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En el contexto de la medida de fuerza anunciada el pasado viernes, miles de docentes se movilizaron este miércoles por la mañana en el centro de la ciudad de Santa Fe. Pasadas las 10, los manifestantes llegaron a la Plaza 25 de mayo, frente a Casa de Gobierno.
El paro nuclea tanto al ámbito público y privado por 72 horas. Esta semana, los docentes no dictarán clases el 23, 24 y 25 de agosto, y establecieron que la semana que viene, el 30 y 31 de agosto y 1° de septiembre, tampoco se harán presentes en las aulas.
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Los docentes le reclaman al gobernador peronista Omar Perotti y la ministra de educación Cantero, por la reapertura de las paritarias, por un salario que se ajuste automáticamente con la inflación, mejoras en las condiciones laborales y aumento de presupuesto para la educación pública y los comedores.
Por otra parte, la Confederación Nacional de Docentes Universitarios línea Histórica (ConaduH) se sumaron al reclamo y no dictaron clases el miércoles y tampoco lo harán durante el jueves, con posibilidad de extender la medida a los próximos días.
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En la provincia de Buenos Aires, la palabra “emergencia” se convirtió en una bandera política. El gobernador Axel Kicillof la invoca con frecuencia para justificar medidas restrictivas, postergaciones salariales e incluso nuevos pedidos de endeudamiento. Sin embargo, en paralelo, su gestión no detiene —sino que acelera— un modelo de gasto público desbordado, que incluye la multiplicación de cargos políticos, compras millonarias y un calendario electoral que costará más de 4.000 millones de pesos a los bonaerenses.
El contraste es evidente. Mientras varios municipios bonaerenses se declaran en emergencia financiera por la falta de fondos, y mientras el propio Kicillof debió suspender negociaciones paritarias con docentes y empleados estatales por “falta de recursos”, la maquinaria administrativa no se detiene. El gobernador solicitó recientemente a la Legislatura la creación de 2.249 nuevos cargos públicos, a los que se suman 5 mil horas cátedra adicionales, a pesar de que ya administra una estructura que triplica en personal a la de su antecesora, María Eugenia Vidal.
¿Crisis real o campaña encubierta?
A este crecimiento del gasto, que ya destina casi la mitad del presupuesto provincial al pago de sueldos, se suma un nuevo escándalo: la licitación 211-0087-CDI25 para la impresión y provisión de materiales de la elección desdoblada, por un monto que supera los 4.179 millones de pesos. Dos empresas participaron: Arcángel Maggio SA (la más económica) y Melenzane SA, ambas con propuestas que rozan cifras siderales para una provincia que asegura estar en emergencia.
La licitación se da en el marco de un calendario electoral impulsado por Kicillof y aprobado sin debate ni discursos en la Legislatura, y que parece más diseñado para garantizar la supervivencia política del oficialismo que para resolver los problemas estructurales de la provincia. El 7 de septiembre se celebrarán elecciones, mientras el ajuste a los municipios, la deuda acumulada y la parálisis de aumentos salariales se profundizan.
Una gestión que va a contramano del país
Mientras el gobierno nacional aplica recortes drásticos y elimina cargos en nombre del equilibrio fiscal, Kicillof parece haber elegido el camino contrario: más cargos, más gasto, más deuda. Desde su llegada al poder en 2019, el gobernador creó más de 70.800 cargos nuevos en la administración bonaerense, un promedio de 48 designaciones por día.
Y lejos de frenar, acelera. La Legislatura ya recibió un nuevo paquete económico con pedidos de endeudamiento por más de 1.000 millones de dólares, además de la emisión de letras del Tesoro por otros 250 millones en moneda extranjera. Todo, en una provincia que todavía funciona con el presupuesto prorrogado de 2023.
A la licitación electoral se suman compras millonarias con presupuestos ocultos, como la adquisición de más de 750 computadoras, mil monitores, laptops y pizarras digitales, sin especificar el monto total del gasto. Estimaciones privadas aseguran que la cifra podría superar los 1.000 millones de pesos. A esto se suma la renovación de luminarias por 113 millones, globos y elementos de comunicación institucional por otros 200 millones, mientras los hospitales reclaman insumos y los intendentes denuncian la falta de transferencias básicas.
Una estrategia electoral encubierta
El relanzamiento del espacio político “Movimiento Derecho al Futuro”, las designaciones masivas y la superestructura electoral parecen tener un único objetivo: sostener territorialmente al gobernador y posicionarlo como figura nacional de cara a 2027. En lugar de administración eficiente, Kicillof parece usar el aparato del estado como plataforma política, con los contribuyentes como únicos financistas.
La estrategia del gobernador está cada vez más cuestionada, incluso dentro del propio peronismo. Con una provincia en emergencia, salarios estancados y una estructura estatal cada vez más costosa, la pregunta es inevitable: ¿Cómo se sostendrá este modelo? Y más aún: ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una provincia que gasta como si estuviera en bonanza mientras se endeuda como si estuviera en quiebra?
La respuesta llegará pronto. Tal vez no en las urnas, pero sí en los hospitales vacíos, en las escuelas sin mejoras, en los municipios quebrados y en la presión impositiva que no deja de subir. Mientras tanto, Kicillof sigue apostando al “inflador” y no a la motosierra, como si los recursos fueran infinitos. Pero los números no mienten: el costo de esta campaña, lo pagamos todos.
En la previa a las elecciones provinciales del 8 de junio, la Justicia Electoral de Misiones tomó la decisión de excluir del padrón electoral a policías y agentes penitenciarios. Esta medida, basada en el artículo 48, inciso 10, de la Constitución Provincial, se aplicó con el argumento de que estos funcionarios no deben participar en los comicios mientras estén en servicio activo.
La disposición recibió críticas desde diversos sectores. Organizaciones de derechos humanos y partidos políticos de la oposición cuestionaron la constitucionalidad de la medida y argumentaron que vulnera el derecho al sufragio consagrado en la Constitución Nacional. Además, señalan que en elecciones anteriores, los miembros de las fuerzas de seguridad habían votado sin restricciones, lo que plantea dudas sobre la motivación y la oportunidad de esta exclusión.
El caso de Ramón Amarilla, ex suboficial de la policía y actual candidato a diputado provincial por el partido Por la Vida y los Valores, cobró especial relevancia en este contexto. Amarilla, detenido desde septiembre en la Unidad Penitenciaria VIII de Cerro Azul, enfrenta una impugnación a su candidatura por parte del fiscal electoral Flavio Morchio, quien argumenta que su situación procesal lo excluye del padrón electoral. Sin embargo, su defensa sostiene que la ley provincial no puede estar por encima de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a ser elegido, y que Amarilla figura en el padrón provisorio, lo que respaldaría su postulación.
– Ramón Amarilla
La medida adoptada por la Justicia Electoral de Misiones también ha sido criticada por su implementación. Se reportaron casos en los que se habría ordenado la retención de documentos de identidad a efectivos policiales para impedir su participación en los comicios, lo que se interpretó como una forma de coacción y una vulneración de derechos fundamentales.
Desde el oficialismo provincial la medida fue tomada como una forma de preservar la neutralidad y la imparcialidad de las fuerzas de seguridad durante el proceso electoral. Sin embargo, la falta de una aplicación consistente de esta disposición en elecciones anteriores y la ausencia de una justificación clara alimentaron las sospechas de que podría tratarse de una maniobra política para influir en los resultados electorales.
En plena recta hacia las elecciones legislativas, Ramiro Marra —candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires— presentó un plan que busca desmantelar las villas porteñas mediante “desalojos inmediatos” y la restitución de los predios ocupados. El dirigente atribuyó la expansión de estos asentamientos al Plan Patria Grande lanzado por Néstor Kirchner en 2006 y advirtió sobre sus consecuencias en materia de seguridad y urbanismo.
Según los cálculos que expuso, la población que habita en villas se multiplicó por diez en las últimas dos décadas: de 50.000 a casi 500.000 personas. Marra denunció que este crecimiento “agravó la criminalidad y profundizó la inseguridad” en los barrios linderos. “Las villas son focos de narcotráfico, violencia e ilegalidad; terrenos usurpados, calles tomadas y ciudadanos rehenes del miedo”, afirmó, cuestionando la “inacción” del Gobierno porteño ante lo que considera un delito flagrante.
El postulante sostuvo que el problema ya no es solo urbanístico, sino social: “Los altos niveles de droga, inseguridad y delincuencia impactan de lleno en los vecinos”. En esa línea, responsabilizó directamente al Plan Patria Grande por “habilitar asentamientos ilegales sobre terrenos estatales” y disparar “un crecimiento exponencial de las villas”.
Para revertir la situación, Marra planteó la recuperación de los predios ocupados y el desalojo de sus moradores: “Vamos a terminar con las villas desalojando a los usurpadores; recuperar los terrenos de la Ciudad es clave para devolver el orden y la seguridad”, señaló, al tiempo que prometió promover en la Legislatura un paquete de medidas “drásticas que devolverán la tranquilidad a los porteños”.
El gobernador Gildo Insfrán aprovechó la apertura de una modesta sala de primeros auxilios en General Mansilla para arremeter contra la política económica nacional y dictar su propia lección de finanzas públicas al presidente Javier Milei. Con 36 años ininterrumpidos en la cúpula provincial —28 como gobernador y 8 como vice—, el dirigente peronista aseguró que Formosa “consiguió el déficit cero hace muchos años”.
“Nosotros conseguimos el déficit cero hace muchos años”, afirmó sin titubeos. La provincia, sin embargo, financió el 92% de su presupuesto 2024 con transferencias de la Coparticipación Federal, es decir, con impuestos recaudados en distritos que sí generan producción y empleo privado.
Insfrán sostuvo que en Formosa “al contrario tenemos superávit, superávit” y redobló la apuesta: “Es fácil conseguir el déficit cero suspendiendo obras… En Formosa tenemos déficit cero y superávit fiscal porque somos formoseños y somos peronistas”.También preguntó “¿Dónde está el proyecto productivo de ese Estado?” y criticó la venta de minerales sin valor agregado.
A lo largo de su intervención, el mandatario acusó al gobierno libertario de “regocijarse” cerrando hospitales y de limitar la atención médica a extranjeros: “Cuando vemos que a nivel nacional se regocija o se regocijan sus funcionarios haciendo anuncios que cerraron hospitales, que sacan decretos de necesidad y urgencia limitando las asistencias médicas para los extranjeros, es una vergüenza”. Sentenció que “lo que el gobierno libertario le niega a nuestros abuelos… los formoseños con nuestro sistema de salud le vamos a seguir otorgando”.
Formosa exhibió, según datos oficiales, el mayor peso de empleo público y el menor número de trabajadores privados registrados del país, junto a salarios promedio más bajos, altos índices de desnutrición infantil y mortalidad evitable, un aparato productivo prácticamente ausente y escasa diversificación industrial.
Insfrán cerró su arenga con un llamado identitario: “El formoseño nace donde quiere, pero para ser formoseño se necesita amar a Formosa. Y quien ama a Formosa, defiende sus intereses y los de la Nación”.
Manifestantes yerbateros y tareferos se cruzaron con militantes libertarios y agentes de seguridad durante una breve recorrida de la hermana del presidente, Karina Milei, por las calles del centro de Oberá.
“Milei, no somos la casta, somos tareferos. Nos prometiste otra cosa”, afirmaron los manifestantes. “Esto no es Buenos Aires, vayanse a la mierda”, agregaron.
El incidente se dio luego de una movilización organizada por parte de productores yerbateros y tareferos que se apostaron desde temprano en el centro cívico de la Capital del Monte. Los protestantes llevaron pancartas con mensajes directos hacia el presidente, reclamando un “precio justo” para la producción yerbatera.
Karina hasta entonces realizaba su recorrida protocolar junto a su comitiva, como el candidato a diputado provincial, Diego Hartfield, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el influencer libertario, Iñaki Gutiérrez y el presidente de La Libertad Avanza por Misiones, Adrián Núñez, en un encuentro que generó una escalada de tensión que derivó en empujones, golpes, insultos y corridas que obligaron a la suspensión inmediata del acto previsto en una gira por Misiones que formaba parte de una estrategia de consolidación territorial de LLA en la provincia.
La caminata programada desde la calle Entre Ríos hasta la intersección de Bolívar con San Lorenzo fue concebida como “una demostración de apoyo popular al proyecto político libertario”. No obstante, la interrupción por parte de los yerbateros transformó el acto en una expresión visible de rechazo.
“El poder de negociación del productor es muy bajo porque la industria sabe que tenemos que vender”, subrayaron los yerbateros, contra la nueva estructura de mercado que ha transferido el poder de fijación de precios completamente hacia las industrias procesadoras, eliminando los mecanismos de protección que existían para los productores primarios.
Desde los primeros días del gobierno de Javier Milei, la desregulación del mercado de la yerba mate, activada el 1 de abril de 2024 como parte del controvertido DNU 70/2023, eliminó las facultades regulatorias del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) para negociar y fijar precios de referencia. Esta medida representó un cambio fundamental, siendo que el último valor del kilo de yerba cosechada fijado por el organismo fue de 370 pesos, que tras el proceso de estacionamiento, deshidratación y picado alcanzaba los 1.406 pesos antes de llegar a las industrias. Sin embargo, la desregulación trasladó completamente el poder de negociación hacia las empresas.
La problemática se agravó significativamente con la acefalía prolongada en el Instituto Nacional de la Yerba Mate, situación que motivó una denuncia penal por parte de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) contra el presidente Milei y funcionarios del área económica. La falta de designación de un presidente para el INYM provoca, según los denunciantes, un incumplimiento de deberes como funcionarios públicos que contraviene la Ley Nacional 25.564.
El gobernador formoseño Gildo Insfrán, en la inauguración de una sencilla sala de primeros auxilios en General Mansilla, arremetió nuevamente contra el gobierno nacional y la gestión del presidente Javier Milei.
“Cuando vemos que a nivel nacional se regocijan los funcionarios anunciando que cerraron hospitales, que sacan decretos de necesidad y urgencia, limitando la asistencia médica para extranjeros”, afirmó Insfrán, añadiendo: “Esto es algo que en Formosa no se sufre.”
Hasta el momento cuatro provincias fronterizas (Salta, Jujuy, Mendoza y Santa Cruz) ya cobran por la atención médica a extranjeros no residentes, lo que ha reducido notablemente la atención a este grupo en esas regiones al 10%, años anteriores era del 100% las consultas.
En la misma apertura, Agustín Samaniego, figura política relevante en la provincia, destacándose como Presidente del Bloque de Diputados Provinciales del Partido Justicialista (PJ) y como un firme defensor del modelo político implementado por Insfrán, subrayó que tienen “el mejor sistema de salud y educativo” del país.
“Cuando lo dice el gobernado, imagino el llanto de muchos a los que les duele que sea así”, destacó Samaniego. “(Formosa) es primera en educación y ha superado a todas las provincias, Córdoba, Capital Federal”, agregó, siendo enfático en que “el futuro es Formosa, un modelo mundial con el que hemos hecho muchas cosas”.
Sin embargo, un informe de la ONG Argentinos por la Educación señala que el 7,7% de los estudiantes de tercer grado no saben leer y el 55% no alcanza un nivel satisfactorio en lectura seguida, ubicando a Formosa entre las provincias con mayores dificultades en alfabetización. Esto revela una problemática estructural que aún persiste a pesar de haber “hecho muchas cosas”.
De igual forma, aunque la asistencia escolar está mayormente garantizada, especialmente en niveles inicial y primario, existen brechas en la escolarización temprana (3 años) y en la continuidad escolar en niveles superiores, con una caída en la tasa de escolarización en salas de 3 años en Formosa entre 2022 y 2024.
Formosa también enfrenta una crisis en salud pública, con desmantelamientos de áreas fundamentales, despidos y recortes en medicamentos y vacunas, lo que impacta en la capacidad de respuesta del sistema sanitario provincial. En 2025, Formosa concentra el 90% de los casos de Enfermedad Febril Exantemática (EFE) en la región NEA, con 343 casos confirmados, concentrando la curva epidémica de forma desmedida. También se reportan casos de infecciones respiratorias agudas, como influenza y neumonías, con una tendencia en ascendente en hospitalizaciones por influenza en las últimas semanas, valores altos en comparación con 2024.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
