Río Negro | “La Grieta” ingresa en la política provincial y genera aristas hacia el 2023
Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Todos (FdT) dejan al oficialismo como tercera fuerza política.
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“La Grieta” entre el oficialismo y la oposición apunta contra Juntos Somos Río Negro (JSRN) por desdoblar las elecciones del 2023 para favorecerse. Esta semana estuvo caldeada la política en la provincia y es debido a las elecciones a gobernador del 2023, donde el sector de apoyo al ex mandatario Alberto Weretilneck buscará nuevamente desdoblar los sufragios con las nacionales.
En este aspecto, Juntos por el Cambio (JxC) y el Frente de Todos (FdT) salieron a criticar esta medida que pasará por la Legislatura rionegrina, en carácter de votar por el adelantamiento electoral a abril del 2023 y permitir las colectoras. Una acción que se realiza desde hace 20 años en cada comicios en la provincia.
El ex gobernador Alberto Weretilneck busca poner el eje en los armados del 2023
Este adelantamiento ya estaba anunciado desde el 2021, donde Río Negro en cada elección del presidente y gobernador siempre votó unos meses antes y hubo colectoras oficialistas que buscaban la reelección.
JxC salió a decir que es una “estafa laboral”, por lo que Aníbal Tortoriello que maneja el PRO provincial y sus aliados como el ARI y la CC, siendo oportunistas pegaron el grito en el cielo criticando el accionar y que votarían en contra cuando pase por la Legislatura.
Aníbal Tortoriello es el encargado de manejar Propuesta Republicana (PRO) y el demás de los aliados de Juntos por el Cambio (JxC)
Otra de las que salió al cruce fue María Eugenia Martini que desconoce de que se trata el proyecto pero que si es por el desdoblamiento estaba en contra de la acción que implementar Juntos Somos Río Negro.
Si bien hoy el oficialismo tiene muchas chances de volver a conducir la provincia en el 2023 y de la mano de la vuelta de Alberto Weretilneck, es la gobernadora quién decide y convoca a elecciones prontamente, por lo que esta semana estuvieron reunidos el presidente del bloque de JSRN con Arabela Carreras para definir la estrategia de cómo anunciar los comicios a abril.
María Eugenia Martini busca poder ir por la Gobernación de Río Negro
Ya está más que sabido que Carreras no participará a ser reelecta, por lo que se especula de ir como diputada nacional o intendenta de Bariloche, pero otras voces dicen que se retira de la política por la pelea interna con Weretilneck, que le valió de lo decaimiento en imagen positiva al Gobierno, salpicando al partido por las acciones en estos casi 3 años de gestión.
Por el lado de cómo se van formando los candidatos y candidatas, poco se sabe, solamente se habla de las cabezas que conformarán cada frente. Por el lado del macrismo, Aníbal Tortoriello llevará la bandera y desde el Frente de Todos aún sigue la interna por quién comandará la alianza kirchnerista y peronista en Río Negro, ya que se encuentra desintegrada y a punto de perder la afiliación política.
La gobernadora Arabela Carreras no buscará la reelección en Río Negro
El camino a las elecciones ya comenzó y se podría decir que la campaña está en manifiesto, restará definir legisladores y fórmulas, más candidatos a las intendencias claves para gobernar una provincia que aspira a la energía, la producción frutihortícola y el turismo.
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El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, presentó este viernes el “Plan Galina”,un programa de infraestructura que demandará una inversión superior a los 640 mil millones de pesos y que prevé la ejecución de más de 200 obras clave en localidades y comunas de toda la provincia. La iniciativa contempla la generación de más de 4.800 empleos directos en los rubros vial, habitacional, de saneamiento y de infraestructura comunitaria, deportiva y sanitaria.
El anuncio se realizó en el Salón de los Constituyentes de la Casa de Gobierno, colmado por funcionarios del gabinete, intendentes, jefes comunales, empresarios y trabajadores de la construcción. Torres explicó que el plan fue posible gracias al convenio de compensación de deuda firmado con el Gobierno Nacional para finalizar obras inconclusas y postergadas. “Estamos ante una reparación histórica para esos pueblos que hace décadas esperan una mejor calidad de vida”, afirmó el mandatario.
El programa se financia íntegramente con recursos provinciales. “Es un programa integral que contempla a toda la provincia y que nos permite recuperar obras que, jurisdiccionalmente, le correspondían al Gobierno Nacional”, apuntó el gobernador, quien resumió el alcance de la iniciativa: “Hoy podemos estar hablando de más de 200 obras, una inversión de más de 640 mil millones de pesos y, lo más importante, la generación de más de 4.800 empleos directos para las familias de la construcción”.
Torres aclaró que la denominación del plan “no es casualidad y tiene una lógica refundacional”. El programa rinde homenaje a Jorge Galina, primer gobernador constitucional de Chubut, quien, según el mandatario, gobernó “en una época en la que necesitó de todos, donde se forjaron cimientos institucionales y leyes muy importantes”. En esa línea, sostuvo que la provincia atraviesa “un momento que también es bisagra”, y reclamó “la madurez suficiente para aprender de los errores del pasado y no volver a cometerlos”.
El gobernador apuntó contra las gestiones de las épocas de bonanza petrolera: “Aquellas épocas de bonanza donde Chubut tenía el barril por encima de los 100 dólares y no se hicieron este tipo de obras que muestran, de manera tangible, que el desarrollo se refleja en una mejor calidad de vida para nuestros pueblos”. Y agregó: “Cuando constatamos los miles de millones de dólares que genera esta provincia y vemos pueblos aislados energéticamente o sin algo tan básico como el gas, es evidente que algo se hizo mal”.
Como ejes del anuncio, Torres recordó la vigencia de la Ley de Transparencia de la Obra Pública, una de las medidas que, según señaló, “presentamos apenas asumimos”. El plan incorpora un mapa interactivo de control ciudadano: “Diseñamos un mapa interactivo para que los chubutenses puedan ingresar cuando quieran y ver cuáles son las obras que se están ejecutando, en qué etapa se encuentran y cuáles son los plazos previstos en cada localidad”.
El gobernador también destacó el ordenamiento de las cuentas provinciales como la herramienta que permitió liberar fondos hacia la infraestructura. Reconoció que la provincia “todavía está pagando los créditos que esta provincia tomó y utilizó para gastos corrientes”, pero remarcó que se logró “algo inédito: recuperar la confianza y pasar de una provincia aislada financieramente a una provincia que mejora día a día su perfil crediticio”. En ese marco, precisó que la deuda vieja se renegoció “en mejores condiciones” y que ese dinero se destinará “pura y exclusivamente para una reparación histórica en esos pueblos”.
En materia habitacional, Torres anunció “una política habitacional agresiva” con un plan específico para docentes, policías, trabajadores de la salud y otros sectores estratégicos, bajo “un modelo de construcción más rápido como el que se utilizó en la Cordillera”. El mecanismo se replicará para todos los chubutenses y sumará, según adelantó, “algo muy importante como son las conexiones intradomiciliarias de gas”.
En el plano vial y tecnológico, el plan garantizará internet de alta velocidad para todos los pueblos, la pavimentación de 40 kilómetros de la Ruta Nacional N° 40 y la finalización de la doble trocha para agosto. “Tomamos la decisión política de integrar con internet de alta velocidad a todos los pueblos de la provincia, de hacernos cargo de las rutas nacionales y de volver a invertir en puertos. Son obras que muchas veces no se ven, pero que nos hacen más competitivos y generan más trabajo”, señaló.
La obra prioritaria del programa será el nuevo acueducto para Comodoro Rivadavia, calificado como el segundo más grande de la Argentina. El gobernador la definió como “el acto de justicia más grande” del plan: “Le vamos a garantizar a Comodoro Rivadavia que el acueducto, el segundo más grande de la Argentina, se va a hacer en tiempo y forma”.
Un senador de Entre Ríos presentó formalmente un proyecto para crear un registro oficial de objetos voladores no identificados (OVNIs) en la provincia. Aunque suena a chiste, el proyecto tiene lógica política, histórica y hasta geográfica bien fundada y llega en un momento en que el mundo entero está hablando del tema.
Víctor Sanzberro es senador provincial peronista por el Departamento Victoria. El 27 de mayo de 2026, presentó ante el Senado entrerriano el proyecto número 15.702, que propone crear el Programa Provincial de Registro de Fenómenos Anómalos (PRFA). El texto ya tomó estado parlamentario y fue remitido a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Senado provincial.
El proyecto está en comisión, presidida por el médico y senador peronista Martín Oliva. Para convertirse en ley, deberá ser debatido y aprobado por el pleno del Senado entrerriano. Por ahora, el texto abrió el debate y generó repercusión nacional e internacional.
— Víctor Sanzberro propone la creación del PRFA
El objetivo central del programa es “recibir, registrar, analizar y preservar de forma sistemática los reportes de objetos o fenómenos no identificados en el espacio aéreo, terrestre o en los cursos de agua del territorio entrerriano”. Es decir, cualquier ciudadano, piloto, navegante, policía o profesional podría reportar un avistamiento extraño de forma oficial.
El proyecto contempla varios ejes concretos. Entre ellos, prevé la puesta en marcha de un sistema digital y telefónico para recibir denuncias, con confidencialidad absoluta y reserva de identidad para quienes aporten información. Además, establece la designación de un responsable por parte del Poder Ejecutivo provincial para coordinar el programa, junto con la creación de un consejo consultivo honorario integrado por siete personas, entre investigadores reconocidos, representantes de la sociedad civil y especialistas en aviación y náutica.
La iniciativa también sostiene que su implementación no implicará la creación de nuevas estructuras burocráticas ni la generación de gastos adicionales, ya que se apoyará en recursos ya existentes.
— El Museo del Ovni ubicado en Victoria, Entre Ríos
La idea de proteger la identidad de quienes reporten no es poca cosa, ya que el argumento es que pilotos, controladores de tráfico aéreo y policías suelen evitar reportar avistamientos por miedo a burlas o a consecuencias profesionales.
El proyecto no surge de la nada. Sanzberro representa a Victoria, una ciudad entrerriana que es referente mundial de la ufología. La localidad tiene un Museo del OVNI fundado por las investigadoras Silvia y Andrea Pérez Simondini a partir de los avistamientos ocurridos en la zona desde los años 90’s. El equipo Visión OVNI, radicado allí, lleva más de 30 años investigando el fenómeno.
La geografía de la zona juega un rol central. Entre Ríos posee “vastas extensiones de cielo y agua” que incluyen el río Paraná, su delta y el río Uruguay, lo que la convierte según Sanzberro en un territorio con características especiales para este tipo de reportes. De hecho, el legislador propone que Victoria sea la sede del programa provincial.
El contexto mundial que le da importancia
El proyecto nace en pleno furor global por los fenómenos anómalos no identificados (UAP). El 8 de mayo de 2026, el Departamento de Guerra de Estados Unidos inició la desclasificación histórica de archivos gubernamentales sobre OVNIs, por orden del presidente Donald Trump, quien había anunciado en febrero de 2026 que ordenaría “identificar y liberar” archivos relacionados con vida extraterrestre y UAP.
Sanzberro también citó en su fundamentación que Brasil, Chile y Uruguay ya tienen programas oficiales de seguimiento de fenómenos anómalos. A nivel nacional, la Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina (CEFORA) lleva años trabajando en la desclasificación de documentos oficiales usando la Ley Nacional 27.275 de Acceso a la Información Pública. También mencionó a América Latina para Aeroespacios Seguros (ALAS), organización regional presidida por el piloto Pablo Ducau.
— Archivo norteamericano muestra un “faro luminoso” sobre la superficie lunar vista desde el sitio de alunizaje del Apollo 12
El propio Sanzberro anticipó las críticas con su argumento central: “Este proyecto no se trata de creencias, sino de transparencia y derecho a la información”. En otras palabras, no está pidiendo que el Estado crea en extraterrestres, está pidiendo que el Estado organice los reportes que de todas formas ya ocurren, especialmente entre profesionales aeronáuticos y náuticos.
Desde la ufología argentina lo vieron como “un avance increíble”, siendo que la CEFORA y ALAS respaldaron la iniciativa y la consideraron un antecedente para avanzar a nivel nacional. El proyecto también pone en el debate algo que Estados Unidos tardó décadas en hacer: dar un canal oficial y sin estigma para que quienes reportan fenómenos inexplicados no sean tratados como locos.
Un grupo de agentes del Complejo Penitenciario Federal VI (CPF VI) de Luján de Cuyo, Mendoza, denuncian que trabajan en condiciones que violan derechos laborales básicos. Cuentan con equipos de seguridad vencidos, instalaciones insalubres, jornadas extendidas sin pago y sin comunicación con el exterior durante sus guardias.
“Nuestras familias no saben si estamos vivos o muertos durante la guardia”, destacaron los propios agentes al medio Realpolitik.
Uno de los puntos más graves esla afirmación del uso de chalecos antibalas con más de diez años de vencimiento. Esto no es un detalle menor, según la normativa de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), la vida útil de un chaleco antibalas es de exactamente cinco años desde su fabricación. Pasado ese plazo, el chaleco no solo pierde su garantía de protección balística, sino que la propia normativa establece que debe ser destruido de forma definitiva.
Usar un chaleco vencido implica que, ante un disparo o ataque con arma blanca, el agente podría no estar protegido en absoluto, aunque crea que sí lo está. Esta misma problemática ya fue documentada en Ecuador en 2024, donde agentes mostraron públicamente chalecos con placas vencidas desde 2014, y una agente resultó herida de bala porque la protección falló.
En Argentina, el Decreto 455/2025 reconoció explícitamente la necesidad de “mejorar las condiciones de trabajo de los funcionarios penitenciarios”, lo que sugiere que el gobierno nacional sabe que el problema existe.
Las “garitas” o puestos de guardia donde los agentes pasan hasta 12 horas seguidas son descritas como “madriguera de roedores”, junto a olores cloacales y condiciones sanitarias extremas. Esto no es únicamente del CPF VI. La Procuración Penitenciaria ya emitió recomendaciones sobre “malas condiciones de mantenimiento, limpieza y riesgo eléctrico” en distintos penales federales. Al cierre de 2025, el Servicio Penitenciaria Federal (SPF) alojaba 12.137 personas para una capacidad de 11.536 plazas, lo que representa un 5% de sobrepoblación a nivel nacional que presiona toda la infraestructura.
El personal señala que cumple recargos de 12 horas sin cobrarlos. Un “recargo” en el lenguaje penitenciario es una extensión de la jornada normal de guardia, que debe abonarse como horas extra. La acusación de impago de recargos ya se habría dado en enero de 2026, donde trabajadores de la Unidad 1 de Coronda (Santa Fe) también expusieron “recargos permanentes sin que se efectivicen los pagos correspondientes”. Se trata de un patrón sistémico en el SPF, conducido actualmente por el inspector general Fernando Martínez, director nacional del organismo allanado en el marco de una investigación por presuntos vínculos con una empresa acusada de suministrar comida en mal estado a los internos.
“El olor a cloaca es tan insoportable que no se puede respirar, pero nos obligan a quedarnos ahí 12 horas. Tememos morir de hantavirus o cualquier infección antes que por un disparo”, subrayaron.
Las radios están en mal estado y los celulares personales están prohibidos durante el servicio. En un entorno de alta peligrosidad —el CPF VI aloja, entre otros, a internos provinciales considerados de alto riesgo— la falta de comunicación confiable es un riesgo de vida directo, lo que derivó en una presentación judicial ante el ministerio de Seguridad, que conduce la funcionaria Alejandra Monteoliva.
El CPF VI fue inaugurado el 31 de octubre de 2018 por el entonces ministro de Justicia Germán Garavano y el gobernador Alfredo Cornejo, bajo el slogan de que era “la primera cárcel federal construida en siete años.” Fue presentada como una unidad modelo, con 34.000 m² de superficie, capacidad para 1.072 plazas, sectores educativos, laborales y de visita, y los “más altos estándares en condiciones de habitabilidad”. Su apertura respondía a una crisis de superpoblación histórica en el sistema carcelario.
No obstante, ya en 2022 la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) detectó que el complejo alojaba 683 personas, casi el doble del cupo oficial de 357. Para meter a más presos sin infraestructura adecuada aún cuando parte de las instalaciones no estarían finalizadas, se instalaron camas cucheta sin ampliar servicios ni actividades. En 2025, el CPF VI de Mendoza fue uno de los complejos donde más creció la población carcelaria a nivel federal, según la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN).
Por su parte, el SPF atraviesa una reestructuración bajo el gobierno del presidente Javier Milei. El Decreto 455/2025 reformó su estatuto para “modernizar la fuerza” y “mejorar las condiciones de trabajo”. Al mismo tiempo, el Ministerio de Seguridad entonces bajo administración de Patricia Bullrich tomó medidas que priorizaron el régimen disciplinario hacia los presos (como la Resolución 429/2025 sobre trabajo carcelario), pero las denuncias de los propios oficiales muestran que las condiciones del personal no mejoraron en paralelo.
Victoria Villarruel evita por ahora hablar de candidaturas mientras su construcción política empieza a moverse en territorio bonaerense. En el noroeste de la provincia tomó forma un armado que promueve a la vicepresidenta de cara a 2027.
Ya acumula dirigentes que hasta hace poco orbitaban en La Libertad Avanza. Las paredes de Junín, por ejemplo, ya exhiben pintadas con la leyenda “Victoria Villarruel 2027” y el espacio tiene estructura en formación, con conversaciones avanzadas “con más de 50 concejales” y dirigentes libertarios “marginados” del karinismo en toda Buenos Aires.
El artífice visible del armado en la Cuarta Sección Electoral es Norberto Delgado, un dirigente cuya última experiencia política en la región fue junto al camaleónico Florencio Randazzo. “Tengo toda la Cuarta Sección, parte de la Segunda y hoy estamos jugando en primera línea. Soy el referente de Victoria en la Cuarta y en Junín“, afirmó, entrevistado por el diario La Verdad. “La idea es trabajar para que Victoria pueda llegar (al 2027)”, agregó Delgado.
El dato más concreto del avance fue la incorporación de Javier Souto, quien en las elecciones de 2023 fue el candidato a intendente de La Libertad Avanza en Junín y logró ubicarse como tercera fuerza en el distrito. “Hemos tenido reuniones con él y vamos a trabajar para que Victoria tenga el mejor acompañamiento”, confirmó el armador de la Cuarta. La llegada de Souto implica el desembarco de una figura con recorrido electoral reciente dentro del universo libertario, alguien que ya midió fuerzas en las urnas y que ahora se suma a este nuevo espacio.
La incorporación de Souto tuvo una resonancia local inmediata. La concejal juninense BelénVeronelli responde políticamente al dirigente recién sumado y ya venía marcando distancia del armado local referenciado en Sebastián Pareja. Veronelli, durante las últimas elecciones legislativas, denunció el ofrecimiento de cargos a cambio de pautas publicitarias en medios locales, un episodio que dejó heridas abiertas y dividió en el espacio libertario del distrito bonaerense.
– La denuncia de Veronelli, 17 de agosto de 2025
Los silenciosos sucesos son la expresión local de una fractura que se expande por toda la provincia. “Siempre han venido de arriba, después te venden la lista y todos los que trabajamos de buena fe nunca llegamos”, disparó Delgado con precisión quirúrgica. En su entorno reconocen que tanto él como Souto atravesaron situaciones similares, lo que explica, en parte, el nuevo alineamiento.
En otros distritos, el clima es similar. El concejal Saúl Lucero, de Azul, llegó a graficar el malestar con una imagen cruda: “Pasamos a ser leones de circo, obligados a actuar como ellos quieren.”
El armado de Delgado, con todo, no viene sin matices. Desde la Cuarta Sección hay dirigentes con llegada a Villarruel que no descartan una futura incursión electoral bajo su nombre, pero que se despegan del nuevo espacio y advierten que la representatividad territorial es “autoproclamada”. El lanzamiento formal todavía no se produjo: “Se va a hacer después del mundial”.
“Evidentemente se va a armar un frente”, anticipó, y marcó las condiciones del juego: “Victoria está abierta al diálogo con todos, menos con los corruptos o quienes estén a favor de la corrupción.” En cuanto a posibles alianzas, no descartó acercamientos con el PRO o con sectores del peronismo federal. Y sobre los obstáculos por venir, fue directo: “Sabemos que van a venir ataques de todos lados, pero vamos a sostener este camino.”
Hay voces que desmienten conversaciones de ese tenor. Desde el bloque dialoguista de Unión y Libertad, los dirigentes Carlos Kikuchi y Sergio Vargas salieron a desmentir versiones sobre un acercamiento con Villarruel. “No hubo ninguna conversación”, aseguró Kikuchi, y ratificó la construcción de un espacio propio junto a Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó.
El armado territorial coincide con un dato que en la política libertaria miran con incomodidad. Un estudio reciente de Zuban Córdoba ubicó a Villarruel con una potencialidad de voto del 31,7%, por encima del 31,4% registrado por Javier Milei. Es la primera vez que la vicepresidenta supera al Presidente en ese indicador.
Quienes conversan con la vice aseguran que no tiene apuro en definir posiciones electorales. “Ella cree que los errores de Milei son suficientes por ahora para que crezca”, deslizó una fuente con acceso a su entorno. Silencio calculado y crecimiento por contraste.
Ese perfil diferenciado se expresa también en gestos que tienen una traducción política inmediata. Villarruel se ausentó de la misa oficial en la Basílica de Luján en homenaje al Papa Francisco para no aparecer en la foto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Era un acto donde estaba lo peor de la casta política”, lanzó ante la prensa a la salida de la parroquia donde fue bautizado Jorge Bergoglio.
Otro nombre que orbita en torno a este escenario es el del intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, quien se mostró recientemente junto a Villarruel. La vicepresidenta visitó el distrito el 2 de abril pasado con motivo del acto por Malvinas. Sin embargo, desde el entorno del jefe comunal aclararon al medio La Política Online que Britos no tiene nada que ver con el espacio lanzado en Junín.
El intendente chivilcoyano fue el Plan A de Milei para la candidatura a gobernador en 2023 pero su negativa derivó en que finalmente fuera Carolina Píparo. Ahora, el excomisario mantiene un diálogo abierto con la vicepresidenta. En el distrito admiten que Britos no descarta jugar en 2027 en un armado con Villarruel, con una condición que sus allegados mencionan sin rodeos: esa posibilidad se cae por completo si la vice se acerca a Mauricio Macri.
La lectura política que Delgado hace del escenario nacional es la que, a su criterio, explica por qué el armado tiene combustible. “Este gobierno se desgastó. La gente no llega a fin de mes, no puede pagar un alquiler o los medicamentos. Eso lo vemos los que estamos en la calle”, sostuvo.
*Con información de La Verdad y La Política Online
El jueves de la semana pasada, la Policía del Chubut secuestró ochoteléfonos celulares y envoltorios con sustancias ilícitas durante una requisa en la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia. El procedimiento se concentró en el pabellón N°9 del establecimiento, donde los efectivos hallaron los elementos ocultos en distintas celdas.
El operativo se inscribió en el plan de controles permanentes impulsado por el Gobierno del Chubut para combatir el delito dentro de las unidades de detención. Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, la requisa apuntó a desarticular maniobras delictivas que se organizan desde el interior de los penales, en particular estafas, amenazas y extorsiones cometidas a través del uso ilegal de dispositivos móviles.
El procedimiento se concretó días después de que la Legislatura del Chubut aprobara por amplia mayoría la ley impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, que prohíbe el uso de celulares y dispositivos móviles por parte de los presos en los establecimientos penitenciarios provinciales.
La normativa quedó alineada con la legislación nacional vigente. Las autoridades de la provincia explicaron que el objetivo central de la ley pasa por proteger la seguridad pública, fortalecer los mecanismos de control en las cárceles y garantizar un régimen de comunicaciones supervisadas que respete los derechos humanos de los internos.
SE TERMINÓ LA JODA EN LAS CÁRCELESMientras algunos defendían privilegios para los presos, nosotros avanzamos con una ley para sacarles los celulares y cortar de raíz las estafas, amenazas y extorsiones que se coordinaban desde adentro de las cárceles.Ayer, en una requisa en… pic.twitter.com/2Hw67TZXQT
Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía del Chubut precisaron que los procedimientos de requisa continuarán de manera constante en todas las unidades de detención de la provincia.
Darián Maximiliano G., el adolescente de 17 años que en marzo de 2024 asesinó al playero Bruno Bussanich cuando tenía apenas 15, volvió a quedar tras las rejas. La Policía de Santa Fe lo detuvo durante la madrugada del domingo en Rosario, junto a otros dos jóvenes, acusado de portación de arma de fuego de guerra.
Hoy, la jueza María Dolores Aguirre Guarrochena le dictó prisión preventiva por 60 días.
El operativo se desarrolló alrededor de las 5.30 AM. Agentes del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar tras una denuncia por detonaciones de arma de fuego e interceptaron a tres sospechosos. Junto a Darián G. quedaron demorados Sergio Leonel F., también de 17 años, y Laureano Ángel R., de 20.
Durante la requisa los efectivos secuestraron una pistola Bersa calibre .380 con un cargador colocado y municiones adicionales. El mayor del grupo llevaba el arma cargada con nueve cartuchos y en uno de sus bolsillos otros doce.
Aguirre Guarrochena imputó a Darián G. como coautor del delito de portación de arma de fuego de guerra y dispuso su prisión preventiva hasta el 17 de julio próximo. Mientras tanto, el delincuente permanecerá alojado en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, con participación de la Dirección de Intervención Interdisciplinaria.
El nombre de Darián G. quedó marcado a fuego en la historia reciente de Rosario por el crimen de Bussanich. El 9 de marzo de 2024, el joven playero de 25 años murió de tres disparos mientras trabajaba. El homicidio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar y se inscribió en la ola de narcoterrorismo que sacudió a Rosario en esos meses.
Tras varios días de búsqueda intensa los investigadores identificaron al autor material: un menor de 15 años. La pesquisa, a cargo de los fiscales Adrián Spelta y Patricio Saldutti, determinó que el homicidio fue ordenado desde la cárcel de Coronda por un preso que se comunicaba mediante videollamadas con personas fuera del penal y con el propio adolescente que ejecutó el ataque.
El propio acusado confesó que cometió el asesinato por encargo del narco apodado “Chuky Monedita” y que recibió un pago de 400.000 pesos. También aseguró que tenía la orden de dispararle “a cualquiera” y que mató a Bussanich porque fue la primera persona con la que se topó. Los investigadores, además, lo sindicaron como autor material del asesinato de dos taxistas ocurrido antes del crimen del playero.
Como al momento del homicidio tenía 15 años, Darián G. era inimputable. Quedó a disposición de un juzgado de menores e ingresó a un programa de protección de testigos. La Justicia dispuso entonces su traslado fuera de la provincia, medida que el joven nunca cumplió.
Su nombre ya había reaparecido en otra causa penal antes del operativo del fin de semana. En noviembre de 2025, la Policía de Santa Fe volvió a detenerlo en Rosario con droga empaquetada para la venta entre sus pertenencias y la Justicia lo puso nuevamente a disposición.
El caso Bussanich tuvo también su lamentable capítulo político. Pocos días después del asesinato del playero, el senador peronista Marcelo Lewandowski cosechó repudio al referirse al autor del crimen en plena sesión donde se debatía el mega DNU del presidente Javier Milei. “No hay una cultura de estos chiquitos, de estos jóvenes, que la piensan a 20, a 25 años, y saben que su vida está en plazo fijo. No les interesa”, afirmó el legislador de Unión por la Patria en la Cámara Alta. Y agregó: “¿Sabe cómo iba vestido el chiquito que mató al playero? Iba en pantuflas y medias, y salió corriendo y se subió a un auto. No estamos hablando de grupos comando que atacaron. Estamos hablando de jóvenes que están jugados en la vida y que no les importa, ni vale la vida de ellos, ni mucho menos la que tienen en frente”.
Las declaraciones del legislador kirchnerista, que en su momento romantizaron el delito, volvieron a circular tras esta nueva captura.
La morosidad de las familias se cuadruplicó en un año y entre los jóvenes de 18 a 21 ya alcanza al 40%. El golpe es más fuerte en el Conurbano y entre los que menos ganan.
El Gobierno provincial le cortó la asistencia y la denunció ante la Justicia tras detectar consumos en cadenas de comida rápida, restoranes y kioscos. La entidad, conocida como “Movimiento Mahatma Gandhi”, estuvo conducida por Luciano “Chano” Rossi.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
