REPUDIABLE | Al igual que Sikora, una funcionaria de Llaryora “atacó” a Juez con su hija discapacitada
Una funcionaria de la Municipalidad de Córdoba coincidió con los cuestionables dichos de Sikora sobre la hija de Luis Juez: "usaste a personas en condición de discapacidad de tu propia sangre para hacer política" .
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Tras las elecciones cordobesas, que coronaron al actual intendente de la capital Martín Llaryora como gobernador de la provincia, las declaraciones de Verónica Sikora se viralizaron en las redes. La precandidata a intendente del espacio La Libertad Primero —aliado a La Libertad Avanza de Javier Milei— cuestionó a Luis Juez por llevar a su hija Milagros, que tiene parálisis cerebral, a votar: “Me refiero a que una persona que no se vale por si misma que necesita asistencia permanente… no va a votar con el hijo, mostrándolo por ahí. Yo lo dejaría con su madre, me parece muy bajo”.
Las lamentables declaraciones salidas del espacio "libertario" se replicaron en el oficialismo cordobés. Días previos a los comicios, una funcionaria de la Municipalidad de Córdoba lanzó un repudiable comentario sobre la hija de Juez, en un video que el senador de Juntos por el Cambio posteó en su cuenta: "No puedo creer el nivel de cinismo. NUNCA olvidaré como usaste a personas en condición de discapacidad de tu propia sangre para hacer 'política'. Incluso la llevaste (siendo menor de edad) en brazos a al correo para quejarte de tu fracaso en el 2007".
Se trata de Guadalupe Trillo Pellizzari, quien se desempeña como Directora de Fiscalización Ambiental y Sostenibilidad de la municipalidad comandada por Martín Llaryora.
El comentario fue duramente cuestionado por el hijo de Luis Juez, Martín, que desde su cuenta de Twitter citó el comentario argumentando que "La miseria humana trasciende cualquier tipo de ideología. Funcionaria de la municipalidad. Otra miserable más y van". El comentario de Trillo Pellizzari pasó desapercibido y antecedió a lo declarado por Sikora: la funcionaria de Llaryora "atacó" a Juez con su hija el 16 de junio, ocho días antes de las elecciones.
Junto al actual intendente de la Ciudad de Córdoba y flamante gobernador de la provincia, Martín Llaryora
Desde sus redes sociales Guadalupe Trillo Pellizzari se explaya como una ferviente e intensa defensora y militante apasionada de Martín Llaryora, al cual le dedica varios posteos semanales.
La experiencia laboral de Trillo Pellizzari, publicada en su perfil de Linkedin
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La relaciónentre Javier Milei y el multimillonario Eduardo Elsztain se selló bajo una absoluta opacidad financiera en el Hotel Libertador, propiedad del Grupo IRSA (propiedad del empresario). Durante más de 50 días, el mandatario ocupó una suite de lujo cuyo costo de mercado oscila entre los 360 y 450 dólares diarios, acumulando una cuenta que supera los 45.000 dólares.
Sin embargo, Milei sólo declaró pagos por montos inferiores, lo que la justicia electoral investiga como posibles dádivas o donaciones irregulares de un gran contratista del Estado. Elsztain, presidente de Banco Hipotecario desde 2009, no sólo puso el hotel; se sospecha que operó como el principal recaudador de aportes de campaña no declarados, acercando a los empresarios más poderosos del país para financiar el ascenso del fenómeno libertario bajo una estructura de aportes en la sombra.
Milei y Elsztain en una sinagoga.
La construcción del candidato
Este vínculo no fue una casualidad electoral, sino una inversión estratégica que comenzó en abril de 2023 durante el Foro Llao Llao. En la exclusividad de Bariloche, el empresario detectó en el candidato presidencial la herramienta para demoler el andamiaje regulatorio estatal y decidió sacarlo de los estudios de televisión para sentarlo en la mesa de los dueños del país.
Elsztain no sólo aportó logística, sino una validación institucional y espiritual clave, acercando al mandatario a la red de Jabad Lubavitch (movimiento del judaísmo ortodoxo) y sellando la alianza con el viaje al Ohel en Nueva York (santuario del Rabino Menachem Mendel Schneerson). La presencia de Elsztain en los balcones del Congreso durante la jura presidencial fue la imagen definitiva de una simbiosis donde el poder económico dejó de ser un actor externo para convertirse en el soporte central de la nueva administración.
Elsztain y los hermanos Milei en la tumba de New York.
Infiltración institucional y funcionarios “doble comando”
La influencia de Eduardo Elsztain en la estructura del Estado nacional se manifestó con claridad mediante el nombramiento de cuadros técnicos vinculados a sus empresas en puestos estratégicos dentro del Estado nacional. El caso más paradigmático fue la designación de Nicolás Pakgojz (actual legislador porteño) como titular de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo responsable de gestionar más de 46.000 inmuebles públicos.
Pakgojz, quien se desempeñó previamente defendiendo proyectos inmobiliarios de IRSA, impulsó desde el Ejecutivo auditorías masivas para poner en venta o concesionar activos estatales, una política que beneficia de forma directa a los grandes desarrolladores, con Elsztain a la cabeza, lo que recuerda fuertemente a las operaciones realizadas durante las presidencias de Carlos Menem (a quien Milei considera un prócer), en las que se vendía empresas y propiedades del Estado a los empresarios amigos del poder.
A esta red se suman figuras como el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, histórico abogado de empresas del Grupo IRSA, y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, guía espiritual de Milei y estrechamente vinculado a la red de contactos del empresario.
Nicolás Pakgojz, el empleado de Elsztain devenido en empleado estatal y en Legislador Porteño.
El botín minero y el escudo del RIGI
Bajo la arquitectura legal del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), Eduardo Elsztain ha consolidado un blindaje normativo por 30 años para sus apuestas más ambiciosas en el sector minero. El empresario, que supo financiar el ascenso de Milei, hoy capitaliza beneficios fiscales y aduaneros inéditos para proyectos como Hualilán en San Juan y El Quevar en Salta. Este último, un yacimiento de “plata pura”considerado unarareza geológica mundial, ha registrado un crecimiento en su valor de mercado de hasta el 370% en apenas un año.
Mientras el gobierno deroga leyes de tierras para facilitar la extranjerización y concentración de recursos, Elsztain activa “gigantes dormidos” con rentabilidades extraordinarias, asegurando que el Estado no pueda alterar las reglas de su negocio hasta mediados de siglo. Es la culminación de un ciclo: el mecenas que pagó la suite presidencial y el ascenso de Milei, ahora cobra los dividendos en onzas de oro y plata.
Yacimiento de plata “El Quevar”.
La Argentina S.A.
La vinculación entre Eduardo Elsztain y Javier Milei representa mucho más que una coincidencia de intereses temporales; es la manifestación de un proyecto de país donde el Estado renuncia a su rol regulador para convertirse en un facilitador de la acumulación de capital concentrado. A través de una simbiosis institucional que coloca a ex empleados de IRSA en puestos clave y una arquitectura legal diseñada para blindar negocios extractivos y financieros, se ha consolidado una nueva élite que desplaza a los sectores productivos tradicionales.
El éxito del modelo mileísta aparece así intrínsecamente ligado a la capacidad de estos grupos económicos para transformar las reformas en flujos de inversión privada, a menudo a expensas de una mayor concentración de la riqueza y de la erosión de los controles democráticos sobre el patrimonio de todos los argentinos. En definitiva, el mecenas del Hotel Libertador ha logrado convertir su apoyo logístico y espiritual en un estatuto de privilegioestatal que redefine los cimientos de la economía nacional.
La Cámara de Senadores de Mendoza aprobó una reforma de la Ley 6722, norma que reguló el uso de armas de fuego por parte de la Policía provincial, y envió el proyecto nuevamente a la Cámara de Diputados para su segunda revisión. La iniciativa, impulsada por los diputados Gustavo Cairo y Enrique Thomas, obtuvo 26 votos a favor y 6 en contra.
Desde la oposición, los bloques del Partido Justicialista y del Partido Verde rechazaron la propuesta y manifestaron su preocupación por el alcance de las nuevas facultades.
La modificación apuntó a actualizar el protocolo de actuación policial, ampliar supuestos vinculados al servicio de seguridad y adecuar la actuación de los efectivos provinciales a criterios vigentes para las fuerzas federales en todo el país, en particular los vinculados al “peligro inminente”. La reforma se presentó como una herramienta para otorgar “certeza jurídica” al personal policial.
Antes de llegar al recinto, la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado otorgó despacho favorable al proyecto, que propuso cambios en la ley para precisar criterios de actuación, identificación del personal y resguardo administrativo posterior a las intervenciones.
En ese marco, el Senado redefinió el protocolo de actuación y habilitó, en determinados supuestos, que el efectivo pudiera emplear su arma sin identificarse previamente cuando esa identificación pusiera en riesgo su vida o la de terceros.
La reforma amplió además el alcance del servicio de seguridad. Entre los nuevos supuestos, incluyó la actuación policial para asegurar personas y bienes ante situaciones de inseguridad y peligro inminente, así como en casos de incendio, inundación, explosión u otros siniestros. También sumó la defensa de funcionarios, agentes, empleados y bienes del Estado provincial; la posibilidad de esgrimir armas cuando resultara necesario conforme a la ley y a los principios generales; tareas de observación y vigilancia con fines específicos; y la preservación del orden en espacios públicos, la prevención de conflictos, la protección de transeúntes y el cese del delito.
En cuanto al uso de armas de fuego, amplió los casos en los que la Policía pudo recurrir a ellas y precisó con mayor detalle qué se consideró “peligro inminente”. Se contemplaron situaciones de estado de necesidad, defensa propia o de terceros, prevención de delitos particularmente graves que implicaran una seria amenaza para la vida o la integridad física, detención de personas peligrosas que opusieran resistencia y también la posibilidad de impedir su fuga. Durante el debate, además, se señaló que el nuevo esquema contempló supuestos para impedir la fuga de personas que representaran una amenaza letal y para resguardar establecimientos de detención.
Otro cambio central fue que se mantuvo la obligación de identificarse y advertir de forma clara la intención de emplear el arma de fuego, pero se habilitó la excepción cuando hacerlo generara riesgo de muerte para el agente o terceros, expusiera su ubicación, implicara desventaja numérica o táctica, incrementara la amenaza del agresor o resultara evidentemente inadecuado o inútil por las circunstancias.
También se reforzaron las obligaciones posteriores al uso del arma: cuando ocasionara lesiones o muerte, el efectivo debió prestar asistencia inmediata, solicitar servicios médicos urgentes, comunicar el hecho a la autoridad judicial competente e informar a los familiares de las personas afectadas.
MartínKerchner Tomba, presidente provisional del Senado, defendió la actualización de la norma y recordó el tiempo transcurrido desde la sanción original. “La reforma acompaña el incremento de la violencia y brinda claridad a quien actúa ante el riesgo”.
Para entender la patética imagen de un joven oculto bajo una capucha en pleno microcentro, es imperativo analizar cómo se gestó su descomposición pública. No es un evento aislado, sino la culminación de un naufragio que comenzó cuando la defensa de las ideas fue reemplazada por la sumisión del mandadero.
Entre 2020 y 2023, Iñaki Gutiérrez habitaba los sets de televisión con una soltura que hoy parece de otra vida; defendía principios sin mochilas pesadas y caminaba por la calle con la frente alta. Sin embargo, el roce con la estructura estatal dinamitó aquel idilio. El termómetro de la realidad marcó temperaturas hostiles mucho antes de su intento de disfrazarse de anónimo, con un asedio que se volvió constante, entre los que repasaremos algunos casos:
Marzo de 2024: El inicio del fin; Javier Milei debió denunciar públicamente el “bullying” y hostigamiento sistemático que Gutiérrez sufría en los pasillos de la Universidad de Belgrano, donde sus pares le recordaron que el prestigio no se construye con visualizaciones.
Mayo de 2025: En Oberá, Misiones, el repudio de productores yerbateros lo obligó a una retirada poco glamorosa bajo gritos de “vendepatria”, evidenciando que el interior del país no compraba su estética de redes.
Agosto de 2025: En Corrientes, la situación escaló a la violencia física y agresiones a la prensa durante una caravana, dejando en claro que el personaje ya no generaba admiración, sino un rechazo visceral.
Aquel joven que antes era frenado para una foto, hoy colecciona escraches como trofeos de una derrota cultural que no supo ver venir.
Iñaki Gutiérrez junto a Javier Milei.
El avestruz digital
Esta acumulación de repudio moldeó la conducta actual de Gutiérrez: la del fugitivo social. El registro de un vecino interceptándolo en la vía pública es la prueba obscena de su decadencia. Allí, mimetizado con el pavimento, el joven que alguna vez pretendió ser la voz de una generación se exhibió bajo una capucha negra, en un intento tan desesperado como inútil por recuperar un anonimato que él mismo dinamitó.
Captura de Gutiérrez encapuchado.
La escena roza lo tragicómico: Iñaki, lejos de la verborragia punzante de sus años en la defensa de las ideas, optó por la mudez y el refugio en un audio de WhatsApp sostenido contra su oído como un escudo de kevlar. Ante el reclamo del ciudadano por el uso del disfraz para evitar el escrache, Gutiérrez ensayó una mirada perdida, lanzó una respuesta inaudible y se retiró con la premura de quien sabe que el territorio ya no le pertenece. Es la metamorfosis del avestruz: esconder la cabeza y esperar que el entorno desaparezca.
El video viral del escrache contra Iñaki Gutiérrez encapuchado, en octubre de 2025.
El ejecutor que dejó de pensar
La degradación de su imagen pública se aceleró al ritmo de una gestión plagada de torpezas. El primer gran síntoma de su desconexión con la realidad ocurrió en diciembre de 2023, cuando confundió el Memorial de las Piedras de las víctimas del Covid-19 con “escombros” dejados por la gestión anterior; una profanación por ignorancia que marcó su bautismo de fuego en el error.
Semanas después, en el brindis de Año Nuevo de 2024, utilizó la cuenta oficial de Casa Rosada para fines personales (subió una foto junto a su novia, Eugenia Rolón, y lo republicó con la cuenta oficial) bajo un presunto estado de embriaguez o de intoxicación con estupefacientes, lo que le valió el desplazamiento inmediato del manejo de las redes institucionales.
El retuit de Casa Rosada de la foto de Gutiérrez con su novia.
A este historial de negligencias se sumó el fuego amigo: en una interna feroz, Lilia Lemoineexpuso públicamente las supuestas adicciones de Gutiérrez, enviándolo vía X a “dejar las drogas” (porque Gutiérrez criticó un proyecto de Lemoine), y rompiendo el blindaje de impunidad del que gozaba; luego Lemoine pasaría a criticar a Javier Milei por su breve alianza con Luis Barrionuevo, por prometer cortar relaciones con el Vaticano, y por “hablar de vender niños y órganos”.
El golpe de gracia a su pretendida superioridad moral llegó en enero de 2026, cuando Eugenia Rolón, su novia, chocó un Honda Fit —propiedad del padre de Iñaki— en Mar de Ajó con 1.89 g/l de alcohol en sangre y sin licencia de conducir, resultando en una inhabilitación para manejar hasta el año 2099.
Hoy, despojado de la mística de sus inicios, el propio Gutiérrez terminó por sellar su acta de defunción intelectual en una entrevista televisiva. Allí, con una sumisión alarmante, admitió que su rol no es el de un cuadro político, sino el de un simple engranaje: “yo no estoy para pensar, estoy para hacer lo que me digan”. Es la confesión final de quien cambió la libertad de ideas por la obediencia de un jefe, y que ahora, encapuchado y en silencio, parece finalmente estar cumpliendo la orden de desaparecer.
El tuit de la ahora diputada Lemoine acusando a Gutiérrez de “drogarse”.
La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, detuvo a un hombre de 40 años durante allanamientos realizados en la zona oeste de la ciudad de Rosario. El operativo se enmarcó en una investigación por robos calificados cometidos bajo una modalidad reiterada en distintos locales comerciales, en la que el sistema de videovigilancia Lince, que incorpora inteligencia artificial, resultó una herramienta central para reconstruir el recorrido de los delincuentes.
La causa está a cargo del fiscal Alejandro Carón del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y se inició a partir de un robo ocurrido el 27 de enero de este año en un local comercial cuando un grupo de delincuentes armados ingresó al local, redujo a las personas presentes y sustrajo efectivo y pertenencias para luego escapar rápidamente.
A partir del hecho, los investigadores avanzaron con un relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad y aplicaron las herramientas del sistema Lince: una plataforma tecnológica implementada por el Gobierno de Santa Fe que utiliza inteligencia artificial para el análisis de imágenes provenientes de la red de videovigilancia.
El procesamiento de ese material permitió detectar un vehículo asociado al robo y reconstruir su recorrido por distintos sectores de Rosario mediante el cruce de registros captados por los múltiples puntos de monitoreo que tiene la ciudad. La investigación también contó con el aporte de cámaras privadas, permitiendo así ampliar la trazabilidad del vehículo y agregando elementos probatorios para orientar las tareas de campo de las Fuerzas de Seguridad.
A través de estas tareas los agentes lograron establecer vinculaciones con otros hechos de características similares. Entre ellos, un robo ocurrido el 7 de noviembre de 2025 en un comercio de Lima al 1000 y otro episodio registrado el 13 de abril de 2024 en un local de Corrientes al 900.
Todos los hechos presentaron un modus operandi coincidente y habrían sido cometidos por un mismo grupo delictivo que actuaba de manera coordinada.
En continuidad, se allanaron tres domicilios. En uno de ellos se detuvo a Matías Miguel R (de 40 años) sindicado integrante de esta banda vinculada a una serie de robos calificados. También se secuestraron tres teléfonos celulares, dos bandoleras y un DVR correspondiente al sistema de cámaras del domicilio.
Sobre la utilización de la plataforma tecnológica en el caso, el secretario de Tecnologías para la Gestión de Santa Fe, Ignacio Tabares, señaló: “Cada vez que se activa el Lince, el reloj de la impunidad empieza a marcar cero. Ya no se trata de esperar que un patrullero pase por una esquina: aunque los delincuentes escapen del lugar del robo, sus movimientos quedan registrados”. El funcionario agregó que “este sistema permite seguir los pasos de quienes cometen delitos y aportar evidencia para que la investigación avance y la Justicia pueda actuar”.
El sistema Lince, detallaron fuentes de la provincia, permite procesar grandes volúmenes de imágenes en menor tiempo, identificar vehículos o patrones de movimiento y reconstruir trayectorias a partir del cruce de cámaras ubicadas en distintos puntos de monitoreo, con el objetivo de aportar datos relevantes para investigaciones judiciales.
El intendente Mauricio Davico abrió, el pasado jueves 13, un nuevo período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Gualeguaychú con un discurso atravesado por la reducción de tasas y la baja de la carga impositiva como principal marca de su gestión. En una intervención en la que también repasó obras, servicios y anuncios para 2026, el jefe comunal eligió colocar en primer plano el alivio al contribuyente, la administración austera de los recursos y la ejecución de inversiones con fondos municipales.
Desde el inicio buscó fijar ese encuadre. “Cuentas ordenadas, con inversión y con la menor carga impositiva posible para los contribuyentes”. Más adelante reforzó esa idea con otra definición de tono político: “Con total franqueza y seguridad puedo decirles que hoy tenemos un municipio económicamente ordenado. Sin excusas nos hemos adaptado a los nuevos tiempos austeros del gobierno provincial y nacional”.
El núcleo más fuerte del discurso pasó por la cuestión tributaria. Davico recordó que desde el inicio de su mandato el municipio eliminó cerca del 70% de las tasas existentes y sostuvo que esa orientación continuará durante este año. En ese marco, remarcó la reducción de la tasa sobre el consumo de energía eléctrica: “Esto implica que, en total, todos los contribuyentes van a ahorrar 2.000 millones de pesos”.
El intendente también anunció que en los próximos meses se implementará la boleta digital para las tasas municipales. “Este es el camino de la modernización y la digitalización del Estado”. Según explicó, esta medida generará un ahorro superior a los 100 millones de pesos anuales. Ese dinero será destinado específicamente a mejorar las calles.
También proyectó ese eje hacia lo que viene. “Seguiremos trabajando con esfuerzo para poder eliminar más tasas y bajar alícuotas que descompriman el bolsillo de los contribuyentes”.
En línea con la política austera que el gobierno nacional puso en agenda, el discurso intentó responder una objeción evidente frente a cualquier reducción de tasas: cómo sostener el funcionamiento del Estado mientras se aliviana la carga tributaria. “¿Cómo logramos eliminar tasas y a la vez adquirir equipamientos y hacer obras? Muy sencillo, cuidando la plata de los impuestos de los gualeguaychuenses”, señaló.
A partir de allí, el jefe comunal asoció la baja impositiva con una política de control del gasto y orden administrativo. Dijo que durante su gestión no se amplió la planta de personal municipal y destacó la implementación de controles biométricos para reducir ausentismo y mejorar la prestación de servicios. También aseguró que durante 2025 los salarios municipales superaron la inflación anual.
“No tenemos margen para descuidar los recursos del Estado. No estamos para obras sin sentido. Nuestro criterio es simple, enfocarnos en lo esencial”. Sobre esa base repasó distintas acciones en servicios públicos e infraestructura, entre ellas trabajos sobre el sistema de agua, obras cloacales, recambio de luminarias, modernización de la planta de asfalto y compra de maquinaria. “Son obras que muchas veces no se ven pero que mejoran la vida de los vecinos porque el voto de la gente nos puso acá para resolver problemas”.
Dentro del repaso de obras y equipamiento, Davico sostuvo que la inversión enmaquinaria superó los 2.187 millones de pesos y remarcó que fue realizada íntegramente con recursos municipales.
Otro pasaje con contenido político surgió al referirse a la reactivación de la obra hospitalaria, que atribuyó al compromiso del gobernador Rogelio Frigerio. En ese tramo, el jefe comunal apuntó contra una forma de hacer política asociada a anuncios prematuros y dejó una frase que recibió calurosos aplausos: “No va a haber inauguraciones por cadena nacional o para la foto o para la tribuna”.
El intendente también mencionó el avance hacia el dragado del río, el recupero de fondos de Salto Grande para obras en la ciudad y nuevos proyectos de infraestructura urbana.
Ignacio Torres abrió las sesiones ordinarias de Chubut con una frase que funcionó como marco de la jornada. “Esperemos que esta sesión no sea tan ordinaria como la que vimos ayer”, dijo, tomando distancia del tono de la Asamblea Legislativa nacional. Reclamó “respeto e institucionalidad”.
Horas después de finalizado el discurso la Legislatura aprobó la reforma de la Ley de Pesca que incorporó el régimen de “Ficha Limpia Pesquera”.
En concreto, el cuerpo legislativo provincial modificó la Ley de Política de Desarrollo Pesquero Sustentable. La actualización exige la verificación previa de antecedentes fiscales y administrativos para el otorgamiento, la renovación o la transferencia de permisos, cuotas y habilitaciones pesqueras. El proyecto lo envió el Poder Ejecutivo chubutense y alcanzó a titulares, apoderados o representantes de permisos y autorizaciones de captura, además de directores, administradores y miembros de órganos de gobierno de las empresas del sector.
Al fundamentar el proyecto, el presidente del bloque oficialista, Daniel Hollmann, sostuvo que la Ficha Limpia “contempla la inhabilitación de personas humanas y jurídicas involucradas en defraudaciones dolosas, evasión tributaria y conductas graves vinculadas a la actividad pesquera. Este proyecto se suma a la agenda de transparencia y calidad institucional que propone el gobierno”. Por su parte, la diputada Karina Otero sostuvo que la norma “no debilita la actividad, la fortalece”, y remarcó que el acceso al recurso debía estar atado al cumplimiento de obligaciones legales firmes.
Desde el bloque oficialista señalaron que la ley no habilitó bajas automáticas de permisos, sino que esas medidas solo podrían aplicarse cuando existieran resoluciones firmes. En ese marco, explicaron que las “causales de caducidad” son los motivos previstos por la norma para quitar o dar de baja un permiso pesquero, y afirmaron que el texto incorporó cambios surgidos en comisión y en reuniones con el sector privado.
Desde la oposición cuestionaron el alcance sectorial de la ley y el contexto en el que se trató. El presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, justificó el rechazo al sostener que el proyecto respondió a “una pelea sectorial”, mientras que su par Vanesa Abril pidió priorizar medidas frente a la “caída del empleo”. Otros legisladores advirtieron sobre una posible “estigmatización” del sector pesquero y plantearon que reglas similares debían aplicarse a todas las actividades extractivas.
LAS RETENCIONES A LA PESCA OSCILAN ENTRE 5% Y 9%
En su discurso de apertura, Torres ubicó a la pesca en el centro del debate económico y fiscal de la provincia. El gobernador afirmó que en 2025 Chubut alcanzó el mayor nivel de exportaciones de los últimos 20 años, con casi 4.000 millones de dólares, y remarcó el peso de la actividad pesquera en ese resultado. “Exportar más genera más trabajo y dinamiza la economía”.
En ese tramo del mensaje, cuestionó el esquema de retenciones y afirmó que de esas divisas “a la provincia le quedan cero pesos”, porque esos recursos se diluyeron en políticas nacionales que, según dijo, no regresaron al territorio.
También convocó a los legisladores nacionales a “dar la pelea en el Congreso” por el federalismo fiscal y anticipó que continuará gestionando la eliminación de las retenciones a la pesca, que oscilan entre el 5% y el 9% según la especie marina. Ese ahorro impositivo que obtendría el sector por una eventual baja de esos derechos de exportación podría destinarse a infraestructura portuaria para Chubut.
El procedimiento incluye vigilancia policial en los ingresos, clausura de corralones y fiscalización de obras en un barrio atravesado por el crecimiento en altura sin planificación.
La denuncia penal también incluyó al ex juez federal Carlos Rozanski y pidió que se investigue una presunta asociación ilícita. La presentación se radicó en La Plata, pero incorporó antecedentes de Rosario, donde abogados y padres denunciaron irregularidades, repeticiones llamativas en los informes y causas que continuaron abiertas pese a absoluciones, archivos y sobreseimientos posteriores.
Pax menemista. Silvia Mercado dice que Mario Montoto le contó que ya leyó el libro "y lo voy a leer nuevamente". La fuente clave que cuenta cómo fue el acuerdo de los ex montoneros con Menem por los indultos a unos y otros. https://t.co/Sye268RCR6
