SALTA: Denuncian que hay más de 30 escuelas en San Martín sin agua potable
La denuncia tuvo lugar durante la sesión de la Cámara de Diputados en Salta, donde el legislador por el departamento San Martín, Jorge Restom, planteó esta realidad y la ausencia del gobierno de Gustavo Sáenz.
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En la Cámara de Diputados se aprobó el proyecto de Declaración, pidiendo al Poder Ejecutivo que garantice la potabilización de agua para todos los parajes y los establecimientos educativos del departamento Molinos.
Jorge Restom denunció que hay más de 30 escuelas en San Martín sin agua potable
Durante la sesión, el diputado Jorge Restom, que avaló el proyecto, recordó que la Legislatura aprobó en diciembre pasado que el 42% del Presupuesto 2022 está destinado al área educativa y lanzó que el tema debe ser planteado al ministro de Educación en una reunión: “en 142 establecimientos educativos relevados, hay más de treinta que no tienen agua potable” y agregó: “son chicos, no tienen papá y mamá que le preparan la lonchera y la cantimplora para poder llevar agua a la escuela”.
Además, comentó que cuando se aprobó el presupuesto pensaron que iban a estar muy conformes con la calidad educativa, pero pasaron diez meses y la realidad es totalmente distinta en la provincia de Salta.
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Las localidades bolivianas de San José de Pocitos y Yacuiba experimentaron un notable crecimiento urbano en los últimos años, con edificios de vidrio de varios pisos, shoppings equipados con escaleras mecánicas y calles pavimentadas con iluminación LED. Este desarrollo contrastó con la infraestructura de Salvador Mazza, en la frontera con Argentina, donde surgió un problema ambiental grave: los desechos cloacales de dichas ciudades fueron vertidos sin tratamiento en la Quebrada Internacional, el curso de agua que separaba a ambos países.
Este vertido afectó directamente a la ciudad fronteriza sobre todo en temporada de lluvias, cuando la corriente arrastró residuos cloacales hacia los barrios cercanos y generó focos de insalubridad. Legisladores provinciales de Salta elevaron denuncias ante organismos consulares y bilaterales, pero no obtuvieron soluciones concretas. La diputada provincial por el departamento San Martín, Gladys Paredes, expresó: “Toda esa contaminación que proviene de las localidades fronterizas de Bolivia desemboca en la Quebrada”.
En las últimas semanas, tomó relevancia la situación de la empresa EMAPYC Bolivia (Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Yacuiba), señalada por verter efluentes cloacales en la Quebrada. El pasado 23 de febrero de 2022, una comisión conformada por funcionarios municipales, provinciales, nacionales, abogados, bioquímicos y fuerzas de seguridad tomó muestras de los líquidos en Salvador Mazza, luego de que la Cancillería argentina solicitara informes precisos sobre un eventual daño al medio ambiente y a la salud de los residentes. Los análisis se realizaron de manera preliminar en el lugar y continuaron en laboratorios provinciales, cuyos resultados fueron elevados a nivel nacional.
El problema no es nuevo. En 2016, vecinos de barrios bolivianos denunciaron el vertido de aguas residuales. En aquella oportunidad, la empresa involucrada afirmó que las aguas desechadas eran tratadas según la legislación boliviana. Para 2018, se registraron limpiezas conjuntas con la Fundación Natura y la Alcaldía de Yacuiba bajo el Fondo Local de Conservación de los Recursos Hídricos.
En Salvador Mazza, el director de Medio Ambiente, Jorge Dagil, presentó informes y se sumó al grupo que recopiló las muestras. Pese a las denuncias reiteradas, el vertido de aguas residuales continuó y evidenció la necesidad de acuerdos coordinados entre ambos países para prevenir la contaminación en la Quebrada Internacional y resguardar la salud de quienes habitan en esa región fronteriza.
El gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, declaró en situación de crisis a dos obras sociales, debido a su grave situación financiera y operativa. La medida afecta a la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo (OSPIF) y a la Obra Social de los Trabajadores del Petróleo y Gas Privado de Chubut. La resolución, publicada en el Boletín Oficial bajo las resoluciones 174/2025 y 175/2025, establece un plazo de 15 días para que las instituciones presenten un plan de contingencia que permita regularizar su situación y hasta un plazo máximo de 30 días para interponer un recurso de consideración.
La decisión de declarar a ambas obras sociales en crisis responde a diversas irregularidades que afectan tanto su solvencia económica como la calidad de los servicios que brindan a sus afiliados. Según la normativa vigente, las entidades superaron el límite de 65 puntos en el índice de criticidad establecido por el Decreto N° 1400/01. Entre los principales problemas que llevaron a la intervención se destacan:
Irregularidades contables: Las obras sociales presentaron estados financieros con deficiencias que impiden su correcta evaluación y supervisión.
Presupuestos deficitarios: Los planes financieros de ambas entidades no eran adecuados ni sostenibles, lo que generó un desajuste económico.
Deficiencias en la atención: Los afiliados denunciaron falencias en la cobertura y la calidad de los servicios médicos, lo que agrava la crisis.
Dependencia de subsidios: Ambas obras sociales recurrieron a subsidios externos para sostener su funcionamiento, lo que refleja una profunda inestabilidad financiera.
Ante este panorama, el gobierno decidió actuar para evitar que los afiliados se vean perjudicados y para garantizar la continuidad de la cobertura médica.
La Superintendencia de Servicios de Salud estableció un plazo de 15 días para que las obras sociales presenten un Plan de Contingencia, que debe incluir una serie de medidas específicas para solucionar las irregularidades detectadas. Este plan debe abordar tanto los problemas financieros como las deficiencias en la atención sanitaria. El gobierno señaló que las entidades deberán trabajar con metas a trimestre vencido, es decir, deberán presentar avances periódicos que garanticen la efectividad de las correcciones.
Además, se conformó un Comité de Evaluación y Seguimiento de Crisis para supervisar el cumplimiento del plan de contingencia. Dicho comité evaluará la situación de las obras sociales y podrá aplicar nuevas medidas si las soluciones propuestas no resultan efectivas.
Las obras sociales afectadas cuentan con un plazo de 30 días para presentar un recurso administrativo o judicial si consideran que la resolución es inapropiada. Esta posibilidad de apelación permite que las entidades puedan intentar revertir la situación por vías legales si consideran que se vulneraron sus derechos.
La medida busca proteger a los afiliados, asegurando que continúen recibiendo la cobertura médica a la que tienen derecho. En este sentido, el gobierno subraya la importancia de que las obras sociales mejoren su gestión y su estabilidad financiera para evitar mayores perjuicios. “El objetivo es garantizar que las personas sigan teniendo acceso a la atención médica que necesitan”, expresaron desde la Superintendencia.
La intervención del Estado en las obras sociales tiene también una clara intención de evitar que la crisis se profundice y se repita en otras entidades. Al establecer plazos claros y un mecanismo de seguimiento riguroso, el gobierno intenta devolver la confianza a los afiliados y al mismo tiempo mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de salud.
Los afiliados de ambas obras sociales se mostraron preocupados por la situación, ya que la crisis financiera de las entidades podría afectar directamente su acceso a servicios médicos. Muchos temen que la medida provoque mayores restricciones o demoras en la atención. Sin embargo, desde el Gobierno aseguran que no habrá interrupciones en la cobertura sanitaria.
La salud mental y su abordaje preventivo fueron el eje de un encuentro entre el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, GustavoHein, y autoridades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). La reunión se realizó este miércoles en la Facultad de Ingeniería, ubicada en Oro Verde, con el objetivo de profundizar la colaboración en iniciativas que promuevan soluciones concretas para las problemáticas de salud mental en la provincia.
Hein fue recibido por el decano de la Facultad de Ingeniería, Diego Campana, mientras que la vicerrectora de la UNER, Gabriela Andretich, participó de manera remota. El motivo central de la visita fue conocer el trabajo que la Facultad realiza en materia de prevención de problemáticas de salud mental y coordinar tareas conjuntas que afiancen la relación entre la Legislatura provincial y la casa de estudios.
“LA UNIVERIDAD ES UN MOTOR Y TIENE UN EFECTO DISPARADOR”
Esta actividad dio continuidad a una jornada celebrada el viernes anterior en la misma institución educativa, durante la cual se presentó el proyecto “Salud mental comunitaria: tecnología para la organización de redes de cuidados en la zona oeste de la ciudad de Paraná (Entre Ríos)”.
La iniciativa es llevada adelante por el Grupo de Estudios en Salud Pública y Tecnologías Aplicadas de la Facultad, en conjunto con la fundación Presencia Presente del barrio Anacleto Medina. En aquel encuentro participaron los diputados Jorge Maier, Juan Rossi y Carolina Streitenberger, además del director general de Salud Mental de la Provincia, Gabriel Fernández Martínez, y otras autoridades.
En relación con la relevancia de esta cooperación entre la Cámara de Diputados y la UNER, Hein destacó: “Tenemos la premisa de hacer un trabajo de territorio e intentamos concretarla en hechos. Tenemos una gran oportunidad de dar los primeros pasos en lo que nos compete desde la Presidencia junto a la universidad”.
El presidente de la Cámara baja también subrayó el valor de aunar esfuerzos: “Creemos que, por lo menos, se deben encauzar principios de soluciones con respecto a algunas problemáticas que estamos teniendo en la provincia. La universidad es un motor que nos va a dar una oportunidad a la Legislatura para poder entablar un trabajo en conjunto”.
Por su parte, el decano Campana remarcó que el proyecto en curso “se ha articulado con diferentes organizaciones que trabajan en el territorio, con la idea de abordar las múltiples facetas de los problemas de salud mental, que vienen asociados a factores como el consumo problemático y otros que se vienen dando en la sociedad”. Además, reflexionó: “Como cualquier cuestión que pasa en la comunidad, finalmente termina impactando en el medio ambiente universitario, así que también por eso nos preocupa mucho abordar la problemática de salud mental, tener un fuerte involucramiento y ser parte de la solución”.
La diputada Streitenberger, presidenta de la comisión de Desarrollo Social de la Cámara, valoró que el objetivo general del proyecto es “fortalecer el acompañamiento a personas con padecimientos de salud mental, en busca de garantizar sus derechos, basados en una asistencia integral de la salud”. Acerca de los avances tecnológicos en la propuesta, añadió: “Nos mostraron el avance de un trabajo que quieren realizar a través de un sistema a desarrollar con un software y una aplicación móvil, que va a permitir mantener la comunicación entre la persona afectada, sus familiares y sus acompañantes terapéuticos para abordar la situación del paciente en general y de manera coordinada”.
La Legislatura de Chubut aprobó el pasado jueves 27 el proyecto número 016/2025, presentado por el Ejecutivo provincial, que planteó la reforma de los artículos 247 y 248 de la Constitución provincial. Estos preceptos otorgaban inmunidad de arresto a funcionarios de los tres poderes del Estado y a sindicalistas, de modo que no podían ser detenidos salvo en casos de flagrancia.
Con la propuesta, dicha protección quedó eliminada, permitiendo que gobernantes, legisladores, jueces, fiscales y representantes gremiales sean arrestados en caso de ser acusados de delitos, sin la restricción constitucional previa.
El debate en la Cámara de Diputados concluyó con 18 votos a favor, 5 en contra y la ausencia de algunos legisladores. El bloque oficialista Despierta Chubut respaldó la iniciativa de forma unánime, mientras que apoyaron también los diputados Claudia Williams (Arriba Chubut) y Daniel Casal (Familia Chubutense). Por el contrario, 5 legisladores del bloque “Arriba Chubut”, del Partido Independiente Chubutense y uno del Frente de Izquierda votaron en contra.
La reforma se someterá a la decisión popular el 26 de octubre, durante el plebiscito que tendrá lugar en simultáneo con las elecciones de medio término. En este contexto, Ignacio Torres, gobernador de Chubut, difundió en su cuenta de X.
Torres también señaló: “era una deuda pendiente con la ciudadanía desde hacía mucho tiempo; finalmente pudimos dar vuelta la página y dejar atrás la época más oscura que nos tocó vivir como provincia: la época de la desidia y la corrupción”.
Remarcó que la enmienda convertiría a Chubut en la “primera provincia de la Argentina sin fueros” y precisó que se amplió la Ficha Limpia “con un objetivo claro: no permitir que los ladrones y los corruptos se atrincheren en la política”. Incluso agregó: “Esos sindicalistas y diputados que tenían privilegios ahora son iguales ante la ley en Chubut. Por eso, es responsabilidad de todos los chubutenses elegir qué camino seguir: el de la transparencia y la previsibilidad, o volver al pasado, donde la provincia era noticia por papelones institucionales o por causas de corrupción surgidas de la propia política”.
En el mismo sentido, el vicegobernador Gustavo Menna, uno de los impulsores de la medida, afirmó: “El paso que dio la Legislatura al aprobar la iniciativa hace que nadie tenga una situación de ventaja ante la ley y, sobre todo, que las decisiones de los jueces no sean sometidas a la aprobación de la política”.
También resaltó que “ahora la palabra la tiene la gente porque, al tratarse de una enmienda constitucional, tiene que ser aprobada por el pueblo de la provincia en un referéndum que se va a realizar en octubre. No nos cabe la menor duda de que el acompañamiento va a ser amplio y mayoritario porque los chubutenses luchamos para terminar con este tipo de privilegios”.
Los detractores de la reforma advirtieron que la eliminación de la inmunidad podría favorecer un clima de persecución política, mientras que los defensores consideraron que significaba un avance hacia mayores niveles de transparencia y responsabilidad pública.
De confirmarse esta reforma en el plebiscito de octubre, Chubut se convertiría en la primera provincia en eliminar los fueros para funcionarios y dirigentes sindicales, un hecho que marcaría un hito jurídico e institucional.
El municipio de General José de San Martín, en la provincia del Chaco, se encontró en el centro de la polémica tras la instauración de un sistema de cobro ilegal para el ingreso de mercadería. Comerciantes y especialistas en derecho tributario denunciaron que el intendente Mauro Leiva creó una “aduana paralela”, donde exigió el pago de 56 mil pesos por vehículo y 76 mil pesos si incluía acoplado. Estos montos se abonaron sin recibir facturas ni recibos formales, y quienes se negaron a pagarlos quedaron imposibilitados de ingresar con sus cargas.
Abogados especializados en derecho constitucional advirtieron que la medida contradijo la Carta Magna argentina, que prohíbe aduanas internas entre jurisdicciones. “Una medida de esta naturaleza viola la constitución nacional y configura un delito que debe ser investigado de inmediato por la Justicia”, explicó un abogado representante de los comerciantes afectados.
La situación de Leiva se tornó aún más controversial debido a antecedentes judiciales. Meses atrás, la Justicia archivó una causa en su contra por un siniestro vial en el que falleció un joven motociclista de veinte años. El hecho ocurrió en la ruta nacional 11, a la altura del kilómetro 1014. Las pericias concluyeron que Leiva conducía a alta velocidad y por el carril contrario, pero el caso no avanzó de forma significativa. “Me sorprendió la rapidez con la que se desestimaron las apelaciones y la causa quedó cerrada. Como profesional del derecho, considero que el tratamiento de este caso fue, cuanto menos, irregular”, sostuvo el abogado Justo Mencía, quien representó a la familia de la víctima.
Otro de los proyectos inconclusos de la gestión de Leiva fue la nueva terminal de ómnibus de la ciudad, que permaneció inactiva pese a superar el 95 por ciento de avance. La obra, inaugurada simbólicamente en abril de 2023, no operó por falta de infraestructura básica.
A la polémica de la “aduana paralela” se sumaron graves denuncias contra el director del hospital Félix A. Pertile, José Luis Aguilera. Vecinos y pacientes aseguraron que Aguilera cobró 50 mil pesos para permitir el uso de la ambulancia en casos de urgencia. “Cualquier persona que tenga una emergencia debe pedir permiso a la unidad sanitaria para mover la ambulancia del hospital y pagar en el momento 50 mil pesos para el traslado”, denunció una de las víctimas.
A la crisis sanitaria se suma una situación alarmante relacionada con la salud mental. Una familia de General José de San Martín ha solicitado reiteradamente que su hijo, quien sufre problemas de adicción y ha cometido numerosos robos en la ciudad, sea trasladado a una clínica psiquiátrica para su internación. Sin embargo, el director Aguilera se niega a derivarlo, argumentando falta de combustible para la ambulancia.
La atención médica en General José de San Martín también enfrentó deficiencias por falta de profesionales, insumos y turnos. No hubo pediatra ni médico clínico, y los pacientes debieron esperar desde la noche anterior para conseguir cupos que en muchos casos no alcanzaron. Además, la situación de un joven con adicciones complicó aún más el panorama: la familia pidió reiteradas veces su internación psiquiátrica, pero el director del hospital se negó a derivarlo alegando falta de combustible en la ambulancia. El joven, detenido en varias oportunidades por cometer robos, presentó un documento del Hospital Pertile que certificó su estado mental, lo que propició su liberación inmediata.
La vicegobernadora de Mendoza, Hebe Casado, cuestionó al diputado radical Facundo Manes durante la asamblea legislativa del sábado y afirmó que, en la profesión médica, “estaba mal visto por vendehumo”.Sus declaraciones provocaron un fuerte rechazo en la Unión Cívica Radical (UCR), particularmente de parte del diputado Julio Cobos, quien sostuvo que Casado “se equivocó profundamente”.
Casado, médica de profesión, reemplazó ese día al gobernador Alfredo Cornejo en el recinto. Tras presenciar el discurso de apertura de sesiones ordinarias del presidente Javier Milei, criticó el comportamiento de Manes: “Lo que vi en el Congreso, todo el tiempo interrumpiendo al Presidente y bravuconeando. No me pareció una buena postura”. Luego añadió: “Yo lo conocía como un profesional de la salud y en el ámbito médico (Manes) estaba mal visto por vendehumo”.
La vicegobernadora también minimizó el cruce que involucró a Manes y a Santiago Caputo, asesor presidencial: “No hay que derrochar tinta en una pelea entre dos ‘machitos’, una discusión entre dos hombres como si estuviesen en la tribuna”. Elogió, además, el rol de Caputo y aseguró que “le sumó muchísimo a Milei”.
La respuesta en defensa de Manes llegó rápidamente de la mano de Cobos, quien escribió en sus redes sociales: “No se trata de la profesionalidad del médico @ManesF, se trata de un diputado nacional de la Argentina patoteado en el Congreso por un importante representante del gobierno. Es inaceptable y condenable, aunque usted no lo entienda así”. Luego criticó con dureza a Caputo al sostener que “tienen una concepción obscena de impunidad del poder” y pidió a Casado que no avale tal postura, recordándole que representa “una institución fundamental para Mendoza” e integra “un gobierno radical”.
En sintonía con Cobos, los diputados radicales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri respaldaron a Manes al adherir al comunicado del bloque de la UCR, que calificó lo sucedido como “un atropello” que “no puede quedar sin responsables”. El texto alertó sobre “descalificaciones” durante el discurso y “agresiones” cuando Manes se retiraba del recinto.
Por su parte, Milei se refirió al incidente y aseguró: “Manes miente deliberadamente: dijo que le pegaron dos trompadas y fueron dos palmaditas en el pecho. Me sorprendió que le den tanta entidad a una cosa tan marginal”. Al mismo tiempo, Casado se mostró alineada con la postura presidencial y afirmó: “Lo que se vio fue la pelea final con (Santiago) Caputo, pero Manes estuvo todo el tiempo enfrentando al presidente”.
– El cruce entre Caputo y Manes
La vicegobernadora también habló de diferencias internas dentro del radicalismo y describió a un sector de la Capital Federal, encabezado por Martín Lousteau, como un “radicalismo kirchnerizado”, mientras que señaló al radicalismo del interior como “más de acuerdo con las medidas de Milei”. Además, deslizó una crítica hacia la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien mantiene un distanciamiento con Milei pese a pertenecer al mismo espacio: “El problema de los vice es que aspiran a ser el número uno”.
Casado lamentó, además, la decisión de varios legisladores de no asistir al Congreso durante el discurso inaugural: “Fue chocante ver la mitad del recinto vacío. No apruebo el no ir. Es casi una obligación de los legisladores escuchar la asamblea que es para ellos”.
La Legislatura aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad de arresto para funcionarios y sindicalistas. Será sometida a plebiscito el 26 de octubre.
Sí, durante más de 30 años a los jubilados les han robado. No empezó hoy el problema.
¿Cuál sí es el problema hoy? Que los que supuestamente venían a cambiar las cosas son los mismos que ocuparon cargos esos 30 años y están haciendo lo mismo.
