Un intendente cordobés recitó una poesía para pedirle a Milei que reduzca las retenciones

El jefe comunal de Viamonte, Facundo Manzoni, publicó un video donde recitó versos reclamando la baja de impuestos al agro. En sus rimas, retrató la situación de miles de productores y aludió a promesas de campaña que urgen cumplirse.
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Facundo Manzoni, intendente de la localidad cordobesa de Viamonte y productor agropecuario, difundió un video en su cuenta personal de Instagram en el que recitó una extensa poesía para pedirle al presidente Javier Milei que reduzca las retenciones. Con un tono enfático, recordó antiguas promesas y reclamó una pronta solución para el sector agropecuario.

Haré este pedido nuevamente pero en forma de poesía, sin buscar alevosía ni tampoco trascender, solamente proponer lo que en su discurso decía. Es por eso que le pido a usted mi presidente, que por mi rol de intendente pero también de productor, no ignore el pedido del motor de nuestra economía emergente. El campo lo es todo, pasado, presente y futuro. Y el momento más oscuro fue siempre el que por este país apostó. Hoy transitamos un momento duro, y necesitamos más que nunca de esa promesa que usted mismo instauró”, recitó Manzoni.

En sus versos, el intendente también se refirió a las retenciones como “un impuesto injusto y arbitrario”, y subrayó que sabiendo que de cada camión que parte a Rosario, sólo un 30% al productor le queda. El resto abastece un erario con recursos inmensos que desaparecen como polvareda”. Luego, evocó la pérdida de productores rurales: “En estos últimos 20 años, más de 70.000 productores abandonaron la actividad y han cortado con la continuidad de generaciones camperas, sólo por la incapacidad de nuestros gobernantes a la hora de apostar por políticas certeras”.

Manzoni relató anteriormente que se involucró en política en 2008, durante el conflicto de la resolución 125 de retenciones móviles, cuando era adolecente. En su pueblo —que, según distintos datos, cuenta con entre 1500 y 1800 habitantes— derrotó al peronismo tras dos décadas en el poder. Desde que asumió donó la totalidad de sus sueldos.

En su reclamo poético, el intendente expresó:Sé que no es fácil y le ha tocado bailar con la más fea, pero en el momento en el que usted pueda y sea posible avanzar, no dude en la diferencia trazar y con responsabilidad acceda”. Y añadió: “Acceda a devolverle lo que al interior le han quitado, recursos casi infinitos malgastados en clientelismo esclavizante, años perdidos guionados por dirigentes obsecuentes y aberrantes. La lluvia nos ha abandonado, al igual que el precio internacional y con un estilo pasional yo hoy a usted le pido que sea del sector agropecuario un gran socio y no vagamente otro sueño perdido”.

Según un informe publicado por FADA (Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina) en diciembre, el Estado retuvo $64,30 de cada $100 de renta agrícola, 2,8 puntos más que en septiembre. Comparado con diciembre de 2023, el índice subió 5,4 puntos, impulsado por la baja de los precios y el menor efecto del “dólar exportador”. El desglose indicó que el 94,7% de los impuestos se destinaron a la Nación, el 4,7% a las provincias y el resto a los municipios, mientras que el 67,5% de esos tributos nacionales no se coparticiparon a las provincias, principalmente por los Derechos de Exportación (DEX).

– Casi $20 millones | El intendente Manzoni donó la TOTALIDAD de sus sueldos como intendente

Manzoni también es tambero y proviene de una familia agropecuaria de cuarta generación. Contó que en Viamonte llegaron a existir 25 tambos, pero actualmente solo dos permanecen activos. Al postularse a la intendencia, logró desbancar a un oficialismo que se había mantenido durante dos décadas: La única lista que había para las elecciones era la del intendente en ejercicio que hacía 20 años gobernaba Viamonte. Si bien no podía ir por la reelección, decidió poner a su primo como candidato, que ni siquiera vive acá, relató en entrevistas previas.

Finalmente, sus versos concluyeron con el llamado expreso a Milei para que acompañe al agro: “El campo lo es todo, pasado, presente y futuro. Hoy pasamos por un momento duro y necesitamos más que nunca de esa promesa que usted mismo instauró”. La poesía y el pedido de Manzoni se viralizaron en redes y avivaron la atención sobre la carga impositiva que pesa sobre la producción agropecuaria.

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FORMOSA | Comunidades originarias echaron a piedrazos a un diputado del gildismo por repartir mercadería en plena crisis por las inundaciones

En la comunidad originaria de Bartolomé de las Casas, en el interior de la provincia de Formosa, pueblos originarios cortaron la Ruta Nacional 81 reclamando asistencia estatal tras las inundaciones del fin de semana anterior.

El diputado provincial Pablo Sosa —militante del “gildismo”, el movimiento político del gobernador Gildo Insfránllegó al lugar con bolsas de mercadería para intentar que los manifestantes levantaran el corte.

La respuesta de la comunidad fue contundente. Lo echaron a cascotazos junto a su hermano, el director de la etnia Toba, Catalino Sosa.

“Nos mandaron mercadería, pensaron que iban a tapar el agua”, declaró una referente comunitaria de la zona.

En el fin de semana previo al hecho, Formosa fue golpeada por un temporal extraordinario. Bartolomé de las Casas fue una de las localidades más afectadas, con 206 milímetros de lluvia registrados en pocas horas, uno de los diez acumulados más altos de toda la provincia.

La zona quedó anegada, con familias sin acceso a servicios básicos, y el Estado provincial tardó en llegar con asistencia concreta a las comunidades originarias del interior.

Según la Gendarmería Nacional, el operativo federal asistió a 20 familias en El Espinillo, pero los reclamos en Bartolomé de las Casas no fueron atendidos de forma satisfactoria.

Pablo Sosa es diputado provincial del Partido Justicialista formoseño y también se desempeñó como administrador de la comunidad indígena Toba en el Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA). Es uno de los cuadros más visibles del oficialismo en el vínculo con los pueblos originarios, y participa activamente en la distribución de módulos alimentarios del gobierno provincial en comunidades como Namqom, Clorinda y el propio Bartolomé de las Casas.

Los cortes de ruta en la Ruta 81 a la altura de Bartolomé de las Casas son una práctica recurrente. Las comunidades han reclamado en reiteradas ocasiones por electricidad, agua potable, salud, pensiones por discapacidad y asistencia alimentaria, con resoluciones que muchas veces no se cumplen.

“Para una parte de la comunidad, su presencia representa al Estado que los abandonó, no lo ven como un aliado”, destacó un manifestante refiriéndose la imagen publica de Sosa.

Asimismo, la situación sigue siendo delicada en las zonas bajas, donde históricamente se asentaron viviendas por la cercanía con antiguos sectores de aguadas vinculados al desarrollo ferroviario. En esos sectores, el ingreso de agua a las casas no pudo evitarse por completo.

Durante la mañana del 20 de abril, las lluvias continuaron de manera intermitente, aunque con menor intensidad, acompañadas por un marcado descenso de la temperatura. Sin embargo, cerca del mediodía, las precipitaciones volvieron a intensificarse.

Desde las primeras horas del día, autoridades locales, fuerzas policiales y personal de salud permanecieron en alerta para responder ante posibles emergencias.

En la localidad de El Espinillo, cinco familias fueron evacuadas con la asistencia del Municipio, la Policía y otros organismos debido a las filtraciones de caudales de agua en sus viviendas. Algunas fueron reubicadas de manera provisoria en una escuela, donde se activó un operativo de asistencia. En Comandante Fontana también hubo personas refugiadas en establecimientos educativos, donde recibieron colchones y ayuda alimentaria.

¿Qué es el “gildismo”?

El término “gildismo” hace referencia al movimiento político encabezado por Insfrán, el mandatario de Formosa ininterrumpidamente desde 1995 —más de 30 años en el poder—. Su modelo de gobierno se basa en un férreo control del Estado, alto nivel de empleo público (se estima que el 70% de los empleos en Formosa son estatales), distribución discrecional de recursos y un vínculo clientelar con los sectores más vulnerables, incluidas las comunidades aborígenes.

Este método tiene antecedentes documentados en la misma región. En abril de 2025, en Campo de Cielo (Las Lomitas), cuando comunidades pilagás fueron reprimidas por exigir la apertura de compuertas durante una inundación, el gobierno provincial intentó “solapar la represión” entregando mercadería traída desde la sede del Partido Justicialista en camionetas policiales.

El 7,8% de sus habitantes pertenecen a los pueblos Wichi, Toba y Pilagá. Aunque la provincia tiene una ley indígena pionera desde 1984, organizaciones de derechos humanos advierten que los pueblos originarios viven “una alarmante etapa de negación y exclusión” y que el gildismo solo los contempla “desde un enfoque de pobreza”, sin reconocer su autonomía territorial ni cultural. El desmonte es una problemática que avanza sistemáticamente sobre territorios indígenas, generando desplazamientos forzados y destruyendo las bases de su economía y cultura.

— Mujeres de la Comunidad Nivecle de Tisjucat/Quebrachal.

Igualmente, Formosa se ubica entre las provincias con mayor pobreza del país. De acuerdo con datos de 2021, el 47,4% de su población era pobre y el 15% indigente. Hubo mejoras recientes, cuando el INDEC reportó que Formosa cerró 2025 con un 27.9% de pobreza y 4,6% de indigencia, registrando una caída de 18,3 puntos porcentuales respecto a 2024.

No obstante, estas cifras todavía la catalogan dentro de las más vulnerables del NEA —la región donde se encuentra— promedió un 32.7% de pobreza, por encima del promedio nacional del 28,2%.

A su vez, es una de las cuales depende de gran manera de los fondos nacionales. Entre enero de 2024 y febrero de 2026, la provincia dejó de percibir $1.776.000 por habitante en transferencias de Nación, debido tanto a la caída de la coparticipación federal como a la reducción de fondos discrecionales.

Solo en el primer trimestre de 2026, los recursos coparticipables que recibió Formosa cayeron un 16.6% en términos reales respecto al mismo período de 2025. Esto golpea directamente a los servicios públicos, la obra pública y los salarios estatales, que son la columna vertebral de la economía local.

La mayor parte de la población trabaja en el sector público, ya que el sector privado es débil y las oportunidades laborales son escasas. Esto crea una economía artificial que depende de las transferencias del Estado Nacional para sostenerse, sin generar riqueza productiva propia.

Santa Fe les cobrará hasta $6 millones a los padres de los menores que hagan amenazas en las escuelas

El gobierno de Santa Fe anunció que los padres o adultos responsables de los menores que realicen falsas amenazas en escuelas deberán afrontar multas de entre 5 y 6 millones de pesos por cada operativo de seguridad activado. La desesperada medida busca generar un efecto disuasivo ante la creciente ola de alertas que, en apenas cinco días (entre el 16 y el 21 de abril), acumuló 158 intervenciones en establecimientos educativos de la provincia.

La secretaria de Coordinación Técnica del Ministerio de Seguridad de Santa Fe, Georgina Orciani, fue una de las principales voceras del anuncio y advirtió que el fenómeno tiene alcance nacional. En una sola jornada se registraron 78 llamados al 911, “un número altísimo”. Orciani justificó el mecanismo de cobro con énfasis en el origen de los fondos y en el costo que implica cada intervención.

El monto “sin duda es una suma altísima” pero “refleja el aporte que hacemos todos los santafesinos cada vez que pagamos un tributo. No es el dinero del gobernador Maximiliano Pullaro, no es el dinero del Ministerio de Justicia y Seguridad, es el dinero de todos nosotros que vivimos, que elegimos trabajar en esta provincia y aportar. La gravedad, más allá de la intimidación pública que dejan estos mensajes, también es la dispensa de recursos que hace la provincia para atender el capricho de un par de irresponsables que no entienden que estamos en presencia de un delito y que el delito se paga”.

La funcionaria también remarcó que cada amenaza falsa consume recursos millonarios y aparta patrulleros y personal de tareas de prevención en la calle. Advirtió además que lo que algunos menores toman como una broma puede dejar sin cobertura situaciones delictivas reales. Y cerró con una definición tajante: “Como todos los argentinos ya sabemos, cuando nos duele el bolsillo reaccionamos”.

A pesar de la situación, Orciani remarcó que las clases continúan con normalidad. “La educación no puede estar en juego por un par de irresponsables”.

Uno de los casos más resonantes se produjo en la Escuela Ovidio Lagos N° 309, ubicada en Barrio Rucci (Rosario) donde se detectaron dos amenazas consecutivas: una el martes en el baño de mujeres y otra el miércoles en el baño de hombres. Los directivos del establecimiento mantuvieron reuniones de urgencia con padres y alumnos sospechosos de redactar los mensajes o viralizar las imágenes. En ese contexto, algunos adultos manifestaron preocupación por antecedentes de violencia en la escuela, incluidas versiones sobre un alumno que habría ingresado previamente con una réplica de arma.

Un episodio similar se vivió en el Colegio Paulo VI, donde la denuncia de una madre por un vehículo sospechoso en las inmediaciones demoró la salida de los alumnos aproximadamente diez minutos. El establecimiento activó de inmediato el protocolo de seguridad hasta que el personal del 911 confirmó que el área estaba resguardada.

El secretario de Gestión Institucional del Ministerio de Seguridad precisó que estas acciones no constituyen “bromas”, sino delitos tipificados en el Código Penal.

La magnitud del conflicto llevó a distintas escuelas de la provincia a tomar decisiones preventivas: en algunas localidades, los alumnos comenzaron a asistir a clases sin mochilas y a trasladar sus útiles en bolsas de nylon transparentes para facilitar el control de ingreso y evitar el porte de elementos peligrosos. Por su parte, centros de estudiantes de la región comenzaron a difundir videos de concientización en los que remarcaron que estas situaciones generan miedo real e instaron a detener la viralización de contenidos violentos.

Las autoridades provinciales vincularon la escalada de amenazas a un “reto” viral de TikTok. El especialista en convivencia escolar Alejandro Castro Santander describió el contexto como parte de una escalada regional y advirtió que “estamos reaccionando tarde ante una ‘sopa de violencia’ que ya es estructural”. También señaló la influencia del entorno digital en el comportamiento de los menores: “Hay chicos que consumen contenidos donde se glorifican masacres. Los padres creen que están en redes comunes, pero muchas veces están expuestos a entornos de extrema violencia”. 

Para el especialista, las respuestas basadas en controles físicos o medidas aisladas no abordan el problema de fondo: “No podemos seguir reaccionando con parches. Se necesita una política integral de convivencia escolar”. También advirtió sobre el contexto continental: “América Latina tiene la tasa más alta de homicidios de menores del mundo. Es ingenuo pensar que esto no va a impactar en las escuelas”.

Evo Morales huyó de un juicio por trata agravada contra una menor de edad y la Justicia ratificó su orden de captura

La Justicia boliviana dio un paso en el proceso judicial más resonante de los últimos años. Hoy lunes, el Tribunal de Sentencia Primero de Tarija declaró en rebeldía al expresidente Evo Morales luego de que no se presentara al inicio del juicio oral por el presunto delito de trata agravada de personas. Como consecuencia directa el juez Carlos Oblitas suspendió la audiencia y ratificó una orden de aprehensión y arraigo en su contra que le impide salir del país.

La audiencia se instaló a las 8:30 de la hora local en la ciudad sureña de Tarija. Morales no asistió. Tampoco lo hicieron sus abogados. 

“El juicio queda suspendido mientras comparezcan o se haga comparecer, por la fuerza pública, a los acusados” fue la categórica respuesta de Luis Gutiérrez, el fiscal del caso. Gutiérrez también aclaró que la ejecución de la orden de captura contra el expresidente corresponde a la Policía Boliviana y “no es una atribución” del Ministerio Público. 

Desde la Fiscalía Departamental de Tarija se precisó que los abogados de Morales no presentaron “ninguna clase de justificativo” por su ausencia.

El fiscal departamental de Tarija, José Mogro, subrayó el peso del expediente acumulado por la acusación: más de 170 pruebas de cargo y 39 testigos.

La causa tiene su origen en la presunta vinculación del exmandatario con una adolescente durante su presidencia. Según la acusación formal Morales mantuvo una relación con la menor de edad en 2016. Ese año tuvo con ella una hija y habría otorgado beneficios a la familia de la joven.

La mujer (ya es mayor de edad) declaró ante algunos medios locales que reside actualmente en Argentina junto a la niña.

La defensa de Morales respondió con una lectura completamente distinta. Wilfredo Chávez, uno de sus abogados, sostuvo en La Paz que el expresidente no fue notificado personalmente para concurrir al inicio del juicio, sino mediante un “edicto” judicial, lo que, a su juicio, constituye un “vicio causal de fondo”. Chávez también calificó el proceso como un asunto político, al señalar que el juicio fue “desempolvado” en un momento en el que existen varias protestas sociales contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz. Por su parte, el abogado Nelson Cox había adelantado la semana pasada que Morales no se presentaría porque considera que el caso se desarrolla de manera ilegal y que no existen garantías para la instalación del juicio. “El tribunal lamentablemente no está respetando estándares internacionales (…) no corresponde que se presente”, afirmó.

No es la primera vez que Morales desafía una convocatoria judicial. La acusación formal fue presentada en octubre de 2024. Durante la fase preliminar de investigación, a principios de 2025, el juez Nelson Rocabado ya lo había declarado en rebeldía luego de que no compareciera en dos oportunidades a una audiencia destinada a resolver la acusación en su contra, con el argumento de problemas de salud. En esa misma instancia se le dictó arraigo y la anotación preventiva de sus bienes.

La orden de aprehensión emitida hoy es la segunda que pesa sobre el exgobernante. La primera nunca se ejecutó. Desde octubre de 2024, Morales permanece en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba (región cocalera del centro del país considerada su bastión político y sindical) bajo la custodia permanente de cientos de sus seguidores.

– Lauca Ñ, el lugar en el que se refugia Evo Morales

En los alrededores de su domicilio, esos militantes montaron una guardia que lo vigila las 24 horas del día y levantaron barricadas para impedir el acceso de las fuerzas de seguridad. En octubre y noviembre de 2024, sus seguidores bloquearon carreteras durante 24 días consecutivos para impedir el ingreso de agentes policiales a la zona.

La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados verificó el avance del trabajo del Ministerio Público, que, según el fiscal Mogro, “ha actuado con transparencia y celeridad dentro de este proceso”, al cumplir con los procedimientos y los plazos establecidos por la norma.

Morales denunció en múltiples oportunidades que el proceso judicial en su contra buscaba impedir su candidatura en las elecciones de noviembre de 2025, comicios a los que pretendía presentarse por primera vez después de romper con el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido que fundó y lideró durante casi treinta años. Sin embargo, y pese a sus alegatos de persecución política, nunca negó la vinculación con la menor. 

Tras un doble homicidio narco, Chubut aceleró la adhesión a la Ley Antimafia para combatir a las familias criminales que atemorizan a los vecinos

Antes del finde largo, el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, anunció el envío a la Legislatura provincial del proyecto de adhesión a la Ley Nacional 27.786 de Organizaciones Criminales, popularmente conocida como “Ley Antimafia”, y confirmó la creación por decreto de la Mesa de Desfederalización del Narcomenudeo.

La decisión del ejecutivo se produjo luego del megaoperativo realizado durante la madrugada del pasado viernes en Comodoro Rivadavia, en el marco de la investigación por el doble homicidio ocurrido el 22 de abril, cuyas víctimas fueron Rodrigo Nieves y Agustina Asencio, una trabajadora del natatorio municipal que, según medios locales, había conocido a Nieves apenas diez días antes y era ajena al conflicto investigado.

El procedimiento incluyó 16 allanamientos simultáneos en distintos sectores de la zona norte y sur de la ciudad. Según la información oficial, la Policía del Chubut logró detener a tres sospechosos, entre ellos dos presuntos coautores vinculados directamente al doble homicidio. Además, se secuestraron elementos clave para la causa, entre ellos armas de fuego, municiones y el vehículo presuntamente utilizado durante el ataque.

Torres destacó el trabajo de la fuerza policial y afirmó: “la semana pasada dijimos que queríamos presos a los Vera y a los Nieves, dos familias que desde hace décadas vienen atemorizando a los comodorenses”. Luego agregó: “hoy, gracias al trabajo de nuestra fuerza policial, detuvimos a los implicados en el doble homicidio ocurrido hace pocos días”.

El mandatario también confirmó la detención del presunto autor del homicidio de Ariel Cardozo, ocurrido el 5 de octubre de 2025 en una estación de servicio de Comodoro Rivadavia. El sospechoso permaneció prófugo desde sucedido el hecho.

De acuerdo con la información difundida, la investigación avanzó a partir de una labor de inteligencia realizada por la División Policial de Investigaciones (DPI), que permitió identificar a los presuntos coautores del doble crimen y localizar el vehículo usado en el ataque. Luego, el Ministerio Público Fiscal solicitó los allanamientos y las detenciones correspondientes.

En ese contexto, Torres sostuvo que las nuevas herramientas apuntaron a fortalecer la capacidad del Estado provincial frente a organizaciones delictivas y evitar que los detenidos recuperen rápidamente la libertad. “No alcanza con detenerlos: necesitamos que sigan presos, que no salgan en pocos meses y que el resto de los implicados y autores intelectuales tampoco”.

La adhesión a la Ley Antimafia fue presentada por el Ejecutivo provincial como una medida para combatir organizaciones criminales complejas, endurecer penas, ampliar herramientas de investigación y abordar estructuras delictivas de manera integral.

Desde el Gobierno de Chubut señalaron que la iniciativa buscó otorgar mayores facultades a fiscales y fuerzas de seguridad frente a bandas vinculadas al narcotráfico, homicidios, extorsiones y otros delitos organizados.

“Son herramientas fundamentales para que estas familias estén donde tienen que estar, que es en la cárcel”. Torres remarcó además que la adhesión permitió avanzar en una mayor coordinación entre la Justicia federal y provincial, especialmente en causas con conexiones entre el narcomenudeo y hechos de violencia extrema.

La Mesa de Desfederalización del Narcomenudeo, creada por decreto, tuvo como objetivo coordinar acciones para que la Justicia provincial interviniera de manera más directa en delitos vinculados a la venta minorista de drogas. Según el Ejecutivo la medida buscó “descomprimir el sistema federal” y “agilizar investigaciones” relacionadas con el narcotráfico urbano.

Desde el Gobierno provincial sostuvieron que la desfederalización permitió acelerar allanamientos, investigaciones y procesos judiciales vinculados con kioscos de droga y estructuras barriales asociadas al delito organizado, una problemática que en los últimos años mostró un fuerte crecimiento en distintas ciudades de la provincia patagónica.

El día que Luis Brandoni donó terrenos para que se construyera una escuela rural en Mendoza

El fallecimiento de Luis Brandoni dejó en Mendoza, y especialmente en San Rafael, un dolor con matiz de gratitud. Más allá de su extensa trayectoria en el cine y el teatro, el queridísimo actor dejó una huella concreta en el distrito de Las Paredes: donó parte de un predio familiar para que allí se construyera una escuela secundaria y, en octubre de 2023, viajó hasta el lugar para presidir el acto de imposición del nombre de la institución, a la que eligió llamar “José Domingo Brandoni”, en honor a su padre.

José Domingo Brandoni fue un empleado bancario que adquirió tierras en San Rafael por iniciativa del dueño de la entidad donde trabajaba. A su muerte, en 1985, Luis y su hermano Gerardo heredaron esos terrenos, donde ya vivían decenas de familias en condiciones precarias. Fue entonces cuando los hermanos tomaron la decisión de donar parte del predio con una única condición: que allí se construyeran una escuela, una comisaría y un centro de salud.

El 24 de octubre de 2023, Brandoni llegó al establecimiento 4-245. La comunidad educativa esperaba ese momento desde 2017, cuando inició la búsqueda de una identidad propia. Originalmente, la elección parecía definida: “Luis Brandoni” había sido el nombre más votado entre opciones como “Los Carolinos” o “El Chañaral”. Sin embargo, fue el propio actor quien cambió el rumbo con un gesto que marcó el espíritu de la jornada.

“Cuando me plantearon poner mi nombre, razoné que no había hecho méritos suficientes para semejante honor. Por eso propuse el de mi papá”, confesó, visiblemente conmovido, durante el acto. Y agregó: “Mi padre se merece este reconocimiento porque fue un hombre de bien, un hombre decente, que quiso mucho a San Rafael”.

Viviana Pizarro, directora de la institución en aquel entonces, describió el largo camino que llevó al bautismo del colegio y el impacto que tuvo la conversación con el actor. “Nos contó la historia de su familia y manifestó que lo más justo sería que el nombre fuera el de su papá. La comunidad aceptó de inmediato”, recordó la docente.

Hoy, la Escuela José Domingo Brandoni funciona como el testimonio vivo de una decisión familiar que cambió el futuro de una comunidad.

Casi el 75% de la red vial nacional está en estado regular o malo y advierten por más muertes en las rutas

Un grupo de gremios, usuarios y familiares de víctimas de accidentes en carreteras formaron un espacio multisectorial para denunciar que “las rutas nacionales argentinas atraviesan la peor situación de su historia reciente”. La conferencia de prensa se realizó al público en Chacabuco 243, en Ciudad de Buenos Aires.

“No hay mejor manera de mostrar la ineficiencia de un organismo que desfinanciarlo”, lo resumió con una frase el dirigente sindical de Vialidad en Entre Ríos, Raúl Meza.

El espacio que se presentó dió a conocer sus objetivos concretos, como lo sería instalar el tema en la agenda pública y empujar al Estado y al Congreso a tratar la situación como una verdadera emergencia. También busca frenar el vaciamiento de distintos organismos del Estado, entre ellos Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), que en los últimos meses también sufrieron recortes.

Además, la convocatoria cuestiona el modelo de concesiones por peaje como única respuesta frente a la crisis y propone medidas “en defensa de la vida”, que van desde la declaración formal de emergencia vial hasta la restitución del presupuesto y del personal.

Según los reclamos, es una decisión política deliberada de desfinanciar y desmantelar el organismo que cuida los caminos del país durante la gestión del presidente Javier Milei, provocando un escenario donde “aumentan los accidentes y las muertes en las rutas”, en un contexto en el que la Red Vial Nacional de por sí “atraviesa una emergencia sin precedentes”.

La convocatoria es impulsada por distintas organizaciones, entre ellas la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), que representa a los trabajadores encargados de construir y mantener las rutas; el Comité Nacional de Usuarios Viales (CONADUV), que defiende los derechos de quienes transitan por ellas; el Sindicato de Empleados Viales Nacionales (SEVINA); la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Jerárquico de la DNV, integrada por ingenieros y técnicos de Vialidad; autoconvocados de la Ruta Nacional 3, vecinos y usuarios que advierten el deterioro de esa traza; familiares de víctimas de accidentes viales y organizaciones como Estrellas Amarillas; además de Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, y el diputado nacional por la provincia de Mendoza, igualmente representante a la coalición peronista de Unión por la Patria (UxP), Martín Aveiro.

El dato más impactante que presentan los gremios es que casi el 75% de la Red Vial Nacional se encuentra en estado regular o malo.

Para comprender el alcance de este dato, hay que tener en cuenta que Vialidad Nacional utiliza un Índice de Estado que va de 0 a 10. Los valores del 0 al 5 indican un mal estado de la calzada, entre 5 y 7 se considera un estado regular, y de 7 a 10, un buen estado.

“Antes había crédito externo, pero este gobierno decidió cerrarlos para convertirlos en créditos de libre disponibilidad”, destacó el referente de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro, ejemplificando con casos como la paralización de obras significativas a nivel nacional como la construcción del segundo puente que conecte la provincia de Chaco con Corrientes.

Un estudio independiente del Instituto Argentina Grande confirma la tendencia, ya que la proporción de rutas en buen estado cayó del 54.9% en 2022 al 47.5% en 2024, mientras que las rutas en mal estado subieron del 23% al 29%. Y eso fue antes de que el deterioro se acelerase aún más en 2025 y 2026.

Hay provincias especialmente golpeadas. En la provincia de Buenos Aires, solo el 36.8% de las rutas nacionales está en buen estado, el 51.7% está directamente en mal estado. En Chaco, Tucumán y Buenos Aires, más de la mitad de las rutas supera el umbral del mal estado.

Para el caso del NEA —la región de Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa— el informe de FEPEVINA destaca situaciones críticas, como la Ruta Nacional 121 (que conecta Santo Tomé con Brasil), que presenta “falla estructural completa”, con baches profundos, ahuellamiento severo y pérdida de capacidad portante.

La explicación de fondo es el ajuste fiscal aplicado desde diciembre de 2023. De acuerdo con los datos difundidos por el sector, el presupuesto real de Vialidad Nacional en 2026 es más de 80% inferior al de 2022, mientras que el Presupuesto 2026 consolida una caída real cercana al 75% en comparación con 2023. A eso se suma una fuerte reducción de la planta de personal. En diciembre de 2023 el organismo contaba con 5.540 trabajadores, pero entre despidos y retiros voluntarios impulsados desde 2024 la dotación de empleados se redujo de manera drástica, con anuncios de recortes que llegaron a alcanzar a 1.600 agentes.

El deterioro también se refleja en la paralización de las obras en ejecución, sin importar su grado de avance, y en el abandono de tareas básicas de mantenimiento como el bacheo, la señalización, el desmalezado de banquinas y la campaña invernal de conservación. En lugar de resolver los problemas de fondo, sostienen desde el área, solo se realizan bacheos precarios que administran el riesgo de manera temporal. A esto se suma la subejecución de los fondos provenientes del Impuesto a los Combustibles, que por ley deben destinarse a las rutas.

Conforme a los reclamos gremiales, Vialidad ejecutó apenas la mitad de esos recursos durante 2024 y 2025, motivo por el cual FEPEVINA llegó incluso a presentar una denuncia penal. El proceso, además, provocó la pérdida de personal técnico clave, entre ellos ingenieros, laboratoristas, topógrafos, mecánicos y maquinistas especializados, con el consecuente vaciamiento de capacidades técnicas del organismo.

El deterioro físico de las rutas tiene un impacto directo en vidas humanas. En base a FEPEVINA, el abandono del mantenimiento preventivo disparó la siniestralidad un 14% interanual, alcanzando 4.369 muertes. La asociación civil Luchemos por la Vida registró 6.248 muertes en calles y rutas durante 2025.

El Instituto de Seguridad y Educación Vial (ISEV) reportó que en 2025 la mortalidad vial subió un 22% respecto a 2024, y que cada muerte por siniestro representó un costo social promedio de USD$38.650. Significativamente, el 25% de las muertes viales del país ocurrieron en la región del NEA (Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos).

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