Montenegro implementa las fotomultas con 50 cámaras en Mar del Plata
"Esto es una herramienta más para mejorar la seguridad en las calles", declaró el intendente.
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El jefe comunal dispuso la implementación del sistema de fotomultas para el tránsito en la ciudad de Mar del Plata y el resto del distrito, con un período de prueba de hasta 90 días en el que no se cobrarán infracciones.
Amparado en la Ley Orgánica de Municipalidades, las fotomultas en Mar del Plata fueron adoptadas mediante una resolución de Guillermo Montenegro, luego de que la iniciativa no consiguiera el respaldo necesario por parte de la oposición para su aprobación en el Concejo Deliberante local.
En ese sentido, el jefe comunal consideró que las fotomultas consisten en “una herramienta más para mejorar la seguridad en las calles“, tras lo cual precisó que el dinero recaudado por la comuna a través de este sistema será destinado a políticas de seguridad vial, educación vial e infraestructura vial.
También para instalar la señalética correspondiente y que todos los conductores comiencen a adaptarse a esta nueva dinámica de circulación vehicular en la ciudad.
“Como venimos diciendo, en Mar del Plata se maneja mal. Todos los días vemos situaciones donde queda evidenciado esto y accidentes que muchas veces terminan en la pérdida de vidas”, puntualizó Montenegro.
En rigor, las fotomultas en Mar del Plata tendrán un período de prueba “de entre 60 y 90 días para terminar de ajustar los sistemas automáticos de detección de infracciones de tránsito, instalar la señalética correspondiente y que los vecinos comiencen a adaptarse a esta nueva dinámica de circulación vehicular en la ciudad”.
Desde el Municipio, sostuvieron que el sistema será implementado a partir de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (UNSaM), puesto que la institución “ya desarrolla estas acciones para una veintena de ciudades en el país, y no implica erogación alguna de dinero por parte de la Comuna”.
Montenegro ingresó en un período de prueba a los marplatenses, con la idea de que entre 60 y 90 días no haya infracciones
De acuerdo al convenio firmado en el Municipio y la Unsam, la primera etapa de las fotomultas en Mar del Plata prevé la incorporación de cerca de 50 dispositivos ubicados en distintos puntos de la ciudad. En tanto, Montenegro señaló que esta medida apunta a “tener una ciudad moderna, ordenada y segura” y va en línea con la implementación del denominado “anillo digital”, que en 2 meses de funcionamiento permitió la detección de “más de 70 vehículos con pedido de secuestro”.
Es preciso mencionar que, el proyecto de las fotomultas en Mar del Plata había motivado fuertes cruces entre el oficialismo y la oposición, que a fines de marzo logró estancar el tratamiento del expediente en la comisión de Legislación a partir de una serie de irregularidades que formuló el Frente de Todos por modificaciones en los giros y el reemplazo de una hoja del expediente.
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El cuerpo no miente: la desnutrición en las provincias
El relato de la macroeconomía ordenada y el superávit fiscal se estrella contra una realidad física que ninguna planilla de Excel puede maquillar: el estancamiento de la desnutrición crónica en la Argentina. Mientras el discurso oficial se pierde en tecnicismos sobre la base monetaria, la baja talla infantil, indicador irrefutable de la pobreza estructural, se mantiene estancada en un 8% a nivel nacional. No se trata de un número más, sino de una sentencia biológica; la desnutrición en los primeros mil días de vida genera un daño irreversible en el desarrollo cognitivo y físico que no se soluciona con una mejora estacional de los ingresos o un bono de emergencia.
La profundidad de este daño adquiere dimensiones de tragedia en el interior profundo. En las provincias del Noroeste Argentino (NOA), la prevalencia de baja talla alcanza el 15,4%, duplicando la media nacionaly exponiendo una brecha geográfica que parece insalvable. Un escenario similar se replica en la Patagonia, donde el indicador llega al 15,1%. Aunque son regiones con matrices productivas y climas opuestos, ambas comparten el mismo síntoma de un abandono sistémico que el centralismo porteño ignora: una infancia que crece con el futuro recortado por la falta de nutrientes esenciales.
Este mapa del hambre se extiende de forma alarmante hacia la población adulta, un sector que el relato oficial ignora sistemáticamente al no existir un indicador de “talla” para ellos. Sin embargo, los datos de Inseguridad Alimentaria Severa (IAS) son inapelables: en las provincias del NEA y los cordones del Conurbano, el 12,4% de los adultos padece hambre real, lo que significa que pasan días enteros sin ingerir alimentos.
Este déficit nutricional se traduce en una prevalencia de enfermedades crónicas vinculadas a la mala alimentación que ya afecta al 35% de la población mayor de 18 años en las zonas más postergadas, donde la dieta se basa casi exclusivamente en harinas y ultra-procesados ante la imposibilidad de costear proteínas.
Asimismo, la situación en los adultos mayores de las provincias es crítica. Mientras el Gobierno celebra superávits, el 22,1% de los jubilados en el interior profundo presenta cuadros de anemia o deficiencias vitamínicas graves, producto de una Canasta Básica que se volvió inalcanzable. No es sólo un problema de niñez; es un deterioro físico generalizado que reduce la esperanza de vida saludable yaumenta la presión sobre hospitales públicos que, paradójicamente, sufren el desfinanciamiento estatal.
Este fenómeno no es producto del azar, sino de condiciones de vida que vulneran derechos básicos de forma constante. La desnutrición está alimentada por un entorno ambiental hostil donde el 16% de la población carece de agua de red y un alarmante 43% no tiene acceso a cloacas.
Mientras en los despachos oficiales se discuten porcentajes del PBI y el éxito de la gestión, en las provincias miles de niños crecen en el barro, expuestos a enfermedades parasitarias e infecciosas que anulan cualquier intento de nutrición adecuada. Es la infraestructura básica, y no sólo el dinero en el bolsillo, lo que define la supervivencia en el territorio.
La comparativa histórica revela que, a pesar de los cambios de signo político desde 1924, la estructura del hambre en las provincias es una deuda que no para de crecer. El mileísmo, lejos de revertir esta tendencia, ha profundizado la vulnerabilidad con un ajuste que parece ensañarse con los más desprotegidos: el recorte del 50% en el Plan Primera Infancia y la caída real en el poder de compra de la Tarjeta Alimentar dejan a las provincias sin las herramientas mínimas para frenar el deterioro. En Argentina, el capital humano se hipoteca en silencio mientras los indicadores financieros celebran una solvencia que no llega al plato de comida de los niños.
El manual del maquillaje: de la macroeconomía a la pobreza
Para comprender el éxito que pregona el oficialismo, es necesario desarmar la confusión estadística entre la pobreza multidimensional y la monetaria. El eslogan de “7 de cada 10 niños pobres” con el que se describe la herencia recibida refiere a un indicador de UNICEF que mide privaciones de derechos básicos (educación, vivienda, agua), una cifra estructural que no se mueve con la misma velocidad que el dinero.
Sin embargo, para celebrar su gestión, el gobierno recurre alindicador de ingresos: allí la serie muestra un descenso del 58,5% al cierre de 2023 al 41,3% en 2025. El truco del relato consiste en usar una cifra de impacto estructural para hablar del pasado y una cifra monetaria volátil para hablar del presente, ocultando que una mejora en el bolsillo no resuelve las carencias profundas que sufren los chicos en el territorio.
De hecho, la supuesta reducción de la pobrezano es el resultado de un milagro económico o producto de “el mejor ministro de economía de la historia”, sino de un respirador artificial financiado por el Estado. Según los datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Católica Argentina), sin los 2,8 millones de nuevos beneficiarios de planes sociales incorporados durante el mileísmo, volviendo al nivel de asistencia de diciembre de 2023, la pobreza daría el mismo 42% inicial. El indicador del INDEC bajó del 42% al 28% sólo porque se inyectaron recursos récord para anestesiar el impacto del ajuste, construyendo una “gestión exitosa” sobre la base de una dependencia estatal que el propio discurso oficial dice combatir. Y cuestión aparte: claro que la cifra del 53% de pobreza citada frecuentemente por el oficialismo es tramposa, ya que se trata del nivel alcanzado por el mileísmo en 2024 mediante las medidas de ajuste y shock.
La realidad laboral también contradice la épica gubernamental. Mientras el Presidente define el aumento del desempleo como un logro de “más gente buscando trabajo”, los números sugieren una necesidad de supervivencia: con el 70% de los asalariados percibiendo ingresos inferiores a los $850.000 —por debajo de la Canasta Básica Total—, el ingreso al mercado laboral no es una opción de progreso, sino una urgencia ante la caída del poder adquisitivo. El empleo ha dejado de ser una garantía para salir de la pobreza, alimentando un ciclo donde el trabajador formal sigue siendo pobre y necesita de la asistencia pública para cubrir sus necesidades nutricionales básicas.
Contrario a lo que prometía, Milei sí terminó yendo al FMI.
En el plano financiero, las ficciones no son menores. El relato del desendeudamiento choca con la realidad del stock de deuda bruta, que ha seguido aumentando —como puede observarse en la documentación del Ministerio de Economía— incluso bajo la medición consolidada. Lo que el oficialismo celebra es la mejora del ratio deuda / PBI, que mide capacidad de pago pero no la cantidad neta de dinero que se debe.
Del mismo modo, se promociona un aumento en las reservas del BCRA que es puramente contable: en términos de libre disponibilidad, las reservas netas permanecen en terreno negativo, ya que el balance está sostenido por encajes bancarios, préstamos y swaps que el Estado no puede utilizar para intervenir en la economía real.
El cierre de esta ingeniería contable aparece en la página 40 del mensaje del Presupuesto 2026. Allí se admite que la presión tributaria crecerá un 0,47% del PBI, lo que implica que los contribuyentes pagarán casi 30.000 millones de dólares extra respecto al año anterior. Y ante los argumentos del propio texto del mensaje que hablan de un aumento “porque aumenta la actividad económica”: eso es falso, porque el aumento de la actividad económica se mide precisamente en el PBI en términos netos —es la base del ratio—, no en un porcentaje relacionado a ese indicador.
A pesar de las promesas de bajar impuestos, el Estado ha decidido quitarle una porción mayor de la torta al sector privado. Este aumento de la presión impositiva convive con los recortes en los programas de asistencia directa para la niñez, demostrando que el ajuste fiscal no sólo se paga con la billetera de los trabajadores, sino con el futuro biológico de quienes no llegan a cubrir la canasta básica.
Los hermanos Milei junto a Luis “Toto” Caputo, Ministro de Economía.
Los condicionantes invisibles: agua, cloacas y presupuesto
La desnutrición argentina no se explica sólo por la falta de comida, sino por un entorno que anula la nutrición. Mientras el debate se agota en los planes sociales, los datos de infraestructura revelan el motor de la baja talla: el 16% de la población carece de agua de red y el 43% no tiene cloacas.Sin saneamiento, el niño convive con infecciones y diarreas que impiden absorber nutrientes. Cualquier transferencia monetaria es un paliativo que choca contra un muro de insalubridad estructural que el Estado ha dejado de financiar.
Este deterioro ambiental coincide con un ajuste sobre la protección de la infancia. El mencionado recorte del 50% en el Plan Primera Infancia evidencia las prioridades oficiales: se desmantelan controles nutricionales en territorios vulnerables mientras la presión económica aumenta. Aunque se anuncien subas nominales en la Tarjeta Alimentar, estas corren detrás de la inflación de la canasta básica, erosionando la compra de proteínas y condenando a las familias a una dieta de carbohidratos que sacia pero no nutre.
La estrategia oficial delega la responsabilidad del hambre enconvenios con ONGs como CONIN, mientras desfinancia los centros de salud locales. Este corrimiento del Estado fragmenta el seguimiento de la talla y el peso, dejando la detección de la desnutrición al arbitrio de la capacidad de llegada de un privado. Al desmantelar las redes sanitarias territoriales, el gobierno apuesta por un modelo focalizado que no cubre la magnitud de la emergencia socio-sanitaria en las provincias.
La paradoja es absoluta: el presupuesto garantiza el pago de deuda y balances para el exterior, pero es ciego ante la deuda humana. Cada punto del PBI ahorrado en saneamiento o salud infantil se suma a la hipoteca biológica de las próximas generaciones. En la Argentina del superávit, el equilibrio de las cuentas se paga con el desarrollo físico de miles de niños que nacen en un país que, en los papeles, dice estar salvado.
La ceguera ideológica ante el daño irreversible
Este diagnóstico no es nuevo, aunque la dirigencia política haya decidido ignorarlo durante décadas. Ya en septiembre de 2021, durante un multitudinario acto en Parque Lezama (cierre de campaña de las PASO de Javier Milei), Eduardo “El Presto” Prestofelippo puso el foco en la urgencia de defender el “potencial genético” de los argentinos más vulnerables. Lo que en cualquier país desarrollado se entiende como una defensa técnica del derecho al desarrollo biológico y cognitivo, en la Argentina del relato fue blanco de ataques por parte de sectores de izquierda y el kirchnerismo.
En un despliegue de ignorancia supina, la militancia kirchnerista prefirió tildar el término de “nazi” antes que comprender que la falta de nutrientes en los primeros años de vida anula las facultades intelectuales que todo ser humano trae al nacer. Fue una defensa directa de los niños pobres, atacada precisamente por quienes dicen representarlos.
Esta incapacidad para procesar conceptos técnicosbásicos tiene un correlato estadístico alarmante: según informes educativos recientes, el 50% de los argentinos que logran terminar la secundaria no pueden interpretar un texto de complejidad media. Esa brecha de comprensión, que nace precisamente de la desnutrición que Presto denunciaba, parece haber encontrado refugio en las redacciones de medios oficialistas y de izquierda, donde la interpretación libre de la realidad reemplaza al análisis de los datos. Mientras el periodismo militante se pierde en gimnasias semánticas para cancelar discursos, la realidad física de un cerebro que no recibió proteínas sigue siendo el techo invisible que condena el futuro del país.
El Presto durante el discurso en Parque Lezama ante 15.000 personas, septiembre de 2021
El capital humano hipotecado
El contraste entre el marketing del Nobel de Economía y la realidad del interior profundo revela una desconexión total con la Argentina real. Mientras en los atriles oficiales se festeja el ordenamiento macroeconómico y una baja de la pobreza construida sobre cimientos de barro, el 15% de desnutrición crónica en las provincias del norte y la Patagonia dictamina una sentencia que no admite apelación. El éxito que celebra el Gobierno es puramente financiero; el fracaso que omite es biológico y estructural.
La ingeniería del maquillaje —reservas netas en rojo, aumento de planes sociales, stock de deuda al alza y una presión tributaria récord para el 2026— tiene como único fin sostener un relato de solvencia para los mercados externos. Sin embargo, esta asfixia de los recursos destinados al saneamiento y la salud infantil está quemando las naves del futuro.
En la Argentina del superávit, lo que sobran son indicadores de papel y lo que falta es talla en los niños. Cuando los balances del Banco Central finalmente den positivo, si es que lo logran, el daño en el desarrollo cognitivo de una generación ya será irreversible. La verdadera herencia de esta gestión no se medirá en puntos de PBI, ni en la inflación del mes, sino en la estatura y las capacidades de los argentinos que hoy, mientras el oficialismo aplaude sus propias ficciones, siguen naciendo bajo la línea de la dignidad humana.
Luego de recibir el “Premio Nobel Judío”, Milei desea recibir un verdadero Nobel de Economía
El fallecimiento de LuisBrandoni dejó en Mendoza, y especialmente en San Rafael, un dolor con matiz de gratitud. Más allá de su extensa trayectoria en el cine y el teatro, el queridísimo actor dejó una huella concreta en el distrito de Las Paredes: donó parte de un predio familiar para que allí se construyera una escuela secundaria y, en octubre de 2023, viajó hasta el lugar para presidir el acto de imposición del nombre de la institución, a la que eligió llamar “José Domingo Brandoni”, en honor a su padre.
José Domingo Brandoni fue un empleado bancario que adquirió tierras en San Rafael por iniciativa del dueño de la entidad donde trabajaba. A su muerte, en 1985, Luis y su hermano Gerardo heredaron esos terrenos, donde ya vivían decenas de familias en condiciones precarias. Fue entonces cuando los hermanos tomaron la decisión de donar parte del predio con una única condición: que allí se construyeran una escuela, una comisaría y un centro de salud.
El 24 de octubre de 2023, Brandoni llegó al establecimiento 4-245. La comunidad educativa esperaba ese momento desde 2017, cuando inició la búsqueda de una identidad propia. Originalmente, la elección parecía definida: “Luis Brandoni” había sido el nombre más votado entre opciones como “Los Carolinos” o “El Chañaral”. Sin embargo, fue el propio actor quien cambió el rumbo con un gesto que marcó el espíritu de la jornada.
“Cuando me plantearon poner mi nombre, razoné que no había hecho méritos suficientes para semejante honor. Por eso propuse el de mi papá”, confesó, visiblemente conmovido, durante el acto. Y agregó: “Mi padre se merece este reconocimiento porque fue un hombre de bien, un hombre decente, que quiso mucho a San Rafael”.
Viviana Pizarro, directora de la institución en aquel entonces, describió el largo camino que llevó al bautismo del colegio y el impacto que tuvo la conversación con el actor. “Nos contó la historia de su familia y manifestó que lo más justo sería que el nombre fuera el de su papá. La comunidad aceptó de inmediato”, recordó la docente.
Hoy, la Escuela José Domingo Brandoni funciona como el testimonio vivo de una decisión familiar que cambió el futuro de una comunidad.
El último reporte de Ejecución Físico Financiera emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto confirmó que el gasto de Defensa en el 2025 fue de apenas 0,28% del PBI: el monto más bajo de los últimos cuatro años.
Pese a que el gobierno de Javier Milei reportó, según datos oficiales, un crecimiento del 4,4% del PBI durante el año pasado, la inversión en Defensa —medida en dólares y correspondiente al mencionado período— fue una de las más reducidas durante el período comprendido entre los años 2022 y 2025.
Conforme a lo detallado en el reporte correspondiente al último cuatrimestre del año pasado, la Oficina Nacional de Presupuesto concluye que “la participación del gasto de la función (Defensa) sobre el total de las erogaciones de la APN (Administración Pública Nacional) presenta una tendencia creciente a lo largo de los ejercicios, alcanzando el máximo de la serie en el año 2024. Sin embargo, se evidencia una tendencia decreciente en términos del PBI desde el ejercicio 2023”.
Las dificultades presupuestarias se pudieron apreciar en todas las Fuerzas. Un ejemplo de ello fue la Fuerza Aérea Argentina, la cual registró “un desvío negativo en ambas medidas (horas de operación y ejercicios), que se explica por la falta de disponibilidad de materiales para llevar adelante las actividades. Esta situación se originó en el costo del combustible aeronáutico y los inconvenientes financieros imperantes, que impidieron la realización oportuna de tareas de mantenimiento de radares y aeronaves, e implicó cancelaciones y reprogramaciones” tal cual detalla el reporte de la Oficina Nacional de Presupuesto.
En el caso de la Armada Argentina, pese a que se reportaron mejores números que en el 2024, en algunos casos no se lograron alcanzar las metas propuestas para el 2025. Así fue el caso de los días de navegación, ítem que reportó un desvío negativo del 10%.
Las restricciones presupuestarias también tienen un impacto directo en los distintos proyectos y programas para recuperar, modernizar y adquirir nuevo material, mejora de infraestructura, entre otros. Ni hablar de los desafíos que se enfrentan en el aspecto logístico, mantenimiento y sostén, donde en varios casos se han presentado serias limitaciones.
A estos inconvenientes se le suma la cuestión salarial y las dificultades que enfrenta la obra social de las Fuerzas Armadas. Pese a que no cuentan con el alto perfil de proyectos de compra, por ejemplo, estos dos problemas son los que están acarreando mayores incidencias en las Fuerzas Armadas.
El Juzgado Federal N°1 de la provincia de Corrientes sancionó a La Libertad Avanza (LLA) por no haber presentado el informe final de los gastos de campaña de las elecciones del 26 de octubre de 2025. La resolución impone una pena económica y congela los fondos que el Estado le transfiere al partido, un sacudón político en plena arena electoral.
La decisión fue comunicada formalmente tanto a la Cámara Nacional Electoral como a la Dirección Nacional Electoral (DINE), lo que la elevó de una cuestión distrital a un expediente con seguimiento federal.
La resolución judicial contempla tres medidas especialmente severas. Por un lado, impone una multa económica equivalente al 20% de los aportes públicos destinados al funcionamiento del partido en el distrito, una sanción que recae sobre los recursos del Fondo Partidario Permanente que el gobierno distribuye mensualmente para el sostenimiento de las actividades ordinarias.
Además, establece la suspensión cautelar de todo tipo de financiamiento estatal mientras persista la transgresión, una disposición de carácter provisional pero de efecto inmediato que puede ser levantada si la situación se regulariza.
A esto se suma una intimación de 15 días para que los apoderados presenten el informe adeudado, bajo apercibimiento de perder de manera definitiva el acceso a los fondos públicos en caso de no cumplir dentro del plazo fijado.
– Lisandro Almirón
Si el partido no regulariza la situación dentro del plazo fijado desde el 8 de abril, la ley habilita al juez a declarar “no acreditados” el origen y destino de los fondos de campaña. Se trata de una sanción con consecuencias graves, ya que significa que la Justicia Electoral considera que LLA no puede justificar cómo obtuvo o en qué gastó el dinero de su campaña. En casos más graves, la ley también prevé la pérdida del derecho a recibir financiamiento público por hasta cuatro años, según el artículo 62 de la norma.
La Ley 26.215 estipula un régimen escalonado de sanciones en función del tiempo que el partido lleve sin presentar el reporte. Si la mora es de hasta 30 días, corresponde una multa equivalente al 10% de los aportes públicos electorales.
Cuando el incumplimiento se extiende entre 31 y 90 días, la sanción se duplica y pasa al 20%. En los casos en que la demora supera los 90 días, la norma dispone la suspensión cautelar de todos los aportes públicos y una intimación de dos semanas para que la situación sea regularizada.
¿Qué candidatos estaban en juego?
En las elecciones del 26 de octubre de 2025 en Corrientes se renovaron tres bancas de diputados nacionales. La lista de LLA fue encabezada por Virginia Gallardo, acompañada por Isidro Gapel Redcozub. LLA obtuvo el 32,68% de los votos, muy cerca del oficialismo provincial “Vamos Corrientes” con 33,91%, y se llevó una de las tres bancas en disputa. Fue considerado un resultado sorprendente, dado el fuerte crecimiento del partido en la provincia respecto a las PASO del 31 de agosto.
Las elecciones fueron el 26 de octubre de 2025. La resolución se firmó el 8 de abril de 2026, es decir, unos cinco meses y medio después. Eso ubica el incumplimiento claramente en la franja de “más de 90 días”, lo que explica la multa del 20% y la suspensión simultánea de los fondos. En síntesis, LLA de Corrientes no solo llegó tarde, sino que directamente no presentó el balance económico.
– Lisandro Almirón e Isidoro Gapel Redcozub
La decisión judicial no cae en el vacío. Corrientes tuvo dos elecciones en 2025, con las provinciales del 31 de agosto (donde el armado del exgobernador Gustavo Valdés ganó cómodamente la gobernación con más del 51%, y LLA con Lisandro Almirón apenas obtuvo alrededor del 9.5%) y las nacionales del 26 de octubre, donde LLA se recuperó notoriamente. La sanción se conoce en un momento en que el espacio libertario sigue construyendo su estructura orgánica en la región norte.
Este tipo de sanciones no es exclusivo de LLA, debido a que desde 2013 hasta 2021, la Justicia Electoral aplicó más de 1.500 sanciones a distintas agrupaciones por irregularidades en los informes de campaña, con un récord de 479 sanciones solo en 2021. Lo que llama la atención en este caso es que afecta al oficialismo, cuya imagen pública se construyó en parte sobre la bandera de la transparencia y el recorte.
La medida se enmarca en una estructura donde todo partido político que compita por cargos nacionales está obligado por la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos a rendir ante la Justicia Electoral dos presentaciones contables. Uno previo (antes de la elección) y uno final (después), detallando todos los ingresos recibidos y los gastos realizados durante el proceso electoral.
Esta rendición debe presentarse utilizando una plataforma oficial de INFIPP, provista por la Cámara Nacional Electoral, debe incluir también los gastos en redes sociales y plataformas digitales. La legislación obliga a identificar el origen de cada peso, ya fuera en concepto de donaciones, aportes públicos u otros ingresos específicos.
El gobierno provincial de Río Negro, encabezado por el gobernador Alberto Weretilneck por el partido Juntos Somos Río Negro (JSRN), destinó un contrato de $932,4 millones para el dictado de cursos virtuales de inglés en el marco del programa “Río Negro Bilingüe”.
El proceso, identificado como licitación pública 112/2025, generó cuestionamientos por tres razones centrales. El organismo estatal que impulsó la medida fue la Secretaría de Energía y Ambiente, y no el Ministerio de Educación. A ello se sumó el descarte de la oferta más barata y un costo por alumno muy por encima de los valores de mercado.
El programa habría sido lanzado en octubre de 2025 por Weretilneck con el argumento de fortalecer el capital humano provincial en un contexto de desarrollo energético e inversiones productivas. La iniciativa prevé la entrega de 10.000 licencias anuales de formación en inglés con modalidad virtual y asincrónica, complementada con talleres presenciales optativos en distintas localidades.
La propuesta estaría dirigida a un perfil amplio de beneficiarios que incluye a trabajadores vinculados a los sectores de energía, logística y servicios, así como a empleados públicos de áreas como salud, seguridad, policía y bomberos. También alcanza a emprendedores, comerciantes y prestadores turísticos, además de estudiantes de los últimos años del nivel secundario, terciario y universitario. A su vez, contempla a adultos que se encuentran fuera del sistema formal y buscan mejorar sus condiciones de empleabilidad.
La formación está estructurada en 10 niveles alineados al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), con tutorías sincrónicas y uso de inteligencia artificial. Hacia diciembre de 2025 ya había alcanzado 6.667 preinscriptos y la provincia amplió su cobertura territorial hacia la zona andina (Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón) y la costa atlántica.
Una de las críticas más llamativas es que la contratación fue impulsada desde la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente, a cargo de Andrea Confini, actual esposa del mandatario, y no desde el Ministerio de Educación y Derechos Humanos. Si bien el programa fue presentado como una articulación entre ambas áreas, la licitación y adjudicación quedaron bajo la órbita energética.
Esto genera interrogantes legítimos sobre el circuito administrativo. Los ministerios de educación provinciales son los organismos naturales para contratar servicios de formación académica, cuentan con equipos técnicos especializados y son los que habitualmente articulan con universidades e institutos terciarios. Que sea el área de energía quien adjudique una plataforma educativa resulta, cuanto menos, atípico desde el punto de vista de la lógica institucional.
¿Por qué energía y no educación?
La justificación oficial es que el bilingüismo se enmarca en la estrategia de desarrollo económico y la transición energética de la provincia, por lo que Energía tiene incumbencia directa. Sin embargo, esto no elimina la pregunta sobre por qué no se canalizó a través de instituciones con capacidad instalada para ofrecer estos servicios, como universidades públicas o institutos provinciales de formación docente.
“En Río Negro hay un triángulo de poder que maneja muy mal la provincia”, afirmó José Luis Berros, presidente de Vamos con Todos y vicepresidente del Partido Justicialista de Río Negro, en una entrevista con LUVER. El dirigente se mostró además crítico con la conducción provincial por su “escaso apego a la rendición de cuentas”. “El triángulo está compuesto por Facundo López (líder del armado legislativo de JSRN), la señora del Gobernador y el propio gobernador”, agregó, y cuestionó su desempeño al señalar que “están manejando muy mal la cuestión pública”.
La apertura de sobres se realizó el 16 de enero en Viedma, con la participación de tres empresas. EL LAB Taller de Idiomas SRL presentó la oferta más elevada, por $1.100.000.000, mientras que SDC SRL realizó la propuesta más baja, por $893.000.000. Por su parte, EDIR Emprendimientos SRL ofertó $932.4 millones y resultó finalmente adjudicada.
El 3 de febrero, la Comisión de Preadjudicación descartó a SDC SRL —la empresa más barata— argumentando que su plataforma “no era específica para la adquisición de lenguas”, sino que tenía un enfoque más cercano a una implementación tecnológica general.
Esta decisión dejó el camino libre para EDIR Emprendimientos SRL, cuya oferta era $39 millones más cara que la descartada. La justificación técnica del descarte no se hizo pública en detalle, lo que alimenta las dudas sobre si los criterios aplicados fueron objetivos o respondieron a intereses particulares.
A su vez, el punto que concentra mayor controversia es el costo unitario del servicio. Con 10.000 licencias anuales y un contrato total de $932.4 millones, el cálculo arroja un costo de aproximadamente $93.240 por alumno al año, equivalente a unos $7.770 mensuales por usuario.
En comparación, el mercado ofrece alternativas de menor costo o con mayores prestaciones. La suscripción individual a Duolingo Plus ronda los $56.454 anuales con impuestos incluidos, mientras que un curso online del Instituto Cambridge en Buenos Aires tiene una matrícula que va de $63.500 a $90.500, a lo que se suman cuotas mensuales de entre $83.000 y $97.000 por clases en vivo de dos horas semanales. Por su parte, ABA Lenguas ofrece cursos online cuatrimestrales con clases en vivo desde $256.000, lo que equivale a unos $512.000 al año.
En el ámbito público, la Ciudad de Buenos Aires implementó un programa casi idéntico denominado “Ciudad Bilingüe”, a través del cual contrató a la empresa Edusoft para brindar una modalidad similar —virtual, asincrónica, con 10 niveles y certificación— de manera gratuita para los porteños.
EDIR Emprendimientos SRL es una empresa familiar radicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio en la avenida Lope de Vega 1620. Fue constituida el 10 de diciembre de 2016 por Miguel Eduardo Schriftman y Yaniv Schriftman, padre e hijo que desde entonces han diversificado sus actividades en distintos rubros.
Según sus registros, la firma opera en servicios de consultoría en tecnología de la información y en el área de enseñanza desde 2017. Posteriormente, en 2018, incorporó actividades vinculadas al sector inmobiliario. A partir de 2020, amplió su alcance hacia la venta mayorista de instrumental médico y artículos ortopédicos, así como de libros y publicaciones.
La empresa no figura como empleadora ni surge, al menos de forma visible, que tenga personal declarado, lo que resulta llamativo para una firma que pretende gestionar un programa de formación para 10.000 usuarios. Se trata, en apariencia, de una firma de estructura reducida y sin personal declarado. No obstante, tiene antecedentes concretos en el sector educativo. En octubre de 2025 el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires registró la prórroga de un contrato adjudicado a EDIR Emprendimientos SRL (en unión transitoria con Ediciones Logos SA) para la “actualización de la plataforma de aprendizaje para la enseñanza de idioma inglés por medios electrónicos” en CABA. Esto indica que EDIR tiene al menos un antecedente relevante con el gobierno porteño en el mismo rubro.
Un patrón de contrataciones cuestionadas
La licitación 112/2025 no constituye un hecho aislado. La administración de Weretilneck acumula una serie de contrataciones directas y procesos licitatorios que han sido cuestionados de manera sistemática por la oposición legislativa.
Entre los casos señalados se encuentran la contratación directa de Epoge SRL por parte de la Subsecretaría de Medios, con un costo cercano a los $750.000 diarios por servicios de seguimiento de medios y redes sociales, en medio de versiones sobre presuntos vínculos políticos. También se objeta la contratación de una consultoría jurídica externa para la Fiscalía de Estado por $96 millones, así como una consultoría en comunicación interpersonal para el Tribunal de Cuentas por $10.350.000.
A estos antecedentes se suma la contratación directa de publicidad institucional en enero de 2026 por más de $128 millones, una cifra que, según los cuestionamientos, supera ampliamente el tope legal vigente.
El legislador provincial Luciano Delgado Sempé, del bloque Vamos con Todos, es uno de los opositores más activos en la denuncia de estas presuntas irregularidades y llegó a presentar una nota formal ante el Procurador General solicitando investigación por posibles delitos contra la administración pública.
En la sesión especial de hoy miércoles en la Cámara Baja, Gisela Scaglia votó afirmativamente el apartamiento de reglamento solicitado por Eduardo Valdés, diputado de Unión por la Patria, para habilitar el tratamiento de una iniciativa vinculada al conflicto en Medio Oriente. El acta nominal registró 121 votos afirmativos, 117 negativos y 4 abstenciones, pero la moción no prosperó porque requería una mayoría de tres cuartos. En ese listado, Scaglia apareció con voto afirmativo, por Santa Fe y dentro del bloque Provincias Unidas.
El movimiento tuvo peso político porque el foco del episodio estuvo en la contradicción de una dirigente presentada como cercana al PRO que terminó acompañando una moción impulsada por Valdés para expresar “rechazo y preocupación” por el posicionamiento de JavierMilei y de su canciller, Pablo Quirno, frente a la escalada bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.
El proyecto de resolución K pidió, en su primer artículo, expresar “el más enérgico rechazo y preocupación” por las declaraciones del Presidente libertario a favor de Estados Unidos e Israel. También exhortó al Gobierno a abstenerse de asumir compromisos o ejecutar acciones que impliquen involucrar a la Argentina en conflictos armados internacionales y recordó que corresponde exclusivamente al Congreso autorizar al Poder Ejecutivo para “declarar la guerra o hacer la paz” y disponer la salida de fuerzas nacionales al exterior, tal como establecen los incisos 25 y 28 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
En los fundamentos, Valdés sostuvo que Milei se refirió en varias oportunidades al conflicto y citó frases como “Irán es el enemigo” y “vamos a ganar la guerra”. El texto también consignó que el canciller Quirno no descartó el envío de buques y cuestionó el alineamiento del Gobierno.
Así, la santafesina quedó ubicada entre los 121 votos afirmativos que respaldaron la maniobra de Valdés, en una votación que terminó beneficiando el planteo de Unión por la Patria contra la postura internacional de Milei.
El gesto cobró todavía más relieve por el perfil político de la propia diputada. Presentada como una dirigente cercana al PRO y parte del universo opositor no kirchnerista, Scaglia terminó votando en la misma línea que el bloque peronista en un tema de fuerte contenido político y diplomático. La moción fracasó, pero su voto a la propuesta K quedó asentado en el acta.
Una reunión convocada para escuchar reclamos de la base terminó bajo sospecha por la presunta recolección de nombres, apellidos y DNI de jóvenes críticos del armado bonaerense de Sebastián Pareja.
La Justicia ya identificó 58 hechos y a más de 70 involucrados, el monto total a cobrar supera los $250 millones. Tras las primeras intimaciones, las amenazas bajaron de 80 casos diarios a 15: “La amenaza no es broma, es un delito y el delito se paga”, advirtieron las autoridades.
Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que la quita gradual de derechos de exportación elevaría la producción, las ventas externas y la recaudación consolidada desde 2028, tras un costo fiscal inicial de US$153 millones en el primer año.
No podemos permitir que estos piqueteros ataquen a la policía. Hay que cagarlos a patadas, meterlos en cana a todos y que paguen con todo el peso de la ley. Se acabó la época en que estos tipos hacían lo que querían. pic.twitter.com/xo5eE3UXse
