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“La Grieta” entre el oficialismo y la oposición apunta contra Juntos Somos Río Negro (JSRN) por desdoblar las elecciones del 2023 para favorecerse. Esta semana estuvo caldeada la política en la provincia y es debido a las elecciones a gobernador del 2023, donde el sector de apoyo al ex mandatario Alberto Weretilneck buscará nuevamente desdoblar los sufragios con las nacionales.
En este aspecto, Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Todos (FdT) salieron a criticar esta medida que pasará por la Legislatura rionegrina, en carácter de votar por el adelantamiento electoral a abril del 2023 y permitir las colectoras. Una acción que se realiza desde hace 20 años en cada comicios en la provincia.
El ex gobernador Alberto Weretilneck busca poner el eje en los armados del 2023
Este adelantamiento ya estaba anunciado desde el 2021, donde Río Negro en cada elección del presidente y gobernador siempre votó unos meses antes y hubo colectoras oficialistas que buscaban la reelección.
JxC salió a decir que es una “estafa laboral”, por lo que Aníbal Tortoriello que maneja el PRO provincial y sus aliados como el ARI y la CC, siendo oportunistas pegaron el grito en el cielo criticando el accionar y que votarían en contra cuando pase por la Legislatura.
Aníbal Tortoriello es el encargado de manejar Propuesta Republicana (PRO) y el demás de los aliados de Juntos por el Cambio (JxC)
Otra de las que salió al cruce fue María Eugenia Martini que desconoce de que se trata el proyecto pero que si es por el desdoblamiento estaba en contra de la acción que implementar Juntos Somos Río Negro.
Si bien hoy el oficialismo tiene muchas chances de volver a conducir la provincia en el 2023 y de la mano de la vuelta de Alberto Weretilneck, es la gobernadora quién decide y convoca a elecciones prontamente, por lo que esta semana estuvieron reunidos el presidente del bloque de JSRN con Arabela Carreras para definir la estrategia de cómo anunciar los comicios a abril.
María Eugenia Martini busca poder ir por la Gobernación de Río Negro
Ya está más que sabido que Carreras no participará a ser reelecta, por lo que se especula de ir como diputada nacional o intendenta de Bariloche, pero otras voces dicen que se retira de la política por la pelea interna con Weretilneck, que le valió de lo decaimiento en imagen positiva al Gobierno, salpicando al partido por las acciones en estos casi 3 años de gestión.
Por el lado de cómo se van formando los candidatos y candidatas, poco se sabe, solamente se habla de las cabezas que conformarán cada frente. Por el lado del macrismo, Aníbal Tortoriello llevará la bandera y desde el Frente de Todos aún sigue la interna por quién comandará la alianza kirchnerista y peronista en Río Negro, ya que se encuentra desintegrada y a punto de perder la afiliación política.
La gobernadora Arabela Carreras no buscará la reelección en Río Negro
El camino a las elecciones ya comenzó y se podría decir que la campaña está en manifiesto, restará definir legisladores y fórmulas, más candidatos a las intendencias claves para gobernar una provincia que aspira a la energía, la producción frutihortícola y el turismo.
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El Hospital Garrahan consolidó un incremento en la asignación básica destinado a su personal y lo definió como un “aumento salarial histórico”. La institución informó que implementó una suba del 61% dirigida a empleados de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución, con aplicación retroactiva a octubre. Este incremento se sumó a los bonos mensuales fijos que los trabajadores percibieron desde septiembre: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial.
En un comunicado, la administración señaló: “Gracias al trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, ese reconocimiento se consolidó con un aumento de sueldo cercano al 60% en la asignación básica, que será dirigido al personal de planta, contratos de empleo público, becarios y residentes con Beca Institución”. Y se agregó: “En el Hospital Garrahan la eficiencia no es una palabra vacía: es lo que hace posible cuidar mejor a quienes todos los días cuidan a los niños de este país”.
– El comunicado del Hospital Garrahan (publicado en X)
La dirección del hospital afirmó que la eficiencia administrativa resultó clave para fortalecer la atención y reconocer el trabajo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. En ese sentido, el anunciado aumento es “un reconocimiento al esfuerzo de los equipos médicos, de enfermería, técnicos y administrativos. Incluso en momentos adversos en los que se utilizó al hospital como bandera política afectando al personal con situaciones extorsivas, ellos siguieron trabajando con compromiso, sosteniendo la atención y garantizando ni más ni menos que la salud de los niños.Así funciona una administración ordenada: la plata alcanza, el trabajo se valora y los resultados se ven”.
La administración del Garrahan (que desde el 10 de diciembre de 2023 inició una etapa orientada a la transparencia y la eficiencia) aceleró ese proceso en 2025 y financió los bonos y el aumento salarial con recursos propios, sin comprometer la sostenibilidad de la institución. El hospital comunicó que dispuso de los fondos necesarios para adelantar el pago del aumento, mientras aguardó la llegada de los recursos provenientes del Gobierno Nacional.
En el plano presupuestario, se indicó que, mientras uno de los vetos presidenciales del año alcanzó a la ley de emergencia pediátrica, la última modificación presupuestaria dotó de más fondos a los hospitales nacionales mediante una reasignación de partidas y sin generar déficit.
De ese refuerzo, el Garrahan absorbió más de la mitad de los nuevos recursos que obtuvo la cartera que lidera Mario Lugones, lo que le permitió beneficiarse con los bonos de septiembre.
El anuncio salarial se produjo en el marco de un conflicto gremial. A fines de octubre, la Junta Interna de ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) anunciaron la toma de la dirección del hospital de alta complejidad de Parque Patricios, al denunciar fuertes descuentos salariales a enfermeras, instrumentadoras y maestras del jardín maternal en el contexto de la ola de paros. “En este momento la dirección del hospital está tomada. Vamos a hacer permanencia hasta que devuelvan la plata que se quedaron del sueldo de los trabajadores. Esa es la situación y no nos vamos a ir hasta que depositen los fondos”, manifestó Norma Lezana, secretaria general de APyT.
El viernes pasado, el conflicto escaló cuando trabajadores de la APyTocuparon durante seis horas las oficinas centrales de la dirección médica, desde el mediodía hasta las 18, en reclamo de la restitución de haberes descontados por días de paro. La organización gremial informó que la medida buscó presionar a las autoridades para revertir descuentos que, según denunciaron, alcanzaron entre $300.000 y $500.000 y afectaron en particular a trabajadoras del área de enfermería, instrumentación y docencia del jardín maternal.
El delegado de la Junta Interna ATE Hospital Garrahan, Alejandro Lipcovich, declaró a Infobae que el personal afectado abarcó a madres solteras que “no llegan a fin de mes”, y sostuvo que “mientras ellos usufructúan personalmente millones de pesos para sus ingresos, designan contratados como asesores que ganan $3,4 millones y hambrean al personal. La crisis del Garrahan no solo está lejos de resolverse, sino que se profundiza. Exigimos que las autoridades nos reciban, que no lo están haciendo, y que den marcha atrás con estos descuentos criminales”.
En un comunicado, la APyT calificó a la conducción del hospital como “enemigos del Garrahan y las infancias” y los acusó de actuar como “un interventor político, autoritario y prepotente”. También denunció que el Consejo de Administración fue “designado a dedo” con el objetivo de “ocultar millonarios recursos propios que generamos las y los trabajadores para destinarlos a un Fondo de Inversión”, y repudió los descuentos aplicados a quienes “defienden el Hospital Garrahan”. El texto exhortó: “Se tienen que ir porque cada minuto que pasa y están al frente del hospital, las infancias y el equipo de salud estamos peor”, al tiempo que convocó a la participación en la toma de la dirección y a la apertura de un canal de diálogo.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación cuestionó a los gremialistas, los acusó de impulsar una desestabilización vinculada a extracciones izquierdistas y de “tomar de rehén al personal administrativo y jerárquico”.
Desde la administración del Garrahan, las autoridades sostuvieron que el proceso de orden, transparencia y eficiencia iniciado recientemente apuntó a valorar el trabajo y a obtener resultados tangibles. En esa línea, ratificaron: “Es un aumento salarial histórico”.
Los antiguos lazos entre el kirchnerismo y el chavismo volvieron a quedar en evidencia. Luis D’Elía, histórico líder piquetero y uno de los primeros aliados del kirchnerismo, reconoció públicamente haber recibido dinero del régimen de Hugo Chávez para financiar movilizaciones en la Argentina durante los años de Néstor Kirchner.
El dirigente hizo esta confesión a fines de noviembre de 2024, en el programa Domados del canal BorderPeriodismo, durante un debate con el influencer Matías Andrés Bernal Campos, más conocido como “Herrero Liberal”. En medio de una discusión sobre la militancia y el rol del financiamiento político, Bernal Campos le preguntó de manera directa: “Te mandaron un millón de dólares de Chávez para organizar marchas”. D’Elía, lejos de desmentirlo, respondió con naturalidad: “Lo conté yo a eso, para pagar los micros de todo el país, ¿o ustedes no pagan los micros?”.
D’Elía explicó que los fondos se usaron para organizar la famosa contracumbre de Mar del Plata en 2005, en la que distintos movimientos sociales, sindicales y políticos se unieron para rechazar el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsado por el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush.
El dirigente social fue uno de los principales organizadores de aquella contracumbre, donde participaron líderes de izquierda latinoamericana, entre ellos Hugo Chávez y Evo Morales. En ese evento, Chávez pronunció su recordado discurso “ALCA, ALCA, ¡al carajo!”, frente a una multitud convocada por las agrupaciones alineadas con el kirchnerismo. La admisión de D’Elía parece confirmar las sospechas de que parte de esos actos fueron financiados con fondos provenientes de Caracas.
– La contramarcha
Sus declaraciones se suman a una serie de revelaciones que en los últimos años han puesto bajo la lupa los vínculos económicos entre los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner y el chavismo. El ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, Hugo Armando Carvajal, alias “El Pollo”, extraditado a Estados Unidos en 2023, ya había declarado en 2021 ante la Justicia española que el régimen de Chávez financió a diversos líderes de izquierda en América Latina: Néstor y Cristina Kirchner en Argentina, Lula da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Gustavo Petro en Colombia y Fernando Lugo en Paraguay.
Según una investigación del medio español OKDiario, publicada el 20 de octubre de 2021, Carvajal detalló que Venezuela envió al menos 21 millones de dólares en efectivo a la Argentina para respaldar al kirchnerismo. En un escrito presentado ante el juez Manuel García-Castellón, el ex funcionario describió que antes de la incautación de la valija de Guido Antonini Wilson en 2007 hubo otros “20 vuelos con entregas previas de un millón de dólares cada una”. Los traslados se habrían realizado sin inconvenientes gracias al pago de sobornos a funcionarios aeroportuarios argentinos.
El episodio de Antonini Wilson, conocido como valijagate, reveló la magnitud de las operaciones entre Caracas y Buenos Aires. El empresario venezolano fue detenido en el Aeroparque Jorge Newbery con una maleta que contenía 800.000 dólares provenientes de la petrolera estatal PDVSA, fondos que estaban destinados a financiar la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. En el mismo jet privado, contratado por la empresa estatal Enarsa, viajaban Claudio Uberti, entonces titular del OCCOVI; Victoria Carolina Bereziuk, colaboradora cercana a Néstor Kirchner, y Exequiel Espinosa, presidente de Enarsa.
La Justicia estadounidense concluyó que el dinero provenía del saqueo sistemático de PDVSA bajo el gobierno de Chávez y que parte de esos fondos se destinaron al financiamiento político en varios países latinoamericanos, entre ellos la Argentina. Antonini, quien finalmente colaboró con el FBI, aportó información clave para desentrañar la red de corrupción que conectaba a funcionarios venezolanos y argentinos en el tráfico de dinero.
El gobierno de Javier Milei oficializó los requisitos que deberán cumplir los legítimos usuarios para adquirir y poseer armas semiautomáticas con cargadores desmontables, similares a fusiles, carabinas o subametralladoras de calibre superior al .22 LR.
La medida se formalizó mediante la Resolución 37/2025 del Registro Nacional de Armas (RENAR), organismo que reemplazó a la ANMAC, y reglamenta el Decreto 397/25, que había levantado la prohibición para este tipo de armamento.
Para acceder a la tenencia, los solicitantes deberán tener al menos cinco años de antigüedad como usuarios de armas de uso civil condicional, no registrar sanciones ni actuaciones administrativas, disponer de un sector de guarda tipo G2, y presentar una declaración jurada con los motivos de la solicitud, junto a la identificación del material y fotografías.
El requisito central será acreditar “probados usos deportivos”, mediante una certificación de entidad de tiro habilitada o participación en competencias nacionales o internacionales.
Las entidades deportivas también podrán gestionar estas armas para sus socios o con fines didácticos. El costo del trámite será equivalente al de una Tenencia Express más una Tarjeta de Consumo de Municiones (TCCM).
El histórico Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, símbolo de la resistencia argentina desde las invasiones inglesas de 1806, se encuentra en el centro de una intensa controversia política y judicial. El gobierno del presidente Javier Milei, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), decidió subastar el emblemático predio ubicado en Palermo, generando una amplia reacción de la oposición y sectores que defienden el patrimonio histórico nacional.
Frente a esta decisión del Ejecutivo, el senador radical Pablo Blanco de Tierra del Fuego presentó un proyecto de ley para declarar el terreno del Regimiento de Patricios como “lugar histórico nacional, estratégico y no enajenable”. La iniciativa busca “afectar a perpetuidad la totalidad del terreno al Ejército Argentino” y establece que las instalaciones solo podrían destinarse a actividades vinculadas a la defensa nacional o fines científicos y culturales.
El proyecto fue aprobado por el Senado el jueves 2 de octubre con 56 votos a favor y 4 abstenciones, obteniendo media sanción y pasando ahora a la Cámara de Diputados. La medida también deja sin efecto todo proceso administrativo iniciado o por iniciarse que tenga por objeto la enajenación del terreno, lo que efectivamente frenaría la subasta si se convierte en ley.
El 29 de agosto de 2025, la AABE emitió la Resolución 39/2025, publicada en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, autorizando la subasta pública del terreno donde actualmente funciona el centro comercial Portal Palermo. El predio de 42.044 metros cuadrados, ubicado en la intersección de las avenidas Cerviño y Bullrich, tiene un precio base de USD$81.797.752, convirtiendo esta operación en una de las subastas inmobiliarias más importantes de la historia argentina.
La subasta se realizó el lunes 6 de octubre de 2025 a las 10 de la mañana a través de la plataforma digital Subastar. El terreno se encuentra en una zona de alto valor inmobiliario, donde el metro cuadrado puede alcanzar valores de hasta USD$10.000 según especialistas del sector, aunque el precio base equivale a aproximadamente USD$1.969 por metro cuadrado.
Paralelamente, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto presentó un recurso de amparo con medida cautelar para detener la subasta. En su presentación judicial, Pichetto argumenta que el predio “forma parte de la memoria y la historia de la Nación” y pidió que se declare la nulidad de la resolución por considerarla “manifiestamente inconstitucional e ilegal”.
“Los que están propiciando la venta son traidores a la Patria”, afirmó Pichetto, criticando duramente la decisión gubernamental y alertó sobre la “connivencia con el sector inmobiliario de la ciudad”. Pichetto sostiene que la venta fue habilitada “sin intervención del Congreso Nacional”, lo que constituiría una “usurpación de facultades legislativas”.
El Regimiento de Patricios no es una unidad militar cualquiera. Fundado el 15 de septiembre de 1806 en respuesta a la proclamación de Santiago de Liniers tras la primera invasión inglesa, representa el embrión del Ejército Argentino. Su primera batalla fue el 5 de julio de 1807 durante la defensa de Buenos Aires contra las tropas británicas de Whitelocke.
La unidad participó en momentos clave de la historia argentina: las jornadas de la Revolución de Mayo de 1810 bajo el liderazgo de Cornelio Saavedra, las campañas por la independencia, la creación de la Bandera Nacional en 1812, la Guerra contra el Imperio del Brasil, las campañas del Desierto, y más recientemente en la Guerra de Malvinas en 1982.
– Nicolás Pakgojz
El regimiento se instaló en el predio de Palermo en 1913, en los conocidos como “Cuarteles Maldonado”. El complejo actual fue diseñado por el arquitecto Isaac Thorndike y construido entre 1927 y 1932, siendo declarado Monumento y Lugar Histórico Nacional en 2010.
La controversia se intensifica al conocer quiénes están detrás de la operación. El actual titular de la AABE es Nicolás Pakgojz, un economista de 29 años que trabajó en el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta. Pakgojz ingresó a la función pública de la mano de Andy Freire, quien antes había sido parte del directorio de IRSA, la empresa del magnate inmobiliario Eduardo Elsztain, principal contribuyente financiero de La Libertad Avanza (LLA), además de mantener una estrecha relación con Milei. El presidente se hospedó en el Hotel Libertador de propiedad del empresario, quien además le abrió una red de contactos internacionales de negocios.
“En el año 2021, le exigimos a Javier Milei y a Karina Milei que lo echara a Espert del espacio por sus vínculos con el narcotráfico” admitió el legislador, además agregó que no compartió más espacio con Espert y que no eran los “valores” que pregonaba el espacio liberal. También sostuvo su desprecio hacia Espert y lo tildó de “idiota”.
Esta declaración apunta a la relación de Espert con el narco empresario Fred Machado, una conexión que, según Casielles, fue informada a la cúpula de LLA mucho antes de que se hiciera pública. En una pregunta sobre el diputado libertario Jose Luis Espert, Casielles
A su vez, frente a la renuncia de Espert a su candidatura a diputado nacional, el legislador sostuvo que no es suficiente,“Es difícil que el presidente ahora nos diga que Espert es honesto, porque ya sabían de esto. Hasta la misma Patricia Bullrich lo advirtió”.
En medio de la campaña y de los escándalos adjudicados a este gobierno, Eugenio insistió con la necesidad de que los funcionarios den explicaciones. “No puede ser que todo sea una opereta. Esto, lo de libra, lo de las coimas de Karina, están tomando del pelo a los argentinos”.
El informe de la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT) revelado recientemente en noviembre de 2025 documenta un fenómeno delictivo sin precedentes en el área metropolitana. Los robos violentos en el Gran Buenos Aires (GBA) registraron un aumento acumulado superior al 500% entre 2015 y 2024. Esta cifra representa no solo un incremento estadístico, sino una transformación radical en el panorama de seguridad deficiente del conurbano bonaerense antes y después que asumió el actual gobernador Axel Kicillof.
Para contextualizar esta magnitud, los números específicos evidencian la gravedad, revelando cómo la tasa pasó de 3.9 hechos cada 100.000 habitantes en 2015 (411 casos) a 26.8 en 2024 (2.917 casos). Es decir, actualmente se registra aproximadamente uno de cada 3.700 habitantes del GBA como víctima de robo violento anualmente. En términos más cotidianos, esto equivale a un robo violento cada 5 minutos en el conurbano.
El fenómeno no se distribuye de manera uniforme. Los datos recopilados por los expertos Guido Brunetti, Nicolás Vergara y Sebastián Martinenco muestran una concentración clara en los municipios del oeste y sur del GBA, con tasas que duplican o triplican los registros nacionales. En 2024, Quilmes registró la tasa más alta con 44.9 hechos por 100.000 habitantes (311 casos), seguida por Esteban Echeverría (42.4), Merlo (41.0), Malvinas Argentinas (37.0) y Lanús (36.5).
Lo alarmante es que once de los 24 municipios del GBA superan en más del doble la tasa nacional de robos violentos, según señaló el abogado, especialista en criminalidad económica y presidente de FININT, Juan Félix Marteau. Algunos municipios experimentaron incrementos especialmente preocupantes, siendo Merlo que acumuló un aumento del 190% en los últimos dos años, mientras que Lanús registró el mayor crecimiento interanual, con un 80% más de hechos respecto al año anterior.
La evolución temporal revela un patrón bien definido. La tendencia ascendente se mantiene desde 2017, con un crecimiento sostenido hasta 2020, cuando la pandemia de COVID-19 generó una caída brusca de la delincuencia. Durante el confinamiento, los robos cayeron aproximadamente 52.5% en términos de denuncias de delitos contra la propiedad. Sin embargo, tras la flexibilización de las restricciones, se produjo una fuerte reactivación delictiva. Entre 2023 y 2024, los robos violentos crecieron un 37%, pasando de 1.839 a 2.917 casos.
El informe de FININT, junto con análisis de seguridad gubernamentales, identifica tres factores centrales que explican la escalada de robos violentos. En primer lugar, la circulación ilícita de armas de fuego es identificada como un detonante crucial para el incremento de la violencia. Estas armas provienen principalmente de robos en dependencias policiales, de la comercialización de armas decomisadas que no fueron destruidas, y del reciclado de arsenales declarados en desuso por las fuerzas policiales. La disponibilidad de armamento aumenta significativamente la capacidad letal de los delincuentes y, consecuentemente, la violencia empleada en los robos.
El segundo lugar, está el consumo de sustancias y el narcotráfico. Conforme a las encuestas del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires, el 63% de los encuestados identificó la drogadicción y el narcomenudeo como la segunda causa principal de inseguridad, apenas por debajo de la pobreza y marginalidad. No obstante, FININT advierte que no existe necesariamente una relación directa entre la presencia del narcotráfico y la violencia expresada en robos. Ambos fenómenos pueden evolucionar de manera divergente, ya que el narcotráfico opera frecuentemente de forma silenciosa, fuera del radar de las políticas de seguridad, mientras que los robos violentos se concentran territorialmente en municipios específicos.
Finalmente, el último factor son los problemas institucionales en la Policía Bonaerense. La fuerza tiene 100.000 efectivos pero enfrenta cuestionamientos significativos sobre su funcionamiento, capacitación y reformas internas. Fuentes de seguridad advierten que la falta de reformas profundas y la persistencia de problemas internos afectan la capacidad de respuesta ante el delito.
La ola delictiva actual se caracteriza porque no hay más delincuentes, sino que son los mismos pero cometen más delito. Las principales modalidades incluyen entraderas (robos a viviendas), implicando inteligencia previa sobre las viviendas. En el conurbano, los delincuentes rompen puertas, en Capital Federal, trepan en altura. El horario principal es entre las 8 y las 21 horas, cuando los propietarios no están en casa.
Los robos de celulares representa una de las modalidades más preocupantes, con estimaciones de 10.000 arrebatos diarios en la Ciudad de Buenos Aires y 5.000 en el conurbano. El Robo de autopartes y vehículos, donde los delincuentes se llevan ruedas, patentes y estéreos. Esta modalidad cobró especial relevancia en 2024, pues registró 128.477 robos totales en la provincia, con crecimiento del 18% respecto a 2023.
“La provincia está en una de las mejores situaciones de tasa de homicidios de la historia”, afirmó en su momento Kicillof, durante una conferencia de prensa que encabezó en la Casa de Gobierno dada en mayo, en La Plata, donde buscó ligar la problemática por falta de inversión estatal.
Un aspecto crucial del informe, y que revela la complejidad de la actualidad delictiva, es que mientras los robos violentos explotan sin precedentes, los homicidios dolosos muestran una baja sostenida. La tasa nacional de homicidios pasó de 6.6 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 3.8 en 2024, una caída del 42%. En el GBA, descendió de 8.0 a 5.6 en el mismo período, con 607 víctimas en 2024 frente a 857 en 2015.
De acuerdo con la encuesta del OPSA, la percepción de inseguridad alcanza 6.3 puntos en CABA, pero sube a 8.1 en el GBA Oeste y 7.9 en el GBA Sur, en una escala de 1 (‘muy seguro’) a 10 (‘muy inseguro’). A su vez, existe un problema significativo de cifras negras (delitos no denunciados). Según FININT, cuando un agresor se apodera ilegítimamente de un bien mediante violencia, las víctimas no siempre denuncian, incluso en casos de lesiones. Esto genera un importante subregistro en las estadísticas criminales. Estudios sugieren que los datos oficiales de robos representan solo una fracción de los hechos reales.
Buscan influir en la designación del candidato del Frente de Todos para las elecciones presidenciales. Por ahora no hay consenso en un único nombre y eso genera disputas.
La medida fue oficializada por el la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). El edificio está ubicado en el barrio porteño de Villa Devoto y tiene una superficie de más de 761 metros cuadrados.
Un informe de FADA develó a qué se destina cada peso que los argentinos pagan por alimentos esenciales. “El Estado no cría el animal, no transporta, no vende, no asume riesgos, no madruga, pero se lleva el 25% del precio final”, graficó una economista de la fundación.
