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Ayer sábado, durante un plenario celebrado en el microestadio de Lanús, el Partido Obrero anunció su fórmula presidencial para las próximas elecciones, integrada por Gabriel Solano y Romina del Pla.
El mediático legislador porteño es tristemente conocido por algunas de sus declaraciones, referidas en su mayoría a la reivindicación de las atrocidades del comunismo soviético y cubano.
Durante un intercambio televisivo con Victoria Villarruel, el dirigente de extrema izquierda, frente a la pregunta de si consideraba malo poner bombas (práctica recurrente en la guerrilla), contestó que “depende quién la ponga”.
Este tipo de declaraciones por parte de Solano, siempre maquilladas entre endebles malabares dialécticos, se repitieron en otro debate, en este caso, cuando Carlos Maslatón manifestó que le gustaría escuchar un repudio del levantamiento terrorista del ERP de parte de Solano.
El burócrata no solamente no contestó ni expresó repudio, sino que además justificó el accionar de la organización guerrillera y la relacionó con un supuesto vínculo al Cordobazo de 1969.
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El pasado jueves 21, el intendente de Rosario dio inicio al periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante. Pablo Javkin, que habló aproximadamente una hora, dio su discurso orientado sobre la Seguridad: “Las únicas armas que tenemos son nuestra capacidad para estar cerca de los vecinos. Al miedo le respondemos haciendo y cuidando”.
Javkin, conocido por su trayectoria política que incluye cargos desde concejal hasta diputado nacional por Santa Fe antes de asumir la intendencia, se enfrenta a una creciente percepción de descontento ciudadano en su gestión. A pesar de que su llegada en 2019 prometió cambios en áreas como seguridad y lucha contra el narcotráfico, la realidad muestra una situación compleja y desafiante.
Lo que llamó la atención en redes fue la nula convocatoria que generó el acto: Nadie estaba viendo la apertura de sesiones, solamente estaba la imagen de Javkin en una mega pantalla alquilada. Desde el gobierno municipal aclararon a los medios que no se vio convocatoria porque no movilizaron a la militancia.
Roberto Gómez utilizó su cuenta personal de TikTok para exponer a un votante de La Libertad Avanza que fue a entregar su currículum vitae a la franquicia de Costumbres Argentinas, ubicada en el 3020 de la Avenida Corrientes.
En el video, Gómez se dirige al joven de manera burlona, preguntándole cómo le ha ido desde que votó a Milei, e insinuando que podría depender económicamente de sus padres. El joven, visiblemente incómodo, intenta evitar la cámara.
A pesar de que los videos de Gómez no tuvieron relevancia en TikTok, un usuario los descargó y los publicó en Twitter: “Se ríen de un pibe que votó a Milei porque fue a dejar un CV”.
Tras la indignación colectiva generada, Gómez puso en privado su cuenta. Sin embargo, los usuarios encontraron un video más antiguo en donde puede verse al kirchnerista acosando al liberal.
Tras el escándalo, la franquicia perteneciente al yerno de Alfredo Coto, Luis Videla, repudió el accionar: “Gracias por informar. En Costumbres Argentinas estamos en contra de este tipo de acciones y tomaremos las medidas necesarias”.
“Si se quedan solo en si los guardapolvos se entregaron o no, esto no termina en nada, pasará como el Plan Qunita”, explica una de las fuentes que participó en el diseño de la estafa.
El Plan Qunita fue una denuncia realizada durante el último gobierno de Cristina Kirchner por Graciela Ocaña. Los responsables del supuesto desfalco terminaron sobreseídos por la justicia federal. Los investigadores se centraron en si el material se había entregado o no. No se investigó seriamente la pista del lavado de activos y la evasión fiscal.
El gobierno nacional analiza 40 cooperativas que operaban como 15 de Junio, protagonista del escándalo de los guardapolvos. Se trata, por ejemplo, de Los Pitufos Limitada, también oriunda de Quilmes.
La semana pasada, el gobierno nacional dio de baja, de forma provisoria, a 12,425 cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández.
La clave será que la justicia cruce los datos de los cheques emitidos por las cooperativas y sus supuestos ingresos. En un pedido de información a la Afip y al Banco Central serían fundamentales ya que, según las fuentes, existió una usina de facturas truchas que funcionó en Belgrano al 400 promocionada por los ex funcionarios de Desarrollo Social.
El operativo descubierto
El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante la gestión de Victoria Tolosa Paz, contrató a una cooperativa sin experiencia previa para la producción de 165 mil guardapolvos. A su vez, la cooperativa en cuestión, llamada 15 de julio, subcontrató otras dos cooperativas que facturaron más de 670 millones de pesos pero aseguran haber entregado sólo 4500 guardapolvos.
El martes 28 de febrero del 2023, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de Tolosa Paz, firmó un convenio de colaboración con la cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada.
El mismo tenía como objetivo el “establecimiento de estrechas relaciones de cooperación y articulación orientadas a la implementación del proyecto social de acción conjunta”. Duraba únicamente 90 días “contados a partir de la efectiva recepción de los fondos en la cuenta bancaria de la organización”.
Los firmantes del convenio
Los firmantes de este sugestivo convenio fueron Leonardo Moyano, secretario de Articulación de Política Social del Ministerio y Paula Goroso, Presidenta de la Cooperativa 15 de Julio Limitada.
Goroso es la pareja de Martín Bordalejo, ex funcionario del Municipio de Quilmes que en el 2022 fue imputado y el ex subsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa, quien figuraba como titular de cooperativas que habían recibido fondos del mismo municipio.
En la dirección de la Cooperativa 15 de julio Limitada se encuentra un centro de reciclaje de la UTEP -Unión de Trabajadores de la Economía Popular- de Juan Grabois. Sin embargo, no son pocos los vecinos que aseguran que allí se realizaban reuniones del Movimiento Evita.
La Cooperativa 15 de Julio, tiene como actividad principal la fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto. Inició sus actividades en agosto de 2023. Pero unos meses antes, el 20 de marzo del 2023, le pagó más de 171 millones de pesos a otra cooperativa de trabajo, llamada GENERAL MITRE MANOS UNIDAS LIMITADA, por el “servicio de corte”.
La presidenta de General Mitre es Olga Edith Martínez que, ante las cámaras de La Cornisa, negó haber recibido 171 millones de pesos: “Entregamos lo que pudimos terminar, esto es, unos 3500 guardapolvos”, número muy lejano a lo firmado por el Ministerio de Victoria Tolosa Paz.
Negocio de confeccionar guardapolvos
Para Martínez cooperativas como la suya “se usaban para facturar”. Consultada sobre cómo conoció el negocio de la confección de guardapolvos para el Estado aseguró que “a través del contador Mario Figueroa y de Sebastián Raspa”. Raspa es el ex funcionario quilmeño, imputado por el escándalo de sus cooperativas y los 535 millones de pesos que le bajó el mismo Municipio.
La denuncia que presentará Capital Humano certifica todo lo antes señalado. Existen otras 40 cooperativas que operaban en los mismos sitios y con los mismos protagonistas. Será el gran escándalo de la corrupción del gobierno de Alberto Fernández y del peronismo.
Mientras tanto, el fiscal de Mar del Plata, Juan Pettigiani, denunció a todos los involucrados en Comodoro Py. La causa será sorteada en las próximas horas. A su vez, la causa judicial previa, basada en la denuncia de la cooperativista Gladis Lugos se reactivó.
Además el gobierno nacional anunció la suspensión provisoria de todas las cooperativas creadas durante el gobierno de Alberto Fernández. Encontraron que el 72% no tenía balances ni asambleas de socios, el 22% duplicaba a sus asociados y el 20% repetía el correo electrónico personal. Además, el 9% repetía el domicilio.
El problema sería que paguen Justos por pecadores
La gran pregunta que deberá responder la justicia es si desde el Ministerio de Desarrollo Social del Albertismo existió una asociación civil para girar fondos públicos a través de cooperativas fantasmas para hacer caja política y enriquecer a funcionarios públicos. Sería algo así como la Causa Vialidad de las Cooperativas.
Según detallaron, la comisaría 15 que pertenece al barrio, brinda todas las herramientas que provincia les da, sin embargo, desde el Ministerio de Seguridad les dieron la orden de sacar 10 efectivos policiales y 3 patrullas que fueron enviadas al comando. “Esto a Félix U. Camet no le sirve, ante un robo tardan 30 minutos en llegar mínimo”, explicaron.
Por su parte la Secretaría de Seguridad de la ciudad “no se hace cargo de la situación, no gestiona recursos ante provincia solo se dedica a decirle a los vecinos que la culpa de la inseguridad es de provincia”, añadieron.
Es así que ante la falta de respuestas salieron a resolver, según relatan, con las herramientas que tenían e incluso colgaron 10 pasacalles en el barrio para advertir a los ladrones.
A través de un video que publicó en su cuenta de Twitter el sábado pasado, la legisladora de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Graciela Ocaña, cuestionó la jubilación de privilegio que recibe Alberto Fernández.
El expresidente del Frente de Todos percibe casi $8 millones de pesos mensuales en su jubilación de privilegio, lo que equivale a 52 jubilaciones mínimas. Su ingreso se traduce en aproximadamente $9722 por hora, logrando recaudar en solo 14 horas lo que un jubilado promedio obtiene en un mes.
Para Ocaña, Fernández no puede percibir esa jubilación porque “incumple con la Ley, más en el marco de las denuncias por fraude al Estado que este propio gobierno le ha hecho”. Finalmente, contó que no fue recibida por las nuevas autoridades de ANSES. Ocaña quiere acercar a los funcionaros del organismo las más de 50 mil firmas que juntó contra la jubilación de privilegio de Alberto en la reconocida página Change.org.
Además, pidió a Milei “que no desilusione a los millones que lo votaron. Y como estoy segura de que él está en contra, como lo ha dicho, de terminar con los privilegios de la casta, anule esta decisión del ANSES, que no solamente viola la normativa porque Alberto Fernández claramente no vive en la Argentina, sino que también es una cachetada para los millones de jubilados que hoy ganan la mínima, que con bonos llega a $200 mil”.
El Decreto 2430 generó controversia al oficializar una designación por parte del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Se trata de Roberto Sposetti, un reconocido operador mediático del ámbito conocido como “círculo rojo”.
El cargo que se le asigna es el de “asesor del Poder Ejecutivo, con nivel de Ministro”. Según explicaron fuentes de la Legislatura de Córdoba a este portal, esta maniobra se percibe como una forma encubierta de nombrar un nuevo ministro, otorgándole el sueldo correspondiente sin aclarar de manera clara que se trata de un nuevo Ministro.
Aunque el documento oficial fue emitido el pasado viernes 15, refleja un nombramiento de diciembre de 2023. En este punto, otra fuente importante de la Legislatura provincial especula que Llaryora publicó “uno de cada cuatro decretos” en el Boletín Oficial, sin informar correctamente incluso a sus propios colaboradores, lo que lo obligó a aprovechar las nuevas emisiones del BO para ir actualizando viejos decretos. Al primero de marzo, de los 510 decretos que se sabe que el gobernador firmó, solo se publicaron 136, dejando sin oficializar 374 de ellos.
Dentro del círculo rojo, Roberto Sposetti es reconocido por su trayectoria como operador mediático. Uno de sus primeros trabajos en el ámbito público fue asesorar al dos veces intendente de la ciudad de Córdoba, senador nacional y diputado provincial, Rubén Américo Martí. También se desempeñó como asesor de comunicaciones del exgobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y tuvo un fugaz y polémico paso dentro de la Secretaría de Turismo como secretario de Innovación en 2018.
Córdoba cuenta con 15 Ministerios y 10 Agencias con rango ministerial. Solamente en publicidad y propaganda para los Ministerios, el gobierno provincial tiene proyectado gastar un total de $26 mil millones en 2024.
En este contexto, es relevante recordar que en noviembre del año pasado, la Legislatura de Córdoba aprobó un aumento del 506,35% —pasó de $57 millones a $350 millones— en la disponibilidad de dinero para “gastos reservados” sobre las carteras de Seguridad, Gobierno y Justicia, y el Tribunal Superior de Justicia. Estos gastos reservados no pueden ser fiscalizados por el Tribunal de Cuentas de Córdoba gracias a una reciente modificación de la ley, lo que permite su uso discrecional.
El gobernador K envió a la Legislatura bonaerense un proyecto para aumentar el impuesto sobre inmuebles y patentes. Al paquete de leyes se le suma un pedido de endeudamiento por 1800 millones de dólares.
Después de 25 años en la @LegislaturaCBA arman una Mesa de Seguridad para buscar especialistas que les expliquen que hacer. ¿Cómo? Hace 25 años que gobiernan y no tienen un plan...VIVEN IMPROVISANDO!!! Mientras tanto los cordobeses SE MUEREN. pic.twitter.com/viFXNRQgSW