Marone, el ESCALOFRIANTE CASO del ASESINO SERIAL de Junín

Durante una apacible tarde de 1975, electrocutó a su mujer y a sus tres pequeños hijos luego de manipular los fusibles y colocarles cables de cobre en las muñecas.
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Aún hoy, al abogado Miguel Sainz le cuesta recordar los detalles de la Masacre de Junín. “No me puedo acordar el nombre de él, tampoco el de su mujer ni el de los chiquitos, lo cual deviene en un acto fallido: no me quiero acordar de Marone. En la historia criminal de la ciudad, es el peor caso que yo he visto. Y yo he visto mucho”, asegura emocionado.

Corría el turbulento año 1975 entre estallidos sociales y quiebres políticos en el seno del gobierno de María Estela de Perón. Sin embargo, Junín parecía mantenerse en un limbo en el que nada pasaba. Una pequeña ciudad bonaerense de casas bajas y siestas, de familias unidas y rutinas imperturbables.

En aquella ciudad, Francisco Sixto Marone había conformado su familia al casarse con María Beatriz Barile. Al poco tiempo, habían nacido sus hijos, Beatriz Andrea, de cuatro años al momento de los hechos, Ricardo Gabriel, de tres, y Leonardo Francisco, de apenas dos.

En la tarde del taciturno domingo 14 de diciembre de aquel 1975, Marone sacó sin apuro su vehículo de la casa de Posadas al 139 y avanzó con lentitud por la calle. Se lo mostraba sereno, calmado. En el camino, frenó en doble fila en la bicicletería de Posadas y Arias, que era propiedad de Bruno Espigui. “Me saludó sin ninguna muestra de nerviosismo y me preguntó cómo iban Boca y River. El tipo es de hielo”, aseguró Espigui, aún atemorizado por el recuerdo.

Inmutable, Marone continuó conduciendo hasta la comisaría local. Al entrar, se sentó sin prisa en una silla y esperó a ser atendido. Cuando una oficial que estaba llevando a cabo tareas administrativas se acercó a él, Marone lanzó la noticia: su mujer y sus tres hijos habían muerto en un terrible accidente, electrocutados con una descarga del lavarropas.

Horas después, un periódico local se hacía eco de la noticia del accidente: “En las últimas horas de la tarde de ayer, la ciudad se vio conmovida por una tragedia ante la que no hay comentario capaz de expresar en alguna medida la consternación y estupor que provoca. Una joven señora, madre de tres criaturas pequeñas, apareció muerta, electrocutada, lo mismo que sus tres hijitos, en el baño de una vivienda de la calle Posadas. El hallazgo lo hizo el esposo y padre, cuando se levantó pues se había acostado a dormir la siesta”.

Mientras el artículo periodístico se publicaba, sin embargo, una investigación policial estaba en marcha, fogoneada por un experimentado policía que había llegado desde Buenos Aires y al que no le cerraba la actitud de Marone. “Un tipo que acaba de encontrar a toda su familia muerta en un accidente, sale a la calle a los gritos, llama a una ambulancia, no va a la comisaría a hacer la denuncia y en el camino pregunta por el partido de Boca”, aseguró.

El policía, Carlos Petanás, llamó al juzgado y pidió que alguien lo acompañe a ver la escena, a la fatídica casa de Posadas al 139. El propio Sainz lo acompañó pero, al llegar a la puerta, Petanás lo detuvo en seco. “No entre Sainz, no sé si usted está capacitado para ver esto”. Ciertamente, la escena era desgarradora. La madre y los tres niños inocentes, yacían uno al lado del otro de acuerdo a la edad.

El comisario tomó nota de algunas inconsistencias y hasta dicen que pegó papelitos en cada rincón en donde algo no le convencía. Los niños tenían quemaduras por electrocución en las muñecas, detrás de los arbustos del patio encontró unos cables de cobre y los fusibles habían sido meticulosamente reforzados para que, en caso de una fuerte descarga, no saltaran y continuaran torturando a las víctimas. Casualmente, Marone trabajaba para la compañía Shell, luego de egresarse en la escuela industrial. Su especialidad había girado en torno al manejo de la electricidad.

Para Petanás, no había dudas. Francisco Marone era un asesino serial y acababa de matar a toda su familia. Sólo faltaba la confesión, que no iba a ser sencilla de sacársela a Marone. “El tipo era de hielo, inescrutable. No se le movía ni un músculo”, aseguró Sainz.

Al volver a la seccional, Petanás sacó a relucir sus años interrogando criminales. “Bueno Marone, vamos a hablar claro. Cuénteme cómo fue”, le pidió. Tras algunas respuestas sin sentido y ante la supremacía de los argumentos del policía, finalmente confesó: los había matado a todos. “Nunca lloró, parecía que el llanto no existía para él”, recordó el secretario del juzgado.

De acuerdo a la confesión, Marone almorzó con su familia, tomó Valium de 5 miligramos y algo de alcohol. Luego, le anudó los cables de cobre en las muñecas de los niños a la fuerza, con el objetivo de que mueran electrocutados y finalmente se encargó de su esposa. Ya estaba todo planeado previamente, incluso el refuerzo de los fusibles.

Marone, el asesino serial de Junín, fue condenado a prisión perpetua y encarcelado en Junín. Lejos de arrepentirse, contrató a un hábil defensor llamado Álbor Húngaro, quien aseguró que había confesado su culpabilidad porque “se sentía culpable”, pero que en realidad su esposa había electrocutado a sus hijos y luego cometido un suicidio. La teoría era tan descabellado que nadie la creyó, y la Corte confirmó el fallo de la Cámara Penal de Junín.

Marone cumplió sólo quince años de condena en la unidad penitenciaria Nro. 13, hasta que salió por la hoy derogada ley del “dos por uno”. Nadie supo más nada de él desde entonces. Algunos aseguran que se escondió de las cámaras, aguardando por un nuevo crimen. Otros, que buscó asilo en la multitudinaria ciudad de La Plata en busca de una vejez alejada de problemas.

*Fuente: REALPOLITIK

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Negligencia y posible corrupción: el incendio en Los Alerces expone qué pasa en La Patagonia

La tragedia ambiental que consume el Parque Nacional Los Alerces dejó de ser un evento estrictamente climático para transformarse en un complejo expediente penal que sacude los cimientos de la administración pública. 

A medida que las llamas devoran más de 35.000 hectáreas de bosque nativo, la Sede Fiscal Descentralizada de Esquel, bajo la conducción del fiscal federal Santiago Roldánpuso bajo la lupa una cadena de omisiones y negligencias que apuntan directamente a la cúpula del manejo del fuego. 

El centro de la investigación ya no está puesta sobre el origen del foco de incendio, atribuido a una descarga eléctrica natural, sino en la parálisis estatal (y presunta corrupción) que permitió que un evento controlable se transformara en una catástrofe sin precedentes. 

La denuncia formal presentada por la Asociación de Pobladores de la Reserva fue el detonante para que la justicia investigue el presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público y la malversación de recursos destinados a la prevención.

En el ojo de la tormenta aparecen nombres clave que hasta hace horas estaban al frente del control del área protegida, tales los casos del desplazamiento de Danilo Otaño, intendente del Parque, y las citaciones dirigidas a Cristian Glijer, Director Nacional de Operaciones, y Jorge Heider, responsable del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

La justicia busca determinar por qué, a pesar de las alertas tempranas, el ataque inicial con medios aéreos sufrió una demora superior a las 48 horas, un tiempo vital que condenó a la reserva a las cenizas. 

Asimismo, el último peritaje entregado por la división de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina sumó tensión al caso. Es que el secuestro de los registros de radio de los guardaparques y la geolocalización de las unidades de transporte sugieren que hubo recursos operativos que no fueron desplegados a tiempo, o que fueron desviados de los puntos críticos de ignición sin una justificación clara.

Mientras la Administración de Parques Nacionales tomó la decisión de intervenir el predio para garantizar que la documentación interna no sea alterada, la auditoría de la Tesorería General de la Nación sobre los fondos subejecutados en prevención de incendios promete revelar un esquema de desidia burocrática con consecuencias penales. 

Lo que hoy se ventila en los tribunales de Chubut refiere a la responsabilidad de una estructura estatal que, por inoperancia o corrupción, dejó desprotegido un patrimonio natural de los argentinos. 

La causa avanza ahora hacia la etapa de indagatorias, donde los registros de comunicaciones serán la prueba principal para determinar quién dio la orden de no intervenir cuando el fuego todavía era una amenaza pequeña. 

Por otro lado, la parálisis en el combate del fuego en Los Alerces encuentra una explicación técnica en las planillas del Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo, donde la subejecución de fondos para el Servicio Nacional de Manejo del Fuego alcanzó niveles críticos. 

Los informes de ejecución presupuestaria revelan que, a pesar de la emergencia declarada, las partidas destinadas al mantenimiento de aviones hidrantes y el pago de viáticos para brigadistas nacionales sufrieron fuertes recortes que impidieron un despliegue logístico a la altura del desastre. 

Esta falta de recursos, denunciada tanto por sindicatos de guardaparques como por la justicia federal en sus pedidos de informes a la Tesorería General de la Nación, pone el foco de responsabilidad en el Gobierno del presidente Javier Milei, cuya gestión priorizó el ajuste fiscal incluso sobre los recursos destinados a catástrofes ambientales.

Además, cabe destacar, la agenda oficial del jefe de Estado no hizo más que profundizar el malestar en la región patagónica tras optar por un perfil alejado de la gestión de la crisis, viajando a Mar del Plata y participando de La Derecha Fest. 

El innegable contraste exhibe que mientras en Los Alerces se combatían focos de incendio fuera de control, el mandatario se mostraba en un ambiente de celebración, llegando incluso a subir al escenario junto a su ex pareja, Fátima Flórez, durante su espectáculo teatral. 

Esta desconexión del jefe de Estado fue leída como una señal de desatención política que ya forma parte de las críticas volcadas a un entorno en el que se investiga por qué el Estado Nacional no reaccionó con la urgencia que el patrimonio requería.

Por otro lado, como ejemplo, se puede mencionar que el recorte en el manejo del fuego significó que 4.200 millones de pesos no se transfirieron para tareas críticas como el mantenimiento de los aviones hidrantes. 

Asimismo, el presupuesto para viáticos y salarios de las brigadas nacionales sufrió una caída real del 35%. El resultado fue que, al momento del desastre en Los Alerces, solo 120 de los 300 brigadistas requeridos por protocolo estaban operativos.

En otras palabras, el Estado ahorró unos 1.500 millones de pesos en prevención, pero ahora enfrenta un costo operativo de más de 12.000 millones para intentar mitigar un fuego descontrolado. 

Y todo esto se resume en que mientras la tragedia ambiental escalaba, la agenda del presidente se enfocaba en Mar del Plata, autorizando partidas para los traslados y la seguridad de Milei en la costa atlántica, dejando en evidencia una brecha entre la gestión de la crisis y las prioridades políticas.

*Fuente: Tribuna de Periodistas (Nicolás Sanz)

Rogelio Frigerio viajará a EE.UU. en busca de inversionistas para el nuevo bono de Entre Ríos

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, iniciará una gira financiera por Estados Unidos con el objetivo de atraer inversores para una nueva colocación de deuda provincial. El mandatario encabezará un road show en Nueva York y Boston, donde mantendrá reuniones durante tres días con fondos internacionales y gestores de activos que ya operan en la Argentina. La provincia buscará emitir hasta USD 500 millones para reperfilar vencimientos y mejorar el perfil de su deuda.

Acorde a lo informado por Infobae, la agenda incluye encuentros con ejecutivos de firmas de peso en Wall Street, varias de las cuales participaron en emisiones anteriores de deuda argentina y provincial. Entre ellas figuran VR Capital, Brevan Howard, Goldentree, Sona AM, PPM, Schroders, Finisterre, Vanguard, Payden, JPMIM, Aberdeen Blue Bay, PIMCO, BlackRock, Wellington, Loomis Sayles y Brace Bridge. Además, Frigerio contará con el respaldo de un consorcio de bancos integrado por Santander, BBVA, Bank of America y el Banco de Entre Ríos, que actuarán como estructuradores de la operación.

El contexto internacional aparece como una ventana de oportunidad. La baja del riesgo país mejora las condiciones de financiamiento para las provincias y la inminente decisión de la Reserva Federal sobre las tasas de interés podría favorecer una mayor demanda por activos emergentes. Una eventual reducción del costo del dinero en Estados Unidos impulsaría a los inversores a buscar mejores rendimientos fuera de los bonos del Tesoro, lo que beneficiaría a emisiones como la entrerriana.

Durante las presentaciones, el gobernador detallará el plan de ordenamiento fiscal implementado por su gestión, con foco en el equilibrio de las cuentas públicas y la sostenibilidad del endeudamiento. La provincia intentará transmitir previsibilidad y disciplina financiera para seducir al mercado. En ese marco, Richard Dietz, de VR Capital, había destacado previamente: “Bajo el liderazgo del gobernador Frigerio, Entre Ríos ha realizado ajustes fiscales muy sustanciales con un fuerte balance primario.”. El propio Frigerio reforzó esa idea antes de viajar: “Entre Ríos está haciendo un esfuerzo muy importante para recuperar previsibilidad, ordenar sus finanzas y generar confianza”.

El objetivo central de la emisión es refinanciar los compromisos heredados del bono en dólares lanzado en 2017, cuyos vencimientos más pesados se concentran entre 2023 y 2028. Tras el default provincial durante la pandemia y posteriores reestructuraciones, la administración actual enfrenta pagos anuales superiores a USD 130 millones. Con los nuevos fondos, el Gobierno entrerriano buscará aliviar la carga financiera, extender plazos y estabilizar las cuentas, apostando a recuperar acceso al crédito en mejores condiciones y sostener el desarrollo económico local.

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