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El intendente de General Pueyrredón, GuillermoMontenegro, presentará un reclamo contra las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por la cesión de tierras a un grupo de unas 40 personas pertenecientes al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) en la zona de El Marquesado, al sur de Mar del Plata.
Los vecinos de la zona detectaron que el grupo se había asentado en un campo de 140 hectáreas que pertenece al Estado Nacional y que había sido cedido por la AABE, que preside Eduardo Albanese.
Ante esta situación, Montenegro denunció públicamente lo sucedido y afirmó que se trata de un “atropello” por parte de la organización piquetera y política que llevó a cabo la ocupación, con el apoyo de un ente estatal que debería velar por los bienes de todos los argentinos.
Por su parte, Juan Grabois, líder del MTE, negó haber motorizado el hecho pero lo apoyó y acusó al intendente de Mar del Plata de querer usar el lugar para un emprendimiento inmobiliario. Montenegro respondió que “ni siquiera saben inventar mentiras que tengan algún tipo de coherencia y así lograr engañar a la gente. Esas personas las trajo una organización piquetera y política con apoyo de un ente estatal que debería velar por los bienes de todos los argentinos, que es el AABE. Por eso decidimos presentar denuncias penales por lo que consideramos un atropello”.
Este no es el primer caso de intento de ocupación de terrenos en la zona: en el último tiempo hubo tres situaciones similares a la actual. En dos de ellas, la justicia ordenó el desalojo correspondiente, mientras que en la tercera se encuentra en proceso de resolución.
Montenegro afirmó que hará “lo imposible” para que la ocupación no se lleve a cabo, y agregó que“por más que sea un acto administrativo, no puede ser tomado a la ligera. No puedo entregar un edificio del Municipio a un grupo de personas porque a mí se me ocurre”.
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En la provincia de Buenos Aires, la palabra “emergencia” se convirtió en una bandera política. El gobernador Axel Kicillof la invoca con frecuencia para justificar medidas restrictivas, postergaciones salariales e incluso nuevos pedidos de endeudamiento. Sin embargo, en paralelo, su gestión no detiene —sino que acelera— un modelo de gasto público desbordado, que incluye la multiplicación de cargos políticos, compras millonarias y un calendario electoral que costará más de 4.000 millones de pesos a los bonaerenses.
El contraste es evidente. Mientras varios municipios bonaerenses se declaran en emergencia financiera por la falta de fondos, y mientras el propio Kicillof debió suspender negociaciones paritarias con docentes y empleados estatales por “falta de recursos”, la maquinaria administrativa no se detiene. El gobernador solicitó recientemente a la Legislatura la creación de 2.249 nuevos cargos públicos, a los que se suman 5 mil horas cátedra adicionales, a pesar de que ya administra una estructura que triplica en personal a la de su antecesora, María Eugenia Vidal.
¿Crisis real o campaña encubierta?
A este crecimiento del gasto, que ya destina casi la mitad del presupuesto provincial al pago de sueldos, se suma un nuevo escándalo: la licitación 211-0087-CDI25 para la impresión y provisión de materiales de la elección desdoblada, por un monto que supera los 4.179 millones de pesos. Dos empresas participaron: Arcángel Maggio SA (la más económica) y Melenzane SA, ambas con propuestas que rozan cifras siderales para una provincia que asegura estar en emergencia.
La licitación se da en el marco de un calendario electoral impulsado por Kicillof y aprobado sin debate ni discursos en la Legislatura, y que parece más diseñado para garantizar la supervivencia política del oficialismo que para resolver los problemas estructurales de la provincia. El 7 de septiembre se celebrarán elecciones, mientras el ajuste a los municipios, la deuda acumulada y la parálisis de aumentos salariales se profundizan.
Una gestión que va a contramano del país
Mientras el gobierno nacional aplica recortes drásticos y elimina cargos en nombre del equilibrio fiscal, Kicillof parece haber elegido el camino contrario: más cargos, más gasto, más deuda. Desde su llegada al poder en 2019, el gobernador creó más de 70.800 cargos nuevos en la administración bonaerense, un promedio de 48 designaciones por día.
Y lejos de frenar, acelera. La Legislatura ya recibió un nuevo paquete económico con pedidos de endeudamiento por más de 1.000 millones de dólares, además de la emisión de letras del Tesoro por otros 250 millones en moneda extranjera. Todo, en una provincia que todavía funciona con el presupuesto prorrogado de 2023.
A la licitación electoral se suman compras millonarias con presupuestos ocultos, como la adquisición de más de 750 computadoras, mil monitores, laptops y pizarras digitales, sin especificar el monto total del gasto. Estimaciones privadas aseguran que la cifra podría superar los 1.000 millones de pesos. A esto se suma la renovación de luminarias por 113 millones, globos y elementos de comunicación institucional por otros 200 millones, mientras los hospitales reclaman insumos y los intendentes denuncian la falta de transferencias básicas.
Una estrategia electoral encubierta
El relanzamiento del espacio político “Movimiento Derecho al Futuro”, las designaciones masivas y la superestructura electoral parecen tener un único objetivo: sostener territorialmente al gobernador y posicionarlo como figura nacional de cara a 2027. En lugar de administración eficiente, Kicillof parece usar el aparato del estado como plataforma política, con los contribuyentes como únicos financistas.
La estrategia del gobernador está cada vez más cuestionada, incluso dentro del propio peronismo. Con una provincia en emergencia, salarios estancados y una estructura estatal cada vez más costosa, la pregunta es inevitable: ¿Cómo se sostendrá este modelo? Y más aún: ¿Cuánto tiempo puede sobrevivir una provincia que gasta como si estuviera en bonanza mientras se endeuda como si estuviera en quiebra?
La respuesta llegará pronto. Tal vez no en las urnas, pero sí en los hospitales vacíos, en las escuelas sin mejoras, en los municipios quebrados y en la presión impositiva que no deja de subir. Mientras tanto, Kicillof sigue apostando al “inflador” y no a la motosierra, como si los recursos fueran infinitos. Pero los números no mienten: el costo de esta campaña, lo pagamos todos.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, defendió con firmeza la intervención del Instituto de Obra Social de la Provincia (IOSPER) y el proyecto de ley que dará origen a la Obra Social de Entre Ríos (OSER), actualmente en debate en el Senado provincial. “La salud pública no puede estar en manos de los sindicatos”, afirmó, tras calificar al organismo como “una estructura capturada por intereses corporativos”.
Frigerio explicó que el Ejecutivo presentó ante la Justicia documentación sobre “graves irregularidades administrativas y financieras” y subrayó: “Nosotros no somos jueces. El Ministerio Público Fiscal es quien tiene que investigar”. Según detalló, la intervención halló 42.000 millones de pesos de deuda y un déficit mensual de 3.000 millones, mientras el directorio costaba 200 millones de pesos mensuales en sueldos.
En una extensa entrevista en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9 Litoral), el mandatario denunció la existencia de una “industria del juicio” alentada desde dentro del IOSPER: “Muchos funcionarios le decían a la gente que presentara amparos y después cobraban del otro lado de la ventanilla”. Citó que, durante la intervención, se tramitaron 1.572 amparos, con un costo señalado por los entrevistadores de “2.515.000 millones de pesos” para la obra social. “No me van a amedrentar jamás”, advirtió al referirse a las protestas gremiales.
El gobernador insistió en que el IOSPER se transformó en “un botín de guerra” y sostuvo que “la gran mayoría de los afiliados no están sindicalizados”. Añadió que el proyecto de ley incorporó precisiones para despejar dudas: “No se va a tercerizar, no se va a privatizar y seguirá siendo solidaria”. También consideró simbólico cambiar la sigla impuesta durante la dictadura de Alejandro Lanusse: “Queremos un nombre que represente a la democracia y a un nuevo tiempo para los trabajadores estatales”.
Por su parte, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, confirmó que el texto se analiza en tres comisiones conjuntas del Senado y enumeró las modificaciones acordadas con legisladores, sindicatos y sociedad civil:
Solidaridad plena del sistema: “El servicio y la prestación serán iguales para todos los afiliados, independientemente de sus ingresos”.
Cobertura familiar integral para cada beneficiario.
Aporte invariable del 3 % sobre los haberes.
Estabilidad laboral de todo el personal actual.
Eliminación de los términos “gerenciamiento” y “tercerización” para descartar cualquier privatización.
Sin cierre de delegaciones y representación sindical con dos vocales en el Consejo Directivo, más un Consejo Consultivo integrado por todas las entidades gremiales.
Frigerio adelantó que le “gustaría” que el interventor Mariano Gallegos continúe en la futura OSER, aunque aún no lo conversó con él. También ratificó su política salarial: “Nadie debería ganar más que el gobernador”, recordó, al contrastar su ingreso mensual de 5.380.000 pesos con los más de 10 millones de legisladores provinciales.
Al ser consultado sobre su propia afiliación, respondió que mantiene “una obra social de toda la vida” para no sumar gastos al sistema, pero continuó aportando el 3%. Además, defendió el plazo legislativo: “Tiempo hubo. No es una ley de 500 hojas”, y señaló que la discusión se redujo a quién administrará la obra social: “¿La corporación y los sindicatos, o el Estado?”.
Frigerio también reclamó mayor apoyo del Gobierno nacional para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y mejorar el precio de la energía que genera Salto Grande, y recordó que Entre Ríos inició una demanda ante la Corte Suprema por esos fondos.
Sobre eventuales hechos de corrupción futuros, sentenció: “Hechos de corrupción van a existir siempre; lo que puedo garantizar es transparencia, control e implacabilidad con los responsables”.
Con la fecha del 12 de junio como límite de la intervención, el Senado definirá si aprueba la creación de la OSER. Mientras tanto, el gobernador reiteró que no retrocederá: “Estamos preparados para bancarnos la mentira, los escraches y los paros; esto no tiene marcha atrás”.
El gobierno implementó una nueva estrategia de seguridad fronteriza denominada Plan Guacurarí, dirigida específicamente al combate del crimen organizado en la frontera con Brasil. Esta iniciativa, oficializada mediante la resolución 626/2025 y firmada por la ministra Patricia Bullrich, establece un comando unificado que coordina múltiples fuerzas federales y provinciales para enfrentar delitos complejos como narcotráfico, trata de personas, contrabando y lavado de dinero.
“Algunos ofician de intermediarios influenciados por los grupos delictivos brasileños”, detalla el documento oficial. “Argentina ya fue demasiado permisiva para quienes ingresan de forma ilegal”, agrega.
La región seleccionada para la implementación comprende un tramo crítico de la frontera argentino-brasileña, específicamente en la ciudad misionera de Bernardo de Irigoyen. Esta zona presenta características geográficas particulares que la convierten en un punto estratégico para actividades ilícitas: abarca 25 kilómetros lineales de frontera seca, caracterizada por su difícil acceso y la ausencia de barreras naturales que obstaculicen el tránsito irregular.
La configuración del terreno facilita el establecimiento de pasos clandestinos, mientras que ambos márgenes de la frontera cuentan con avenidas asfaltadas que permiten movimientos rápidos y discretos, una infraestructura que ha sido sistemáticamente aprovechada por organizaciones criminales, afirmando que “se ha entrelazado con la actividad de bandas criminales” y definiendo el objetivo de “recuperar el control territorial estatal en una zona donde el poder público ha perdido presencia.”
La presencia de estas organizaciones no se limita únicamente al control de rutas de tráfico, sino que incluye el establecimiento de estructuras logísticas, redes de comunicación y sistemas de protección que les permiten mantener operaciones sostenidas en el tiempo.
Las principales estructuras delictivas identificadas incluyen el Primer Comando Capital (PCC), una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, junto con otros grupos como Bala na Cara y, en menor medida, el Comando Vermelho. Estas organizaciones han establecido conexiones sólidas con bandas locales, creando una estructura delictiva transfronteriza que opera de manera coordinada y sofisticada.
El Plan Guacurarí encuentra su sustento legal en la resolución 626/2025, publicada en el Boletín Oficial el 26 de mayo de 2025, y firmada por la ministra de Seguridad Nacional, basándose en las competencias establecidas en el artículo 22 bis de la Ley de Ministerios N° 22.520, que faculta al Ministerio de Seguridad Nacional para asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo concerniente a la seguridad interior. La resolución también se fundamenta en modificaciones recientes al marco normativo, incluyendo el Decreto N° 58/2025, que cambió la denominación del ministerio a “Ministerio de Seguridad Nacional” para reflejar de manera más precisa su misión en la prevención y lucha contra los delitos federales.
Se contempla una duración inicial de 180 días con posibilidad de prórroga, lo que permite una evaluación periódica de resultados y la adaptación de estrategias, con ayuda de efectivos de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal, cada una aportando capacidades especializadas según su expertise institucional. La participación de la Policía de Misiones está asegurada a través de enlaces designados por otras estrategias, incluyendo el Plan Güemes y el Plan Roca, que han estado activos en puntos de la provincia de Salta, específicamente en localidades como Aguas Blancas, Tartagal y Salvador Mazza.
En los últimos días, una ola de renuncias sacudió al espacio libertario en la provincia de Jujuy. Un grupo de jóvenes que formaban parte de las listas locales presentó su dimisión y se bajó de la contienda electoral. Los jóvenes alegaron que habían perdido la confianza en la conducción provincial del espacio. Según expresaron, las decisiones importantes se tomaban sin consulta previa, había imposiciones de nombres en las listas y faltaba una verdadera apertura al diálogo interno.
Desde el numeroso grupo de jóvenes recalcaron que “las listas están todas contaminadas por el kirchnerismo”. “Nosotros en 2023 pusimos cuerpo y alma para armar el partido en la provincia y nos damos que en las listas hay kirchnerismo, fellnerismo, PJ y del partido VÍA”, expresó Kevin Chambi, uno de los oradores de la conferencia de prensa.
Chambi también manifestó que en algunos lugares del interior como en La Quiaca, los referentes de La Libertad Avanza impulsan a una candidata que ya tuvo un cargo político en esa ciudad, lo que generó aún mayor enojo en la juventud.
“Nosotros aguantamos hasta último momento para tratar de encontrar una solución pero no logramos ser escuchados ni atendidos por quienes manejan el partido de Milei en Jujuy”, agregó.
“No nos sentimos representados ni escuchados”, aseguraron en un comunicado que se difundió en redes sociales. También hablaron de “malos tratos”, desorganización y un manejo verticalista que no se condice con los ideales de libertad que dicen defender, lo que no tardó en generar revuelo dentro y fuera del partido. Muchos usuarios en redes sociales se mostraron sorprendidos por la noticia, mientras que otros señalaron que ya se notaban tensiones internas desde hace semanas.
Analistas políticos locales coincidieron en que el episodio refleja los desafíos que enfrentan los espacios nuevos: crecer rápido sin perder cohesión interna. “Cuando hay pocas reglas claras, el liderazgo se vuelve personalista y eso genera roces”, explicaron.
Desde la conducción libertaria en la provincia no emitieron un comunicado oficial. Algunos referentes minimizaron el impacto de las renuncias. Sin embargo, para muchos la situación encendió una luz de alerta. En una campaña electoral donde cada voto cuenta, perder referentes jóvenes —muchos de ellos muy activos en sus comunidades— podría pasar factura en las urnas.
Las renuncias se dieron en San Salvador, Perico, El Carmen, Palpalá, La Quiaca, Perico, Calilegua, entre otras localidades. Muchos de los ahora ex candidatos habían visto en el espacio libertario una alternativa fresca, pero terminaron frustrados por lo que consideraron “las mismas prácticas de siempre”.
La política formoseña tuvo este fin de semana un episodio cargado de tensión cuando el senador nacional Francisco Paoltroni intentó lanzar su campaña en la localidad de El Colorado. El acto, que buscaba posicionarlo como figura fuerte en el sur provincial, terminó abruptamente tras un fuerte cruce con el intendente Mario Brignole.
Brignole, lejos de ignorar la visita, decidió enfrentar al legislador a metros de la Municipalidad. Allí se produjo un tenso cruce verbal entre el jefe comunal, Paoltroni y la diputada provincial radical Agostina Villaggi, quien lidera la campaña opositora de cara a las elecciones del 29 de junio.
“¡Tocame si te animás, papito!”, desafió Villaggi a Brignole, en una escena que rápidamente se viralizó. El intendente amagó con sacar un rebenque, aparentemente para espantar al caballo de la legisladora, lo que generó mayor tensión. “Brignole le aplicó un guachazo al caballo para desestabilizarme”, denunció la diputada, aludiendo a un intento deliberado por hacerla caer.
En diálogo con medios locales, Villaggi relató que el grupo oficialista los esperó con insultos “violentos y misóginos” y que uno de sus colaboradores fue agredido físicamente, recibiendo un golpe en el rostro que le provocó lesiones en un ojo.
Durante la séptima sesión ordinaria, la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó por unanimidad el proyecto del Poder Ejecutivo que actualiza la Ley del Consejo de la Magistratura. La iniciativa busca acelerar los concursos para seleccionar jueces, fiscales y defensores, al tiempo que introduce mecanismos de transparencia y mayor participación ciudadana.
Presidida por Gustavo Hein, la sesión contó con un amplio aval tras un trabajo en comisión que reunió aportes de todos los bloques. La diputada Gabriela Lena (Juntos por Entre Ríos), al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, defendió la iniciativa como “una reforma que corrige, que profundiza y que actualiza un régimen que ya mostraba signos de agotamiento”. Entre los cambios más relevantes destacó la eliminación del recurso jerárquico directo para “fortalecer la autonomía y el profesionalismo”; la reducción del banco de casos de 100 a 50 por materia; la posibilidad de concursos anticipados para cubrir vacantes con mayor celeridad y la creación de una Escuela Judicial dentro del propio Consejo.
Lena subrayó además que la propuesta “nos otorga más representación, más control y más legitimidad. Amplía la participación de la sociedad civil y establece reglas claras de transparencia y publicidad digital de todos los actos del Consejo. Queremos garantizar que cada juez, fiscal y defensor lleguen por sus méritos y no por la cercanía de poder”.
Desde la bancada opositora, Laura Stratta (Más para Entre Ríos) respaldó la votación en general, aunque anunció reservas sobre artículos puntuales. Recordó que el CMER fue creado en 2003 y consagrado en la reforma constitucional de 2008: “Estamos convencidos de que necesitamos instituciones fuertes para tener una democracia fuerte”, señaló, antes de cuestionar la exclusión de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el nuevo método de elección de los representantes de los trabajadores judiciales.
La motosierra es LA UNICA MANERA DE PODER BAJAR IMPUESTOS; y sigue a toda máquina. Ya logramos ahorros del orden de los 2.000 millones al año. Gracias a todo el gabinete y al presidente @JMilei por marcar un rumbo inamovible. VLLC! pic.twitter.com/2aixJDLMKC
