se estableció un régimen más estricto para la entrega de residencias a estudiantes.
– El director nacional de Migraciones, Sebastián Seoane
A inicios de diciembre, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros sin residencia y la implementación de aranceles en las universidades nacionales. “El Gobierno Nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio”, aseguró en conferencia de prensa, y añadió: “Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”. Adorni informó que los organismos competentes determinarían las condiciones para que los hospitales públicos facturaran estos servicios a quienes no vivieran en el país. También destacó que, al aplicar esa medida en la provincia de Salta, la atención de salud a extranjeros se redujo 95%, con un ahorro de 60 millones de pesos, y sostuvo: “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios, que por desgracia son tan conocidos en la Argentina”.
El proyecto contempló, además, ampliar la lista de delitos que impedirían el ingreso o justificarían la expulsión de un inmigrante. “La doctrina garantista ha hecho desastres en términos migratorios y lo cierto es que los malandras, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera y no venir a la Argentina a hacer daño a los ciudadanos que residen en el territorio nacional”, afirmó el Vocero Presidencial. “Si a un delincuente se lo detiene cometiendo un delito (en flagrancia) o por violentar el sistema democrático, será expulsado y se le prohibirá su reingreso al país”, agregó, al tiempo que indicó que se rechazaría el ingreso a quienes presentaran documentación apócrifa o se sospechara que sus motivos de viaje eran diferentes a los declarados.
La Casa Rosada también admitió la participación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para reforzar los pasos fronterizos con mayores medidas aplicadas por las fuerzas federales. Desde el Ejecutivo explicaron que este endurecimiento respondió a la necesidad de “tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”, según la postura oficial: “Nuestro alineamiento internacional a favor de Israel nos lleva a tomar más precauciones ante las amenazas de Irán”. Apuntaron a sumar la colaboración de las Fuerzas Armadas en las fronteras y en el territorio interno, y por ello el Gobierno dictó dos decretos para habilitarlas a operar contra organizaciones terroristas y carteles del narcotráfico extranjeros.
El proyecto hizo foco también en quienes buscaban regularizarse por medio de hijos argentinos. Hasta ese momento, dicho trámite requería cédula de identidad o pasaporte, la partida de nacimiento del país de origen, el certificado de antecedentes penales y el acta de nacimiento del hijo argentino. Con la reforma propuesta, se esperaba un control más estricto de la documentación. Cabe recordar que el programa Patria Grande, impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner, regularizó a 565.831 personas hasta el año 2007, permitiendo la residencia a ciudadanos de países miembros del Mercosur solo con su nacionalidad y la carencia de antecedentes penales. En la actualidad, para obtener la ciudadanía argentina, los extranjeros debían cumplir con requisitos como tener 18 años de edad, presentar partida de nacimiento legalizada, el DNI o pasaporte y un certificado de medios de vida, entre otros.
Según el Censo 2022, residían en Argentina 1.933.463 extranjeros, equivalentes al 4,2% de la población total, con una alta concentración (51,4%) en la provincia de Buenos Aires. Durante 2023, se registraron 29.821.467 movimientos de personas extranjeras en el territorio nacional, con un número de ingresos superior a los egresos. El Poder Ejecutivo consideró que la reforma migratoria resultaría clave para controlar esta afluencia y proteger el bienestar de los habitantes del país. Bajo la coordinación de Sebastián Seoane y con la supervisión de Lisandro Catalán, el Gobierno consolidó la propuesta antes de su debate en el Congreso.
Tras meses de desgastes y cuestionamientos, Eduardo Serenellini renunció este martes a su cargo de secretario de Prensa de Javier Milei. El funcionario, que resistió como pudo durante largos meses en su despacho de la planta baja de la Casa Rosada, era duramente cuestionado por la secretaria general Karina Milei desde que se enteró que había habilitado el pago de pauta a medios de comunicación en los que trabajó y se dedicaba a promover decisiones favorables con otras empresas, según las versiones que daban en la cúpula libertaria.
El ahora ex funcionario no tenía el respaldo ni de la hermana del presidente ni de Santiago Caputo, los dos integrantes del Triángulo de Hierro junto al líder libertario. Además arrastraba una interna feroz con Manuel Adorni, el portavoz de Milei.
Pero pese a eso se mantuvo en su cargo de manera insólita durante más de un año. Su estadía en la Rosada le generó enfrentamientos a Milei con el campo y tuvo su capítulo más polémico cuando quedó envuelto en una situación delicada por la aparición de una agencia de publicidad privada cursando pauta oficial, como reveló el sitio La Política Online
La Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) sufre una interna de marcada intensidad que se profundizó en las últimas horas. Según trascendió, el director por la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo Cano, habría pedido que se desplace al presidente del organismo, Lucas Figueras, en medio de un escándalo con un frigorífico. Apuntado por todos, el propio Cano encabezó la defensa de la empresa en la interna del organismo, y todos hablan de presuntos manejos económicos.
El escándalo de Ricardo Bruzesse no cesa y si bien se levantó la clausura de su empresa en Monte Grande, la consecuencia política parece no tener fin. Es que como trascendió, habría sido el propio Marcelo Cano quien encabezó las gestiones de pedido de quita de cierre del lugar para que volviera a operar con normalidad tras un posible acuerdo económico con el empresario denunciado. Fue esto lo que produjo la crisis en el ente estatal: cada vez son más contundentes los rumores que indicarían que Cano habría recibido dinero por su gestión.
– Marcelo Daniel Cano junto a Jorge Macri
Tal situación expuso a Figueras y el control que tiene sobre la firma. La situación escaló hasta el ministerio de Economía (área dependiente hoy día de ACUMAR) y por estas horas se analizan cambios en el directorio. Dicho de otro modo, por la dureza que presenta el gobierno nacional ante los problemas de corrupción o manejo de dinero por parte de los funcionarios, el caso ACUMAR quedó en el centro de la escena y la resolución parece transformarse en un caso testigo. Ante la falta de pruebas, por estas horas se piensa en una salida con un mensaje claro: se va Cano o debería dejar su lugar Figueras, quien se enteró del rol del director por el escándalo mediático.
– Lucas Figueras
Claro que el peso del director es menor al del presidente y en conocimiento de esto, el propio Cano fue quien solicitó primero la salida de Figueras por desmanejos en la administración del ente desde su asunción en diciembre pasado. Además, se lo vio a Cano muy crítico en una importante reunión en el centro porteño: argumentó que no se pudo hacer la reducción que el gobierno pidió, planteó que Figueras responde a Horacio Rodriguez Larreta y se definió como “bullrichista y mileista” para sobrevivir en la interna. Sin embargo, buscó despegarse del escándalo que lo roza. Negó contactos con el empresario kirchnerista Bruzesse, manifestó que no comparte la conducción actual y se despegó de cualquier vinculo económico. Tampoco quiso dar declaraciones respecto al tema.
Mientras que en las próximas horas, se espera conocer qué pasará en ACUMAR la ola sigue abriendo paso y los caminos conducen a acercar consecuencias a partir del caso Bruzesse. ¿Será el momento de buscar presidente, se renovará una silla o quedará todo como esta en la Cuenca?
Salirse de la agenda de reducción de impuestos, tasas y gasto público que lleva adelante @JMilei tiene sus consecuencias. En Bahia Blanca hay 3 Concejales que entraron por LLA y sistemáticamente votan aumentos de Tasas Municipales. No dejemos que sigan traicionando. VLLC! 💜🇦🇷 https://t.co/PQxLPhpOJjpic.twitter.com/YmDlJH0Gdz
