SALTA: Denuncian que hay más de 30 escuelas en San Martín sin agua potable
La denuncia tuvo lugar durante la sesión de la Cámara de Diputados en Salta, donde el legislador por el departamento San Martín, Jorge Restom, planteó esta realidad y la ausencia del gobierno de Gustavo Sáenz.
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En la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto de Declaración, pidiendo al Poder Ejecutivo que garantice la potabilización de agua para todos los parajes y los establecimientos educativos del departamento Molinos.
Jorge Restom denunció que hay más de 30 escuelas en San Martín sin agua potable
Durante la sesión, el diputado Jorge Restom, que avaló el proyecto, recordó que la Legislatura aprobó en diciembre pasado que el 42% del Presupuesto 2022 está destinado al área educativa y lanzó que el tema debe ser planteado al ministro de Educación en una reunión: “en 142 establecimientos educativos relevados, hay más de treinta que no tienen agua potable” y agregó: “son chicos, no tienen papá y mamá que le preparan la lonchera y la cantimplora para poder llevar agua a la escuela”.
Además, comentó que cuando se aprobó el presupuesto pensaron que iban a estar muy conformes con la calidad educativa, pero pasaron diez meses y la realidad es totalmente distinta en la provincia de Salta.
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Un numeroso grupo de vecinos de distintos puntos de La Plata se reunieron el martes por la tarde frente a Casa de Gobierno bonaerense, con la intención de exigir respuestas a Axel Kicillof por la falta de agua. La protesta se inició poco después de las 18 bajo la consigna: “Sin agua, no se puede vivir”.
En este marco, los manifestantes le pidieron al Gobierno bonaerense que declare “la Emergencia Hídrica en la ciudad de La Plata” por los problemas que se vienen registrando en el normal funcionamiento del servicio. Además, se propuso presentar un petitorio, exponiendo los problemas que atraviesan los barrios en relación al agua, adjuntando firmas y exigiendo obras urgentes y saneamientos para mejorar la calidad de la prestación.
Los vecinos de La Plata reclamaron la falta de agua ante Provincia.
Este fin de semana la Asamblea Vecinal Tolosa organizó un encuentro para analizar la situación e impulsar un plan de acción para que las autoridades den respuestas inmediatas a esta problemática. Pero el gobernador de la provincia de Buenos Aires hizo oídos sordos.
Fue en ese marco que los vecinos resolvieron realizar una marcha a Casa de Gobierno bonaerense de Axel Kicillof, con el objetivo de visibilizar los problemas y exigir respuestas concretas para hallar una solución a la falta de agua.
En los primeros días de noviembre de 2021, la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, recorrió las instalaciones del hospital Iriarte junto a un séquito de asesores y periodistas elegidos a dedo por la secretaría de Prensa de su gestión.
La visita, que se enmarcó en el plan integral de Infraestructura Hospitalaria encabezado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, finalizó con un breve discurso en el que aseguraron que la inversión en el nosocomio sería de 50 millones de pesos, apuntados a la reparación y puesta en funcionamiento de la instalación eléctrica de planta baja, primero y segundo piso. Además, se remodelaría la instalación pluvial, con reparación de filtraciones en cubiertas inclinadas y losas, reparación de membranas y numerosos trabajados de demolición, albañilería, revestimiento, cielorraso, aberturas y pinturas.
Adictos a la burocrática costumbre de bautizar numerosos planes para abarcar una misma actividad, el director provincial de Hospitales de la provincia de Buenos Aires, Juan Riera, confundió el nombre del plan y lo llamó “Hospitales a la Obra”.
Poco menos de dos años después, cuando las luces de las cámaras se apagaron y las noticias pasaron a otra cosa, el hospital Iriarte de Quilmes se encuentra en deplorables condiciones. Poco y nada de lo prometido sucedió. Promesas y palabras que se las llevó el viento y se pudrieron bajo los putrefactos líquidos que aún gotean de los techos y cielorrasos del viejo hospital.
Durante el 2021, la intendente de Quilmes junto a autoridades del gobierno de Axel Kicillof anunciaron un plan de inversión de 50 millones para renovar las instalaciones. Días atrás, tuvieron que clausurar el pabellón central y las salas de pediatría porque “cae agua sin llover”.
La falta de atención por parte de los funcionarios de las gestiones de la intendente Mayra Mendoza y del gobernador Axel Kicillof respecto al Iriarte se hicieron evidentes en las primeras olas de calor, cuando tanto los familiares de los enfermos como los profesionales de la salud pidieron en vano una respuesta a las elevadas temperaturas de las salas. Finalmente, a mediados de febrero la propia cooperadora del hospital, ante el silencio oficial, decidió recolectar dinero y donar ventiladores que hicieron poco más que revolver el aire caliente del lugar.
Apenas quince días después, explotó un caño de agua que cruza los pisos superiores. El agua comenzó a correr por las escaleras y los huecos de los ascensores como si se tratara de los últimos minutos del Titanic. En pocos minutos, se inundó el pabellón de internación, las salas de pediatría y hasta el hall central. La dirección del hospital no tuvo otra opción que clausurar los espacios afectados y negarle el acceso al público.
Promesas que parecieran quedar en la nada y discursos vacíos que contrastan con la dureza de la realidad. Un relato que pareciera estirarse en el tiempo indiferente a la esperanza quebrada de aquellos que esperan la oportunidad de una vida mejor.
El intendente de General Pueyrredón, GuillermoMontenegro, presentará un reclamo contra las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por la cesión de tierras a un grupo de unas 40 personas pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en la zona de El Marquesado, al sur de Mar del Plata.
Los vecinos de la zona detectaron que el grupo se había asentado en un campo de 140 hectáreas que pertenece al Estado Nacional y que había sido cedido por la AABE, que preside Eduardo Albanese.
Ante esta situación, Montenegro denunció públicamente lo sucedido y afirmó que se trata de un “atropello” por parte de la organización piquetera y política que llevó a cabo la ocupación, con el apoyo de un ente estatal que debería velar por los bienes de todos los argentinos.
Por su parte, Juan Grabois, líder del MTE, negó haber motorizado el hecho pero lo apoyó y acusó al intendente de Mar del Plata de querer usar el lugar para un emprendimiento inmobiliario. Montenegro respondió que “ni siquiera saben inventar mentiras que tengan algún tipo de coherencia y así lograr engañar a la gente. Esas personas las trajo una organización piquetera y política con apoyo de un ente estatal que debería velar por los bienes de todos los argentinos, que es el AABE. Por eso decidimos presentar denuncias penales por lo que consideramos un atropello”.
Este no es el primer caso de intento de ocupación de terrenos en la zona: en el último tiempo hubo tres situaciones similares a la actual. En dos de ellas, la justicia ordenó el desalojo correspondiente, mientras que en la tercera se encuentra en proceso de resolución.
Montenegro afirmó que hará “lo imposible” para que la ocupación no se lleve a cabo, y agregó que“por más que sea un acto administrativo, no puede ser tomado a la ligera. No puedo entregar un edificio del Municipio a un grupo de personas porque a mí se me ocurre”.
Momentos de extrema tensión transcurrieron en Misión Nueva Pompeya luego de que integrantes de comunidades originarias atacaron la comisaría local, el juzgado Multifueros y el palacio municipal. El motivo, según expresaron, es la “demora y los errores” de las autoridades a la hora de dar con el paradero de un adolescente de 16 años desaparecido.
El grupo “o es pagado por Capitanich o, la verdad, que no procuran frenarlos. Dejaron a los policías acuartelados y rompieron todo. Quemaron documentos importantes. El reclamo de la policía es que no se sienten protegidos por el Gobierno, porque los mandan a reprimir y después les tiran el quilombo encima”, comentaron fuentes chaqueñas a Data24.com.ar. Si bien los medios locales afirman que el grupo de aborígenes se identifica con la comunidad wichí, otra fuente consultada argumentó que se trataría de indios toba “que vienen siendo complicados y conflictivos con el tema de la ley”.
En la comisaría los policías locales vivieron momentos de máxima tensión cuando se encontraron rodeados de integrantes de los pueblos originarios que realizaron destrozos y comenzaron a incendiar el edificio de la comisaría.
Los incidentes comenzaron ayer sábado, En el transcurso del día la tensión iba subiendo de temperatura, y durante horas de la noche un comercio local sufrió saqueo y destrozos a manos de los integrantes. Las fuentes oficiales registran 12 policías heridos y casi 20 detenidos.
Recientemente, la ministra de Seguridad y Justicia, Gloria Zalazar, confirmó que 100 efectivos de la Policía del Chaco y un escuadrón de Gendarmería Nacional se encuentran interviniendo en el disturbio.
EL MOTIVO: LA PELEA CON CAPITANICH
Fuentes señalaron que el desencadenante de “estas fuerzas políticas que armó Jorge Capitanich está demandando ambulancias e insumos para hospitales de la zona y no obtienen respuesta. Esto de Pompeya es un inicio, una antesala, del problema que se trasladará a otros poblados del Impenetrable porque la realidad es que se están muriendo. Está desmadrada la situación de los pueblos originarios. Los métodos violentos son gravísimos, pero el que generó el monstruo fue el gobernador”.
Un grupo de originarios wichís que se identifica con la Guardia Whasek fue el causante de violentos episodios en la Misión Nueva Pompeya. Sobre esta comunidad, el fiscal federal, Carlos Amad, señaló que detrás de esa bandera se esconde una suerte de fuerza parapolicial que porta armas y realiza controles: “Ellos se autotitulan guardia ambiental, pero están todos uniformados, utilizan autos oficiales, cargan nafta con vales oficiales, hacen controles en las rutas, detienen a personas e incluso se involucran en procedimientos federales”.
En diálogo con Radio Mitre, agregó además que él mismo los imputó por por sedición, tenencia ilegítima de armas y privación ilegítima de la libertad.
El dirigente chaqueño, Lucas Figueras, respondió los interrogantes de este medio sobre la problemática (que es de larga data y esconde trasfondos políticos) que aqueja al norte argentino. La Guardia “se armó más o menos en 2018, 2019 por ahí. Los de Whasek no es joda… están envueltos en polémicos episodios y Capitanich lo que hizo fue, en vez de combatirlos con la ley en su momento, los fue empujando y les dio cierto reconocimiento, ya sea de manera directa o indirecta. Esto es plena responsabilidad de él”.
La situación económica en Chaco es complicada, “más para los pueblos originarios, que están muy afectados por la pobreza, lamentablemente. Es muy crítica la cuestión, se mueren como lauchas, no tienen para atenderse en hospitales, no hay medicamentos, no hay comida, ni viviendas, nada. Y son usados muchas veces como carne de cañón. Los wichís recibieron muchas promesas que el Gobierno obviamente no cumplió, y bueno, lo de las desapariciones de los jóvenes de la comunidad fueron la gota que rebalsó el vaso”.
Para Figueras, el tema está en que, sumado de la pésima situación en la que viven los wichís, “Capitanich expone a la Policía de Chaco ante un incumplimiento de promesas suyas, por eso se enojan los originarios”.
El 15 de junio del año pasado, 201 días después del escalofriante asesinato que conmovió a un país, el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa emitió un fallo dividido que imposibilitó que se investigue el procedimiento que la jueza de Familia de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, llevó adelante para otorgar la tenencia de LucioDupuy a su progenitora.
Los detalles del fallo que salvó a Pérez Ballester
Luego del aberrante crimen, el STJ ordenó investigar la existencia de denuncias intrafamiliares previas, sugiriendo, por entonces, sumariar a la jueza piquense. Sin embargo, días después, el mismo Poder Judicial pampeano bloqueó la posibilidad. En el citado documento judicial, los miembros del Tribunal que votaron por archivar el expediente fueron: Fabricio Losi, Elena Fresco y Eduardo Fernández Mendía.
Afortunadamente, desde las redes sociales, millones de personas se mantienen en estado de alerta frente a cualquier novedad relacionada al caso. En ese seguimiento, a muchos pampeanos les sorprendió que el diario más conocido de la provincia, La Arena, "homenajeara" (nada más y nada menos que en el Día Internacional de la Mujer) con una nota a la magistrada Elena Fresco, quien votó en contra de la investigación de Ana Clara Pérez Ballester.
“La igualdad de género nos trasciende”: El "homenaje" de La Arena a Fresco
El artículo del pasquín oficialista expresa que Fresco"desde el 92' a la fecha llevó adelante su carrera judicial con grandes logros". Tras la laureada presentación, la entrevistada elogió la creación de la Oficina de la Mujer y Violencia Doméstica, en 2015, como la "más destacada de los últimos tiempos, sin dudas".
Finalmente, la magistrada concluyó sobre el 8M: "Más que un mensaje, lo que quiero dejar es una idea, de que es necesario trabajar en forma permanente, y no momentáneamente, por la igualdad de género y por la perspectiva de género, porque es un tema que nos trasciende". Perspectiva de la que careció el último fallo sobre el caso Lucio, donde si bien Fresco 'no tiene' participación, corresponde al poder que pertenece.
El abogado mediático y candidato a Gobernador de Buenos Aires admitió que asesoró a Juan Martín Rago en la denuncia que le hizo Lucas Benvenuto por abuso sexual.
Negreabas a tu empleada y la quisiste callar con un contrato o un subsidio. Viqui, aunque sea cállate y seguí cobrando como Subsecretaria de coso con Kicilloff https://t.co/0ZOn8pYL1c
