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Pese a la reciente confirmación de la medida cautelar por parte del máximo tribunal que obligó al Poder Ejecutivo de la Provincia a garantizar la presencia de facilitadores/as interculturales y albergues de tránsito en el Hospital Materno Infantil y los hospitales cabecera de los departamentos en emergencia, el gobierno de Gustavo Sáenz continúa sin cumplir con sus obligaciones legales y parece no importarle la salud de los chicos del interior de la provincia norteña.
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Francisco Rodríguez, abogado del programa Derechos Sociales de la Niñez de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), expresó su preocupación ante la ausencia de respuestas del Estado provincial al medio Nuevo Diario: “La provincia en principio no estaba dispuesta a contestar la primer denuncia, y ya la segunda vez contestó de una forma indignante, señalando que era el ministerio de salud quien debía responder, y que no lo hizo, pese a que personalmente tuve un diálogo con el ministro Esteban, además de su compromiso en solucionar lo requerido por las comunidades”, señaló el abogado.
Rodríguez analizó además que “la situación de las comunidades es una cuestión estructural, de vulneración de derechos con nulas acciones por parte del gobierno; es una situación muy acuciante, y el poder ejecutivo no solamente les niega asistencia a las comunidades, sino que le niega la información de lo que sucede a la misma justicia y a la sociedad en general”.
Recordemos que el máximo tribunal salteño confirmó la medida cautelar en un triste momento en la provincia de Salta, donde en el interior, mueren constantemente niños como consecuencia del hambre y enfermedades.
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El farmacéutico y sindicalista de los farmacéuticos y bioquímicos, Marcelo Peretta, presentó oficialmente su candidatura a legislador porteño por la lista REMEDIOS PARA CABA en un multitudinario acto realizado en el Teatro Multiescena del barrio de San Nicolás. Acompañado por los principales candidatos de su espacio político, criticó duramente a la dirigencia actual y aseguró que su objetivo es “romper los monopolios farmacéuticos, fomentar la producción y el trabajo registrado”, además de “llevar ante la justicia a los responsables de la mala gestión de la pandemia”.
El discurso de Peretta se inició con una declaración que apuntó directo a las promesas electorales que considera incumplidas: “Me siento defraudado igual que ustedes. Creí que la motosierra era para la casta, pero la usan con trabajadores y jubilados, creí que íbamos a producir y trabajar, pero todo es timba financiera y economía ficción. Creí que habría libertad y competencia, pero controlan el dólar y todas las variables y no bajaron ni un impuesto. Nos mintieron”. Con estas palabras, el candidato describió su desilusión ante la situación económica y social que, desde su perspectiva, afecta a la Ciudad y al país.
Entre las principales propuestas de ley que impulsará si logra llegar a la Legislatura el 18 de mayo, Peretta anunció que buscará bajar el precio de los medicamentos por medio de la competencia, aumentar la seguridad respaldando la tarea de los uniformados y renovar el sindicalismo para fomentar la creación de empleo registrado. También sostuvo que llevará a la justicia a los responsables políticos y sanitarios de la mala gestión de la pandemia, afirmando que hubo “30 mil muertos de más” que pudieron haberse evitado.
Para combatir lo que él llama un oligopolio farmacéutico, propone instalar nuevos laboratorios en el polo farmacéutico de Lugano y exigir la prescripción por nombre genérico, sancionando a los médicos que recetan marcas comerciales cuando lo hacen con fines económicos. Justificó esta iniciativa expresando que abrir más laboratorios generará competencia y evitará “el abuso de los médicos coimeados que recetan remedios caros”. Además, adelantó que limitará la publicidad engañosa de medicamentos y terminará con el financiamiento de los laboratorios a la política.
Uno de los puntos más aplaudidos del acto fue la promesa de eliminar el ABL para los jubilados porteños. “¿Por qué pagan tantos impuestos?”, lanzó a modo de pregunta, y propuso que eximir a los mayores del pago de ese tributo permitiría que ese dinero se destine al consumo y la activación de la economía. También detalló tres proyectos de ley para promover el trabajo registrado: impuesto cero durante el primer año para las PyMEs que cuenten con CUIT y personal formal en CABA, habilitación rápida y en línea de comercios y empresas, y el pago de las cargas laborales a cuenta del impuesto a los ingresos brutos.
El acto incluyó la presentación del Decálogo del Movimiento Plural, destinado, según Peretta, a quienes se sienten “silenciados, desplazados o decepcionados” por las promesas incumplidas del gobierno actual. El candidato considera que la Ciudad más rica del país está sucia, insegura, sin trabajo y con una salud pública deficiente a raíz de una dirigencia que, en su opinión, “se reparte los ñoquis que contratan con la plata de los porteños”. De hecho, afirmó con contundencia que “la Legislatura porteña hoy sólo sirve para mantener ñoquis a costa de nuestros impuestos” y llamó a poner fin a ese “robo”.
Acompañan a Peretta en la lista Federico González, consultor político con tres décadas de experiencia; Nahuel Altieri, abogado y presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires; Valentina Peretta Alejandre, estudiante de Derecho en la UBA, elegida mejor oradora de 2025; Elsa Nieto, periodista científica especializada en colectividades; y Malvina Starker, pastora dedicada a promover las actividades religiosas y la presencia de la Iglesia en la comunidad.
El espacio se presenta bajo la consigna “El remedio para la Ciudad” y lleva por lema REMEDIOS PARA CABA. Peretta, quien también es doctor y autor de un libro sobre reforma laboral titulado El derecho a elegir tu sindicato, busca atraer a liberales y libertarios descontentos, apuntando a los desencantados con las políticas que, según él, no cumplieron con lo prometido. “No quiero que los errores del gobierno tienten a la gente a volver al pasado…”, afirma, al tiempo que hace un llamado a la producción, el trabajo y el esfuerzo como vías para resolver los problemas de los porteños.
El gobierno dio inicio el pasado martes 15 de abril un despliegue militar sin precedentes en las fronteras norte y noreste del país. La “Operación Presidente Julio Argentino Roca”, también conocida simplemente como “Operación Roca”, muestra un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza, otorgando a las Fuerzas Armadas un rol más activo que busca combatir el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en zonas consideradas críticas.
Una característica distintiva del operativo es la creación de un Comando Conjunto específico para dirigir las acciones militares. Según lo trascendido, el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier general Xavier Isaac, será responsable de ejecutar el accionar conforme al planeamiento militar vigente. Este Comando Conjunto contará con un comandante designado para la conducción directa de las tareas en terreno, quien coordinará los esfuerzos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en las zonas delimitadas.
La maniobra se sustenta en un marco jurídico que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad fronteriza bajo circunstancias específicas. Esta iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 347/2025 del Ministerio de Defensa, publicada en el Boletín Oficial el 11 de abril y firmada por el Ministro de Defensa, Luis Petri.
Este se integra adyacente con el Plan Güemes, otra actividad de seguridad fronteriza que ya venía ejecutándose desde el año pasado. En un acto realizado en Tartagal, Luis Petri y Patricia Bullrich, junto al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, lanzaron la segunda fase del Plan Güemes simultáneamente.
“Esta es una zona crítica de nuestra frontera, y era urgente reforzar la presencia del Estado con decisión y sin medias tintas”, afirmó el gobernador Sáenz.
El despliegue abarca una extensa área limítrofe con Bolivia, Paraguay y Brasil, considerada especialmente vulnerable por su geografía y por la histórica presencia de actividades ilícitas transnacionales. Entre las regiones específicamente mencionadas en los planes, se encuentran las provincias de Salta (Tartagal, Aguaray y Salvador Mazza), Corrientes (departamentos de Ituzaingó, Santo Tomé, Paso de los Libres y Monte Caseros), Formosa y Chaco, junto con algunas zonas de Misiones.
El despliegue inicial incluye tropas del Regimiento de Monte 28 de Tartagal, unidad especializada en operaciones en terrenos de difícil acceso y con amplia experiencia en la región. Progresivamente, se sumarán efectivos y equipamiento de las tres fuerzas armadas, con especial énfasis en las zonas rurales y de frontera seca.
Históricamente, las Fuerzas Armadas habían participado en operativos con un papel secundario, proporcionando principalmente apoyo logístico, transporte y comunicaciones a las fuerzas de seguridad. Luis Petri, ha impulsado desde su asunción “la necesidad de emplear el instrumento militar con mayor participación en funciones de cooperación con las fuerzas de seguridad en escenarios críticos de la frontera del país”.
Se ampara principalmente en dos instrumentos legales, como la Ley de Defensa Nacional N° 23.554 y la Ley de Seguridad Interior N° 24.059. La primera define a la defensa nacional como “la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la Nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas”, enfatizando su papel en la protección de la soberanía territorial y los intereses vitales de Argentina. Por su parte, la Ley de Seguridad Interior establece el marco para la cooperación entre fuerzas militares y de seguridad en zonas de frontera, especialmente ante riesgos que afecten la vida, la libertad y el patrimonio de los ciudadanos argentinos.
Adicionalmente, el operativo se fundamenta en el Decreto-Ley N° 15.385/44 y el reciente Decreto Reglamentario N° 1112/2024, firmado por el presidente Javier Milei, que habilita al Ministerio de Defensa a “tomar las medidas administrativas, operativas y logísticas necesarias para intensificar las tareas de vigilancia y control en las Zonas de Seguridad de Fronteras por parte de las Fuerzas Armadas”.
El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, volvió a quedar en el ojo de la tormenta, esta vez por una maniobra que combina nepotismo, negocios privados y utilización de recursos públicos. Su hija, Guadalupe Quintela, fue designada como gerente de la empresa privada de su padre, Establecimiento Agrícola – Ganadero El Mistol SRL. No se trata de un hecho aislado: desde septiembre de 2021, Guadalupe también figura como empleada del gobierno de La Rioja, con un sueldo mensual de 1.250.000 pesos.
La firma fue constituida el 4 de noviembre de 2014 por el propio Quintela junto a su socio, Ricardo Ezequiel Albrecht, y se dedica a un amplio abanico de actividades agropecuarias, comerciales, industriales, inmobiliarias y de servicios. Según el acta constitutiva publicada por la Justicia de La Rioja, su domicilio legal se encuentra en San Isidro 292, barrio Tiro Federal de la capital provincial, y su capital social inicial fue de apenas 100 mil pesos.
Pero no todo en El Mistol es producción rural: el Banco Central de la República Argentina todavía destaca en su Central de Deudores del Sistema Financiero que, allá por 2021, la empresa extendió un cheque por 205 mil pesos que fue rechazado por falta de fondos. El dato financiero resalta aún más en contraste con la designación de la hija del gobernador como máxima autoridad administrativa de la firma.
El caso deja al descubierto una trama de vínculos familiares y discrecionalidad en el manejo del poder. No solo Guadalupe Quintela dirige la firma, sino que, al mismo tiempo, cobra un contrato estatal por más de un millón de pesos mensuales, en una provincia marcada por los altos índices de pobreza y desempleo.
Denuncia y amenazas
Este escándalo se suma a una serie de recientes denuncias por amenazas e irregularidades que afectan directamente al mandatario riojano. Guillermo Galván, director nacional de Equipamiento Federal del ministerio de Seguridad y exviceintendente de la capital provincial, denunció recientemente a Quintela en la Justicia Federal por amenazas e intimidación mediante mensajes encriptados. Según Galván, el gobernador le habría advertido que “no vas a poder vivir más en La Rioja”.
Galván, que milita en la Unión Cívica Radical (UCR) y actualmente responde a Patricia Bullrich, también denunció que la Nación le rechazó la rendición de cuentas a la provincia por más de 675 millones de pesos en obras públicas no justificadas, como las terminales de ómnibus de Chilecito, Chepes y Milagro.
Mientras crecen las sospechas sobre el manejo de los fondos públicos, la familia Quintela parece blindada: el gobernador reparte cargos, empresas y contratos dentro de su propio círculo, en un esquema que mezcla negocios privados y estructura estatal sin ningún tipo de control externo. Porque en La Rioja, la política y la empresa familiar son lo mismo.
El escrutinio definitivo confirmó una victoria contundente del gobernador electo MaximilianoPullaro y su lista “Unidos para Cambiar Santa Fe”, una coalición integrada por el radicalismo, el PRO, el socialismo y otros espacios. Con el 95% de las mesas escrutadas, Pullaro obtuvo 469.067 votos, equivalentes al 34,83% del total, imponiéndose en los 19 departamentos de la provincia.
La elección contó con apenas un 55% de participación. Durante los comicios que lo consolidaron como gobernador, Pullaro sacó más del 60%.
Las elecciones santafesinas de ayer representaron un proceso electoral complejo, con casi 2,9 millones de ciudadanos convocados a las urnas para elegir a 69 convencionales constituyentes, distribuidos entre 50 representantes por distrito único y 19 correspondientes a cada uno de los departamentos que componen la provincia.
El triunfo de Pullaro da lugar a una consolidación de su liderazgo político provincial y una pérdida de espacio para el gobierno nacional. A pocos meses de asumir la gobernación, este respaldo electoral le otorga un capital político significativo para avanzar con su agenda de gobierno y, particularmente, con la reforma constitucional.
“Empezamos a discutir la puerta que se abre al futuro”, destacó el mandatario en su discurso tras conocerse los resultados, donde además ratificó que la nueva Carta Magna provincial incluirá la “Ficha Limpia garantizada”. El nuevo mandatario recibió felicitaciones de diversos referentes políticos nacionales, incluyendo a Mauricio Macri, quien escribió: “¡Felicitaciones Maxi y equipo!”.
Aunque obtuvo una exito contundente, los números finales no le otorgarían automáticamente la mayoría absoluta en la Convención Constituyente, lo que significa que necesitará construir consensos con otras fuerzas para impulsar cambios específicos en la Constitución provincial. La vicegobernadora Gisela Scaglia, expresó esta perspectiva al señalar que la reforma “no quedará solo para el gobernador Pullaro, sino que será la constitución del futuro de la provincia”.
El espacio político liderado por el presidente Javier Milei enfrentó su primer test electoral significativo desde su llegada al gobierno nacional. La Libertad Avanza, representada por el diputado nacional Nicolás Mayoraz, quedó en tercer lugar a nivel provincial con un 14,05% de los votos, lo que representa un resultado derrotista considerando las expectativas.
Es destacable que la otra expresión libertaria, encabezada por Amalia Granata (Somos Vida y Libertad), obtuvo un 12,41%, lo que sugiere que el electorado afín a las ideas libertarias en Santa Fe se dividió entre ambas opciones. Esta división refleja las dificultades del espacio liderado por Karina Milei para consolidar su estructura territorial.
En Rosario, el departamento más poblado, LLA mostró una mejor performance que en el resto de la provincia, con Juan Pedro Aleart posicionándose como el candidato más votado con aproximadamente un 31% de los sufragios. En el departamento La Capital, donde se encuentra la ciudad de Santa Fe, el candidato oficialista Julio “Paco” Garibaldi lideró con el 39% de los votos, seguido por Ana Cantiani de LLA con un 22%. Este resultado representa un punto luminoso, aunque quedan relegados al tercer lugar.
Uno de los aspectos más destacados fue la presentación dividida del peronismo, que concurrió con tres listas diferentes. Esta fragmentación tuvo un costo electoral significativo para el poder que gobernó hasta diciembre de 2023 con Omar Perotti a la cabeza. La lista más votada del peronismo fue la encabezada por Juan Monteverde (Más para Santa Fe), que logró posicionarse en segundo lugar a nivel provincial con aproximadamente un 15% de los votos. Este espacio, que representa al peronismo más cercano a posiciones de izquierda, logró superar a las otras expresiones justicialistas y consolidarse como la principal voz opositora.
Esta elección no fue un evento aislado, sino que se realizó simultáneamente con la primera instancia de elecciones municipales, donde se eligieron autoridades en 19 intendencias, presidentes comunales en más de 300 pueblos y miembros de concejos deliberantes en 65 localidades, incluyendo centros urbanos importantes como Rosario y la ciudad capital.
Cinco frentes tendrán representación en la próxima Asamblea Constituyente, aunque con una distribución de bancas que otorga clara ventaja al oficialismo provincial. La diferencia entre Juan Monteverde, de Más para Santa Fe (alianza que incluye a Ciudad Futura, Movimiento Evita y Frente Renovador) y Nicolás Mayoraz, que quedó en tercer puesto con el 14,05% de los votos, fue de casi 20 puntos porcentuales, formando una amplia oposición.
La pulseada legislativa por modernizar el mecanismo de selección de jueces volvió a dar un paso adelante. La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento —que encabeza la diputada radical Gabriela Lena— firmó este martes por la tarde un dictamen de mayoría que respalda el proyecto del Poder Ejecutivo para actualizar la Ley del Consejo de la Magistratura. La iniciativa regresa así al recinto con retoques puntuales, después de que la propia comisión pidiera la semana pasada revisarla artículo por artículo.
En diálogo con la prensa, Lena explicó las razones del giro: “Después de hablar con el Ejecutivo, vimos que podíamos tener algunos inconvenientes con algunos artículos. Hicimos algunas consideraciones y cambiamos en el proyecto dos incisos del artículo 2° que tienen que ver con la conformación del Consejo de la Magistratura. También hubo una corrección de redacción en otro artículo”. Según detalló, la representación de los distintos estamentos dentro del órgano seguirá atada a lo que marca la Constitución provincial; lo que varía es la modalidad de elección de esos delegados y el universo habilitado para votar.
La revisión también incorpora cambios que buscan destrabar los concursos, hoy empantanados. “Rescatamos que la ley actual funcionó en algunas cosas y en otras no. Lo que funcionó se dejó y lo otro se trató de modificar”, subrayó la legisladora. Entre los ajustes más sensibles aparecen la eliminación del recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia —al que recurrían aspirantes disconformes con los puntajes— y la supresión del llamado “banco de casos”, un repositorio de expedientes que, en la práctica, demoraba los exámenes y frenaba la cobertura de vacantes.
Otro eje destacado por Lena es la habilitación de concursos anticipados. Esa figura solo se activará cuando las vacantes pendientes estén cubiertas, pero permitirá iniciar con tiempo la selección de reemplazos para jueces, fiscales o defensores que hayan anunciado su jubilación. El objetivo, remarcó la diputada, es que “exista un listado de personas que ya han concursado y no sea necesario hacer todo el procedimiento” cada vez que se produce un retiro.
La reforma crea además la Escuela Judicial, concebida para nivelar la formación de los postulantes. El nuevo instituto ofrecerá capacitación obligatoria tanto a abogados del ámbito privado como a quienes ya se desempeñan en el Poder Judicial, de modo que todos compitan con herramientas académicas y prácticas equivalentes.
Se mantiene, eso sí, la veda que impide a un profesional presentarse simultáneamente a concursos en distintas circunscripciones. Sin embargo, si un postulante resulta ganador, quedará habilitado a competir luego por un cargo de mayor jerarquía, una flexibilización pensada para retener talento dentro del sistema.
Con el dictamen firmado, el proyecto vuelve a la Cámara baja y podría tratarse en el próximo plenario. El oficialismo confía en que la redacción consensuada logre el respaldo necesario para convertirse en ley y, así, poner fin a los retrasos que desde hace años afectan la cobertura de juzgados y fiscalías en toda la provincia.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara baja entrerriana dio este martes un paso decisivo para modernizar dos herramientas clave de control y selección judicial. Con dictamen favorable, los diputados dejaron listo para el recinto el proyecto que actualiza la Ley 11.003 del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos (CMER) y un texto que fija plazos y sanciones para los requerimientos de datos que el Parlamento dirige a los demás poderes del Estado.
El tratamiento fue presidido por la diputada radical Gabriela Lena, quien confirmó que “ya reunimos las firmas necesarias como para poder ingresarlo y que sea tratado en el recinto”. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, se enriqueció con aportes de legisladores, especialistas y representantes de las instituciones que integran el CMER.
El dictamen propone agilizar los concursos hoy paralizados y garantizar mayor independencia a quienes resulten designados. “Este proyecto es para que el Consejo de la Magistratura funcione y lo haga de una manera más ágil, que todos los concursos que hoy están frenados puedan resolverse mucho más rápido y los jueces, fiscales y defensores tengan la independencia de criterios que se necesita para poder obrar de acuerdo a su saber y entender y a su conciencia, sin depender del poder de turno o de una persona que haya sugerido su nombre”, explicó.
En cuanto a la integración del organismo, el nuevo texto asegura representación del Poder Ejecutivo, magistrados y funcionarios judiciales, trabajadores del Poder Judicial, el sector académico y organizaciones no gubernamentales vinculadas a la materia. Sobre este último punto, la diputada aclaró: “En cuanto a la representación de las universidades, que fue uno de los temas más debatidos, se le da prioridad a aquellas que tengan asiento en la provincia de Entre Ríos”.
La comisión también avanzó con el proyecto presentado por la vicepresidenta primera de la Cámara, Andrea Zoff, que reglamenta el derecho parlamentario a requerir información a los otros poderes, previsto en los artículos 117 y 204 inciso F de la Constitución provincial. “Este proyecto busca regular y reglamentar el procedimiento para pedidos de informes”, señaló la legisladora.
La propuesta obliga a que las respuestas sean “claras, completas y documentadas”, fija un plazo de quince días hábiles —prorrogable por igual término en casos complejos— y establece consecuencias concretas ante la mora: si el organismo intimado no responde, la Presidencia de la Cámara requirente deberá insistir; de persistir el incumplimiento, se habilitará la vía judicial y se configurará causal de mal desempeño para los funcionarios responsables.
Zoff advirtió que “hay muchos pedidos que si la respuesta llega tarde o no llega, deja de tener sentido contar con esta herramienta”, y destacó que la publicación de los informes en la página web de la Cámara reforzará la transparencia: “No solamente los legisladores vamos a contar con esta información, sino que también podrá tener acceso a ella cualquier ciudadano”.
Con dictamen en mano, ambos expedientes quedaron listos para ser incluidos en el temario de la próxima sesión. Si el pleno acompaña, Entre Ríos contará con un Consejo de la Magistratura renovado y con un marco legal que blinda el rol de control parlamentario frente a la opacidad administrativa.
ADOCTRINABAN CON EL DINERO DE LOS ARGENTINOS: LOS DESALOJAMOS
Una redacción kirchnerista usurpó ilegalmente el Espacio de la Memoria Virrey Cevallos: lo convirtieron en un búnker partidario que le costaba $210 millones de pesos a los argentinos, solo en sueldos.
Los…
— Mariano Cúneo Libarona (@m_cuneolibarona) April 30, 2025
